Categoría: Medio ambiente

  • Mujeres kamëntšá defienden el Amazonas de la fiebre del cobre

    Mujeres kamëntšá defienden el Amazonas de la fiebre del cobre

    Por: Andrés Gómez

    María del Rosario Chindoy nunca había oído hablar de la concesión minera de cobre FJT-141. Como muchas mujeres Kamëntšá del Valle de Sibundoy, en Putumayo, Colombia, solo se dio cuenta de que algo estaba cambiando cuando helicópteros comenzaron a sobrevolar las montañas que rodean su territorio. En busca de respuestas, el Consejo de Mujeres Kamëntšá organizó reuniones y preguntó a las autoridades locales qué empresa operaba allí. Encontraron pocas respuestas. El proyecto minero de cobre había avanzado durante años sin que las comunidades lo supieran, ahora el Consejo intenta detenerlo.

    “Para nosotras, las mujeres, esto es una amenaza grave porque destruye nuestro territorio y todo lo que hay bajo nuestra tierra. Como madres en el Consejo, nuestra misión es cuidar y proteger esta tierra”, afirma María del Rosario.

    El cobre es esencial para la transición energética, su demanda está aumentando para la fabricación de automóviles eléctricos que requieren de tres a cuatro veces más cobre que uno a gasolina, además del uso del cobre en la producción de nuevas armas y centros de datos. Esta situación, sumada a la falta de nuevas minas y a los desafíos técnicos del reciclaje del mineral, ha provocado que los precios del mercado se disparen, lo que incrementa la presión minera en regiones como la Amazonía colombiana.

    Libero Copper & Gold Corporation, una empresa canadiense que en 2025 cambió su nombre a Copper Giant Resources Corp., planea extraer el metal rojo del departamento amazónico de Putumayo, exactamente a 10 km de Mocoa, la capital del departamento, y en las montañas circundantes, pero estas montañas no son un lugar cualquiera.

    El «Proyecto Mocoa» se encuentra en una parte del Macizo Colombiano. Esta región de alta riqueza biológica abarca la «Estrella Fluvial de Colombia», un conjunto de montañas entre los departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo donde nacen cinco ríos: el Magdalena, Cauca, Caquetá, Putumayo y Patía. El Macizo Colombiano también forma parte de la «Reserva de la Biosfera Cinturón Andino«, un área reconocida por su papel vital en la conservación de la biodiversidad y la regulación del agua, funciones esenciales para las reservas de la biosfera respaldadas por la Unesco.

    Los frailejones son «fábricas de agua» que canalizan el agua hacia el suelo, dando origen a manantiales – Foto: Andrés Gómez

    El proyecto minero de cobre en Putumayo ha avanzado lentamente durante más de dos décadas, y aunque ha enfrentado resistencia en Mocoa, no ha tenido la misma reacción en el Alto Putumayo, a pesar de que dos resguardos indígenas se superponen con los títulos mineros: Condagua, en el resguardo del pueblo Inga, y el resguardo Kamëntšá Biyá del pueblo Kamëntšá.

    Para las integrantes del Consejo de Mujeres Kamëntšá, el problema no ha sido solo la mina, sino la falta de información que la rodea. Afirman que las autoridades municipales, las autoridades indígenas y la empresa no han explicado cómo el proyecto podría afectar su territorio. Esa incertidumbre ha alimentado la desconfianza y ha llevado al Consejo a organizar discusiones, caminatas territoriales y reuniones comunitarias para comprender lo que está sucediendo.

    “La amenaza es la decadencia de nuestras culturas”, afirma la consejera María del Rosario Chindoy.

    El proyecto minero no es poca cosa. En las montañas que rodean el Valle de Sibundoy, Libero Copper opera en el denominado bloque FJT-141. Esta área forma parte tanto de los resguardos indígenas como de la reserva forestal. La empresa también planea trabajar en sus otros tres bloques mineros cercanos: FJT-131, FJT-132 y FJT-142.

    Los bloques se superponen con áreas ambientalmente sensibles, como la Reserva forestal de la cuenca alta del río Mocoa, humedales, los bosques naturales remanentes, bosques en riesgo de deforestación, los páramos del complejo Doña Juana, áreas forestales protegidas y zonas de protección de aguas. Todas ellas sirven como hábitat para miles de especies, protegen el agua y mitigan los impactos del cambio climático.

    Concesiones mineras en tiempos de guerra

    Zonas de extracción de cobre que se superponen con las reservas indígenas de Yunguillo, Condagua y Kamëntša, así como con zonas de reservas forestales

    El Valle de Sibundoy se encuentra entre montañas en el piedemonte amazónico. Las antiguas guerrillas de las FARC-EP utilizaron esta zona como una ruta clave. Este camino conecta el sureste de Nariño con las selvas tropicales del Bajo Putumayo. La Comisión de la Verdad (CEV) documentó que los pueblos Inga y Kamëntšá sufrieron confinamientos forzados, asesinatos, combates armados, desapariciones forzadas y desplazamientos.

    En medio de la guerra contrainsurgente liderada por Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010), la entonces multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti (AGA), adquirió seis concesiones mineras en 2004, que Mocoa Ventures Ltd. asumió en 2009. Durante la iniciativa de la Locomotora Minera del gobierno de Santos, Mocoa Ventures realizó 12 perforaciones en la zona y, en 2018, vendió las concesiones a la multinacional canadiense Libero Copper Ltd., que desde entonces es propietaria de los títulos mineros: FJT-131, FJT-132, FJT-141 y FJT-142. Los cuatro títulos abarcan 7.830 hectáreas y se encuentran en el municipio de Mocoa, a 10 kilómetros de la ciudad.

    Las concesiones se otorgaron sin consultar a las comunidades de los resguardos Condagua y Kamëntšá Biyá.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la falta de consulta previa es uno de los factores centrales en los conflictos entre proyectos extractivos y comunidades indígenas, especialmente cuando hay importantes ganancias en juego. Y este es el caso de Libero Copper con el «Proyecto Mocoa»:

    Mocoa alberga uno de los depósitos de cobre-molibdeno sin desarrollar más grandes de las Américas, con un potencial de exploración adicional significativo. El depósito permanece abierto en múltiples direcciones, y las perforaciones recientes han identificado nuevas zonas de alta calidad.

    Infografía: Jalver Uyaban

    Seguir la propiedad del Proyecto Mocoa no es sencillo. Pero una revisión de los registros corporativos de 2023 muestra que la estructura de propiedad de Libero Copper se extiende más allá de Canadá e incluye empresas constituidas en las Islas Vírgenes Británicas bajo el control de la influyente familia estadounidense Sununu:

    El padre de Sununu: John H. Sununu, con conexiones políticas y negacionista del cambio climático, y su hermano, Michael Sununu, son más que simples inversores en Libero Copper & Gold. Michael es miembro de la junta directiva de Libero, y él y su padre forman parte de la junta del mayor accionista de la empresa, Anglo Asian Mining PLC, que opera en Azerbaiyán.

    Infografía: Jalver Uyaban

    Un proyecto minero fuera de control

    La presencia de Libero Copper generó preocupación en el Concejo Municipal de Mocoa. En respuesta, aprobaron la Resolución 020 del 6 de diciembre de 2018. Esta resolución prohíbe la minería mediana y gran escala en el municipio, pero la Agencia Nacional de Minería (ANM) impugnó la Resolución 020, y a través de la Sentencia SU-095 de 2018 de la Corte Constitucional, argumentó que la superficie y el subsuelo son propiedad del Estado. Sin embargo, los Tribunales Administrativos de Mocoa negaron la demanda concluyendo que:

    Los municipios pueden prohibir las actividades mineras y energéticas dentro de sus territorios en ejercicio de sus facultades para proteger el medio ambiente y regular el uso del suelo.

    A pesar del fallo judicial, Libero Copper anunció en octubre de 2021 que los trabajos de exploración habían comenzado:

    Con las botas en el terreno, el trabajo de exploración en Mocoa ha comenzado oficialmente.

    En 2021, Libero Copper no solo empezó trabajos sin permiso, también se asoció con la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Medellín y ambas partes firmaron un acuerdo para investigar el depósito y formar a estudiantes, pero Giovanny Franco, quien fue el viceministro de Minas de octubre 2022 al 2 de marzo de 2023, también era profesor de la facultad y se reunió con la empresa para promover el proyecto mientras se suponía que debía supervisarlo. Por el obvio conflicto de intereses, Franco renunció tras acusaciones de congresistas y organizaciones sociales.

    Empezar trabajos sin autorización ha ocasionado una cadena de acciones no permitidas que, sin embargo, no resultan en sanciones efectivas. En marzo de 2022, Corpoamazonía inspeccionó los campamentos y sitios de perforación debido al incumplimiento de la Resolución 020 de Mocoa. Descubrieron que Libero Copper contrató a Kluane, una empresa canadiense, para manejar los residuos de perforación, pero Libero Copper no tenía registros del proceso de gestión de residuos. También descubrieron que Libero Copper había despejado 5.000 metros cuadrados de tierra y construido infraestructura sin permisos. Debido a estos problemas, Corpoamazonía dictaminó que la empresa:

    No puede realizar ninguna actividad relacionada con la exploración y explotación de minerales dentro de la jurisdicción de Mocoa… (y) debe suspender inmediatamente cualquier actividad que esté realizando actualmente.

    Sin embargo, documentos obtenidos por El Turbión a través de solicitudes de libertad de información muestran que la propia Agencia Nacional de Minería (ANM) reconoció posteriormente las advertencias de Corpoamazonía sobre «el posible desarrollo de actividades» por parte de Libero Copper durante los períodos de suspensión que afectaban a las concesiones FJT-131, FJT-132, FJT-141 y FJT-142.

    Los mismos documentos revelan que, en el caso de la concesión FJT-141, los inspectores de la ANM «verificaron la presencia de actividades mineras dentro del área del contrato» mientras la suspensión seguía vigente. Sin embargo, en lugar de sancionar a la empresa, la ANM aceptó la solicitud de Libero Cobre de levantar la suspensión, argumentando que «el elemento esencial de fuerza mayor irresistible ya no existía».

    A finales de 2022, el Cabildo Inga de Condagua presentó una acción de tutela. Impugnaron al Ministerio del Interior y a Libero Copper. El cabildo solicitaba la consulta previa sobre la minería de cobre en el Bloque FJT 131. Mientras el Ministerio del Interior revisaba esta petición, el Consejo de Estado anuló el Acuerdo 020 en 2024. Esta decisión judicial levantó la prohibición minera que el acuerdo había establecido.

    El cobre avanza pese a las brechas institucionales

    Tras la anulación del Acuerdo 020 en 2024, Mocoa enfrentó incertidumbre legal y territorial. Mientras tanto, Libero Copper avanzó con el proyecto Mocoa. Durante ese año, lanzaron un programa de perforación de 14.000 metros y anunciaron ajustes catastrales. Según la empresa, estos cambios eliminaron las superposiciones con áreas de reserva forestal. Sin embargo, los ajustes anunciados por la empresa no han sido verificados por Corpoamazonía, que insiste en que las concesiones siguen afectando zonas de protección.

    Plano que muestra los límites del bosque de protección regional en relación con el recurso mineral inferido del caso base

    Además, la ANM admitió que «no existen registros de reuniones con Corpoamazonía previas a la firma de los contratos de concesión» porque «la ANM no era la autoridad minera» en ese momento. La agencia también declaró que determinar si se requería consulta indígena «es responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior». Sin embargo, la respuesta oficial obtenida por El Turbión de dicho Ministerio admitió que «no se registran procesos de consulta previa» que involucren a los pueblos Kamëntsá Biyá e Inga de Santiago en relación con proyectos mineros en sus territorios. La autoridad solo confirmó procesos relacionados con la consulta que involucran al resguardo Inga de Condagua y la concesión FJT-141.

    En 2025, el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Mocoa, Corpoamazonía y la Agencia Nacional de Minería celebraron 10 sesiones oficiales y 10 foros con el Cabildo Inga de Condagua. El 20 de septiembre, finalizaron los acuerdos que permiten a la empresa minera operar bajo el título FJT 131, a pesar de que esta área incluye parte del resguardo Kamentša Biyá.

    Ese mismo año, la empresa intensificó sus operaciones. El ritmo de perforación aumentó, se desplegó una segunda perforadora y el alcance del proyecto se expandió. Los resultados confirmaron que el depósito es de gran escala, y la empresa anunció que se desplegaría una tercera perforadora para 2026.

    Violaciones continuas

    En el proyecto FJT 141, los páramos (en gris) y su zona de amortiguación (en verde) se verían gravemente afectados

    Según la Resolución DG No. 0631 del 10 de junio de 2025, emitida por Corpoamazonía, la concesión FJT-141 actualmente en operación, junto con las otras tres concesiones en fase de construcción y montaje, deben suspender sus operaciones.

    Al mismo tiempo, el Ministerio de Ambiente admitió que el proceso para integrar las áreas protegidas ambientalmente en el catastro minero nacional «aún está en curso». Mientras tanto, según la Alcaldía de Mocoa, el área del proyecto está clasificada en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio como «Rural C – Zona de Protección Absoluta», cuyo propósito es «garantizar la permanencia de las fuentes de agua y la preservación de la cobertura forestal». Sin embargo, la ANM argumentó que «no es responsabilidad de la Autoridad Minera realizar un análisis de compatibilidad territorial».

