La violencia performativa, es decir, ejecuciones sin juicio en el mar, oscurece la manera en que la administración está construyendo una nueva política de Estados Unidos hacia el hemisferio: actos de asesinato como herramienta para crear estructuras permanentes de dominación y extracción.
«El dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental nunca volverá a cuestionarse», declaró el Departamento de Estado en un nuevo video que vincula, de manera algo improbable, la Doctrina Monroe de 1823 con el asesinato de personas en embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, 200 años después.
Hacer estallar lanchas rápidas supuestamente para detener el contrabando de fentanilo, que cabe señalar, no llega a Estados Unidos en lanchas rápidas, parece carente de sentido. Como estrategia antinarcóticos es ineficaz, una valoración compartida por la DEA.
Plasmada en la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de diciembre de 2025, la «Doctrina Donroe» busca restaurar la preeminencia estadounidense en una región que ha sido eclipsada por China, convertir reclamos de seguridad en autoridad militar excepcional contra los «narcoterroristas», institucionalizar esa autoridad mediante órdenes permanentes, «reclutar y ampliar» gobiernos alineados con Washington, y usarla para asegurar acceso estratégico y comercial. El fin deseado: cooperación militar, acuerdos comerciales, acceso a minerales críticos y tierras raras, probablemente acompañado de turbios tratos personales para la familia Trump. El retroceso democrático, en una región donde la democracia es aún relativamente joven, es una condición necesaria para su éxito.
La arquitectura de la Doctrina Donroe sigue en construcción. Los gobiernos latinoamericanos aún pueden resistir las presiones de Washington y negarse a co-crear su orden transaccional. Una mayor integración regional re-equilibraría ese poder de negociación, ayudando a los países con menos poder a imponer condiciones, defender límites constitucionales, rechazar operaciones particulares y soportar los costos de la presión estadounidense. Más de 100 legisladores, líderes políticos y expertos de 15 países se reúnen este fin de semana en el Tercer Congreso Panamericano en Montevideo para fortalecer la colaboración regional, la base de una arquitectura alternativa a una basada en el dominio estadounidense.
La resistencia a la coerción estadounidense, sin embargo, también depende de la reparación democrática dentro de la región. Los gobiernos capturados por líderes autoritarios no pueden proveer una base duradera para la soberanía. La corrupción erosiona la capacidad estatal y la confianza pública, haciendo más atractivas las soluciones militares extranjeras. La administración Trump apuesta por una doctrina hemisférica que favorece a líderes autoritarios, ávidos de participar en la corrupción.
La prueba de concepto más visible de la Doctrina Donroe comenzó con ataques aéreos contra embarcaciones frente a la costa de Venezuela, pasó por el asesinato de pescadores en el Pacífico, luego revelado como un programa encubierto de la CIA, y llegó al anuncio, en agosto, de una nueva Fuerza de Tarea Conjunta para el Hemisferio Occidental, que establece un cuartel general permanente para convertir esos asesinatos extrajudiciales en operaciones conjuntas con gobiernos aliados. Esto se corresponde con el Escudo de las Américas de la administración, una coalición de gobiernos latinoamericanos de derecha aliados con la administración Trump. Desde el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hasta los asesinatos por ataques a embarcaciones, todo se apoyó en dos guerras infinitas como marco y justificación que precedieron por mucho tiempo a Trump: la Guerra contra las Drogas y la Guerra contra el Terror.
Convertir a supuestos contrabandistas, muchos de ellos probablemente pescadores, en «narcoterroristas» es una forma de trasladar el tráfico del marco del derecho penal a las autoridades reclamadas en tiempo de guerra. Los sospechosos dejan de ser objeto de investigación para convertirse en blanco de ejecución inmediata, con evaluaciones secretas reemplazando el debido proceso y las pruebas en los tribunales. La urgencia de la seguridad nacional antepone la discrecionalidad del ejecutivo a la autoridad judicial. Los ataques a embarcaciones declaran públicamente la autoridad excepcional del ejecutivo. Los programas del Pentágono y la CIA la institucionalizan.
