Categoría: Editorial

  • Entre la guerra y la paz

    Marzo 17 de 2008

    La regionalización del conflicto colombiano, como fruto de la violación de la integridad territorial de Ecuador, permite abrigar un cierto optimismo. Las presiones sobre Bogotá para que acceda a una negociación con el movimiento guerrillero se han multiplicado y a los vecinos inmediatos se suma ahora Francia, igualmente involucrada en el conflicto.

    Se presiona también al movimiento guerrillero que, por las paradojas de la dinámica política, al tiempo que recibe golpes muy significativos en el campo militar gana un espacio político considerable. Al menos así podría interpretarse el rol efectivo de interlocutor válido que le otorgan varios gobiernos: no sólo el presidente de Venezuela sino el mismo Sarkozy. Si todos los retenidos por la guerrilla son puestos en libertad, las FARC y el ELN podrían dejar de ser considerados organizaciones terroristas. Al menos eso se desprende de las declaraciones del presidente francés a RCN de Colombia.

    Una lectura similar podría hacerse de las palabras del ministro de Defensa de Colombia cuando se refiere a la posibilidad del “intercambio de secuestrados por guerrilleros presos” sin el habitual énfasis en los conocidos “inamovibles” que hasta ahora han frustrado el intercambio humanitario de prisioneros. La propuesta del propio Uribe en este fin de semana, llamando a las guerrillas a una “negociación seria y sin trampas” dan más fuerza a la idea de que algo podría moverse en la buena dirección de un posible acercamiento. La presión internacional estaría dando sus frutos, aislando a los belicistas locales y sus promotores estadounidenses.

    Al optimismo contribuye, y no poco, la manifiesta debilidad de Washington. Los Estados Unidos no sólo enfrentan un panorama desolador en sus compromisos asiáticos sino que están, de momento, ante el fin de una administración y el comienzo de otra. Por supuesto, nada indica que las líneas generales de defensa de los ‘intereses nacionales’ de la superpotencia vayan a sufrir cambios radicales, pero es obvio que la estrategia de ‘guerra preventiva’ como fundamento de la política exterior ha creado tal cantidad de dificultades que el nuevo mandatario tendrá que introducir matices importantes.

    Uno podría ser, por ejemplo, si no la cancelación del Plan Colombia al menos sí una revisión a fondo de dicha estrategia. Quienes aconsejan negociar con Irán, Siria y los mismos iraquíes –Plan Baker–, y quienes ya sugieren que el compromiso con Israel no debe ir tan lejos que afecte negativamente los intereses estadounidenses podrían aplicar el mismo pragmatismo a Latinoamérica y el Caribe, de suerte que los Estados Unidos no cometan hoy aquí el mismo error que cometen con Cuba, hipotecando empecinadamente intereses globales en beneficio de minorías encendidas y belicosas –tanto propias como criollas–. Ya se escuchan voces que piden a la nueva administración una revisión a fondo de la relación con Cuba. De imponerse esta lógica pragmática, Uribe Vélez y el militarismo colombiano tendrían que revisar a fondo sus estrategias. No sería la primera vez que Washington deja en la estacada a sus aliados ‘más firmes’.

    Internamente, el conflicto colombiano arrastra costes ya casi insostenibles. Un estudio reciente –entre otros del exministro José Fernando Isaza– muestra cómo el gasto militar alcanza cotas insoportables que comprometen el futuro inmediato de la economía nacional. Hasta ahora, el gasto mayor corre por cuenta de los colombianos mientras la ayuda gringa resulta apenas un complemento. Pero, para sostener el esfuerzo bélico actual se necesitaría un compromiso considerable y sostenido de los Estados Unidos, que es precisamente lo que nada puede asegurar –ni siquiera con un triunfo republicano–. Tampoco parece viable, de momento, un aumento de la presión fiscal, sobre todo considerando que se pronostica una recesión mundial que golpearía Colombia de manera muy significativa, dada su poca diversificación de mercados –tiene una dependencia demasiado estrecha con la economía de Estados Unidos, mientras su segundo socio comercial es, precisamente, Venezuela–. Por donde quiera que se mire, las perspectivas económicas no favorecen un mayor esfuerzo bélico.