    Sandra Torres, exfuncionaria de Corpoamazonía, afirma que Libero Copper a menudo elude las consecuencias, ella indica que hay negligencia por parte de de los servidores públicos de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

    Libero Copper está perforando y operando a pesar de que su licencia fue suspendida por la Agencia Nacional de Minería. La Agencia Nacional de Minería fue informada, pero hizo la vista gorda, mostrando una indiferencia total. Esto demuestra una inacción reiterada.

    Hoy, Libero Copper continúa persiguiendo su objetivo: desarrollar el proyecto. La familia Sununu parece anticipar que esta podría ser una oportunidad lucrativa. La Agencia Internacional de la Energía afirma que el cambio hacia nuevas fuentes de energía aumentará la demanda de cobre en un 50% para 2040.

    Infografía: Jalver Uyaban

    El trabajo de Libero Copper ha avanzado sin restricciones debido al fracaso de las agencias estatales en hacer cumplir la ley. Sin embargo, el Estado es consciente del daño potencial que esta inacción puede causar. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) reconoce que los centros poblados de Campucana, San Antonio, Montclar y Pueblo Viejo se encuentran dentro de la concesión minera de Libero Copper y cerca de los resguardos Inga de Condagua y Kamëntšá de Sibundoy.

    La ANLA también reconoce que estas comunidades «mantienen vínculos culturales y prácticos con esta área» y que la región «regula los ciclos del agua» a través de frágiles ecosistemas altoandinos y subandinos. A pesar de estas advertencias, el proyecto continúa avanzando en uno de los territorios más vulnerables a deslizamientos de tierra, inundaciones y perturbaciones climáticas en la Amazonía colombiana.

    Pero el consejo de mujeres Kamëntšá está decidido a hacerle frente a Libero y los daños ambientales que ocasionaría.

    Mujeres en el camino de Libero Copper

    Ana Chindoy y María Chindoy, la primera y la segunda de derecha a izquierda durante el Bëtsknaté – Foto: Andrés Gómez

    Cuando María del Rosario se enteró de la minería de cobre cerca de su comunidad, ella y el Consejo de Mujeres organizaron una respuesta y establecieron círculos de la palabra y «mingas» de pensamiento y trabajo. Personas Kamëntšá como no Kamëntšá del Valle se unieron para compartir sus puntos de vista. Estos participantes comenzaron a cuestionar la mentalidad detrás del desarrollo y sus promesas.

    Mayra Alejandra Chindoy, sobrina de María del Rosario, afirma que producto de estos espacios han entendido de lo fugaz de las promesas:

    Ellos dicen que pueden traer educación, un puente, tiendas o nuevos empleos. Pero eso es solo temporal, explicó Mayra.

    Doce mujeres lideran el Consejo, y al instar a otros a cuidar el medio ambiente, se han convertido en una fuerza femenina fuerte dentro de su resguardo.

    Nos sentimos muy satisfechas. Reunir a 200, 300 o incluso 400 mujeres es un logro real», comenta Mayra. «Invitamos a las mayores a compartir, y muchas respondieron: ‘Eso es interesante, sigan adelante, nosotras también nos uniremos’. Su apoyo ha sido una gran fuente de fortaleza para nosotras. Están con nosotras; podemos contar con ellas.

    Muchas de las actividades de las Consejeras se han centrado en Libero Copper (ahora Copper Giant). El Turbión se enteró por primera vez de sus preocupaciones sobre la empresa minera a través de nuestra socia, la Fundación Bitácora Ciudadana. Esta organización se reunió con las Consejeras y compartió la historia del grupo con nosotros para asegurar que sus voces fueran escuchadas.

    A pesar de su interés, estas mujeres no sabían que los bloques mineros FJT 141 y parte del FJT 131 estaban en su territorio. Tampoco conocían los otros bloques ni que el vecino Resguardo Inga de Condagua había cedido a las exigencias de la empresa por el bloque FJT 131 en 2025. Las mujeres Kamëntšá notaron la presencia de Copper Giant cuando los helicópteros comenzaron a sobrevolar sus montañas.

    Sin saber qué estaba sucediendo, decidieron visitar el páramo más cercano, y El Turbión las acompañó. El plan era caminar por el territorio, compartir conocimientos entre generaciones mientras recolectaban plantas comestibles y medicinales, y discutir el impacto local de la empresa. Mientras subíamos al páramo, otra amenaza se hizo evidente, una que va más allá de la minería: los efectos de la crisis climática.

    Mujeres que conservan los páramos – Foto: Andrés Gómez

    El Alto Putumayo es uno de los lugares más lluviosos de la Tierra, pero sus aguas ya están cambiando. Este ecosistema de páramo depende de los frailejones, plantas endémicas de Colombia, Ecuador y Venezuela, que crecen solo un centímetro al año. Estas delicadas plantas absorben la humedad de la neblina y actúan como fábricas de agua al canalizar el agua hacia la tierra, alimentando manantiales, fuentes agua que nutren las quebradas que desembocan en el río Mocoa, parte de la cuenca del río Caquetá que atraviesa el Amazonas.

    Hace ocho años, caminábamos sobre un colchón de agua y ¡terminábamos completamente empapadas! Pero mírenlo hoy, con el poco verano que hemos tenido, y el suelo está seco. Bueno, sí, hay pequeños parches que todavía tienen un poco de barro, pero eso es todo. Antes, nos mojábamos por completo…

    Las palabras de Narcisa Chindoy Dejoy, dichas en el bosque entre los frailejones, revelan su temor de que el páramo se degrade y de que Libero Copper intensifique esa degradación.

    Pero el cambio ambiental no es la única preocupación. Libero Copper ha buscado moldear las percepciones locales a través de eventos culturales y gestos simbólicos. Sebastián Chindoy, un joven guardia indígena, explicó que la multinacional cooptó los eventos de la comunidad y las fechas sagradas para su propia promoción. Esto incluye el «Clestrinye», una celebración que es parte del día conocido como el Bëtsknaté: Gran Día o Día del Perdón, compartido por los Kamëntšá e Ingas.

    Y lo que más me duele de esta multinacional es que hace un año, en vísperas del ‘Clestrinye’, anduvieron regalando tambores a quien quisiera uno, pero con el logo de Libero Copper. Así que es como si poco a poco fueran dejando claro, entre comillas, que es bueno, que va a traer desarrollo, pero desarrollo solo por el momento.

    Mama Narcisa Chindoy Dejoy durante la celebración del Bëtsknaté – Foto Andrés Gómez

    ¿«Transición Verde» o Riesgo de Catástrofe?

    Las actividades de Libero Copper no parecen consistentes con una empresa centrada en una transición energética limpia y sostenible. Sus tratos con las comunidades indígenas han sido opacos y desconocen las regulaciones de las agencias ambientales. Mientras la minera propiedad de la familia Sunnunu planeaba inicialmente una mina a cielo abierto, ahora insiste en que puede realizar una minería subterránea con menor impacto ambiental. Pero la minería subterránea aún presenta importantes riesgos de seguridad en el piedemonte andino-amazónico del Putumayo. La cuenca del río Mocoa es conocida por sus poderosos torrentes y sus cañones empinados y profundos. Sandra Rodríguez, geóloga y excontratista de Corpoamazonía, confirma esta evaluación.

    La fuente de agua allí es joven y, además, sigue siendo dinámica y tiene una gran fuerza. El cañón estrecho aumenta su velocidad y poder.

    Sandra Rodríguez no exagera. Los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y del Servicio Geológico Colombiano, citados por Corpoamazonía, muestran que el 80% de Mocoa enfrenta un riesgo alto o muy alto de deslizamientos de tierra, crecidas súbitas e inundaciones. Desde 1998, Mocoa ha registrado más de 80 desastres. La mayoría de estos desastres están vinculados a procesos geomorfológicos e hidrológicos.

    La exploración y explotación subterránea que plantea Libero Copper podrían empeorar esta situación.

    Corpoamazonía afirma que las concesiones mineras para el «Proyecto Mocoa» se encuentran en áreas propensas a movimientos en masa. Estos riesgos coexisten con crecidas súbitas provocadas por fuertes lluvias que desencadenan deslizamientos de barro y escorrentía de sedimentos. Ambos tipos de desastres han ocurrido varias veces en la región. Sandra Rodríguez teme que las operaciones de Libero Copper perjudiquen a las comunidades locales y cree que este daño ya ha comenzado.

    Ya hubo eventos que ocurrieron el año [2025] pasado en esta quebrada que afectaron a Pueblo Viejo aquí. Destruyeron un puente que conecta Montclar, San Antonio y Pueblo Viejo. Una pequeña cantidad de barro fue suficiente para destruir este puente. No me imagino lo que sería con más rocas y sedimentos cayendo en la quebrada.

    El peligro no se limita a las comunidades amenazadas por desprendimientos de rocas y deslizamientos de barro. Los mineros de cobre también enfrentan la amenaza del colapso de la mina. Sandra Rodríguez explica:

    Me atrevería a decir que entre el 70% y el 80% de todos los accidentes dentro de la mina se deben a derrumbes. Consideren el caso de Marmato en Caldas, donde los derrumbes ocurren constantemente. La diferencia clave es que Marmato se encuentra en un área forestal casi seca. La precipitación allí es menos del 10% de lo que tenemos aquí en esta región amazónica. Sin embargo, los derrumbes ocurren con frecuencia.

    Una transición que exige un estado que cuide

    Manos de mujer que cuidan – Foto: Andrés Gómez

    La transición energética avanza, pero sin tecnologías efectivas para reciclar los desechos electrónicos, la demanda de cobre seguirá empujando la minería hacia territorios como el Putumayo. En Mocoa, esto no solo significa extraer un mineral. Significa intervenir en páramos, bosques y sistemas hídricos que regulan la vida en el piedemonte andino-amazónico, y la Amazonía colombiana.

    Las mujeres Kamëntsá lo saben bien. En respuesta, no solo organizan mingas, discusiones y caminatas territoriales. Recolectan semillas, monitorean manantiales y tratan de defender el territorio antes de que el daño sea irreversible. Pero sus acciones también revelan algo más profundo que la oposición a la minería.

    En un territorio fracturado por la guerra, el desplazamiento y la opacidad institucional, el Consejo de Mujeres intenta sostener formas colectivas para el cuidado territorial de toma de decisiones comunales que el Estado nunca ha garantizado. Mientras las autoridades fragmentaban la responsabilidad entre las agencias de minería, medio ambiente y la consulta previa, las mujeres se organizan para conocer del tema, hacen asambleas para compartir lo aprendido, caminan el páramo y reúnen a mayores y jóvenes para discutir lo que está en juego.

    Mayores Kamëntšá que cuidan su cultura y la vida enraizada en el páramo, ambas ahora bajo la amenaza del proyecto minero – Foto: Andrés Gómez

    El conflicto no es solo por los depósitos de cobre bajo las montañas, sino por quién tiene la autoridad para definir el futuro del territorio mismo. Y sobre esto, Rosario Chindoy llama a su pueblo a ser prudentes:

    La plata llega, dice un dicho, pero la plata se acaba y el tonto queda. ¿De qué nos sirve que nuestras autoridades gestionen muchísima plata? Que lleguen recursos, programas, pero si estamos perdiendo la esencia, si no estamos pensando como Kamëntšá, no estamos sintiendo como Kamëntšá… entonces, ¿de qué sirve la plata?

    * El Turbión presentó una solicitud formal de información a Copper Giant Resources Corp. (antes Libero Copper), en la que preguntaba sobre la superposición de sus concesiones mineras con reservas indígenas y reservas forestales, así como sobre su desobediencia a una orden de suspensión emitida por Corpoamazonía, la empresa nunca respondió.


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  • “Cualquier transición será insuficiente si no pone la vida en el centro”

    “Cualquier transición será insuficiente si no pone la vida en el centro”

    Por: Marcela Zuluaga C.


    Mientras gobiernos y empresas discuten el futuro de los combustibles fósiles; comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas insisten en que las transiciones justas parten de la defensa del territorio, la biodiversidad, la justicia climática y el bienestar de las personas. Demandan desde los andes hasta los desiertos de la guajira, que se construya con respeto por los sistemas de vida y los derechos sobre sus tierras y aguas.

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  • Defender la vida siendo mujer: riesgos de las ambientalistas en Colombia

    Por Andrés Gómez

    Las mujeres en Colombia componen en gran parte los procesos de transformación socioambiental. De acuerdo con una encuesta hecha por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en junio de 2024, las mujeres representaban más del 42% del total de personas que se identifican como defensores en asuntos ambientales, pero poco se sabe de los riesgos diferenciados que enfrentan al cuidar la vida del planeta.

