Colombia enfrenta un terremoto con graves consecuencias para las comunidades históricamente más pobres del occidente del país. Mientras miles de voluntarios, rescatistas y entidades de atención de emergencias luchan por salvar a quienes siguen atrapados entre los escombros tras más de 8 días luego del sismo, la respuesta de De la Espriella deja dudas sobre sus intereses y capacidades.
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13 millones de voces que seguirán transformando a Colombia
El 21 de junio se demostró que el proyecto de izquierda no puede ser ignorado y tiene vocación de poder. Casi 13 millones de personas votaron por la profundización de políticas sociales y ambientales que transformen Colombia, y son una fuerza cohesionada y plural. Por su parte, De la Espriella, el próximo mandatario elegido en medio de denuncias de fraude, tiene como base a millones de personas confundidas con mentiras, compra de votos e injerencia extranjera que, además, han sido llevadas a pensar que devolver a Colombia a su pasado fascista les reportará algún tipo de beneficio.
Este ideario de la ‘nueva’ derecha, que sigue teniendo a Uribe como el gran protagonista tras bambalinas, es toda una colcha de retazos, llena de afirmaciones contradictorias y promesas imposibles de cumplir que puede explicar por qué la derecha no crece en Colombia, aunque gane elecciones.
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1º de mayo: entre reivindicaciones laborales y la disputa por el ingreso
En Colombia, el Día Internacional de los y las trabajadoras se celebró en las calles de las principales ciudades sin contratiempos. Sindicatos, movimientos sociales, familias y ciudadanos se dieron cita con pancartas, consignas, pitos, arte y música, para conmemorar derechos laborales conquistados, y para exigir reivindicaciones. En Bogotá, en una jornada llena alegría, miles de personas en la calles demandaron mejores condiciones y derechos laborales para tener una vida digna.
Desde El Turbión salimos a preguntar por el estado actual del trabajo y la vida de las y los colombianos, en medio de un escenario atravesado por el aumento del salario mínimo, la reforma laboral y las tasas de interés que impone el Banco de la República.
La fiesta de los y las trabajadores se vivió con arte en las calles de Bogotá Durante la jornada encontramos a Freddy Yara, miembro del Sindicato de Empleados Públicos y Contratistas del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sindesena), destacó la importancia de participar en la jornada del primero de mayo y las reivindicaciones que siguen en disputa:
Salimos por los derechos laborales ya conquistados y por los avances en este gobierno en condiciones laborales y garantías para los trabajadores. También salimos para exigir que el trabajo sea reconocido con equidad y estabilidad. Este primero de mayo es de agradecimiento básicamente a las organizaciones sindicales y de respaldo al presidente.
Yara indica que se han logrado avances en la reforma laboral y en los acuerdos entre el sindicato y el gobierno, especialmente respecto al contrato de aprendizaje.
Obtuvimos la nivelación salarial, que nos organiza un poco más y nos deja más tranquilos en recursos mensuales a todos los funcionarios del SENA. Se dio con la firma del decreto No. 0386 del 07 de abril del 2026, además que esto se logra por el actual gobierno del cambio y la mesa de negociación estatal y tenemos grandes posibilidades todavía para seguir avanzando en mejores condiciones laborales.
Freddy añadió que uno de los retos pendientes sigue siendo la equidad salarial en el país. Según dijo, aunque ya obtuvieron la nivelación, mantener la paridad frente a las demás entidades estatales sigue siendo un objetivo clave para los trabajadores del SENA.
El apoyo de los y las trabajadoras en Colombia al presidente Petro fue una constante en las calles el pasado 1 de mayo. En la misma línea, Ricardo Rubiano, miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol), seccional Bogotá y Cundinamarca, resaltó la importancia de la jornada para defender lo logrado y sostener las reformas:
Yo diría que la importancia es de todos los ciudadanos, salir a manifestarnos para apoyar a este gobierno, para que las reformas laborales no se echen para atrás, lograr mantenerlas a pesar de las presiones existentes y avanzar en condiciones laborales en el país.
Rubiano también opinó sobre el impacto de la reforma laboral desde el punto de vista empresarial y las negociaciones colectivas:
Los industriales no iban a querer esas reformas laborales, ya que fue importantísima para el pueblo. Cuando se da la reforma laboral, el sindicato se sentó a dialogar con la empresa, y se fueron implementado puntos (…), también manejamos un diálogo social con la empresa, acabamos de terminar un proceso de negociación colectiva, pero sí conocemos sectores que no quieren implementar la reforma, inclusive en empresas como EPM (Empresas Públicas de Medellín), no quieren ajustarse a la ley.
Candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda – Foto: Omar Vera El candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, ante una Plaza de Bolívar llena, ratificó la propuesta del Comando Central Unitario sobre un estatuto del trabajo: “que proteja a quienes trabajan”, y que profundizará las reformas adelantadas por Petro:
Continuará la política del salario vital, así no le guste a la señora Paloma Valencia, se ampliará la reforma laboral, así no le guste a Álvaro Uribe, e incluirá a los trabajadores. Vamos a proteger la reforma pensional, desarrollar la economía popular, avanzar en la revolución agraria.
El alcance de las reformas
Hija del proletariado – Foto Omar Vera Las peticiones de las y los trabajadores en las calles, en sintonía con las políticas del gobierno, chocan con el Banco de la República. Aunque las reformas de Petro han acortado las brechas sociales en Colombia, el país sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. Según el Informe Mundial sobre la Desigualdad 2026, el 10% más rico en Colombia, concentra cerca del 60% del ingreso.
