Por: Christian Peñuela – julio 7 de 2011
El pasado 18 de abril de 2011, la quebrada Negra se desbordó sobre Útica (Cundinamarca), produciendo un deslizamiento de tierra que afectó gravemente al municipio. El 25 de abril, una segunda gran avalancha arrasó el 90% del casco urbano, afectando gravemente a la Institución Educativa ‘Manuel Murillo Toro ‘ y dejando un saldo de más de 100 viviendas destruidas, 120 seriamente dañadas y unos 2.000 damnificados, la mitad de la población evacuada de esta población.
La visita del gobernador de Cundinamarca, Andrés Gonzáles Díaz, y del presidente, Juan Manuel Santos, permitió visibilizar a este municipio como uno de los más afectados por la ola invernal a nivel nacional, junto con Gramalote (Norte de Santander). Los mandatarios se comprometieron a entregar los recursos necesarios para la reconstrucción del pueblo y para adelantar las obras necesarias para evitar nuevas tragedias, algunas de las cuales ya llevan un avance significativo.
Sin embargo, esto no ha resuelto un problema central: los habitantes de Útica se encuentran divididos sobre qué hacer con el pueblo en el que nacieron y vieron transcurrir toda su vida. Algunos demandan la reubicación inmediata; otros exigen que se construyan las obras de mitigación y prevención, anhelando seguir en el municipio; mientras otros tantos piensan en la reconstrucción por sus propios medios, basándose en la unión, el trabajo colectivo y la solidaridad de todo el pueblo, ante la falta de soluciones de fondo por parte de los gobiernos local y nacional a una problemática que se ha presentado por décadas y sólo ahora, cuando la emergencia ha destruido casi por completo a Útica, cobra relevancia.
Una tragedia anunciada
En los años cincuenta, Útica aparecía en las guías turísticas como un punto obligado para los viajeros que llegaban a esta zona del centro de Colombia. Era un importante lugar de descanso, frecuentado desde entonces por extranjeros, expresidentes y la clase dirigente del país, que se transportaba en ferrocarril hasta allí, antes de la construcción de las carreteras modernas que los aludes de abril destruyeron por completo.
Sin embargo, la construcción de la estación del tren de Útica, una de las pocas de su tipo en la región para la época, fue sedimentando el lecho del río Negro.Además, tanto la construcción de esta infraestructura ferroviaria como la de los hoteles que se fueron formando a orillas del cruce de los dos cuerpos de agua, la Quebrada Negra y el río Negro, resultaron en la deforestación de la segunda cuenca más grande de Cundinamarca, lo fue dejando a la población de Útica desprotegida ante las crecientes producidas por sucesivos inviernos.
De acuerdo a Jorge Eduardo Ángel, habitante del municipio y afectado por la ola invernal, “así como creció esa infraestructura turística y tuvo un florecimiento económico muy grande para el municipio, el río destruyó unos quince o veinte hoteles construidos a orillas del río Negro”. El 13 de noviembre de 1988, en una época en la que el turismo que protagonizó la vida de Útica iba perdiendo su brillo, la quebrada Negra se salió de su cauce y destruyó una buena parte del pueblo, pues no existía nada que parar sus aguas, luego de que se siguiera con la tala de árboles para el cultivo de yuca, plátano y, fundamentalmente, la caña que alimenta a los trapiches de la zona para la producción de panela.
La reubicación de la población fue la solución planteada por los gobiernos locales y departamentales hace 23 años. Según Ángel, “en esa época costaba alrededor de 33.000 millones de pesos el traslado del municipio y 5.000 millones de pesos construir una infraestructura que previniera desastres futuros y evitara la reubicación”. Hasta la tragedia de abril, no se había viabilizado ninguna de estas dos alternativas. Además, enfatiza que “si ese papel se hubiera cumplido por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Estado para recuperar la cuenca, no habrían tragedias como la de hace unos días. Hay una mala política de planeación y prevención de riesgo por parte del Estado y la tragedia fue anunciada durante más de 22 años”.
Sólo algunas iniciativas del gobierno municipal y sus habitantes permitieron enfrentar las repetitivas inundaciones durante los años noventa. Por aquella época, se pusieron en marcha mecanismos de alarma desde la iglesia del pueblo para anunciar sobre situaciones de riesgo y agilizar las evacuaciones, pues distintos estudios manifestaban la situación de riesgo permanente. Según Jorge Eduardo Ángel, “hay más de veinticinco estudios de instituciones estatales, fundaciones, universidades públicas y privadas, y organizaciones civiles que aseguran situaciones de riesgo y que proponen no solamente salidas desde el punto de vista de lo técnico sino de la experiencia propia de los habitantes, que han vivido durante cien años estas situaciones de riesgo”, agregando que “hace 22 años, una investigación determinó que la quebrada La Papaya tenía nueve millones de metros cúbicos de tierra desestabilizados, con posibilidad de deslizamientos. Hoy por hoy, las administraciones locales no han hecho nada para reforestar alrededor de las quebradas”.
La historia se repite. Los damnificados de la avalancha de hace veintidós años volvieron a correr con la misma suerte, debido a que construyeron en zonas de riesgo y no contaron con advertencias por pare de ninguna autoridad. El Estado no cumplió con una reubicación adecuada de esta población que vuelve a encontrarse con la tragedia y autoridades como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Oficina de Planeación Municipal, el Comité Local para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres (Clopad-Útica), las Gobernación de Cundinamarca y la Oficina de Atención y Prevención de Desastres de Cundinamarca, en cabeza de Jaime Matiz desde hace quince años, tienen responsabilidades claras por la falta de planeación y seguimiento al desarrollo económico y ambiental de Útica.
Cuatro meses después de la tragedia, los habitantes de Útica siguen esperando soluciones de fondo y temen que la historia de su pueblo, inciada en 1803, termine de la misma manera que la de Gramalote o, hace 25 años, Armero (Tolima).