    Un ejemplo reciente de falta de claridad es el informe público presentado en 2025 por la Fiscalía General de la Nación donde aclara que entre 2016 y 2024 registró 1.372 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, pero no discrimina quienes fueron asesinados por sus labores como ambientalista. Marlén Arévalo, líder ambiental y de derechos humanos, y representante a la Mesa Nacional de Garantías, habla de la incidencia que hasta ahora se ha logrado pero insiste en la falta de diferenciación:

    La labor que hemos hecho en la mesa de garantías con mi compañera que es la delegada de mujeres, ha sido una cosa bien bien interesante, y en la política pública pues logramos por lo menos que se colocara la palabra defensor ambiental, porque no estaba, porque nos meten a todos en el mismo canasto.

    La Fiscalía también reporta que desde el año 2016 al 2024, fueron asesinadas 14 mujeres por ser mujeres y ejercer liderazgo social: tres de los casos se encuentran inactivos, 4 en indagación, 4 en juicio y 3 más en ejecución de penas. Y en el caso de la desaparición forzada, la Fiscalía informa que del año 2016 al 2024 tiene registros de 40 casos en indagación, 14 en etapa de investigación, 6 en juicio y 4 en ejecución de penas, pero no ofrece información discriminada de quienes son mujeres.

    Ilustración: cj_dsgn

    La Fiscalía, institución que investiga delitos y ejerce la acción penal pública en Colombia, no reporta información diferenciada sobre liderazgos ambientalistas y menos la diferencia entre hombres y mujeres asesinadas o desaparecidas por su labor ambiental, tampoco respondió el derecho de petición que le envió el periódico preguntando sobre este tema.

    Es necesario saber los riegos diferenciados que asumen las personas que cuidan la vida del planeta, debido a la presión de multinacionales extractivistas legales e ilegales, y que los ecosistemas están, cada vez, bajo más presión, y quienes lideran procesos socioambientales que resisten a la voracidad de la minería y los monocultivos extensivos, se han convertido en sus enemigos, especialmente en Sur América y el Caribe, ambientalistas como Marlén Arévalo, comentan sobre ésto:

    Tuve la posibilidad en junio del año pasado de participar en la parte final de la construcción de la política pública [para defensores y defensoras de derechos humanos] porque llevaban más o menos construyéndola desde el 2022-2023. … Cuando yo llego allí y empiezo a hablar del tema ambiental, mira que curiosamente desde la institucionalidad todo el tiempo me callaban y me decían:‘No, es que eso se va a ver más adelante’; ‘No, mira, es que eso no se trabajará acá’. Inclusive compañeros defensores de derechos humanos lo que dijeron es que: ‘¡defensor es defensor, y ya!’. Y yo decía: ¿cómo así que defensor es defensor y ya? Si es el país en donde más asesina defensores ambientales por cuenta de la industria extractiva.

    Marlén no se equivoca en su análisis. La organización Global Witness, expone que entre 2012 y 2024 han sido asesinadas 2.253 personas defensoras ambientales en el mundo, e informa que 509 casos ocurrieron en Colombia. La ONG especializada en reportar crímenes a defensores ambientales, también reporta que en 2024 fueron asesinadas 146 personas por defender sus derechos a sus territorios y a un ambiente limpio, sano y sostenible, 120 de ellas en Latinoamérica. Casi un tercio de los homicidios se perpetraron en Colombia, donde a 48 personas les quitaron la vida por defender la vida, 4 de ellas mujeres:

    Fuente: Global Witness

    Colombia es de lejos el país más peligroso para ser líder social. En el informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reportó que entre 2016 y 2025, asesinaron en Colombia a 972 personas defensoras de derechos humanos: 112 mujeres, 843 hombres y 17 personas LGTBI+.

    Fuente: OACNUDH

    Este informe, aunque no discrimina si el liderazgo de las víctimas era social y/o ambiental, si aclara que, en el caso de las lideresas ambientales:

    Las agresiones suelen estar vinculadas a conflictos socioambientales y a la oposición frente a proyectos extractivos.

    Nombrar lo que el Estado no ve

    A un par de horas de Tumaco, en la vía que comunica con Pasto, está ubicado el municipio de Ricaurte, y en este lugar del piedemonte andino que conecta con el pacífico, son mujeres las que componen gran parte los procesos de transformación socioambiental y podría ser mayor su participación a la media nacional, solo en dos organizaciones ambientalistas del municipio más del 90% de sus integrantes son mujeres: Mujeres Recicla Ricaurte por la Paz y Guardabosques los Gualpantes.

    Lea: Recicla Ricaurte detiene la muerte antes de que llegue al mar

    Lea: Sembrar vida en tiempos de conflicto

    Estas organizaciones, junto con la Fundación Bitácora Ciudadana, en el marco del proyecto “Sembrando paz y resiliencia” financiado por el Banco de proyectos para las comunidades del Ministerio del Interior, asumieron reflexionar sobre las amenazas que enfrentan como ambientalistas e invitaron a El Turbión a participar de una serie de encuentros con ellas para compartirlas. Los hallazgos sorprenden, porque reflejan que las personas ambientalistas enfrentan amenazas a su integridad mental y física no solo por parte de los actores armados, sino de la sociedad en general y propias de las crisis climática, al ser la primera línea de acción ambiental.

    Somos violentos con las mujeres que defienden la vida

    Mujeres articipantes de los encuentros “Sembrando paz y resiliencia” – Foto: Ximena Dorado

    Cuando las mujeres de la asociación Mujeres Recicla Ricaurte salen a las calles o a las veredas del municipio a recuperar materiales reciclables, no siempre reciben reconocimiento por el trabajo ambiental que realizan. Varias de ellas contaron que, además de recolectar y recorrer largas distancias para luego separar y compactar, también deben soportar burlas o comentarios humillantes de algunos vecinos, así lo comentó Pilar*, una de las mujeres que recicla:

    Hay personas que digamos que nos nos tratan mal (…) que dicen a veces: «Ahí vienen las basureras, vienen las recoge basura.

    Otras veces la humillación está ligada a la idea de que su trabajo es remunerado por la empresa de gestión de residuos Ecoopar, ante la confusión, algunas personas no separan los orgánicos de los materiales reciclables a propósito:

    Siempre las personas piensan que nosotras somos unas empleadas de Ecoopar. Entonces desde ahí ha venido como esa crítica y muchas veces dicen: ‘No, es que ustedes para eso les pagan’.

    Las palabras humillantes y las acciones mezquinas lastiman, pero las mujeres que se han organizado para evitar que la basura del municipio afecte la biodiversidad del chocó biogeográfico o alcance el mar, saben de la importancia del trabajo ambiental que hacen, y con el poco dinero que ganan recolectando, separando y comprimiendo la basura que recolectan en las calles y áreas rurales del municipio, hoy tienen más autonomía financiera, algo vital en un territorio que ofrece pocas alternativas lícitas para las mujeres indígenas y campesinas.

    Otras personas víctimas de la baja educación ambiental son las mujeres que restauran los potreros sin árboles que han dejado economías de la coca y el ganado. Algunos vecinos de las mujeres que han traído de vuelta agua a los cauces de quebradas y ríos no les creen que hagan las cosas sin ánimo de lucro, así lo afirma Alexander*, miembro de Los Gualpantes:

    Confunden el trabajo social, ambiental con la parte de dinero. El hecho de estar nosotros trabajando en este tema que estamos aquí, le dicen, ‘¿Cuánto le dieron a ustedes por estar con la doctora aquí en este proyecto?’

    La incomprensión no siempre proviene de desconocidos. Ambas organizaciones de mujeres también enfrentan que las familias les digan que pierden el tiempo. Así lo aseguró Sandra*, participante y voluntaria de Recicla Ricaurte por la Paz.

    Pues en en la en mi familia prácticamente sí tuvimos inconvenientes cuando recién iniciamos. Porque pues se puede decir esto es como una locura, ¿no? Hicieron algo loco, o sea, tú dejas de hacer tu trabajo en tu casa y te vas a a un trabajo, como lo mencionaba, que no es remunerado.

    Y lo mismo relató Lina* en uno de los talleres con la Fundación Bitácora Ciudadana, una de las mujeres Guardabosque que es enfermera:

    Mis amistades, mis compañeras de trabajo sí me lo han dicho. Que es lo que haces allá metida perdiendo el tiempo, vos.

    En los diálogos entre las mujeres ambientalistas, surgió el respaldo solidario entre compañeras, y los encuentros sirvieron además para diseñar estrategias y mitigar la afectación en los procesos organizativos que la descalificación provoca, como lo explica una de las participantes, una de las principales acciones de mitigación frente a la estigmatización es escucharse:

    Cuidar nuestra salud emocional compartiendo con nuestras compañeras la situación desagradable.

    Espacios de cuidado mutuo - Foto: Andrés Gómez
    Espacios de cuidado mutuo – Foto: Andrés Gómez

    Ese respaldo mutuo también fortalece la convicción de que su trabajo tiene sentido, así lo afirmó Pilar*:

    Creo que lo mejor que podemos hacer es apoyarnos entre las compañeras de la organización y también reconocer las otras iniciativas de liderazgo y de conservación que se están desarrollando en el municipio,

    Defender la naturaleza en medio de economías ilícitas y violencia

    El trabajo ambiental de las organizaciones de mujeres en Ricaurte ocurre en un territorio con alta biodiversidad pero que está atravesado por estos riesgos, por lo que varias de sus actividades como recoger reciclables en veredas o restaurar zonas degradadas, implican recorrer caminos rurales donde también están presentes economías ilícitas, actores armados legales e ilegales, e incluso minas antipersonal o municiones sin explotar.

    En algunos casos, los senderos de las guardabosques pasan cerca de predios donde existen cultivos de uso ilícito. Por ello Clara*, miembro de las Gualpantes y una de las participantes de los encuentros, explica que esa cercanía ha generado tensiones con quienes controlan esos espacios:

    Cerca de los predios de la reserva hay personas que tienen cultivos ilícitos. Entonces, como algunos de nuestros senderos pasan cerca de esos lugares, sí ha habido como un cierto choque.

    Cocales en Nariño – Foto: Andrés Gómez

    Recorrer el territorio también significa moverse en zonas donde persisten riesgos asociados al conflicto armado. Ante esto, durante las jornadas de recolección o restauración ecológica, las mujeres saben que pueden encontrarse con combates, minas antipersonal o artefactos sin detonar. Pilar*, de Recicla Ricaurte, sabe de ese peligro:

    Al hacer recolección o recorrer los territorios, siempre estamos enfrentadas a ese riesgo cuando hay enfrentamientos o minas antipersona. Siempre hay que tener cuidado.

    En ocasiones, incluso reciben advertencias directas para no ingresar a determinados lugares. Cuando eso ocurre, deben abandonar temporalmente sus actividades ambientales, así lo afirma Pilar*:

    Se han presentado situaciones donde a veces nos advierten, dicen nos dicen que pues a esa zona no podemos ingresar, no podemos hacer esa recuperación en ciertas zonas, entonces nos toca dejar, nos toca tratar de no hacer esa recuperación en esos lugares.

    Talleres sobre minas antipersonal o artefactos sin detonar – Foto: Andrés Gómez

    El conflicto armado también ocasiona el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y en departamentos como Nariño, Cauca, Antioquia y el Catatumbo, la oficina del ACNUDH verificó en 2025 al menos 150 casos de reclutamiento: 98 niños y 52 niñas, pero la cifra representa solo una pequeña parte de este crimen, debido al miedo a denunciar.

    Uno de los modos empleados con las niñas y adolescentes es el enamoramiento. En el mismo informe, OACNUDH expone que sistemáticamente, integrantes de grupos armados coquetean en espacios comunitarios con las menores de edad para luego manipularlas con promesas de protección o apoyo económico, pero una vez reclutadas, enfrentan aislamiento, traslado forzado, coerción sexual y la imposición de tareas de cuidado o logísticas. Estas situaciones no son ajenas a los riesgos que enfrentan las organizaciones de mujeres de “Sembrando paz y resiliencia”, Clara no duda en ratificarlo:

    Muchas de de las personas o de los participantes de la organización o de los que trabajamos somos mujeres y en ocasiones se presenta de que pues esas personas empiezan como a molestar o a querer pretender a las niñas, con comentarios, a veces alusivos a nuestra parte física, y eso que nosotros no nos podemos ir cómodas.

    El informe realizado por la OACNUDH sobre la Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia (2022-2025), también aclara que estas violencias no solo afectan a las mujeres, niñas y adolescentes que las sufren, sino a las comunidades:

    Para las mujeres de Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes, las violencias de género se inscriben además en contextos de racismo estructural y despojo territorial, afectando no solo a las personas directamente atacadas, sino también las dinámicas colectivas de cuidado, gobernanza y transmisión de la cultura.

    Ante los riesgos que trae el conflicto armado, las organizaciones han tomado medidas de seguridad para reducir riesgos durante los recorridos, y una de las reglas principales es evitar desplazarse solas, así lo expresa Milena, otra miembro de los Gualpantes*:

    Cuando realizamos recorridos y pues en ocasiones como hay presencia de diferentes grupos en nuestros predios y si vamos a hacer un recorrido, pues lo hacemos acompañados.

    También han aprendido a moverse únicamente por rutas conocidas y cuando circula información sobre posibles combates o presencia de artefactos explosivos suspenden toda actividad de reciclaje, así lo cuenta Pilar: “Cuando hay alertas de que hay cilindros bomba o esto, tratamos de no acercarnos”.