Y la desigualdad afecta más a las mujeres. Según el DANE, en Colombia, las mujeres concentran una mayor carga de trabajo, enfrentan mayores niveles de informalidad y siguen recibiendo menores ingresos frente a los hombres por los mismo trabajos. En la práctica, la precariedad laboral afecta de forma diferente a las mujeres, al ser ellas quienes desde el cuidado no remunerado, sostienen hogares con ingresos inestables y quienes más sienten el impacto de un crédito más caro y de un salario que no alcanza, cuando tienen empleo.
Al Banco de la República, al parecer le importa poco sostener medidas del ejecutivo que saquen de la pobreza a las personas en Colombia, y eleva las tasas de interés argumentando contener la inflación, pero ha encarecido el crédito y presiona el ingreso disponible de los hogares que tienen deudas. Y según el Banco de la República, para enero de 2026, los hogares destinaron entre el 30% y el 34% de sus ingresos disponibles, al pago de deudas bancarias.
Memoria y lucha: el cambio continua – Foto: Omar Vera 
Apoyo a Palestina en la marcha del 1 de mayo – Foto: Omar VeraUn aumento histórico del mínimo bajo presión empresarial
Resistir – Foto: Omar Vera Uno de los retos que se ha presentado durante el 2026 ha sido el aumento del salario mínimo, una decisión que ha mantenido un debate nacional entre quienes la consideran una medida de justicia social y quienes advierten sobre su sostenibilidad.
El salario mínimo mensual se fijó en $1.750.905, lo que representa un aumento del 23% respecto a 2025. Al sumar el auxilio de transporte, que subió un 24,5% hasta los $249.095, el ingreso total de los trabajadores alcanza hoy los $2.000.000 mensuales. Sueldo que en las ciudades capitales difícilmente alcanza, y menos donde hay economías ilícitas.
Por un lado, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 0159 de 2026 bajo la administración del presidente Gustavo Petro defendió este incremento como una medida de justicia social necesaria, ya que beneficia directamente a aproximadamente 2,4 millones de trabajadores que devengan este ingreso y, de manera indirecta, a más de 6 millones de trabajadores cuyos ingresos se ubican entre uno (1) y dos (2) salarios mínimos legales vigentes, contribuyendo al bienestar de más de 8 millones de trabajadores, al fortalecer su capacidad para cubrir necesidades esenciales.
Del otro lado, sectores empresariales como la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (Fenalco) advierten sobre posibles riesgos económicos y sociales derivados del incremento. El gremio señaló que la medida podría afectar el empleo formal, aumentar la informalidad y presionar a las MiPymes, por lo que presentó una demanda de nulidad y una solicitud de suspensión provisional ante el Consejo de Estado.
Los escenarios de deterioro inmediato no se han materializado. Una explicación la ofrece El informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los salarios en América Latina, y asegura que los incrementos del salario mínimo, cuando se dan en contextos de formalización:
Si son eficaces, los salarios mínimos deberían impulsar el aumento de los salarios de algunos grupos de trabajadores. En los casos en que las mujeres están sobrerepresentadas en los segmentos de trabajadores que ganan salarios bajos, el salario mínimo también debería contribuir a reducir la brecha salarial de género.
Tasas de interés contra el salario real
Fuente: BanRep Las tensiones sobre el salario mínimo también se conectan con las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República. En su más reciente comunicado de prensa, del pasado 30 de abril, la Junta Directiva de el Banco de la República informó su decisión unánime de mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 11,25%.
En la tabla del Banco de la República se pueden revisar los niveles y cambios de la inflación desde el año 1954 hasta la actualidad.
Según la institución, esta decisión responde a la demanda de energía, la producción manufacturera, el comercio minorista y el comercio exterior de bienes, que apuntan a que el crecimiento económico en el primer trimestre podría superar el del último trimestre de 2025. A esto se suma la incertidumbre internacional, en particular la prolongación del conflicto en Medio Oriente, que podría presionar al alza de los precios de la energía, los fertilizantes y otros bienes, además de endurecer las condiciones financieras externas.
Pero estas razones no convencen. El País, de España, medio del Grupo Prisa, ha cuestionado que el Banco mantenga tasas de interés altas en un contexto donde la inflación responde en buena medida a factores externos al advertir que “las causas actuales (energía, agro y transporte) son exógenas”. De igual forma, Fedesarrollo proyecta para 2026 un crecimiento cercano al 2,8% bajo escenarios de tasas elevadas; mientras las minutas de la Junta del propio Banco reconocen que este nivel de tasas encarece el crédito y reduce la demanda.
Las reformas necesitan calle
El cambio se queda – Foto: Omar Vera Se requiere una fuerza que sostenga lo que se disputa cada primero de mayo: salario, condiciones de trabajo y reconocimiento. De lo contrario, continuará la brecha de ingresos, que en Colombia sigue siendo muy amplia, junto con la perpetuación de los trabajos mal remunerados, la informalidad y la precariedad.
Una evidencia de la necesidad de sostener el rumbo que han iniciado las reformas de Petro es que en la calle se disputan el salario, las condiciones de trabajo y la defensa de gobiernos que respalden a las y los trabajadores. Sin embargo, decisiones como las tasas de interés, definidas por la Junta del Banco de la República, minan hasta dónde pueden llegar esos avances.
William Quimbay, en su pronunciamiento del 1 de mayo, como afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores/as al servicio del Banco de la República y el sistema financiero, sostiene que por ello es necesario que cambie el Banco de la República:
El Banco de la República tiene que estar en función del agro, de la industria, del empleo. El Banco de la República debe dejar de ser el motor del enriquecimiento de Sarmiento Angulo, de Davivienda, de Bancolombia y de los demás bancos del sistema financiero privado.