Como la Guerra contra el Terror, este encuadre retrata a un enemigo y crea una industria para gestionarlo. Crea sociedades de intercambio de favores con otros gobiernos que aprovechan la cooperación militar para obtener acceso a la asistencia extranjera estadounidense, armas, inteligencia y cobertura diplomática para fines poco decorosos, ya sea la represión interna, la corrupción o el asesinato estatal de su propia gente. Con las encuestas mostrando una confianza decreciente en todas las instituciones excepto en los militares, atizar el miedo a narcoterroristas todopoderosos sirve a los intereses mutuos de los reaccionarios en Washington, Bogotá y Tegucigalpa. El principal riesgo es que crea estructuras burocráticas que sobreviven a las administraciones de turno. Con la cooperación multilateral y las instituciones en declive, este nuevo complejo militar-industrial lo vuelve casi irreversible.
También crea herramientas para inmiscuirse en la política partidista interna. El éxito del «Escudo de las Américas» de Trump depende del giro continuo de América Latina hacia la derecha. Ecuador y Colombia ya aceptaron ataques militares «conjuntos» en su territorio, que probablemente se convertirán en ataques unilaterales estadounidenses. Trump intervino abiertamente en apoyo a la elección de Nasry Asfura en Honduras, como hace actualmente con Flávio Bolsonaro en Brasil. Que muchos de estos aliados estén ellos mismos vinculados al narcotráfico tiene poca importancia: el presidente de Colombia, de la Espriella, hizo carrera como abogado defensor de grandes narcos; al negocio frutero de la familia del presidente ecuatoriano Noboa se le halló transportando cocaína; y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández obtuvo un indulto de Trump tras su condena en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
El proyecto funciona con mayor facilidad donde los cimientos democráticos son débiles y los líderes enfrentan menos restricciones por parte de los ciudadanos, los congresos, los tribunales y las instituciones independientes, lo cual refleja el propio esfuerzo de Trump por debilitar los frenos a la autoridad del ejecutivo dentro de Estados Unidos. Bukele en El Salvador ofrece el caso estelar del uso del espectro del crimen para consolidar un «estado de excepción» permanente y el autoritarismo. Tales regímenes pueden autorizar operaciones, compartir inteligencia, firmar acuerdos, asignar tierras y suprimir a la oposición con menos escrutinio.
El escrutinio democrático puede exponer los costos climáticos de la extracción, disputar las asignaciones de tierras y las intervenciones territoriales, exigir transparencia en los contratos e insistir en que la riqueza de los recursos beneficie al público. La corrupción evita esos controles al conectar al poder externo con porteros locales capaces de transferir recursos públicos y proteger el convenio. La falta de transparencia en torno a los más de 13.000 millones de dólares recaudados por Estados Unidos por la venta de petróleo venezolano ilustra la magnitud del problema de rendición de cuentas.
Para la región, el sistema emergente depende de que los gobiernos elijan participar y de que las instituciones sostengan su autoridad. Como progresistas en Estados Unidos, debemos desafiar las falsas afirmaciones antinarcóticos, el uso de fuerza letal sin control y el desperdicio de recursos públicos que sostienen este proyecto, y exigirle cuentas a nuestro gobierno. La resistencia regional y la reparación democrática deben avanzar juntas.
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América Latina ha ensayado el mercado como ley suprema desde hace décadas, pero hace poco, la izquierda ha cuestionado este paradigma de la derecha fortaleciendo el Estado. Iván Cepeda no se inscribe en ninguno de los dos. Su propuesta no es más Estado ni menos Estado. Es otra cosa: economía popular, cooperativismo, crédito descentralizado, vías terciarias. Es una apuesta por bajar el poder del escritorio al territorio.
