Julio 2 de 2007
Con el anuncio de la muerte de once de los doce ex diputados de la Asamblea departamental del Valle que, desde hace cinco años, permanecían retenidos por la guerrilla de las FARC, se ha abierto la puerta a un gigantesco debate nacional en el que han imperado la confusión, la multiplicidad de vagas hipótesis y la manipulación gubernamental del dolor de las familias de las víctimas.
Mientras las acusaciones corren de un lado para el otro, las lágrimas de las familias de los diputados secuestrados son mostradas a todo el país, ‘en vivo y a todo color’, por los principales monopolios mediáticos, que no muestran el más mínimo respeto por las víctimas, ni tampoco ningún interés por escuchar su quejas ante la indiferencia de un gobierno que insiste fanáticamente en un rescate militar de los rehenes que ya ha probado su inutilidad.
Desde la madrugada del jueves, cuando la agencia Anncol publicó un comunicado del Comando conjunto de occidente de la organización guerrillera señalando la muerte de estas personas “En medio del fuego cruzado cuando un grupo militar, sin identificar hasta el momento, atacó el campamento donde se encontraban”, el alud de versiones emitido por algunos medios, basadas solamente en conjeturas, sólo han contribuido a la confusión y la incertidumbre que han reinado desde entonces en el país.
Si bien es cierto que la vaguedad de los datos ofrecidos por los comunicados de la organización armada dejan un manto de duda importante sobre el caso, también es cierto que una plausibilidad de las hipótesis basada exclusivamente en suposiciones contradictorias y datos dispersos, ha sido una valiosa excusa para que el gobierno sostenga su versión de los hechos y se encuentren desarrollando una ofensiva diplomática y de opinión para negarse a pactar el intercambio humanitario.
En irresponsables, pero muy calculadas declaraciones, emitidas en cadena nacional al medio día del jueves y repetidas a las nueve de la noche de ese mismo día, Uribe Vélez y los más altos funcionarios de su gobierno insistieron en mantener la versión de una ejecución masiva practicada por las FARC. Partiendo de una conjetura, buscaron establecer una cortina de humo sobre el caso para eludir su responsabilidad en la muerte de estas personas, posible no sólo en el supuesto de un operativo militar secreto para liberarlas, o eliminarlas; sino por su intransigencia en la negociación del acuerdo.
Aún cuando desobedezca los mandatos del gobierno de Bush, que busca desesperadamente la liberación de los tres mercenarios de la empresa Dyncorp en poder la guerrilla; del gobierno de Sarkozy, que ha usado el caso de Ingrid Betancourt como comodín de su campaña política y la de su partido en las elecciones legislativas francesas; de la comunidad internacional, que se ha pronunciado vehementemente en diferentes espacios por el acuerdo; y hasta los de la propia ciudadanía colombiana, que ha apoyado el pedido de canje como una forma de reducir los efectos negativos que tiene la confrontación militar entre las partes, Uribe busca salir nuevamente fortalecido de esta situación para mejorar las condiciones en las que se desarrolla su proyecto autoritario. Exigiendo condenas a la guerrilla, negándose a cualquier propuesta que reactive las negociaciones o permita esclarecer la verdad sobre el caso, como la comisión de encuesta planteada por Francia, Suiza y España, y elevando una rabiosa y fanática voz de condena, el mandatario ha conseguido hacer eco en los sectores de opinión que le son más leales, entre ellos los monopolios de comunicación más poderosos del país, para convencer a la nación y al mundo de las nobles intenciones de su gobierno y de la inviabilidad de cualquier intento de negociación del canje con lo que él insiste en llamar una organización terrorista.
Los gritos de indignación del mandatario contrastan con la amnesia colectiva que se trata de imponer en este caso. Durante las últimas semanas, mientras el gobierno cedía a las presiones internacionales para liberar a un grupo de desertores de la organización armada y presos comunes, presentándolos como insurgentes, decía a los cuatro vientos que no iba a dejar de buscar el rescate militar de los retenidos, ordenando a los comandantes de las fuerzas armadas y de la policía la realización de operativos de alta contundencia en las zonas en las que pudieran encontrarse los secuestrados. Operativos que, en pasadas ocasiones, causaron la muerte de numerosas personas.
Cabe resaltar aquí, sólo para ofrecer un ejemplo, que el veintidós de mayo cayó muerto en La Guajira Mauricio Vives Lacouture, quien había sido retenido por el ELN desde noviembre de 2005, durante un operativo de rescate negado inicialmente por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Vives, miembro de uno de los más poderosos clanes familiares de la Costa Atlántica, habría sido presentado inicialmente por el ejército como un insurgente muerto en combate y su cuerpo escondido para evitar investigaciones, lo cual ha sido denunciado por su hermano, el congresista Luís Eduardo Vives quien se encuentra detenido por presuntos nexos con el narcoparamilitarismo.
La ejecución de los secuestrados, sin dejar de ser posible, habría sido una torpeza política de enorme magnitud para la guerrilla. En un momento en que la presión internacional y de la opinión pública nacional había logrado que el gobierno aceptara la posibilidad de un intercambio, la entrega de estos retenidos habría sido su más grande carta política para avanzar en sus planes estratégicos y generar un respaldo más amplio a su propuesta y acciones.
No obstante, la pregunta fundamental en este punto es saber qué hacían los once diputados juntos en la zona en la que se calcula que cayeron. Si se recurre al sentido común y a los elementos básicos de cualquier lógica militar, no es posible pensar que el grupo guerrillero tuviese a tantas personas de tal importancia reunidas en un solo sitio, menos aún en una zona tan vulnerable como las montañas del sur del Valle del Cauca, donde se especula pudieron presentarse los hechos. Sin excluir ninguna posibilidad, incluido algún error de comando de la guerrilla que haya traído consigo el trágico desenlace, cabe preguntarse: ¿qué interés, entonces, podrían tener las FARC para tener concentrados a estos retenidos, arriesgándose a perder una poderosa carta de negociación? ¿acaso se estaban preparando las condiciones para un posible despeje de los municipios de Pradera y Florida que esa guerrilla ha exigido para realizar el canje?
La necesidad de conocer la verdad, cualquiera que sea, es una exigencia que los colombianos y las colombianas no podemos dejar de lado para conocer una cómoda versión oficial que no ofrece pruebas ni argumentos para sustentarse. Una situación de esta gravedad, impone el reclamo a las partes: gobierno y FARC, para que respondan por los hechos ante una población que, mayoritariamente, insiste en que el intercambio es una necesidad para frenar la degradación de la guerra que se ha impuesto en Colombia.
El martes pasado, en el marco de la audiencia sobre el paramilitarismo en el departamento de Antioquia, se puso en evidencia nacional e internacional la incidencia de políticas gubernamentales, del orden local y nacional, en la creación y obtención de apoyo institucional y político a grupos paramilitares, principalmente a través de las mal llamadas cooperativas de seguridad Convivir y del papel de Álvaro Uribe en su paso por la Gobernación de Antioquia, hechos evidentes que impulsan la crisis internacional que se desata con el freno que el parlamento estadounidense realiza sobre un paquete de más de cinco millones de dólares en financiación del Plan Colombia y sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la nación del norte.