Este año se juega la continuidad de los intentos por cerrar las brechas salariales en Colombia, impulsados desde la calle y expresados en la elección de Petro como el primer gobierno de izquierda en el país, un proyecto con vocación de continuidad que hoy defiende Iván Cepeda. Estas elecciones presidenciales definirán si se profundiza la dignidad laboral o si el país frena su avance hacia un rumbo económico más equitativo.
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Suramérica: Entre las urnas y el pentágono
Tres días antes de las elecciones en Honduras, Donald Trump publicó dos mensajes en su red social de Trump Social. En el primero amenazó con una intervención militar. En el segundo condicionó la ayuda de Estados Unidos a que ganara Nasri Asfura, su candidato, del partido nacional:
Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, porque Estados Unidos tiene tanta confianza en él, sus políticas y lo haga por la gran gente de Honduras, le daremos mucho apoyo. Si no gana, Estados Unidos no va a seguir tirando dinero bueno tras dinero malo.
Asfura pertenece al mismo partido del ex presidente Juan Orlando Hernández quien cumplía una condena de 45 años en una cárcel federal por narcotráfico, hasta que Trump lo indultó dos días antes de las votaciones en el país centroamericano.
Cuando el conteo de votos mostró un empate técnico y el rival centrista, Salvador Nasralla, amenazaba con remontar, Trump volvió a las redes: “Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de su elección presidencial. Si lo hacen habrá un infierno que pagar”. No presentó evidencia alguna; pero el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Asfura el 24 de diciembre.
La congresista estadounidense de origen somalie, Ilhan Omar, y el representante de origen mexicano, Jesús García, denunciaron la injerencia como “Totalmente inaceptable” y advirtieron que la congresista republicana: María Elvira Salazar, llegó a respaldar “un golpe militar como en el 2009”. The Intercept, documentó que pandilleros de la MS-13, la misma organización que Trump había designado como terrorista, amenazaron de muerte a pobladores de barrios populares de San Pedro Sula y Tegucigalpa para que votarán por Asfura. Dijeron: “Si no siguen la orden, vamos a matar a sus familias, hasta sus perros”
Eso fue Honduras
En Chile, el embajador estadounidense Brandon Judd, un exjefe de la patrulla fronteriza sin experiencia diplomática, usó su primera conferencia de prensa para atacar al saliente presidente Gabriel Boric y declarar que: “con gobiernos ideológicamente alineados, será más fácil trabajar”. El canciller Alberto Van Klaveren aseguró que “las declaraciones […] son inapropiadas y son desafortunadas” y presentó una nota formal de protesta, señalando que tales palabras “representan una intervención en asuntos internos de nuestro país”. José Antonio Kast ganó la segunda vuelta en las presidenciales del país austral con el 58% de los votos. Trump celebró al día siguiente:
Hace unas horas me enteré de que en Chile la persona que yo respaldé, que no lideraba en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad.
José Antonio Kast Kast llegó al poder el 11 de marzo de 2026. Ese mismo día firmó seis decretos. El primero convierte a la migración irregular en delito. El segundo despliega militares con “facultades plenas para detener, reconducir y expulsar a cualquier extranjero que cruce ilegalmente”. El texto dice: “Nada de permisos, beneficios ni apelaciones eternas. No más ONG entorpeciendo expulsiones.” La noche de su victoria, Kats pronunciaba la frase que resume su programa: “Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia, y sin democracia no hay libertad.” Es el primer presidente pinochetista desde el regreso de la democracia. Hizo campaña por Pinochet en el plebiscito de 1988 y ha prometido no solo indultar a los condenados por crímenes de lesa humanidad, sino impulsar una Ley de Seguridad Integral y Control Fronterizo que dará más poderes a las Fuerzas Armadas y Carabineros en las zonas donde existen tensiones con indígenas mapuche desde 2021, y la Macrozona Norte por la presencia de grupos de narcotráfico.
Lo de Honduras y Chile fue sólo un ensayo
Pete Hegseth – Foto: Gage Skidmore El 5 de marzo de 2026, Pete Hegseth, Secretario de Guerra de los Estados Unidos, pronunció en la conferencia Anti cártel de las Américas, en el comando Sur de Doral, en la Florida, las palabras que deberían quitarnos el sueño:
Trump ha dibujado un nuevo mapa estratégico, de Groenlandia al Golfo de América y el Canal de Panamá. En el departamento de guerra lo llamamos la gran Norteamérica. Cada nación soberana al norte del Ecuador, de Groenlandia a Ecuador y de Alaska a Guyana, ya no es parte del sur global. Es nuestro perímetro inmediato de seguridad.
Dos días después, el 7 de marzo, en el Hotel National Doral, se celebró la cumbre “Escudo de las Américas”. Trump firmó un acuerdo de colaboración militar con doce mandatarios Latinoamericanos: Milei, Bukele, Noboa, el recién estrenado Kast, Santiago Peña de Paraguay, Luis Abinader de la República Dominicana, Kamla Persad-Bissessa de Trinidad y Tobago, Mohamed Irfaan Ali de Guyana, Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica, Rodrigo Paz Pereira de Bolivia y José Raúl Mulino de Honduras. Allí dijo:
Es un día histórico, nos hemos unido para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los cárteles criminales que plagan nuestra región.