    La crisis climática también amenazan a quienes restauran el territorio

    Reserva forestal Los Gualpantes – Foto: Andrés Gómez

    Las lluvias intensas y prolongadas han incrementado los riesgos de deslizamientos, avalanchas e inundaciones en el municipio, lo que afecta tanto los ecosistemas como la seguridad de quienes realizan recorridos en las montañas y en las vías del municipio.

    En la reserva tenemos dos quebradas. Esa es una de las principales como riesgos que tenemos porque eh se crecen las quebradas… la reserva tiene un puente y pues eso es muy es un riesgo gravísimo… nos afectó parte de nuestras instalaciones… llevándose el puente por el cual nosotros accedemos.» Afirmó Clara*.

    Durante las jornadas de recolección de reciclables, las mujeres de Recicla Ricaurte también enfrentan riesgos asociados a altas temperaturas, lluvias extremas o crecientes súbitas que dificultan sus desplazamientos por el territorio, y por ello Pilar explica que no salen a recuperar materiales cuando las lluvias son intensas:

    Tratamos de que cuando hay deslizamientos, cuando hay lluvias fuertes, entonces no no se salga a hacer esos recorridos o cuando hay pues avalanchas y esto eh están taponadas las vías, pues no, también se suspende

    Las mujeres Guardabosques, sin embargo, enfrentan riesgos asociados a la deforestación y la contaminación que poco se hablan, y que afectan su proyecto ecológico. Uno es la contaminación:

    los cultivos ilícitos se utilizan muchos químicos… Todos esos químicos que están en lo alto de la montaña bajan hacia la parte baja de la reserva y en la reserva se siembran forrajes que estos son utilizados para los animalitos. Eso es un riesgo por la contaminación de toda las fumigadas porque consumimos el agua, es un riesgo bien alto.

    Otro riesgo es la presencia de grandes felinos empujados hacia la reserva, lo que representa un riesgo adicional durante las actividades de monitoreo o restauración ecológica, como lo afirma Clara

    Eh, tenemos la presencia de un puma… eso ha sido, pues digamos en nuestras zona es peligroso, ¿no?… hemos presenciado muertes de vacas… y como estamos en la reserva, van niños, van jóvenes, van adultos, hacen recorrido y pues eso puede ser peligroso para nosotros.

    Las ambientalistas también han desarrollado medidas de prevención frente a eventos climáticos extremos que afectan sus recorridos y las zonas de conservación.

    Tratamos de que cuando hay deslizamientos, cuando hay lluvias fuertes, entonces no se salga a hacer esos recorridos o cuando hay avalanchas y están taponadas las vías, pues no, también se suspende lo que hace la asociación.

    Sin embargo, es el monitoreo permanente del territorio la forma de anticipar riesgos ambientales.

    Nosotros como estamos siempre haciendo los recorridos y estamos en los procesos de restauración ecológica, pues hacemos como un monitoreo de cómo están esos afluentes, de que si se ha presentado algún deslizamiento o algo, entonces estamos nosotros mismos previniendo esas situaciones.

    Sin datos sobre las defensoras no hay prevención

    Cuidarse para cuidar – Foto: Andrés Gómez

    Mujeres Recicla Ricaurte por la Paz y la Reserva Natural Los Gualpantes muestran que las organizaciones ambientalistas lideradas por mujeres enfrentan riesgos derivados del conflicto armado, estigmatización, crisis climática, pero también que intercambiando experiencias se construye de forma comunitaria formas de cuidado que les permiten continuar defendiendo el territorio y sostener sus procesos ambientales en el municipio.

    Lo que no es poco, especialmente en un territorio donde la violencia, la degradación ambiental y la crisis climática se superponen. Pero mientras el Estado no produzca información clara sobre quiénes defienden el ambiente, qué riesgos enfrentan y cómo se diferencian esos riesgos entre las personas defensoras: hombres, mujeres, Lgbtiq+, la prevención seguirá siendo insuficiente.

    Las mujeres que restauran bosques, recuperan ríos y evitan que los residuos lleguen al mar ya están nombrando esas violencias y construyendo sus propias estrategias de cuidado. Lo que aún falta es que el Estado las escuche, reconozca sus saberes y actúe, y una herramienta que podría incluir sus reflexiones para incidir en la vida cotidiana es el Acuerdo de Escazú, pero a un año de que Colombia se suscribiera, todavía no se incorpora a la institucionalidad, y para las defensoras no debe demorar, así lo exige Marlene Arévalo:

    Entonces, para nosotros es fundamental y era fundamental que eh se aprobara el Acuerdo de Escazú, se acogiera el Acuerdo de Escazú acá en Colombia. Pero al día de hoy, mira, ya llevamos más de 1 año y no se ha hecho nada con el Acuerdo de Escazú.

    El reclamo de Marlene es apenas justo. El informe de 2016 a 2025 sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expone una cifra aterradora. Casi 100 personas han muerto cada año durante los últimos 9 años; y por ello recomendó poner en práctica la red institucional de protección de personas defensoras del derecho al medio ambiente y profundizar la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazú.


    En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.

  • No hay transición energética si hay abandono

    Por: C. Traven

    El Comité de Defensa del Sector Carbonero rechazó el foro de transición energética programado para finales de diciembre pasado en Paipa, Boyacá. La razón, mientras el Gobierno celebraba avances en Bogotá, en Boyacá seguían con el cierre de minas, el despido de trabajadores y la incertidumbre para miles de familias.»Este foro no representa una construcción concertada ni incluyente», expresó el comité en un comunicado que circuló en redes y que fue difundido por medios de comunicación.

    El foro que no fue

    Ministro Edwin Palma (centro) – Foto: C. Traven

    El 18 de diciembre de 2025, el Comité de Defensa del Sector Carbonero de Boyacá y Cundinamarca le aguó la fiesta a la política energética del Gobierno Petro. El foro de transición energética programado para ese día en Paipa, se convirtió en un acto protocolario simplón: el ministro Edwin Palma y su viceministra de minas rindieron cuentas ante un salón casi vacío. Los mineros, los que viven la transición en carne propia no fueron.

    Mesas de diálogo, proyectos de reconversión y tres granjas fotovoltaicas fueron ofrecidas como la solución, pero la presión funcionó: el evento siguió, pero vacío. Una rendición de cuentas sin el pueblo al que supuestamente le rendían cuentas. La crisis no es cuento.

    Gensa, Prodeco y la costumbre del abandono

    Vista aérea de la mina de Calenturitas en Cesar. Del lado izquierdo se ve parte de lo que queda del bosque tropical seco en la zona y del lado derecho uno de los pozos de extracción de carbón. Al fondo se ven estacionadas numerosas máquinas de minería.
    El corredor minero de Cesar y La Guajira ha soportado cuatro décadas de daños ambientales por la extracción de carbón.

    En agosto de 2025, los mismos mineros del Comité paralizaron Boyacá. Bloquearon la vía Tunja-Sogamoso, el corredor que mueve el 98% del transporte intermunicipal. Exigían que la empresa mixta de capital estatal y privado, Gestión Energética S.A. (Gensa),que opera la termoeléctrica de Paipa, les pagara 26.000 millones de pesos que les debe. Y es que Gensa es la radiografía perfecta de cómo el Estado opera en favor del privado a través de las empresas mixtas.

    En 2024, la empresa reportó ingresos operativos por $892.396 millones, y registró pérdidas netas de $99.214 millones. La empresa invirtió $109.000 millones en la compra de 378.104 toneladas de carbón térmico a proveedores formalizados de Boyacá que tienen 49 títulos mineros, y que es el carbón que alimenta su principal planta de generación térmica en Paipa. Sin embargo, enfrenta una crisis de liquidez que le impide pagar oportunamente a sus proveedores: las cuentas por pagar a contratistas y proveedores aumentaron a $40.507 millones en 2024, y la empresa está causando intereses de mora bancaria.

    Cuando estaba en campaña, Gustavo Petro, prometió a los mineros comprarles el carbón y apoyarlos en la transición. En diciembre de 2025, ya con el sol a sus espaldas… nada, por ello los mineros denuncian total inclumplimiento.

    Mientras tanto, en Paipa, Samacá y Ventaquemada, empresas carboneras bajaron salarios, echaron gente y cerraron bocaminas, «la supuesta transición energética se ha convertido [en] transición al desempleo, a la pobreza, al abandono del minero», continúa el comunicado del Comité.

    Lo peor es que esta historia ya la vivimos. En 2021, el Grupo Prodeco, filial de la suiza Glencore, tercer productor de carbón del país, renunció a sus títulos mineros en el Cesár y cerró Calenturitas y La Jagua diez años antes de lo pactado, despidiendo a 5.000 personas de un tajo.

    En 2020, Nary Gagle, el CEO de Glencore le escribió al entonces Presidente de la República, Iván Duque, quejándose de «inestabilidad jurídica». Un año después se fueron. Dejaron dos huecos que tardarán 16 años en cerrarse en el mejor de los casos. Ríos secos. Enfermedades respiratorias. 147.000 activos que deben pasar al Estado y nadie sabe qué hacer con ellos. Familias sin nada. Pueblos convertidos en cementerios. Castigo: cero. Reparación: cero. Solo abandono.

    Para saber más, lea: Glencore envenena ríos del Cesar y La Guajira

    En febrero de 2025, la Corte Constitucional tuvo que meterse. Ordenó a Prodeco garantizar participación de las comunidades en el cierre ambiental . Las 14 organizaciones sociales, campesinas y sindicales que demandaron dijeron que la empresa había hecho una sola reunión en 2022, claramente insuficiente, para un proceso de décadas.

    En Boyacá, hoy se repite la tensión entre cierre y ausencia de alternativas.

    «Nuestros abuelos venían de la minería»

    Hasta la Raíz – Ilustración: cj_dsgn

    Gonzalo Vargas es vocero de los pequeños productores informales o en formalización, y fue uno de los que frenó la movilización nacional del 29 de septiembre, después de que el Gobierno volviera a incumplir los acuerdos de agosto. El Turbión habló con él.

    El Turbión: Gonzalo, ¿cuáles son los problemas reales que el discurso internacional y este gobierno no quieren ver?

    Gonzalo Vargas: Son muchos. Esa transición quiere correr, no quiere ir al paso que debe. Entendemos que tiene que pasar, es inevitable, pero con responsabilidad. Este gobierno estigmatizó el carbón, le metió una carga tributaria imposible. Es el sector más atacado. El minero carbonero prácticamente va a desaparecer.

    C.T.: Pero esto también es mundial. Los precios bajan, los países hablan de reducir el carbón, no solo por criminalización sino por contaminación. ¿Cómo se conecta la realidad de los mineros con lo que hace el gobierno y lo que pasa en el planeta?

    G.V.: No hay concordancia. Fedecarbon sacó hace poco un reporte donde el consumo de carbón creció 20%, no bajó. Mientras Colombia baja exportación. ¿Qué pasa con la Colombia que subsiste de prácticas ancestrales? Dime qué sector le da más regalías a Colombia que el carbón. ¿Sabes cuánto dejó de recibir el país desde que gobierna Petro? Y no vengan con que lo van a reemplazar por turismo. Imposible. ¿Saben cuántas familias viven del carbón? Solo en Cundinamarca, más de 1.500. En Boyacá y Cundinamarca juntos, unas 3.500. ¿Creen que esas familias pueden vivir del turismo? Obvio que no.

    C.T.: ¿Qué solución tienen ustedes?

    G.V.: Obviamente queremos aumentar producción, ventas, aunque sabemos que la idea es bajar. Los funcionarios lo dicen: este no es un mineral estratégico, el cambio no nos incluye. Pero si esto puede darse en 30, 40, 50 años… la pregunta sigue siendo: ¿cuáles son las alternativas para seguir viviendo?

    Muchos no podemos cumplir requisitos. Como pequeños mineros estamos marginados. Se busca a las multinacionales legales con capital. ¿Qué propusimos? No más impuestos, no más carga tributaria. ¿Qué hizo el gobierno? Presentó una reforma con impuesto a la primera venta que cae sobre el productor.

    Y otra cosa: aquí no funciona el turismo porque están tratando de cambiar nuestra cultura. Esto es ancestral. Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos vienen de la minería. ¿Qué saben hacer nuestros hijos? Minería. No puedes proponer que cambiemos de profesión sin dar herramientas. Mencionan agricultura, energías limpias, turismo. ¿Creen que eso va a suplir la mano de obra que va a quedar desempleada cuando baje o desaparezca el carbón? Es paradójico: este gobierno hizo reforma laboral que beneficia al trabajador pero deja desempleado a un grupo enorme ¿Para quién es la reforma si genera desempleo?

    Pedimos oxígeno. Hacer la transición como debe ser, paso a paso. No podemos hacer en 3 años algo diseñado para 25. Hay que hacerlo con conciencia.

    Gonzálo Vargas va al punto del problema: la informalidad, que no está contemplada en la transición. El 70% de la minería en Colombia opera en la informalidad, según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, y en el caso específico del oro, el 75% de la producción nacional es informal, según informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1999 y del diagnóstico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2022.