    Y a las dificultades económicas se suma el cansancio de la población. Las euforias por ciertos golpes a la guerrilla durarán hasta que ésta, obligada por la propia dinámica de la guerra, responda con golpes similares. Y aún cuando fuese cierta la afirmación oficial según la cual  el gobierno ‘está ganando la guerra’, ésta tiene más posibilidades de empantanarse que de terminar pronto. Las manifestaciones del 4 de febrero y del 6 de marzo, con independencia de las intenciones de sus organizadores –una contra las FARC, otra contra el terrorismo de Estado–, demuestran que el sentimiento mayoritario y común no era otro que el deseo de paz, de fin del conflicto, de normalización de la vida cotidiana después de casi medio siglo soportando la muerte y la destrucción propias de una guerra. Ya son más de dos generaciones de colombianos y colombianas que no conocen la paz ni una vida normal, ni vislumbran un horizonte despejado que ilusione sus vidas. Casi un diez por ciento de la población desplazada, millones de inmigrantes lejos de sus hogares, miles y miles de muertos, desaparecidos, amenazados y silenciados resultan una carga demasiado insoportable  para cualquier colectividad nacional.

    Por supuesto, las perspectivas de un arreglo pacífico son tantas como las que apuntan a una continuación y profundización del conflicto. Y es así porque en Washington y Bogotá, y, por supuesto, en Caracas y Quito, existen grupos de intereses para los cuales la continuación de la guerra es el mejor mecanismo para frustrar los procesos populares de cambio en Ecuador, Venezuela y en la misma Colombia. Y trabajan febrilmente para hacerlo realidad. A Estados Unidos el conflicto colombiano le da la oportunidad de reafirmar su hegemonía militar en la zona, con bases y soldados, y a la oposición venezolana y ecuatoriana le permite soñar con el caos de un conflicto global como la oportunidad de oro para recuperar militarmente el poder que las urnas les han arrebatado.

  • Hay por qué

    Marzo 4 de 2008

    En el marco de la liberación de varios secuestrados por parte de las FARC en los últimos meses, el presidente Álvaro Uribe ha insistido en que Colombia cuenta con todas las garantías para que exista oposición en el terreno de la legalidad y en que, gracias al proceso de desmovilización de los paramilitares propiciado con la Ley de Justicia y Paz, el terreno político está despejado para la reinserción de los grupos insurgentes. Pero este escenario está muy lejos de ser realidad, sobre todo cuando existe un régimen que niega su falibilidad y engaña, simulando un desmantelamiento del paramilitarismo que más que anulado ha sido tamizado, re envasado y legalizado.

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  • Marzo 6: restitución de la memoria colectiva

    Marzo 1 de 2008

    La marcha del 6 de marzo es de gran importancia para el país por las reivindicaciones que se hacen a la memoria de todas las personas que han sido asesinadas, torturadas y desaparecidas. Además, enfrenta el miedo, al alzar la voz en contra de los crímenes que las Fuerzas Armadas y los paramilitares han cometido en contra de la población civil. Esta respuesta a la gran cantidad de crímenes cometidos contra campesinos, pensadores políticos, sindicalistas, estudiantes, indígenas e incontables líderes comunitarios y populares acerca la realidad de miles de colombianos a la opinión pública, denunciando que han sido victimas del Estado por la complicidad de éste con fuerzas paramilitares e, incluso, porque este fenómeno se ha convertido en parte de la política oficial imperante en Colombia.