Marco Rubio fue claro en el almuerzo: “Los países representados aquí, Los 12 líderes, son aliados. Pero son más que aliados: son amigos. Éstos son los países que siempre responden cuando hay una necesidad y trabajan con nosotros”. El mensaje del secretario de Guerra fue más directo: “La razón por la que esto es una conferencia de liderazgo militar y no de abogados es porque estas organizaciones sólo pueden ser derrotadas con poder militar.”
Ni Brasil, ni México ni Colombia fueron invitados. Trump lo dijo sin ningún pudor durante la cumbre: “Los carteles están dirigiendo México. No podemos permitirlo.” Hegseth trazó paralelos con la Segunda Guerra Mundial: “Esto es lo que hicimos en la Segunda Guerra Mundial. Lo llamamos la ‘defensa del cuarto de esfera’, y lo volveremos a hacer si nos tomamos en serio nuestra seguridad nacional y si priorizamos la geografía”. También les dijo a los líderes latinoamericanos asistentes que la región debe permanecer como “Naciones cristianas bajo dios” y mantenerse unida frente al “el narco-comunismo radical y la tiranía anarquista”.
Río de Janeiro Reunión de Jefes de Estados de Colombia, Brasil, México y Chile Está en juego la noción misma de soberanía
Donald Trump Sobre Colombia, Trump desde el Air Force One, dijo “me suena bien una operación militar”, y aseguró: “Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no vas a seguir haciéndolo por mucho más tiempo”. Le quitó la visa a Gustavo Petro, y lo metió en la lista Clinton junto con su esposa, su hijo y el ministro del interior Armando Benedetti. El presidente Petro lo denunció en diciembre:
La presencia de mandatarios regionales en Estados Unidos tiene que ver con la decisión del gobierno de los Estados Unidos de entrar en las elecciones en Colombia.
El gobernador de Antioquía Andrés Julián Rendón viajó a la ciudad de Washington a reunirse con funcionarios de la Casa Blanca y congresistas norteamericanos en diciembre. Antes lo habían hecho los alcaldes locales de Medellín y Cali, Federico Gutiérrez y Alejandro Eder, respectivamente.
Pero la intromisión no solo llega desde Washington. También cruza por la frontera sur. El presidente Daniel Noboa convirtió al Ecuador en la plataforma operativa de los Estados Unidos contra Colombia. En diciembre de 2025, personal de la fuerza aérea estadounidense llegó con equipos a la base aérea de Manta, a 330 km de la frontera con Colombia. La embajada de los Estados Unidos lo presentó como una “Operación temporal” para “el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico”, a pesar de que los votantes ecuatorianos habían rechazado en referéndum la instalación de bases militares extranjeras. En enero del 2026 empezaron las explosiones en laboratorios de cocaína en los departamentos de Nariño y Putumayo, sur de Colombia.
Daniel Noboa La revista Proceso, reportó que funcionarios colombianos consideran en privado que se trata de ataques con drones estadounidenses que parten desde Manta. Petro advirtió a los campesinos cocaleros: “Sustituyan los cultivos antes de que nos calcinen con drones” Después aparecieron 27 cuerpos calcinados en la frontera. En marzo, una bomba MK-82 de 250 kilos, del mismo tipo usado en el bombardeo de Angostura contra Raúl Reyes en 2008, fue hallado aún sin explotar en un cultivo de hoja de coca en Putumayo, a pocos metros de la línea fronteriza. El comandante de la fuerza aeroespacial colombiana dijo que la bomba “no fue colocada deliberadamente” sino que “obedece a un efecto físico” porque no detonó y siguió su trayectoria. Petro respondió que los bombardeos “no parecen ser de los grupos armados, que no tienen aviones, ni mucho menos de la fuerza pública de Colombia.”
Ecuador ya es, de facto, laboratorio militar de los Estados Unidos en la frontera colombiana. Una oficina permanente del FBI opera en Quito, Washington entregó helicópteros Bell 505, y entrenó militares ecuatorianos bajo el plan Fénix. Además, el subsecretario de guerra Joseph Humire visitó Ecuador para “orientar los esfuerzos hacia la frontera norte con Colombia”. Luego, el ministro ecuatoriano del interior, John Reimberg, confirmó que se realizan “bombardeos” contra estructuras vinculadas al narcotráfico.
Y ahora Noboa entró de lleno en la campaña electoral colombiana. En una entrevista con la Revista Semama publicada el pasado 18 de abril de 2026, el presidente ecuatoriano nombró a sus candidatos favoritos: Paloma Valencia del Centro Democrático, y Abelardo de la Espriella, del movimiento de Defensores de la Patria. Dijo:
Tengo una buena relación con Paloma, con Abelardo. Creo que los dos tienen buenas intenciones. Al final respetaré la decisión de los colombianos y trabajaré de la mano con cualquier presidente de alguno de esos dos.
Sobre Iván Cepeda, el candidato del pacto histórico que lidera todas las encuestas, fue categórico:
Viene incluso con un discurso más ideológico y más cargado que el mismo Petro.
Noboa no se detuvo ahí. Insinuó que el presidente Petro se reunió con personas vinculadas al narcotraficante ecuatoriano Adolfo Macías Villamar, alías Fito, líder de los Choneros, durante una visita a Manta tras la posesión presidencial. Petro respondió que sólo viajó a Ecuador para asistir a la investidura, que fue el propio gobierno ecuatoriano el que dispuso la custodia militar, y anunció que demandaría penalmente a Noboa por calumnia.
En un mensaje a través de la red social X, Petro además acusó al mandatario ecuatoriano de apoyar el narcotráfico en Colombia. Publicó una foto de De la Espriella y escribió: «Éstos son los candidatos que dice Daniel Noboa, presidente del Ecuador, como si tuviera derecho a intervenir en la política de Colombia.” El presidente Petro también denunció que “Hay una orden de una oficina extranjera y de la oposición colombiana” contra él.