    La ficción de los dos gobiernos

    Carbón - Felipe Ramirez
    La maquinaria minera en Colombia – Felipe Ramírez

    A los mineros hoy les interesa aumentar la producción. Es la única salida que pueden imaginar. Aunque sepan que el carbón se acaba. Y sin embargo, no es necedad. Se trata de la imposibilidad de imaginar alternativas por fuera del mercado, incluso cuando el mercado destruye vidas.

    Mark Fisher decía que «es más fácil imaginar el fin del mundo, que el fin del capitalismo».

    Eso pasa en Boyacá. Es más fácil para el Estado imaginar el colapso total de economías regionales que diseñar una transición distinta al extractivismo que dice combatir. Y para los mineros, no es posible sobrevivir sin la minería de carbón, aun cuando esta destruyó lo que había antes: economías campesinas, redes comunitarias, autonomías productivas, saberes sobre suelo y agua. E instaló dependencia total del salario de la mina, de la renta extractiva, del sacrificio del cuerpo y el territorio. Así, tres generaciones estructuraron su vida, sus saberes, sus lazos, su dignidad alrededor de la extracción.

    Y la transición energética propuesta destruye lo que el carbón dejó, sin reconstruir nada. Y lo hace con la misma violencia: decisiones desde arriba y sin las comunidades. Las tres granjas fotovoltaicas que Amaya y Palma ofrecen como solución no tienen estudios técnicos, económicos, ni sociales que demuestren que van a resolver algo.

    «¿Cómo y en qué plazo generan ingresos reales para la pequeña minería?», preguntó el Comité en diciembre. Silencio.

    El ministro Palma declaró en agosto lo obvio: «no vamos a vivir toda la vida del carbón», pero eso no ofrecía una respuesta a las 300 familias bloqueando carreteras en Paipa. Petro, desde Leticia, evitando el Puente de Boyacá por el paro dijo: «no se puede tener minería donde nace el agua». Correcto ambientalmente pero inútil sin alternativas económicas reales.

    La paradoja: producción récord, crisis terminal

    Costo social del carbón colombiano
    Costo social del carbón colombiano

    Según la Agencia Nacional Minera, en 2023 Colombia produjo 53.9 millones de toneladas de carbón, una caída del 5.1% respecto a 2022 con 56.7 millones. La producción ha seguido bajo presión por precios internacionales bajos y decisiones políticas de grandes productores.

    Pero entre enero y junio de 2025, las exportaciones mineras cayeron 26.3%, con el carbón representando el 99.2% de esa caída. En marzo, Glencore anunció recortes de entre 5 y 10 millones de toneladas en Cerrejón debido a «precios insostenibles del carbón térmico transportado por mar», reduciendo la producción de 19.1 millones en 2024, a entre 11 y 16 millones en 2025.

    Los carboneros de Boyacá y Cundinamarca encaran una reducción del 70% de la producción local y quedaron en la peor situación: el discurso global los criminaliza por contaminar, el mercado los asfixia con precios bajos, el Estado los carga de impuestos que no pueden pagar, y los proyectos de reconversión nunca llegan.

    La formalización, requisito para acceder a programas de transición justa, cuesta hasta 5 millones de pesos por productor. Y el trámite puede durar años.

    Mientras, el Gobierno de Petro habla de «hoja de ruta de transición justa» y del «corredor de vida» en el Cesár con $433.000 millones en 45 proyectos. Los pequeños productores ven mesas y plazos indefinidos.

    Extractivismo verde: cambia el recurso, no la lógica

    El dilema de los carboneros revela algo perturbador: aunque ellos saben que el carbón contamina y que las minas se cierran, no logran imaginar otra vida posible.

    Cuando Gonzalo dice «nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos vienen de la minería», está mostrando cómo se ha construido histórica y culturalmente su identidad, su dignidad, su forma de amar y soñar alrededor de la extracción. Y lo que propone el gobierno tampoco les satisface.

    No es terquedad. Tampoco un asunto económico o ideológico; es algo más estructural, es el enfoque del capitalismo que no solo organiza el dinero y el trabajo, sino lo que deseamos y que roba nuestra atención, pero no resuelve nada. Por eso, aunque los carboneros entienden que «la transición es inevitable», solo piden aumentar la producción.

    Una trampa más honda

    Codicia minera – Ilustración: cj_dsgn

    La transición energética no rompe con el extractivismo sino que lo recicla: cambia el carbón por litio, cobre o cobalto, pero mantiene la misma lógica: territorios sacrificados, comunidades desechables, promesas de desarrollo que nunca llegan. El sur global como territorio de sacrificio y de poblaciones como daño colateral.

    El extractivismo, carbonífero ayer, «verde» hoy, funciona igual: sacrificar el presente de progreso humano por un futuro de desarrollo material y tecnológico. Esa promesa es estructuralmente falsa. No porque los actores mientan a propósito, sino porque el modelo está diseñado para colapsar: requiere crecimiento infinito en un planeta finito.

    Multinacionales como Glencore que abandonan territorios después de sacar la renta, sin castigo ni reparación. Estados que firman acuerdos sin voluntad de cumplirlos, que tercerizan el colapso a empresas mixtas quebradas como Gensa. Y mientras tanto, tres generaciones de mineros no pueden desear otra forma de existencia porque el capitalismo estructuró su mundo alrededor de la extracción.

    La transición fracasa porque intenta cambiar la base material sin descolonizar el deseo. Sin nuevos deseos colectivos, solo queda melancolía de un mundo perdido y resentimiento hacia quienes lo destruyen en nombre del progreso verde.

    Descolonizar la transición o repetir el desastre

    ¿Qué tiene esto que ver con Boyacá? 

    Todo.

    Es imposible no solidarizar con los paros de los carboneros pero la solución no puede ser aumentar la producción y seguir con el extractivismo de siempre.

    La trampa es cruel: los mineros piden aumentar producción. El gobierno les ofrece paneles solares sin explicar cómo sobrevivirán mientras tanto. Y ambos, mineros y Estado, quedan atrapados en el mismo imaginario: solo podemos existir extrayendo algo. Romper esa trampa requiere más que buenas intenciones.

    Hay que continuar imaginando y construyendo alternativas radicales que garanticen control comunitario de la energía como lo logrado con el Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Archipiélago de San Bernardo15; no megaproyectos verdes controlados por las mismas élites y multinacionales que destruyeron territorios con el carbón.

    Si bien la Universidad del Magdalena desarrolló un diplomado en Transición Minero-Energética Justa en el Caribe Colombiano donde más de 20 extrabajadores de Prodeco terminaron formación, estas experiencias revelan que sin transformación estructural del marco legal, financiero y político, quedan como excepciones heroicas que no desafían fundamentalmente el extractivismo capitalista, el capitalismo neutraliza incluso las alternativas incorporándolas como «innovaciones» dentro del mismo sistema.

    Los pequeños productores de carbón no son el problema. Son víctimas de un sistema que los explotó y ahora los desecha. El enemigo no es el carbón, es el lucro que lo enciende.

    La pregunta va más allá del carbón: ¿es posible una transición energética justa, o estamos viendo el reemplazo de un extractivismo por otro, cambiando el recurso pero manteniendo la lógica de sacrificio territorial donde el militarismo está al servicio del extractivismo?

    Por ahora, en Boyacá, la respuesta es dolorosa. En el Cesár, donde Prodeco dejó sus huecos y se fue, la historia ya está escrita: el extractivismo no deja progreso, deja ruinas. La transición energética, como va, amenaza con repetir el libreto. Solo una transición anticapitalista, que expropie el poder de las multinacionales, devuelva territorios a las comunidades, descolonice el deseo y construya horizontes de vida digna, pueden ofrecer otros cursos para el planeta.


    En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.

  • ‘The land heals if you leave it in peace’

    The Awá La Nutria Nature Reserve initiative, spearheaded by the Awá community of El Verde in Colombia, has strengthened community environmental governance through gatherings, interpretive tours, and the transmission of ancestral knowledge. Journalist Andrés Gómez tells the story in this article, created with a Nature-Based Responses to Biodiversity Loss Reporting Grant from the Latin American Solutions Journalism Fund, an initiative of El Colectivo 506. These grants were made possible by a donation from the Earth Journalism Network and its Biodiversity Media Initiative. The article was published by El Turbión on Nov. 16, 2025. It was adapted and translated here by El Colectivo 506 for co-publication. ChatGPT was used to create the first draft of the translation.

    By: Andrés Gómez

    The Chocó is a megadiverse bioregion with some of the highest levels of unique and migratory species in the world; it’s shared by Ecuador, Colombia, Costa Rica, and Panama. In Colombia, in the mountains along the Pacific coast of Nariño, the Awá Indigenous people live in this bioregion alongside hundreds of birds, plants, reptiles, amphibians, and mammals. The Awá have been victims of violence since colonial times, but especially because of the internal armed conflict and its war economies. In 2019, the Special Jurisdiction for Peace recognized the Katsa su—the great Awá territory—and the Awá people as victims of the Colombian armed conflict.

    Barbacoas is one of the municipalities that forms part of the Chocó. It lies more than 1,000 kilometers (approximately 621 miles) from Bogotá in the foothills of the Pacific region of Nariño. It is one of Colombia’s largest municipalities, covering 5,090 square kilometers. Because it sits in one of the rainiest areas on Earth, it has a mountainous rainforest with some of the greatest biodiversity and water capacity on the planet. However, its rivers have been contaminated by oil spills, and its forests have been flooded with coca, poisoned with glyphosate, deforested, and polluted through the extraction of gold, copper, and silver since colonial times. 

    Today, the situation has worsened with the addition of zinc, platinum, and molybdenum mining, along with the extraction of clay, sand, stone, gravel, and crushed rock. According to the Truth Commission: “These activities are also linked to the presence of private companies and armed actors who take advantage of the lack of state protection to capture income from these activities or to carry out illegal mining.”

    The control of all these revenue streams by illegal actors began in the early 2000s. Glyphosate spraying in Putumayo and Caquetá pushed coca crops into Nariño, where neither coca nor armed conflict had existed before. The Awá had already suffered racial discrimination, and some people turned to illegal economic activities such as the trade of animals and skins considered exotic; the logging of fine woods; cattle ranching; and gold mining. These activities not only damaged forests and jungles, but also disrupted their way of life.

    The La Nutria and Monte Loro nature reserves are part of the Awá people’s responses to threats against the Katsa su—threats that also harm their lives and integrity as a people. These reserves are alternatives that allow them to heal the territory through their own knowledge, grounded in their relationship with the land and in their community organization, which continues to resist discrimination and violence.

    “I started walking with the elders on the mountain trails”

    Andrea Bisbicús has been a part of the Awá La Nutria reserve since she was seven years old. Photo: Ximena Dorado / El Turbión /  El Colectivo 506

    We are reforesting cuángares (Dialyanthera gracilipes), guavos (Inga edulis), taras, huastas, and pulgandes (Carapa guianensis). Those are the common names we use here, the ones our ancestors taught us. They left us that legacy. …Those trees were heavily hit by logging … People cut them down to make a living because we are one of the most vulnerable areas, most abandoned by the state.

    Euler García is part of the Monte Loro reserve. His words show how exclusion drove people to log fine woods to the point that, today, two species are in critical condition according to Corponariño: the cucharillo (Magnolia narinensis) and the chanul (Humiriastrum procerum), both razed for beams and fine furniture.

    Through logging, people in Barbacoas earned some money, and at the same time they cleared pastures for cattle. However, cattle ranching was not profitable in the humid mountains, and they realized they were losing what they valued most—water.

    Before, where we’re standing now was totally pasture. As time passed, we decided to conserve it because we were deforesting too much, we were polluting too much, and the water was disappearing. The water flow was extremely low. So the whole community decided, ‘We’re going to leave this area for conservation.’ And for the last 25 years, cattle ranching has been abandoned and conservation has begun.

    These words from Miguel García, Euler’s brother, explain the motive for restoring the mountains. However, it is not an individual measure but a community response, as his brother explains:

    We are nine partners, the owners of this conservation area—113 hectares. We’ve been seriously working on conservation for about six years, and working collectively with the nearby communities.

    The urgency to recover the territory is not only the idea of those who sustain Monte Loro. La Nutria Reserve, located in the Gran Zábalo Resguardo, was also created as a strategy to protect the territory, biodiversity, and Awá spirituality.

    Like Monte Loro, La Nutria combines passive restoration, agroecological restoration, community tourism, and facilities for birdwatching—tools that have become key for conservation. La Nutria also functions as an educational and spiritual space, with a “thinking center” where youth and elders gather to share knowledge, harmonize, and strengthen community unity.

    Andrea Bisbicús is a second-semester biology student at the University of Nariño. She is 19 years old and began her process in La Nutria when she was seven. Today she conducts bird monitoring and observation walks as part of the reserve’s conservation and environmental education strategies, and she readily recognizes the work of intergenerational education:

    Andrea Bisbicús studies birds in the La Nutria reserve. Ximena Dorado / El Turbión / El Colectivo 506

    I started walking with the elders on the mountain trails. […] They talked about conserving biodiversity, the territory, the Katsa su [the great house], and it caught my attention. I said, ‘I want to conserve our territory, to carry on the legacy of our elders.’ And thanks to that, I’m here in the reserve’s process, walking alongside the elders.