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  • Liberación de Clara Rojas y Consuelo González pone las cartas sobre la mesa

    Febrero 24 de 2008

    La liberación de Clara Rojas y Consuelo González, el pasado diez de enero, es un hecho que marcará la historia política colombiana y sus implicaciones aún están por verse. Además del impacto que la recuperación de la libertad de dos figuras públicas provoca,  tras largo tiempo en cautiverio, este acontecimiento significa la puesta de las cartas sobre la mesa en cuanto a la discusión sobre una salida negociada al conflicto y frente al carácter político del conflicto armado colombiano.

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  • La marcha de humo

    Febrero 22 de 2008

    La marcha del cuatro de febrero ha sido una movilización particular por la manera como fue convocada desde los monopolios de comunicación, por el momento en que se llamó a marchar a las calles, por la forma en que fue asumida por la gente y por las repercusiones que ha tenido la misma. Es convocada, en principio, por un grupo de jóvenes que en favor de los secuestrados promueve una movilización. Dicho grupo pasa sospechosamente de escribir correos, a hacerse responsable de una movilización en la que se desplegaron recursos nunca antes vistos y en la que los grandes medios de comunicación tuvieron gran responsabilidad en cuanto a la convocatoria.

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  • Se avecina la crisis

    Febrero 22 de 2008

    En agosto de 2007 se conoció la noticia de las graves dificultades por las que se encuentra atravesando el sector hipotecario en Estados Unidos. Los impactos de esta situación se han presentado principalmente en la deuda privada, donde miles de estadounidenses que tenían créditos han caído en la quiebra. Luego, para enero de este año, se comenzaron a ver repercusiones en otros sectores como el de servicios, actividad que bajó más de 10 puntos porcentuales, perturbando también el empleo en las empresas, que se ha derrumbado a niveles del 5%, afectando de forma más aguda la crisis crediticia y de los inmuebles.

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  • Un acuerdo humanitario de fachada

    Noviembre 28 de 2007

    La decisión adoptada por el presidente Uribe la noche del pasado miércoles, 21 de noviembre, de terminar la facilitación de la senadora Piedad Córdoba y la mediación del presidente Hugo Chávez en las negociaciones por el acuerdo humanitario con las FARC, ha desatado todo un conflicto diplomático entre los países vecinos, desesperanzado a las familias de los secuestrados, enfocando la mirada internacional sobre el caso, pero, por sobre todo, ha dado cuenta de cuáles eran las verdaderas intenciones del gobierno colombiano.

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  • Acuerdo humanitario: ¿responsabilidad de Chávez o de Uribe?

    Noviembre 14 de 2007

    El encuentro del pasado 7 de noviembre entre  el presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, y el vocero de las FARC, Ivan Márquez, es un tema de gran importancia para un debate público nacional que, hasta el momento, no ha sido tratado por el Gobierno Nacional y los medios de comunicación proclives a la oficialidad, de propiedad de los monopolios, con la seriedad que amerita una posible solución al necesario diálogo para un acuerdo humanitario.

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  • Al presidente le salió el tiro por la culata

    Octubre 31 de 2007

    En carta remitida el martes 30 de octubre a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, solicitó que se investigara al presidente Álvaro Uribe por las denuncias presentadas por el Polo Democrático Alternativo (PDA), en voz del senador Luís Carlos Avellaneda. Con la polémica desatada entre este partido y el presidente Uribe, tras la jornada electoral del pasado domingo 28 de octubre, el Procurador no tuvo más remedio que remitir la investigación al organismo competente.

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  • Lo que preocupa al ministro Santos

    Octubre 3 de 2007

    Con el episodio del pasado lunes 24 de septiembre, en que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, acusó al presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria Díaz, de escribir un artículo “contra la dignidad nacional» en el periódico inglés The Guardian se puede ver, nuevamente, el intento del gobierno de desenfocar el debate nacional, esta vez, creando una cortina de humo frente al hecho, denunciado por el Partido Laborista británico, del sistemático asesinato de sindicalistas en Colombia.

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