Los candidatos de la derecha ya respondieron el llamado. Paloma Valencia viajó a Ipiales con el expresidente Uribe, hasta el puente internacional de Rumichaca, y anunció: “El primer día, la primera llamada que voy a hacer, es al presidente Noboa. Y le voy a decir que aquí hay con quien compartir al narco terrorismo y que inmediatamente nos quite lo aranceles”. Al día siguiente, De la Espriella visitó la misma frontera y dijo lo mismo.
La guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador, escalada al 100% por ambos lados en abril del 2026, se convierte en la herramienta perfecta de presión: El electorado fronterizo de Nariño sufre el bloqueo comercial y los candidatos de derecha les ofrecen la solución inmediata: Alinearse con Noboa, que ya se alineó con Trump, y que firmó el acuerdo de Escudo de las Américas. La cadena está completa.
Presidente de Colombia Gustavo Petro – Foto: LISA News Petro lo dijo desde Barcelona, en el panel “Democracia y civilizaciones”:
Nos sentimos rodeados. Lo han hecho así para que no se reconstituya el proyecto de la gran Colombia.
Hasta el momento, ningún candidato respaldado por Trump ha perdido una elección en América latina. En Argentina, Milei ganó las elecciones legislativas condicionadas por un rescate de 40,000 millones de dólares. En Bolivia, las elecciones presidenciales fueron ganadas por la derecha. En Ecuador, repitió Noboa. En Chile arrasó Kats. En Honduras se impuso Asfura. Y en Perú, estuvimos a punto de una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre dos candidatos de derecha.
El internacionalista Abelardo Rodríguez Sumano lo sintetizó: “Cuando Estados Unidos decide que va a intervenir, hay una gran cantidad de escalas: diplomática, económica, de aranceles, de intervención militar, de ejercicios de inteligencia. Tiene un abanico extraordinario.” El académico peruano Farid Kahhat fue más directo: “Trump básicamente extorsiona a los electores”
Colombia votará el próximo 31 de mayo
El 47% de la población de América latina va a las urnas este año: Además de Colombia, Brasil, Perú, Haiti y Costa Rica. Una línea ininterrumpida de gobiernos de derecha se extiende ya desde Ecuador a la Argentina. No quedan sino Colombia, Brasil y Uruguay. Si la derecha gana en Colombia, se consolidaría el giro continental. México quedaría sólo con Sheinbaum, cercada por todos los flancos, y Lula llega acorralado a las elecciones de octubre próximo.
Si el progresismo colombiano resiste. Si la herencia de los procesos populares que llevaron a Petro al poder logra producir un candidato capaz de ganar, no contra la derecha colombiana nada más, sino contra la Casa Blanca, contra Rubio, contra el Escudo de las Américas, contra Noboa y sus bombas y MK-82. Si Colombia vota en mayo y demuestra que la extorsión electoral de Trump tiene un límite. Si eso pasa, entonces Brasil y México respirarán y la doctrina de la gran Norteamérica se estrellará contra un electorado que no le tiene miedo.
Lo que viene para Colombia no es una elección más. Es una pregunta sobre si este continente va a tener permiso de elegir a sus gobernantes o si el mapa de Hegseth se convierte en la nueva frontera del decadente imperio gringo. Trump ya tiene su coalición militar, sus aliados y a Venezuela como un precedente. Así que, cada voto en las elecciones de mayo será un acto de soberanía o un acto de rendición: no hay puntos medios.
En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.
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Anticipar los riesgos para defender el voto
Las elecciones de 2026 se preparan en un clima atravesado por violencia política, presencia de actores armados ilegales, desinformación digital, cuestionamientos sobre el conteo de votos y una emergencia invernal que ha afectado a más de 85.000 familias y cerca de 10.000 viviendas en la región Caribe. En este contexto de alta vulnerabilidad social, la precariedad no solo se traduce en una una crisis humanitaria, también en terreno fértil para la manipulación y el constreñimiento electoral.
Frente a ese escenario, El Turbión celebra y acompaña el anuncio de una herramienta tecnológica orientada a identificar y mitigar riesgos humanitarios asociados al proceso electoral de 2026, impulsada por el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos (CESJUL) en alianza con 3iS y con apoyo de Global Exchange.
La plataforma propone mapear y ponderar riesgos por municipio, activar alertas tempranas frente a violencia pre-electoral y coacción armada, y geo-localizar resultados electorales para fortalecer la veeduría ciudadana.
En un país donde históricamente la participación electoral ha oscilado entre el 42% y el 48%, con un repunte al 58,17% en las presidenciales de 2022, garantizar condiciones de seguridad y confianza institucional es clave para evitar retrocesos democráticos.
Desde el Turbión entendemos que la información debe ser pública y accesible para periodistas, organizaciones sociales, academia y ciudadanía y que solo así podemos en tiempos de polarización y desinformación, fortalecer la integridad del proceso electoral por ello acompañaremos la presentación de la plataforma.
- Martes 24 de febrero de 2026
- Auditorio Porfirio Barba Jacob (Centro de Cultura Económica)
- Calle 11 No 5-60
- 8:30 a 10:30 a.m.