    When asked about the bird monitoring she conducts, the importance of her team’s work is clear:

    Here, with the team, we walk the routes to observe birds and to identify some species, especially those that are endangered, like the pava (Penelope perspicax) …The bird is large, black, with a red throat and white-like scales around the throat. You usually find it inside the forest, but because of hunting and logging, it has been disappearing.

    The team that Andrea Bisbicús is a part of follows, observes and studies birds such as the guan. In the process, the team documents the lives of hundreds of species. According to Corponariño, in the Mira River basin alone, it is possible to find 741 bird species. The most numerous family is that of perching birds and songbirds, with 427 species, followed by hummingbirds and swifts, with 59 species, and then birds of prey, woodpeckers and toucans, with 27 species each.

    This collective work in the La Nutria Reserve not only contributes to knowledge about biodiversity, but also strengthens what the armed conflict had fractured: the unity of the Awá people, the transmission of their knowledge, and the shared path between youth and elders.

    Wilmer Bisbicús, coordinator of the La Nutria Reserve. Ximena Dorado / El Turbión / El Colectivo 506

    On this point, Wilmer Bisbicús, 23, coordinator of the La Nutria Reserve, has no doubt that the reserve strengthens the Awá people, who have been declared at risk of physical and cultural extermination:

    We’ve had more than 15 years of violence where we had to watch our leaders fall, and these social problems still continue. And it didn’t only affect the population… it also affected environmental rights: pollution, deforestation, and all of that also threatens the cultural and spiritual system, because this entire situation changed the mentality of the youth… The reserve has been a strategy for protecting and conserving the territory, and for the physical and cultural survival of the Awá people.

    ‘The chonta eventually bears fruit’

    Olivio Bisbicús, elder and founder of the La Nutria Reserve. Ximena Dorado / El Turbión / El Colectivo 506

    The Amazon is not the only tropical rainforest in Colombia. The Chocó Biogeographic Region stretches across Antioquia, Chocó, Risaralda, Cauca, Valle del Cauca, and Nariño. Its forests, like those of the Amazon, help regulate the planet’s climate by producing oxygen and capturing carbon, and they are also home to hundreds of unknown endemic species.

    Racism against Indigenous peoples, lies about the forest, and the armed conflict have all worked against Indigenous knowledge and against understanding the species that inhabit these territories. Today, thanks to exchanges between Awá leaders and knowledge-keepers and academic researchers, the Awá people have not only expanded their knowledge—they have also shared it and continued building it as they document the consequences that the armed conflict has had on nature. This is reflected in the words of Ovidio Bisbicús when he talks about amphibians and reptiles, or herpetos:

    Herpetos are also becoming endangered, like the kiki frog, the glass frog (Cochranella euknemos)… We have photographic records of the devil frog (Oophaga sylvatica), contaminated with crude oil.

    The fate of the glass frog and the devil frog is similar to that of the harlequin toad and the Bolitoglossa walkeri salamander, a species without lungs that breathes through its skin. All are endemic amphibians of Colombia and face critical situations. According to Corponariño, in the Mira River basin alone, “28 percent of amphibian species were in threatened categories, with the highest number in the Vulnerable (VU) category, followed by Near Threatened (NT) and Endangered (EN).”

    Through their reserves, the Awá people compile information about the damage in a systematic way. They also gather reflections on the adaptability of species affected by extractive economies that fueled indiscriminate logging. Andrea Bisbicús explains:

    Despite the deforestation, they [the birds] adapt… thanks to conservation in the reserve, they have been able to recover.

    In La Nutria, it is not only the birds that have returned. During nighttime walks, you can spot the glass frog, which, along with the devil frog, suffers from illegal trafficking, habitat loss and contamination. Both frogs are highly sensitive to pollution, and—like the birds—they have found a sanctuary in La Nutria Reserve.

    A similar process is taking place in Monte Loro, where forest restoration has invited back the life that once inhabited the rainforest and has also improved water quality. But Miguel García says that despite these efforts, nothing ever returns to exactly what it was:

    Birds that had dispersed to other territories are coming back, although not all the birds we once knew have returned. But some have come back… the peccaries, some cuzumbes (Nasuella olivacea), armadillos (Dasypus novemcinctus), guatines (Dasyprocta punctata), borugas (Cuniculus paca), and that has brought us great joy… Recently, you can see that the water is increasing. It will soon go back to what it once was, but because of the deforestation, the water course has changed permanently.

    The Monte Loro Reserve, being higher above sea level than La Nutria, has different species. As the García brothers walk along the trails, they talk about how they have rediscovered fungi and insects through the experts and enthusiasts who visit them.

    By recovering the forest through the reserves, they have been able to recover medicines and food that were affected by pipeline explosions and glyphosate fumigation. As Ovidio Bisbicús explains:

    In every place or natural space, there is our own medicine with which we heal ourselves and find harmony. And this is the life of the Awá Indigenous communities… In some natural areas it had deteriorated, but since the pipeline [the Trans-Andean Pipeline] is not currently operating, the rivers and streams have been recovering, and we are recovering our medicines… Likewise, our own food has also been returning. Because of the fumigations, our staple crops were contaminated—corn, yuca, chiro (plantain), sugarcane—and they were greatly damaged, but we have begun to recover them.

    Another aspect that has been strengthened through the reserves is language. Ovidio Bisbicús emphasizes that to communicate with the forest, it is necessary to speak awapit, the language in which the Awá have encoded the knowledge they have acquired over centuries—and a language that racism attempted to eliminate by humiliating and punishing those who spoke it. For him, through the language they speak with the Katsa su and reaffirm who they are:

    And this is how, through permanent communication with nature, with the spirit of the forest, we also connect to listen to the songs of the birds, the different songs in the forest. You can also hear the wind, which harmonizes the clean air breathed by the reserve. Nature breathes for the rest of the Awá territory, for society in general… and in this sense, authorities, leaders and women leaders are awapit speakers… Education is helping ensure that our language remains over time, that our knowledge and understandings do not disappear.

    Through the reserves, the Awá people have also chosen to strengthen their philosophical narratives about the role of human beings on Earth and within the community. For this reason, Wilmer Bisbicús does not hesitate to say that the actions of the resguardo and of the people who collaborate in the project follow the teachings of the chonta palm:

    One of our philosophies speaks about the chonta. You need to have a firm root and grow straight like the chonta, and the chonta always seeks out the light. But you also must be straight in life and always look for that light: hope for the communities, and always bear fruit. The chonta eventually bears fruit.

    Armed actors have destroyed our territory

    Illustration:  cj_dsgn

    Despite the efforts of those who are part of the reserves, the territory is still affected by customs that do not help restore the mountains. For that reason, Euler García believes more people need to get involved at the local level:

    Some people don’t value what we are conserving. Some think that what we’re doing is work that has no future.

    His brother Miguel García shares the same view, but adds that more support is needed:

    Sometimes there’s no support to continue protecting, and without support it is hard to sustain the work.

    Many of the tools they use, such as binoculars and equipment, have been self-financed. Although tourism brings in some income, it is very little to keep going. This is why support from institutions and from nature and conservation enthusiasts is needed.

    However, poor land management practices are not the only threat to the Pacific region of Nariño.

    The armed conflict and illegal coca, gold and oil economies are even more harmful. Ovidio Bisbicús recalls:

    Armed actors have destroyed our territory… They have brought violence, conflicts, massacres, displacement, killings… Hydrocarbon contamination has been very serious… many rivers and streams… biodiversity that has been lost. There has been significant deforestation… to plant coca crops… and that has brought even greater environmental impacts.

    The Trans-Andean Pipeline (OTA), which for years transported oil to the tanker ships at the port of Tumaco, was blown up several times by the former FARC-EP in actions against oil companies, and was perforated hundreds of times by dissident groups to extract crude and produce artisanal gasoline used in cocaine production.

    Thanks to the advocacy efforts of the Awá people, the pipeline no longer transports crude. However, the threat of reopening remains, which could reactivate the cycle of contamination and violence that marked previous decades. If the OTA resumes operations, crude oil could once again be diverted to feed the cocaine laboratories that supply the global market—repeating a history that has already devastated rivers and streams.

    Where there were pastures, life is reborn through the hands of the Awá people. Photo: Andrés Gómez / El Turbión / El Colectivo 506

    Similarly, the suspension of aerial glyphosate spraying is only a temporary relief. One of the punishments endured by marginalized Indigenous communities—who turned to coca cultivation when the conflict reached them more than 20 years ago—was fumigation with this herbicide, a poison that did not eradicate coca but did sicken the forest.

    Because fumigation depends on government decisions, it may return with future administrations, bringing airplanes once again to rain chemicals over crops, forests and communities.

    Then there is the global threat of the climate crisis. Although the local contribution to global climate change is minimal, the consequences are not equal for everyone. Communities in Barbacoas have experienced major flooding, such as the Mira River overflow in 2009, and in the Patía and Sanquianga rivers in Olaya Herrera, the main concerns now center on floods, strong winds and landslides.

    Walking together

    Wilmer Bisbicús and Ovidio Bisbicús. Photo: Ximena Dorado / El Turbión / El Colectivo 506El Colectivo 506

    In both reserves, Ovidio Bisbicús and brothers Euler and Miguel García proudly share their knowledge about orchids and lepantes—knowledge they have gained by advancing the reserves. Their example has pulled young Awá people into this process. As Ovidio Bisbicús explains:

    Today young men and women, boys and girls have come very close. Environmental governance of the reserve is not only in the hands of adults, but the youth have become empowered in this environmental governance process.

    Andrea Bisbicús is one of these young people. She reflects on how the reserve creates space for her participation as a young woman:

    For me, being a woman is very important. And as a young woman, working here in the reserve… being part of the process has been very important because it has always been very marked that men participate in the work, in the workshops, in everything, and women end up very excluded.

    The Monte Loro and La Nutria reserves show that ancestral knowledge and community organization can reverse the damage caused by centuries of racism and extractivism, and by decades of war. Where there were once pastures and contamination, today the forest grows back, the water clears and the animals return. And it is remarkable that restoration emerges from a deep conviction: caring for the forest is also caring for life and for the memory of the Awá people.

    However, the threats posed by illegal economies, the armed conflict, institutional abandonment, and the effects of climate change continue to put pressure a territory that—despite its natural wealth and thousands of endemic species—remains one of the most impoverished and forgotten regions of Colombia.

    In the face of this panorama, the Awá reserves are not only ecological refuges: they are also an ethical and political project that heals the territory from the roots, reaffirming that traditional knowledge, spirituality and science can walk together.

    In the words of Euler García:

    “The forest teaches. When you see a tree grow back, you learn that the land heals if you leave it in peace.”


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  • Cuando el agua enferma: la agonía de la Laguna de La Cocha

    Por: Andrés E. Mora-Rivera, Nataly Insuasty Sánchez  y John Rodríguez Saavedra

    El lago Guamuez, también conocido como Laguna de La Cocha, muere lentamente. Es uno de los afluentes más importantes que dan inicio a la cuenca del río Guamuez, para convertirse luego en el río Amazonas. 

    La metáfora de la laguna transformada en una inmensa alcantarilla es la siguiente: una olla de 41,5 km² de extensión y 75 metros de profundidad cocinándose en una mezcla permanente de aguas residuales de casas, hoteles y restaurantes; actividades agropecuarias indebidas; turismo descontrolado; residuos de hidrocarburos; cultivos de trucha insostenibles; y una escuálida normativa ambiental que no se cumple.

    La abrumadora analogía contrasta paradójicamente con el paisaje. Desde lo alto se ve la inmensidad de la laguna, la magia del Santuario de Flora Isla de La Corota (considerada el área protegida más pequeña del Sistema Nacional de Parques Naturales de Colombia); el cielo inmenso, las montañas que arropan el agua y sobre ellas casas al estilo suizo.

    Contaminación por aguas residuales

    Canal fluvial – Vereda el Puerto. Foto: Andrés E. Mora-Rivera

    Universidades como la de Nariño, la Mariana y la Nacional, a través de sus científicos, han identificado varios factores de contaminación asociados a las aguas residuales que llegan a la laguna sin el tratamiento adecuado que requieren desechos fecales, detergentes, agroquímicos, entre otros. Las evidencias dan cuenta de la proliferación de organismos patógenos como parásitos, virus, hongos y bacterias, que afectan la salud del humedal y por ende de los habitantes.

    Según el Estudio de la diversidad de Escherichia coli y colifagos somáticos aislados de muestras de agua del Lago Guamuez, realizado en 2022 por la Universidad de Nariño, la Gobernación de Nariño y Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, se pudo concluir que existe contaminación fecal en el lago en los diferentes puntos de muestreo. La investigación concluye que “El agua del Lago Guamuez no es de buena calidad”, al determinar que los valores identificados “sobrepasaron los límites establecidos por las regulaciones internacionales”, y se advierte sobre “una alerta epidemiológica, puesto que estos [hallazgos] pueden estar vinculados con la infección de poblaciones humanas que disponen del recurso hídrico para variadas actividades de su quehacer diario, ocasionando grandes afectaciones de salud pública”.

