Por: Marcela Zuluaga
A 15 años de la creación del programa de protección para periodistas en riesgo, el panorama de agresiones no ha mejorado considerablemente.
El Estado colombiano creó, a través del Decreto 1599 del año 2000, un mecanismo de protección que cobija a distintos colectivos en riesgo, entre los que se encuentran los periodistas. Luego de 15 años de funcionamiento de este programa, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) presentaron sendos informes para analizar sus resultados y el trabajo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Estos informes hacen parte de la campaña “Periodismo en riesgo”, con la que se busca que una protección integral para los comunicadores que contenga justicia y eficacia, y se traduzca en garantías para ejercer su labor profesional, mejoras en los esquemas de protección y, en general, acciones concretas del Estado para la protección de su vida y su seguridad.
Problemas estructurales
La FLIP, en su informe “15 años de protección a periodistas en Colombia: esquivando la violencia sin justicia”, considera que es el momento de evaluar el funcionamiento e impacto que este programa ha tenido en la libertad de prensa del país, agregando que “el objetivo de esta evaluación es que sea un insumo para debatir qué se puede mejorar y hacia dónde se debe orientar un programa que garantice una protección a periodistas en riesgo”.
Sobre los problemas del programa, la FLIP menciona la corrupción y malos manejos administrativos, en donde el detrimento patrimonial de la UNP en 2014 fue de $14.790 millones, según la Contraloría. “En diciembre de 2014, la Contraloría General de la Nación alertó a la Procuraduría sobre corrupción en la UNP. El año terminó con la renuncia del director de la UNP”, señala el informe.
Al respecto, el director de la FLIP, Pedro Vaca, comenta que el programa de protección a periodistas pasó de ser un programa simple con reacción inmediata a ser un programa muy complejo donde la reacción inmediata es la excepción: “en los años 2003 y 2004, el Estado tenía la capacidad de sacar inmediatamente personas de la región en las que se conocía en riesgo; en cambio, ahora los periodistas deben quedarse enfrentando el riesgo mientras se realizan una serie de trámites que resultan ser engorrosos y demorados para recibir medidas de protección”. También menciona que muchos periodistas aún protegidos optan por la autocensura porque “las condiciones de las medidas de protección no les permiten continuar con sus investigaciones”.
Por su parte, Fecolper y la organización internacional RSF, aseguran en su informe “Colombia: actividad periodística en riesgo” que “las fallas estructurales del programa de protección se presentan en el proceso de trámite de la protección, la valoración del riesgo, la eficacia y pertinencia de las medidas recomendadas por el Cerrem [Comité de evaluación de riesgos y recomendaciones de medidas], los tiempos de implementación de la protección y su idóneo funcionamiento, que plantean la necesidad de revisión de los distintas fases de los procedimientos establecidos”.
Al respecto, Adriana Hurtado, presidenta de la Fecolper, comenta que se requieren garantías en la disponibilidad presupuestal “para que el programa funcione correctamente, además que la Unidad [Nacional] de Protección debería hacer análisis e informes periódicos sobre cómo está la protección a los periodistas versus los datos de funcionamiento y el tema de garantizar que los hombres de protección sean idóneos porque muchos de éstos no tienen la formación ni la experiencia”. Adicionalmente, señala que es importante que se revise la metodología a través de la cual se define el nivel de riesgo que sufre un periodista, ya que la actual deja por fuera muchos factores, como la ausencia de investigación por parte de la Fiscalía en muchos de los casos, lo que, junto con la abundancia de información errónea en manos de los funcionarios termina desvirtuando la situación de peligro en la que algunos comunicadores se encuentran.
Efectos del programa en sus protegidos
Respecto a los efectos que sufren los periodistas protegidos, Fabiola León, corresponsal en Colombia de RSF, comentó que el programa de protección cobija a 131 periodistas, personas que atraviesan serias dificultades personales y laborales.
Nosotros entrevistamos al 78%. Parte de las críticas que hacemos es que el programa de protección se enfoca es a atender o asignar medidas físicas, materiales, pero no contempla un apoyo psicosocial, ni el entorno familiar ni la actividad periodística en sí misma. Lo que reportan las entrevistas y el sondeo que hicimos es que toda su actividad profesional se ha visto impactada tanto desde el momento que sufrió el riesgo como durante todo el tiempo que ha tenido protección.
Por una parte, la presencia de escoltas afecta la vida laboral, ya que por el conflicto el temor es alto. En este sentido, Fabiola León explica que es natural la prevención hacia los esquemas de seguridad por parte de las fuentes por el mismo miedo estructural de las víctimas: “hay un imaginario de que estos organismos entran a hacer inteligencia de las fuentes de información, entonces, la gente no quiere hablar con el periodista por el riesgo”. Sobre esto, Adriana Hurtado comentó que “al periodista lo afecta porque sus fuentes en general no quieren que se les entrevisten ni se les consulten. De hecho, algunos les han dicho a periodistas frases como: ‘de pronto por matarlo a usted, me maten también a mí'”.
Y esta situación no sólo afecta la relación profesional entre periodistas y fuentes sino también afecta toda la vida social de los comunicadores, puesto que muchas personas temen siquiera estar donde los comunicadores en riesgo se encuentren y sus familias se ven afectadas tanto por la zozobra que implica tener una persona amenazada en casa como por el estigma de ser familiar de un periodista en riesgo.
Tercerización de la protección
Sobre la tercerización de la protección al interior del programa, Fabiola León indicó que el “Estado colombiano lo que está haciendo es contratar privados para que presten ciertos servicios y hay que entender que el tema de la protección no es un servicio, es un derecho, no es un favor que me están haciendo yo no estoy contratando un carro para que me pasee, son cosas diferentes”.
Al respecto, Adriana Hurtado comentó que “las tres empresas que se ganaron el contrato suministran tanto los hombres de protección, los vehículos y la gasolina. Cuando un periodista necesita viajar acompañado de su escolta, generalmente tiene quince días al mes para usar como ‘viáticos de escoltas’. Si supera ese valor, ya no se los van a aprobar porque hay un control presupuestal sobre el tema. Los escoltas se han quejado de que viajan a diferentes zonas y se demoran muchísimo tiempo en pagarles esos viáticos”.
Se necesita mayor solidaridad
Para Fabiola León, es vital hacer pequeños acuerdos entre medios y periodistas para fortalecer la defensa de la libertad de expresión. Aseguró que, a pesar de que “existen distancias en términos de posturas y apuestas”, es claro que hay “una cosa en la que todos estamos de acuerdo y es que hay que proteger el derecho a la información”. Además, agregó que “podemos ponernos de acuerdo para ser más solidarios en los casos en que los periodistas son agredidos en su labor periodística, es decir, que los privados empiecen efectivamente a denunciar la agresiones que sufren los medios comunitarios, alternativos y que, obviamente, los medios comunitarios y alternativos también empiecen a evidenciar los casos y problemas que tienen los periodistas de los medios privados”.
Por otra parte, la corresponsal de RSF mencionó que se necesita poner en evidencia los factores de riesgo que afectan a los periodistas y, con ello, los intereses que tienen los victimarios para agredirlos, de forma que se pueda ejercer una presión social más clara sobre los responsables y se pueda reducir el peligro sobre los comunicadores.
Nota: Se intentó establecer contacto con funcionarios de la Unidad Nacional de Protección para conocer su posición frente al decimoquinto aniversario del programa de protección y a la campaña “Periodismo en riesgo”, pero no fue posible lograr comunicación con nadie en esa entidad que estuviera en condiciones de dar declaraciones.
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