- Inscripciones: https://forms.gle/iE4DuDPpJpRSWzUj9
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Uribe condenado: un pequeño gran paso hacia la justicia
La condena a 12 años de prisión domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno marca un hito en la historia judicial colombiana: por primera vez un expresidente es declarado culpable en un proceso penal y recibe una condena. Sin embargo, este no es sino un paso hacia la verdad y la sanción de los graves crímenes cometidos durante sus gobiernos que las víctimas y diversos movimientos sociales han reclamado durante años.
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De atentados y manipulaciones
La condena al atentado que sufrió, el pasado 7 de junio en Bogotá, el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático, no solo se hace urgente por lo macabro del hecho y porque dispara las disputas políticas en Colombia, sino que debe darnos una oportunidad para rechazar la instrumentalización de este lamentable suceso por parte de un sector de colegas periodistas y políticos para hacer campaña de difamación contra el actual gobierno, en el contexto de antesala a las elecciones de 2026. El intento de homicidio, que salió mal a quienes lo planearon, necesita de investigaciones certeras y un análisis profundo que no alimente conspiraciones ni odio político, sino que ofrezca respuestas claras sobre los autores intelectuales y sus propósitos.
Debates en medio de mentiras
Todas las cabezas políticas de la extrema derecha ven en el intento de asesinato contra Miguel Uribe una oportunidad para hacer campaña. Vicky Dávila, por ejemplo, primero culpó al presidente: “El primer responsable político es el presidente Gustavo Petro, que ha promovido un ambiente de violencia que nos está trayendo sangre y dolor”. Días después, la experiodista aseguró que una fuente militar activa le informó que Néstor Gregorio Vera Fernández alias ‘Iván Mordisco’, comandante del Estado Mayor Central (EMC) disidente de las antiguas FARC-EP, era el responsable pero no se retractó de lo que dijo sobre Petro. Por su parte, María Fernanda Cabal siguió la misma línea y afirmó que “esto es consecuencia del ambiente de odio y estigmatización que ha promovido el gobierno de Gustavo Petro contra quienes pensamos distinto”.
Las precandidatas de la extrema derecha no fueron las únicas. Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. también usó el hecho y profundizó la campaña de estigmatización contra Gustavo Petro al asegurar que el ataque sobre la humanidad de Miguel Uribe es “resultado de la violenta retórica izquierdista”, mientras que, el expresidente Andrés Pastrana fue más lejos al escribir que “las mendaces palabras de Petro contra Miguel Uribe lo hacen responsable de lo que acaba de suceder. Este gobierno se ha dedicado a sembrar el odio y a incitar a la violencia. ¡Este es su resultado!”
Todos estos políticos señalaron abiertamente al presidente de Colombia como responsable sin esperar indicios de las investigaciones ni aportar pruebas. Con ello han dirigido el debate, no a exigir investigaciones diligentes y claras, sino a posicionar la idea de que el problema son las palabras con las que Petro ha calificado a sus opositores, y no los motivos de quienes ordenaron éste crimen, en momentos en que el hecho resulta absolutamente inconveniente, tanto para el gobierno como para los movimientos populares que lo respaldan. Si bien calificativos como “nazis” y “esclavistas”, dirigidos a la derecha política y a los dueños de las mayores fortunas del país, no son fáciles de digerir para sus voceros, estos no constituye una orden ni una incitación a matar, ni hay indicios de que el ataque contra el nieto del expresidente Turbay, en su época líder de la extrema derecha, se haya originado por palabras de Petro ni por las acciones de Miguel Uribe como senador de oposición.
Miguel Uribe era un político sin carisma ni base de votantes. Su éxito político se ha basado en el hecho de ser el favorito del expresidente Álvaro Uribe Vélez para encabezar la lista de su partido al Senado, y su poco notable trabajo parlamentario ha llevado a que, antes de este atentado, recibiera múltiples ataques y un profundo desprecio de parte sus competidoras por la candidatura presidencial de la extrema derecha: Cabal, Valencia y Dávila, quienes hoy instrumentalizan el crimen para mostrarse en solidaridad con su familia ante los medios, culpar a Petro y ganar potenciales votantes para las elecciones de 2026.
Asimismo, se intenta posicionar la narrativa falsa de que ‘estamos volviendo a la violencia política de finales de la década de los 80 e inicios de los 90´, cuando fueron asesinados Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leóngomez, como producto de las alianzas entre el narcotráfico, la extrema derecha, el paramilitarismo y la Fuerza Pública. Pero se olvidan, los promotores de esta idea errónea, de que esa violencia política empezó con el plan de exterminio contra: la Unión Patriótica, A Luchar, el Frente Popular y otros movimientos populares, como la AD-M19, y que hasta el momento estos actos criminales no han cesado, dejando a Colombia como el país más peligroso para líderes sociales, defensores de derechos humanos y ambientalistas.
No hay ninguna repetición. No son los miembros del Centro Democrático, partido de extrema derecha, quienes sufren una persecución de este tipo, tampoco lo son sus líderes, quienes han sido abiertamente negacionistas del genocidio político ocurrido en Colombia, ni la derecha ha sido la más perjudicada con éste lamentable hecho.
Lo que sí se repite, lastimosamente, es que al igual que entonces, se use como ejecutores de crímenes ideados en las más altas esferas del poder, a menores de edad entrenados como sicarios, y se ideen los planes sin una salida clara para éstos, condenándoles a muerte de antemano para así proteger a los responsables, con la impunidad a la que hemos estado acostumbrados durante más de cuatro décadas. Al mismo tiempo, resuenan las voces de quienes exigen ’castigo ejemplar’ contra el menor que disparó, para sacar beneficio de una retórica basada en el populismo punitivo y la promesa de una ‘mano dura’ que nunca ha resuelto nada de fondo en Colombia.