    Según Lorena Lucía Salazar, profesora de la Universidad Mariana en Pasto, Nariño, y doctora en Ingeniería Ambiental, estamos al margen de un desastre: “todavía no llegamos al punto de pasar del oligotrófico a eutrófico. Eso ya sería un problema muy grave. Estamos en el borde. La laguna todavía está allí manejando su carga orgánica”.

    La transformación de la que nos habla Salazar significa que la laguna de La Cocha puede pasar de tener pocos nutrientes y aguas claras (oligotrófico) a tener muchos nutrientes y aguas turbias (eutrófico), lo que representa degradación del ecosistema que reduce la biodiversidad, altera el equilibrio natural y afecta negativamente a la calidad del agua y la salud de las especies acuáticas.

    La solución a este problema parece sencillo: construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), pero en la práctica no es tan fácil. Desde 2015 se habla de un proyecto de construcción de la planta para el casco urbano del corregimiento, que ni siquiera comienza. Por otro lado se han propuesto soluciones individuales de aguas residuales domésticas, pero resultan incipientes ante la magnitud del área de influencia de la laguna. Lo cierto es que las aguas residuales de las nueve veredas que conforman el Corregimiento de El Encano siguen llegando al humedal, declarado desde el año 2000 de importancia Ramsar, una convención de carácter internacional que exige su conservación y el suministro de servicios ecosistémicos que garanticen el uso sostenible, la mitigación de gases de efecto invernadero y la adaptación frente al cambio climático. Lo anterior es prometedor, pero su cumplimiento está en el limbo. 

    Habitante Vereda el Puerto – Corregimiento de El Encano. Foto: Andrés E. Mora-Rivera

    Las necesidades de conservación de la Laguna de La Cocha desbordan la capacidad institucional. La Secretaría de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Pasto, a cargo de Victoria Benavides, maneja los 147 acueductos rurales del municipio de Pasto (incluyendo El Encano), con bajos índices de calidad e ineficiente planeación estratégica. Razón tiene Benavides en afirmar que “estas problemáticas hay que abordarlas institucional e interdisciplinariamente… Nosotros, lastimosamente, no tenemos un laboratorio de aguas; los presupuestos aquí son limitados (…). El agua que toma nuestra población rural no es apta para el consumo”. 

    Las afirmaciones de la Secretaria y las iniciativas se comprueban en la realidad. En septiembre de 2024, por ejemplo, un estudio  indica que existe contaminación microbiológica debido a la presencia de virus o bacterias en el agua, resultado de actividades domésticas y comerciales, de los cerca de 83 restaurantes y 32 sitios de alojamiento entre hoteles, hostales y fincas turísticas, de acuerdo con el Registro Nacional de Turismo. Allí solo algunos tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, y en épocas de temporada alta para el turismo como la Navidad, llegan hasta siete mil personas. ¿Manejable? Sí, pero si se implementaran sistemas sostenibles y en La Cocha son casi inexistentes.

    Frente al tema de las aguas residuales, desde la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), como autoridad ambiental del Departamento, se han adelantado acciones para mitigar el impacto sobre la laguna. Pese a ello, para Germán Bastidas Patiño, Profesional Universitario, encargado del área de permiso de vertimientos, tasas retributivas y planes de saneamiento y manejo de vertimientos de la Corporación, “hace falta trabajo”, debido a la magnitud del territorio; las labores agropecuarias que se desarrollan en el territorio (pese a ser área protegida); la concentración del turismo especialmente en la Vereda El Puerto, y el desarrollo urbanístico que se da, a pesar de considerarse asentamiento “ilegal y sin control”. 

    Como afirma Bastidas, todo esto es “complejo”, y supone la “confluencia de competencias” de los distintos organismos involucrados además de la Corporación, como la Gobernación y la Alcaldía, como garante del cumplimiento de las disposiciones frente al uso del suelo y particularmente del ordenamiento territorial. Mientras esto no suceda, y no se sobreponga la preservación y cuidado de la laguna a cualquier otro interés, la situación será cada vez más crítica. 

    Turismo insostenible

    Paisaje Vereda El Motilón (al fondo glampings) – Foto: Andrés E. Mora-Rivera

    El turismo trae consigo innegables beneficios a las comunidades que lo ven como alternativa de desarrollo y calidad de vida. Actividades asociadas a promover los sitios de descanso, el tradicional paseo en lancha o escoger el mejor lugar para comer deja dividendos, no hay duda.

    Pero la realidad no idílica es que “actualmente, la zona está llena de glampings y cabañas que vierten aguas con detergentes que contienen fósforo directamente al lago”. Este es un problema ambiental más serio que la acuicultura, que sí tiene ciclos biológicos naturales”. Esta es una de las conclusiones a las que han llegado los estudios realizados por Andrés González, doctor en Agroecología, quien ha aportado de manera significativa al análisis de los efectos devastadores como el turismo descontrolado, la piscicultura —especialmente trucha, como principal opción de consumo en el territorio—, los monocultivos de papa y cebolla, y la indetenible deforestación.


    Una de las acciones de la Secretaría de Gestión Ambiental del municipio de Pasto para contrarrestar el daño producido es implementar estrategias de restauración ecológica, compra de predios para conservación y tiene contemplado realizar un proyecto piloto para la sustitución de motores de gasolina por motores eléctricos que usan las lanchas, con el fin de disminuir el vertimiento de hidrocarburos al agua del humedal. Sin embargo, todo ello resulta ser mínimo frente a las graves y múltiples dolencias que tiene La Cocha, que ha visto afectados sus ecosistemas animales y vegetales. 

    Estudios recientes explican la presencia en cantidades permitidas —de acuerdo con la reglamentación vigente— de hierro, grasas y aceites, Demanda Química de Oxígeno (DQO), fósforo total y sólidos suspendidos totales, que aunque no inciden de manera especial en la calidad del agua, sí pueden estar asociados al desecamiento de la totora, una planta acuática de tallos largos y erguidos, típica en pantanos y lagunas, que adicionalmente cumplen un rol ambiental de purificar el agua al absorber contaminantes como el E. Coli y metales pesados. Estas contradicciones científicas deberían estudiarse más a fondo, implementando —según la  propia investigación— “un plan de monitoreo constante que incluya parámetros físicos, químicos y biológicos para poder observar las tendencias en el tiempo”, pero esto no ocurre.

    Cultivos de trucha sin control 

    Jaulas flotantes para cultivo de trucha Vereda Motilón – Foto: Nataly Insuasti Sánchez  

    El turismo en la Laguna de La Cocha tiene una estrecha relación con el cultivo de la trucha arcoíris (Onchorhynchus mykiss), un pez que ha cobrado valor en el sector con una producción de más de 750 toneladas anuales, según el Estudio de Capacidad de Carga del Lago Guamuez. Esto conllevó a emitir la Resolución 1006 de 2015 por parte de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), como autoridad ambiental del departamento, que establece acciones, medidas y/o restricciones para los proyectos piscícolas y acuícolas ubicados en el lago. 

    De acuerdo con información de la Autoridad de Acuicultura y Pesca (AUNAP), vinculada a una de las investigaciones de González, en 2016 había un estimado de “90 empresas productoras que representan 1.057 jaulas flotantes instaladas; estas producciones manejan todas las etapas de cultivo, alevinaje, levante y engorde y en algunas se realiza transformación del producto”.

    La contaminación generada por la producción de trucha en jaulas flotantes se da debido a la adición de concentrado comercial, medicamentos y acumulación de materia orgánica, con gran incidencia en producciones mayores de diez toneladas anuales. Para González, la actividad acuícola desarrollada en el El Encano “no es realizada con una visión holística donde se conjuguen los factores productivos, ambientales, económicos y sociales, razón por la cual prima en mayor medida el factor económico, enfocándose en cuánta cantidad se produce y no en cómo se produce, dificultando que los procesos se realicen de forma sustentable, sostenible, y amigable con el ambiente y el ecosistema”.

    Según el estudio realizado por González, la calidad del agua también disminuye, “debido a la concentración de sólidos disueltos por causa de la descomposición de materia orgánica proveniente del concentrado comercial, productos farmacéuticos, aditivos, los mismos residuos de los peces provenientes del metabolismo y las demás actividades como lavado de mallas y mantenimiento de las jaulas”.

    ¿Cómo salvar la Laguna de La Cocha?

    Lancha y cultivos de trucha en jaula flotante Laguna de La Cocha – Foto: José Luis Narváez Figueroa

    Iniciativas como las lideradas por la Corporación Salvemos el Humedal Ramsar, que llevó a cabo un congreso en 2023 con apoyo de la organización internacional Ayuda en Acción, congregó a investigadores, comunidades e instituciones públicas como el Viceministerio de Ambiente para pensar en conjunto sobre lo que está pasando con el lago y las posibles soluciones para frenar el daño ocasionado. Fueron 27 ponencias que evidenciaron las afectaciones ambientales, oportunidades y compromisos que se deben asumir en conjunto.

    Existen también disposiciones constitucionales como las dispuestas por el Consejo de Estado que imparte medidas para proteger el humedal, y ordenó a la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), al municipio de Pasto y a la Gobernación de Nariño que “en el término de un año [a partir de 2018] formulen y ejecuten un proyecto de soluciones alternativas y definitivas para corregir los problemas de saneamiento básico por la caída de desechos industriales y domésticos en la laguna”, pero hasta el momento no hay disposiciones que den alcance a lo que ordena el Consejo de Estado. Vencido el plazo, todo quedó en silencio y sin resultados contundentes.

    La Alcaldía municipal, en respuesta a un Derecho de Petición para solicitar información al respecto, es ambigua e imprecisa al compartir una retahíla de proyectos sin descripción de monto e impacto. De hecho, la explicación sobre los avances logrados en torno a la Acción Popular interpuesta por Emilio Orlando Gámez Caicedo, quien murió sin saber lo que ocurrió con su iniciativa, quedó estancada en sus buenas intenciones. 

    La respuesta a la Acción Popular para evitar la deforestación y proteger los derechos e intereses colectivos relacionados con la defensa del medio ambiente, fue reconocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño, debido  a “los vertimientos de aguas residuales provenientes de las edificaciones colindantes a la laguna (…); la deforestación del bosque nativo (…) con propósito de fabricación ilícita de carbón vegetal; y la pesca ilícita de trucha con métodos no autorizados”.

    El 26 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Nariño concedió el amparo solicitado, a través de las siguientes órdenes:

    “elaboración del diseño, construcción y mantenimiento de la red de alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Corregimiento de El Encano” (…); al municipio de Pasto y a la Corporación Autónoma Regional de Nariño, [que] realicen las actuaciones administrativas necesarias y adopten las medidas técnicas alternativas que sean conducentes para prevenir, mitigar y controlar el impacto ambiental causado por el vertimiento de aguas residuales en la Laguna de La Cocha, mientras se ejecuta la construcción de la red de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales (…); “a la Policía Nacional, a través del Grupo de Policía Ambiental y Ecológica MEPAS, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Corporación Autónoma Regional de Nariño, la conformación de un grupo interdisciplinario, con el objetivo de desarrollar campañas de conciencia [SIC] ecológica, en el Corregimiento de El Encano (…); a Corponariño, fortalecer su labor de inspección, control y vigilancia entorno a la contaminación de la laguna de La Cocha, tala de bosques y la pesca indiscriminada de trucha (…); a Corponariño el fortalecimiento del proyecto “implementación de tecnologías para evitar la deforestación sobre el bosque protector y optimización del uso de los recursos naturales (…) que conlleva a la construcción de estufas eficientes para ser entregadas a las familias que habitan la referida zona, y que evitan el consumo desmedido de carbón vegetal (…); al Municipio de Pasto, a través de la Secretaría de Educación, que en el próximo calendario escolar (2019) implemente, si aún no lo ha hecho, en el currículum académico de  las instituciones educativas de su jurisdicción, en especial, las que se hallen en el Corregimiento de El Encano, el Proyecto Ambiental Escolar (…); conformarse el Comité de Verificación del Cumplimiento del Fallo (…) integrado por el Alcalde, el Director de Corponariño y un representante de la Defensoría del Pueblo”.

    Vegetación de totora en la Laguna de La Cocha – Foto: Andrés E. Mora-Rivera

    Las medidas impuestas por el Tribunal Administrativo de Nariño fueron apeladas por las partes demandadas, hasta que después de un vaivén de omisión de responsabilidades, el Consejo de Estado, el 1 de agosto de 2019, instó a que de manera inmediata el Ministerio, CORPONARIÑO y el Municipio de Pasto, asumieran la protección del ambiente, razón por la cual recae en ellos la necesidad de materializar y optimizar los mandatos constitucionales y legales expuestos en torno a su preservación. 

