Por: Rafael Rincón Patiño * – septiembre 11 de 2007
Alberto Gonzales, ex procurador general de Estados Unidos —una especie de ministro de Justicia—, promovió una doctrina ‘jurídica’ mediante la cual corrompió políticamente la justicia, lesionando su independencia y caros principios liberales.
Por: Juan Diego García – septiembre 11 de 2007
La captura en Brasil del buscado narcotraficante colombiano conocido como ‘Chupeta’ será, sin duda, un enorme éxito para los funcionarios policiales que han participado en la operación, pero tiene, al mismo tiempo, una lectura menos optimista: a pesar de la muerte o prisión de los grandes jefes de estas mafias, el fenómeno se reproduce indefinidamente y habrá sido cosa de horas hasta que las familias mafiosas de Cali hayan reemplazado a este siniestro personaje por otro igual o peor.
Por: Juan Diego García – agosto 26 de 2007
No transcurre un día sin que nuevos acontecimientos vengan a dar la razón a quienes han criticado la manera como el gobierno colombiano trata la cuestión del paramilitarismo. Desde los que señalan las debilidades jurídicas y políticas de la Ley de justicia y paz, con sus limitaciones clamorosas de medios y personal para someter a juicio a varios miles de supuestos desmovilizados, hasta quienes abiertamente le niegan a dicha política el propósito efectivo de acabar con la extrema derecha y acusan a Uribe Vélez de haberse aprovechado de quienes ahora le cobran sus servicios y le someten a un chantaje permanente y público.
Por: Rafael Rincón Patiño – agosto 23 de 2007
Dar a cada quien lo suyo es la máxima por antonomasia de la justicia, pero identificar lo suyo de cada quien es el reto y lo que diferencia a políticos, economistas, filósofos y gobernantes.
Por: AJS – agosto 15 de 2007
“Guerra es guerra: ya todos son iguales” es una de las frases que solemos escuchar y forman parte de nuestra cotidianidad y del pensamiento colectivo de los colombianos, a pesar de ser una inexacta frase de cajón. Y se ha convertido, justamente, en inexacta porque, desde la misma definición que se ha realizado del conflicto por parte de los gobernantes, de los medios de comunicación y de los distintos grupos sociales, no se ha procurado realizar una comprensión de la problemática real. Lo que se ha generado es una definición de conflicto armado de forma ambigua y no diferencial.
Por: Marcos Silva Martínez – agosto 13 de 2007
Los gobiernos reciben la orden, y tienen que cumplirla, de garantizar que el capital transnacional y nacional, el de ese 10% más rico que se apodera del 46.7% del ingreso nacional, acceda sin tropiezos al dominio y usufructo de los bienes públicos de la nación, construidos con sudor y lágrimas de los contribuyentes anónimos.
Por: Juan Diego García – agosto 10 de 2007
Poco ha durado la euforia de los profetas del ‘siglo americano’, a juzgar por las enormes dificultades que atraviesan hoy los Estados Unidos, agravadas por el torpe manejo de la actual administración.
Por: Rafael Rincón Patiño* – agosto 8 de 2007
La palabra árbol no está escrita ni una sola vez en el Plan de Desarrollo de Medellín (Medellín: compromiso de toda la ciudadanía, Acuerdo municipal 03 de 2004), en cambio, la palabra vía aparece 64 veces. Parece una curiosidad, pero esa frecuencia refleja patéticamente la desproporción que existe entre el verde y el gris en la administración de la ciudad: esa curiosidad descubre la ciudad proyectada.
Por: Juan Diego García – agosto 2 de 2007
El presidente Uribe Vélez esperaba convertir las manifestaciones ocurridas con motivo de la muerte violenta de once parlamentarios en un respaldo a su política. La iniciativa de los familiares de los afectados se convirtió entonces en acto oficial, santificado por la Iglesia Católica, apadrinado por los medios de comunicación y financiado generosamente por los empresarios, que concedieron el salario del día a quienes asistieran a los actos en apoyo del Ejecutivo. Pero las voces de quienes abogaban por el rescate militar y el rechazo a todo acercamiento a los insurgentes se vieron acalladas por una clara mayoría que condenó la aventura irresponsable del rescate y exigió el intercambio humanitario, subrayando que la vida y la libertad de las personas están por encima de los intereses coyunturales del gobierno de turno.
Por: Rafael Rincón Patiño* – julio 31 de 2007
Si los paras son delincuentes políticos porque son iguales a la guerrilla, entonces el presidente Uribe V. está: 1) afirmando que la guerrilla tiene un estatus político; 2) reconociendo que sí hay conflicto armado en Colombia; 3) dando a entender que el Estado colombiano está obligado a acatar el Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra y Art. 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra); 4) está afirmando que la guerrilla no es un grupo terrorista y que, por lo tanto, no hay agresión terrorista y 5) dejando sin piso político la denominada guerra preventiva contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).