Lo que se sabe
Miguel Uribe Turbay – Foto: Luigi Venegas Quienes atentaron contra la vida de Miguel Uribe usaron a un menor de edad de apenas 14 años, con poco entrenamiento, ni conocimiento sobre quién era la víctima, para disparar al precandicato presidencial con una pistola Glock de 9 mm y sin plan de escape. El niño tuvo la suerte de ser reducido por uno de los escoltas de Uribe Turbay, quien siguió el protocolo de herir y no matar, y que además lo protegió de personas que buscaban herirlo. Esto, además de resultar inesperado para quienes idearon el crimen, que muy claramente esperaban verle muerto, ha permitido avanzar en las investigaciones. Un ejemplo son las capturas de Katherine Martínez, joven de 19 años, quien habría entregado el arma automática al niño que disparó contra Miguel Uribe, y la de Carlos Eduardo Mora González, alias «El Costeño» quien afirmó que alias «El Churco», criminal ecuatoriano y posible narco invisible, fue quien dio la orden.
No obstante, los motivos aún no son claros. Se especula sobre asuntos personales, su papel como secretario de Gobierno de Bogotá durante la última alcaldía de Enrique Peñalosa, su actividad política o las pugnas internas en su partido, pero nadie puede negar que este acto ha generado una gran inestabilidad en el país y ha puesto en aprietos al Gobierno del Cambio.
Al respecto, Gustavo Petro ha insistido en que “La nueva junta del narcotráfico”, con sede en Dubai, ordenó la muerte de Miguel Uribe y la suya propia, con el objetivo de sembrar caos e incitar a la violencia política entre colombianos:
Los asesinos buscan que nos matemos entre nosostros, debilitar el Estado y avanzar sobre sus controles a la economía ilícita. Dentro de la junta del narcotráfico, con asiento en Dubai y Colombia, están las personas que yo mostré con nombre propio al país y que busqué su captura y puesta en manos de la Justicia. A uno ya lo dejaron libre.
Implicaciones
Efraín Cepeda, presidente del Senado y del Partido Conservador, ha señalado que “seré el jefe de la banda para hundir las reformas que no le convienen al país» – Foto: Organización Demócrata Cristiana de América Sin lugar a dudas, este atentado guarda un inquietante paralelismo con ataques a líderes politicos en otros países, como el del asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador en 2023. Villavicencio era un político de derecha que tenía como bandera de su programa de gobierno la lucha contra el narcotráfico. Luego de su asesinato, Daniel Noboa, candicato de extrema derecha y acusado de relaciones con los narcos, logró ser reelegido en la presidencia, en unas elecciones altamente cuestionadas por la imposición del estado de excepción y la militarización del país previo a las comicios.
A un año y medio de las elecciones en Colombia, resulta muy preocupante tanto el intento de homicidio contra Miguel Uribe como la inmediata multiplicación de las amenazas contra varias personalidades de la derecha y la izquierda. De ser cierta la versión de Petro, estaríamos ante un proyecto que buscaría el hundimiento del país en la violencia y que el próximo presidente de Colombia, fuere cual fuere, se pliegue al narcotráfico.
Muchos ya han caído en la provocación, y no solo en las altas esferas políticas, sino también entre ciudadanos de a pie. En la clínica Santa Fe, donde está internado Uribe Turbay, la periodista Gelitza Jiménez y su camarógrafo, ambos reporteros de RTVC Noticias, fueron agredidos por simpatizantes del Centro Democrático mientras cumplían su labor informativa y cubrían la evolución del estado de salud del precandidato. Estos mismos ataques se repitieron en diversas ciudades del país durante las llamadas ‘marchas del silencio’, el pasado domingo 15 de junio.
Las marchas convocadas por una coalición, que incluyó al presidente del Senado Efraín Cepeda, y a parlamentarios del Centro Democrático, buscaban apoyar a Miguel Uribe y que cesara la polarización, pero no cumplieron con este último objetivo: “Al llegar a la Plaza Bolívar los asistentes a la marcha gritaban consignas contra el Gobierno de Gustavo Petro”, evidenciando que las marchas no solo protestaban contra el intento de homicidio de Miguel Uribe, sino que tenía como intención antagonizar con las personas del Gobierno y la Consulta Popular. Lo que aprovechó María Fernanda Cabal, quien escribió: «Cientos de miles de compatriotas en la Plaza de Bolívar. Esto nos da la esperanza de qué si puede. Petro será cosa del pasado».
Otros que han cedido a la tentación de usar el atentado para desestabilizar al Gobierno son los exmilitares, quienes convocaron marchas el pasado 12 de junio. Germán Rodríguez, mayor retirado de la Infantería de Marina, afirmó que su motivación es la de:
Exigirle a los generales que haya ruido de sables. Aclaro que no es para un golpe de Estado, es para exigirles que los colombianos los queremos oír, para presionar al gobierno Petro y que impida que el país se le entregue a la subversión.
Otras acciones desestabilizadoras han sido lideradas por el presidente del Senado y jefe del Partido Conservador, quien ha señalado que: “seré el jefe de la banda para hundir las reformas que no le convienen al país”, y no solo ha llamado abiertamente a desconocer la autoridad presidencial, promoviendo una alianza de líderes de nueve partidos de derecha, luego del ataque a Miguel Uribe, sino que pidió una reunión con la cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional sin la presencia del presidente Petro.