    Frente a los requerimientos, Corponariño, la Gobernación, Minambiente y la Alcaldía han asumido acciones de mediana envergadura y de difícil cumplimiento. Aunque ya se construyó el sistema de alcantarillado y está en trámite la construcción de la PTAR para el centro poblado de El Encano, las afectaciones en otras partes del territorio permanecen. Bastidas considera que desalojar las personas es “difícil”, y tiene razón porque no solo es un asentamiento humano en un área protegida, sino que implica darle manejo a todo lo que confluye a su alrededor. Sin embargo, considera Bastidas, es necesario “poner límite al desarrollo y diversificar la oferta turística para que no solo sea en El Puerto”. Así mismo, dotar de sistemas de saneamiento básico como el alcantarillado, medidas más drásticas para frenar el desarrollo urbanístico y el manejo adecuado de los residuos sólidos.

    Con respecto al tema de educación ambiental, Luis Felipe Bastidas Aguilar, Gestor del Programa de Educación Ambiental de Corponariño, impulsa el desarrollo de estrategias derivadas de diagnósticos participativos para orientar acciones en co-responsabilidad con las instituciones educativas y sus diferentes actores, como estudiantes, padres de familia y directivos, además de autoridades ambientales y étnicas para que “la problemática sea comprendida por la comunidad y arraigo al territorio, y movilizar las energías propias de las comunidades para la gestión ambiental”. No obstante, a lo largo del trabajo de investigación en el territorio, no se evidencia el reconocimiento de los logros mencionados por Bastidas Aguilar.

    Por su parte, habitantes del corregimiento y de sus veredas aledañas, después de un histórico proceso para entender la importancia del territorio, le apuestan a generar cambios significativos en sus prácticas agropecuarias, turísticas y de extracción. Uno de ellos es Marino Jojoa Josa. Para él, “si no valoramos ni conservamos lo que tenemos, lo perdemos. El turismo es bueno si se aprovecha bien; de lo contrario, es malo”.


    Marino es fundador de la Asociación Tour de la Esperanza: una organización de al menos 22 socios que busca aprovechar los beneficios del turismo sin desconocer la importancia de conservar, proteger y restaurar. Actualmente ya no talan árboles y transforman sus actividades productivas para volverlas sostenibles. También replican sus buenas prácticas en otras comunidades, mejorando sus servicios de turismo al disminuir el impacto generado por los visitantes, reduciendo, por ejemplo, el número de turistas que hacen recorridos ecológicos dentro de la reserva.

    Concepción Matabanchoy, una mujer de voz calma y pensamiento crítico, llamada cariñosamente Conchita, es una lideresa del territorio con experiencia en el cuidado y preservación del medio ambiente. Curiosa ante el conocimiento ha transformado su forma de pensar y actuar en el territorio. Ella, como muchos habitantes, dejó de talar para producir carbón y se convirtió en un referente de conservación. Hace 45 años fue pionera en la creación de la Asociación para el Desarrollo Campesino (ADC), una organización que tiene una filosofía territorial, bajo el amparo de la minga, como medio para lograr la transformación productiva de sus asociados. Gracias a ello se conformaron, desde aquel entonces, las llamadas Reservas Privadas de la Sociedad Civil, una declaración individual, para que de manera voluntaria se deje una parte de sus tierras para conservar. Esto ha traído grandes beneficios al integrar 32 reservas en la zona de amortiguación de la laguna, que buscan otras alternativas diferentes a la extracción desenfrenada, sobreponiendo el cuidado al consumo, propio del pensamiento capitalista.

    Curiosamente, el capitalismo también se asocia con el emprendimiento, y este, al espejismo de desarrollo. Algunas de las productoras de trucha en El Encano son: Truchas Santa Teresa SAS, Truchas Sindamanoy SAS, Piscifactoría Remar SAS, Asociación Piscícola Familiar Los Laureles, Aso-Acuaranda, Acuicultura Los Morros, Cultivo de Trucha en Jaula y Restaurante El Paraíso. Estas empresas generan empleos directos en la comunidad, pero aún así, impactan sobre la laguna, aunque realizan iniciativas responsables, como las que desarrolla Santiago Paz, uno de los socios de Truchas Sindamanoy. Él implementa prácticas amigables con el medio ambiente como el uso de plástico reciclado en lugar de madera para la construcción de las jaulas; optimiza el espacio requerido para el cultivo, ha sembrado árboles alrededor de la finca que sirven de barreras vivas, y realiza controles estrictos de calidad para evitar enfermedades en las truchas. Gracias a ello, recibió en 2023 y 2025 la certificación de bioseguridad emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) como granja productora de alevinos de truchas comerciales. “Yo sé que esa producción debe tener una huella ambiental y nosotros tratamos de mitigarla para que sea sostenible y que se pueda recuperar», dice Santiago.

    La producción en grandes proporciones requiere medidas de sostenibilidad de igual magnitud. Pero esto no pasa con muchos de los pequeños y grandes productores, que no asumen con responsabilidad la producción de truchas, usando técnicas de beneficio artesanales que impactan mucho más en la laguna, porque no cuentan con sistemas confiables de monitoreo ni prácticas adecuadas para la alimentación, el control y el aprovechamiento de la trucha. Jennifer del Carmen Gómez es habitante de El Encano, ingeniera acuícola y magíster en Educación Ambiental. Desde su perspectiva, además de procesos de formación, “las entidades deben ayudar a que nos unamos, nos agrupen, que nos apoyen, que hagamos un grupo”.

    Ante esto, Corponariño, a través del Centro Ambiental Guairapungo, desarrolla dentro de su principal quehacer misional la producción de alevinos que se donan a aquellos productores que quieren dedicarse al cultivo de trucha, antes que a actividades más agresivas con el medio ambiente como la deforestación, la extracción de carbón o la ganadería, que por su naturaleza requieren grandes extensiones de terreno, y supone mayor degradación del medio ambiente. Aunque esto parezca contradictorio, esta medida institucional demuestra que el cultivo de trucha no es la práctica que genera más contaminación en La Laguna.

    A pesar de los buenos propósitos, lo cierto es que deben existir medidas efectivas por parte de Corponariño como autoridad ambiental, en articulación con la Alcaldía Municipal y las comunidades, en un ejercicio serio y sostenible de ordenamiento territorial.

    A propósito, el Plan de Ordenamiento Territorial y las disposiciones de Corponariño, en cuanto al uso del suelo y la manera de comprender las dinámicas del territorio, son fuerzas opuestas que ahogan las iniciativas de conservación. Corponariño ha demostrado poca templanza en su actuar, y su descontextualización frente a las problemáticas que se viven en El Encano hace que la situación se vuelva más difícil de controlar. Por ejemplo, las concesiones de uso para los productores de trucha son inamovibles; es decir, las jaulas no se pueden cambiar de lugar ni se puede aumentar el uso permitido, lo que hace que el impacto se produzca en un mismo sitio hasta acabarlo. Es un taladro natural sobre el suelo de la laguna. Lo recomendable sería que se pudieran rotar las jaulas para que haya recuperación natural. Es algo similar a lo que se aconseja con los potreros y el ganado: se los cambia de lugar mientras el pasto vuelve a nacer, pero en el  lago esto no es posible debido a la normatividad vigente.

    Por su parte, la última actualización del Plan de Ordenamiento Territorial fue en 2015, mediante el Acuerdo 004 de 2015: más de diez años en los que se reglamenta el uso permitido del suelo y la ocupación del espacio, incluyendo el Corregimiento de El Encano. Al respecto, Daniel Camilo Bastidas, Subsecretario de Aplicación de Normas Urbanísticas de la Alcaldía de Pasto, enfatiza en que “todos los usos son muy restrictivos porque están dirigidos hacia la preservación del medio ambiente”, y en cuanto al sistema constructivo también lo es “para nuevos desarrollos, para nuevas urbanizaciones. Las curadurías urbanas no van a licenciar ningún proyecto urbanístico de gran escala porque no es posible”. 

    A simple vista, esto no es del todo cierto. Poco a poco el paisaje ha cambiado y se han incorporado nuevas formas de usufructuar el lago y sus servicios ambientales, culturales y turísticos. Cada vez hay más restaurantes sin sistemas de aguas residuales; pequeños y medianos productores de trucha que se dedican a su cultivo de manera ineficiente; glampings: servicios de lujo para acampar a cielo abierto, que no dudan en verter agua contaminada con detergentes y jabones directamente a la laguna. Descrito como “irreversible”, González insiste en que este tipo de alojamiento, “es un problema ambiental más serio que la acuicultura, que si tiene ciclos biológicos naturales”. El concentrado de trucha tiene fósforo, pero no se compara con el que generan los detergentes”.

    El futuro incierto

    Puente en el canal fluvial Vereda El Puerto Corr. El Encano. Foto: Andrés E. Mora-Rivera

    En medio del colapso ecológico, Conchita es optimista: “Yo tengo todavía esperanza y sueño de que todos tengamos consciencia”. Pero ese acto debe ser colectivo. Debe haber un plan de ordenamiento ambiental del territorio, considerando desde su concepción, a todos los actores involucrados, incluyendo, por supuesto, a las comunidades y autoridades locales —como el Cabildo Indígena Quillasinga que tiene jurisdicción en el territorio—, a las organizaciones de base, a la sociedad civil organizada, a la Academia y al Estado en su máximo nivel.

    En el fondo, aunque haya sobre la mesa una iniciativa para declarar a la Laguna de La Cocha, como sujeto de derechos, se deben establecer mecanismos claros de prevención y control, con normas de estricto cumplimiento, sin hacer caso omiso a las exigencias de las leyes actuales. Mientras eso no ocurra y se sigan posponiendo responsabilidades; mientras se siga explotando el suelo y el agua de la laguna de manera indiscriminada como ocurre; mientras no exista diálogo entre las advertencias científicas sobre el daño causado, y mientras no haya fuerzas legítimas que detengan el deterioro, la Laguna de La Cocha se cocinará a fuego cada vez más alto, hasta que se evapore la historia de ser el segundo lago más grande de Colombia que aporta con sus aguas a la gran cuenca amazónica.

    * Esta investigación periodística fue realizada con apoyo de la Beca Relatos de Región: periodismo local que explica Colombia, y el contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores.


    En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.

  • “La tierra sana si uno la deja en paz”

    Por: Andrés Gómez

    El Chocó biogeográfico es una bioregión mega diversa con uno de los niveles más altos de especies únicas y de tránsito en el mundo, y es compartida por Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá. En Colombia, en las montañas de la costa del pacífico nariñense habita el pueblo indígena Awá, junto con cientos de aves, flora, reptiles, anfibios y mamíferos, han sido víctimas de la violencia desde la colonia pero especialmente por el conflicto armado interno y sus economías de guerra, por lo que la Jurisdicción Especial para la Paz acreditó en 2019 al ‘Katsa su‘ o gran territorio awá, y al pueblo awá como víctimas del conflicto armado colombiano.

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  • Land for soy, corn, and pigs, dispossession for the Sikuani

    The Sikuani Indigenous people resist in the midst of a devastated landscape. In the savannas of Meta, where moriche palm groves, rivers, and life once flourished, mechanized soy and corn crops and industrial pig farms now dominate. What was once ancestral territory has become a scene of dispossession, contamination, and displacement. Behind the expansion of companies such as Aliar-Fazenda and the Mennonite colonies lies a history of racism, impunity, and violence that threatens the physical and cultural extermination of the oldest peoples of the Colombian Orinoquía.

    Read the full investigation:

    * This story is part of an investigation by El Turbión, carried out with the support of Global Exchange and Brighter Green’s Animals and Biodiversity Reporting Fund, and is part of a series that documents how violence, land concentration, and ecocide threaten the physical and cultural survival of the Sikuani people.


    In recognition of El Turbión’s commitment to integrity and excellence in journalism, the outlet has obtained the Certification of the Journalism Trust Initiative, promoted by Reporters Without Borders under the international standard CEN CWA 17493:2019.

  • La tierra para soja, maíz y cerdo, el despojo para los Sikuani

    El pueblo indígena Sikuani resiste en medio de un paisaje devastado. En las sabanas del Meta, donde antes abundaban los morichales, los ríos y la vida, hoy dominan los cultivos mecanizados de soya y maíz, y las granjas industriales de cerdo. Lo que alguna vez fue territorio ancestral se ha convertido en escenario de despojo, contaminación y desplazamiento. Detrás del avance de empresas como Aliar-Fazenda y las colonias menonitas, persiste una historia de racismo, impunidad y violencia que amenaza con el exterminio físico y cultural de los pueblos más antiguos de la Orinoquía colombiana.

    Lea la investigación completa:

    * Esta historia hace parte de una investigación de El Turbión, realizada con el apoyo de Global Exchange y del Fondo para Reportajes sobre Animales y Biodiversidad de Brighter Green, y forma parte de una serie que documenta cómo la violencia, la concentración de la tierra y el ecocidio amenazan la supervivencia física y cultural del pueblo Sikuani.


    En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.

  • Barrulia: from living on 58,000 hectares to inhabiting a sports centre

    By: Camila Ramírez

    In the Colombian Orinoquía region, 300 kilometres from Bogotá, the Sikuani indigenous community of Barrulia, in Puerto Gaitán, Meta, has been demanding recognition of its ancestral territory for decades, but the state has denied protection measures and violated their rights. Now they face the dispossession and deforestation of their lands by Mennonite foreign religious groups[MM1] , a threat that puts the Sikuani people at high risk of physical and cultural extermination.

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