Así las cosas, el atentado contra Miguel Uribe se ha convertido en una herramienta electoral y de agitación por parte de la extrema derecha que prepara el terreno para la confrontación. Usar la violencia como excusa para promover una narrativa de odio y, de paso, deslegitimar al primer gobierno popular de nuestra historia reciente, no solo es irresponsable sino peligroso. Si como sociedad no somos capaces de diferenciar entre justicia y propaganda podríamos entrar a una nueva fase de violencia de la que solo saldrán beneficiados quienes la instigan.
En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.
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Romper el silencio, sostener la verdad
El nuevo informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) no deja dudas, el periodismo atraviesa su hora más oscura. Por primera vez, la libertad de prensa es “difícil” a escala mundial. La mitad del planeta ya no ofrece condiciones básicas para ejercer el oficio de informar y en más de 42 paı́ses el ejercicio del periodismo no solo es censurado sino perseguido, empobrecido y exterminado.
La prensa en las Américas: debilitada y bajo ataque
En las Américas, el informe expone que 22 de 28 países han bajado sus índices en el indicador económico de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.
Estados Unidos, con el segundo mandato de Donald Trump bajo dos puestos y ha quedado en el puesto 57 de 180, esto lo ubica en el nivel de «problemático», y recuerda que con Biden la situación no era mucho mejor. Argentina bajo 21 puestos, y esta en el mismo nivel de Estados Unidos, con el puesto 87. Según el informe, el presidente Javier Milei estigmatiza a los periodistas y desmantela los medios de comunicación públicos.
Perú es otro caso dramático. Ha descendido 22 puestos desde 2022, y hoy ocupa la posición 130 con Dina Boluarte como jefa de Estado. El Salvador de Bukele está en el puesto 135, siendo las amenazas, la propaganda y los ataques contra los medios críticos las formas para acallar la prensa. México bajó dos puestos quedando en el puesto 124, y es el país más peligroso de América Latina para los periodistas, situación que ni López Obrador ni la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, han cambiado.
Colombia no escapa a esta deriva. El país bajó cuatro posiciones y ocupa la posición 115, esto la ubica en un nivel intermedio bajo, y dentro de la categorı́a «difícil», una de las cinco peores clasificaciones del ı́ndice, que va desde «buena situación» hasta «muy grave». Sin embargo, Colombia ha estado de forma estable en esta categoría en las últimas mediciones, lo que demuestra la poca voluntad política para la transformación de las condiciones del periodismo colombiano.
Hoy, la retórica confrontativa del gobierno Petro hacia los grandes medios convive con gestos de apoyo a medios comunitarios y alternativos, pero la asfixia económica sigue debilitando la libertad de prensa.
Entre la censura y el hambre
Indicador económico de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa – Infografía RSF Como lo alerta RSF, los medios mueren de hambre. La concentración de la propiedad, el control estatal de la pauta, la retirada de fondos de cooperación, y el acaparamiento de ingresos publicitarios por las plataformas digitales que manejan las cinco grandes empresas tecnológicas estadounidenses: Google, Apple, Facebook (Meta), Amazon y Microsoft, están acabando con el ecosistema de medios libres.
No es coincidencia que entre la censura y el ahogo económico, la libertad de prensa en países como Estados Unidos, Argentina, Perú y El Salvador hayan registrado caídas de más de 10 puntos en el índice en los últimos 5 años.
En Colombia, esa fragilidad se expresa en redacciones vacías, periodistas pluriempleados, periódicos independientes que cierran sin hacer ruido, y medios comunitarios que resisten con milagros, rifas y solidaridad. Mientras tanto, la desinformación y la propaganda florecen en los algoritmos, y los periodistas que aún denuncian, son señalados, judicializados o silenciados.
Apoyo colectivo o desiertos informativos
«La censura» – Ilustración: Edu Barbero. ¿Quién podrá sostener el periodismo sin recursos, sin garantías, sin seguridad? RSF lo dice con claridad: sin independencia financiera, no hay prensa libre. Y sin prensa libre, no hay democracia ni dignidad, porque cuando la prensa desaparece, los desiertos informativos permiten que los grupos de poder legales e ilegales sometan más fácil las personas.
Por ello, en El Turbión insistimos: romper el cerco económico, recuperar la pluralidad de voces y defender el derecho colectivo a la información no es solo una causa gremial, es una urgencia política y popular. Este periódico existe porque ustedes lo sostienen. Y hoy más que nunca, la solidaridad es nuestro oxígeno.
Lea, comparta, y si puede aporte. Porque la verdad para ser libre necesita ser financiada colectivamente, e invitamos a que se hagan una pregunta: ¿Qué queda de libertad cuando se apagan las voces?
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21 años incomodando y rompiendo el silencio
El 4 de febrero, El Turbión cumplió 21 años, y aunque en noviembre de 2024 celebramos dos décadas de trabajo por la libertad de informar e informarse, hoy queremos compartir con ustedes los logros de estos años, nuestros planes para el futuro y, sobre todo, por qué su apoyo es fundamental para seguir rompiendo el silencio sobre conflictos ambientales, sociales y violaciones a los derechos humanos.
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18 años compartiendo la esperanza
Todo ha pasado muy rápido y seguimos aquí, casi sin advertir que nunca pensamos que cumpliríamos la mayoría de edad. El Turbión, esta modesta apuesta por el derecho a la comunicación en la que hemos puesto buena parte de nuestras vidas, hoy cumple 18 años rompiendo el silencio gracias a tu apoyo y el de muchas personas que, como tú, han creído en nuestros esfuerzos por contar las historias de quienes construyen cada día un mundo diferente, las agresiones que sufren nuestros líderes sociales, los conflictos que afrontan los pueblos y los sueños de cambio que encarnan los movimientos sociales en Colombia.
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