En la región, las izquierdas latinoamericanas tomaron caminos distintos. Por un lado, el justicialismo de Juan Domingo Perón consolidó en Argentina un modelo nacionalista, vertical y corporativo, apoyado en el sindicalismo y en una fuerte centralización política. Por otro, la vía chilena de Salvador Allende defendió la transformación económica mediante la institucionalidad democrática, hasta el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet en 1973, durante el cual Allende murió en el asalto al Palacio de La Moneda.
A comienzos de los años 2000, el auge de las materias primas impulsó la llamada Marea Rosa y el Socialismo del siglo XXI, una etapa marcada por liderazgos fuertes, expansión social y disputas sobre el papel del Estado en la economía.
Tres formas de gobernar desde la izquierda
Hugo Chávez – Foto: Bernardo Londoy
En Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez profundizó un modelo sustentado en la renta petrolera y en una fuerte centralización del poder estatal. Durante esos años, el petróleo representó más del 90 % de las exportaciones venezolanas y el alza internacional de los precios del crudo, que pasó de menos de 10 dólares por barril a acercarse a los 100, permitió ampliar el gasto público y financiar programas sociales de gran escala.
En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva optó por una fórmula de concertación política y expansión social. Programas como Bolsa Familia beneficiaron a cerca de 50 millones de personas y coincidieron con años de crecimiento económico y reducción de la pobreza durante sus primeros gobiernos.
Por su parte, José Mujica representó una izquierda asociada a la austeridad personal, la ampliación de derechos civiles y una menor confrontación política. Durante su presidencia donó cerca del 90 % de su salario, convirtiéndose en un símbolo internacional de sobriedad política. Bajo los gobiernos del Frente Amplio, Uruguay legalizó el aborto, el matrimonio igualitario y la marihuana, mientras la pobreza cayó de forma sostenida durante más de una década.
La nueva izquierda latinoamericana ha incorporado con más fuerza la crisis climática, la transición energética y las disputas tecnológicas. En Colombia, Gustavo Petro ha impulsado una agenda centrada en la justicia ambiental y la descarbonización, proponiendo frenar nuevos contratos de exploración petrolera. Sin embargo, varias de sus principales reformas han sido bloqueadas en el Congreso, reflejando las tensiones entre su proyecto político y el sistema institucional colombiano. Aun así, su favorabilidad ronda el 45,8 %.
En México, Andrés Manuel López Obrador consolidó un proyecto de nacionalismo energético apoyado en el fortalecimiento estatal de la refinación y la infraestructura petrolera. La refinería de Dos Bocas implicó inversiones cercanas a los 11.000 millones de dólares y sus conferencias de prensa diarias ayudaron a sostener niveles de aprobación superiores al 60 % durante buena parte de su mandato. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, aporta un perfil más técnico y climático. Tiene doctorado en ingeniería energética, participó en el IPCC, organismo que recibió el Nobel de Paz en 2007, y ha impulsado metas concretas de transición energética, como alcanzar un 35% de generación renovable para 2030.
En ese panorama regional es donde un eventual mandato de Iván Cepeda podría buscar un lugar propio. Pero para entender ese horizonte político hay que mirar de dónde viene su trayectoria.
Frente a buena parte de la tradición política colombiana, Iván Cepeda Castro representa una trayectoria marcada menos por las élites económicas o militares que por la violencia política contra la izquierda y los movimientos sociales.
Su historia está atravesada por el exterminio de la Unión Patriótica. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, fue asesinado el 9 de agosto de 1994 en un crimen por el cual el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010. Tras el asesinato, su familia partió al exilio en Francia. Esa experiencia marcó buena parte de su formación política y personal.
Criado entre el exilio, la militancia y la defensa de derechos humanos, Cepeda construyó una trayectoria distinta a la de otros liderazgos progresistas latinoamericanos. No proviene de estructuras militares como Hugo Chávez, ni del sindicalismo que impulsó a Lula, ni de las guerrillas que marcaron parte de la vida política de José Mujica y Gustavo Petro. Su capital político surgió principalmente del activismo por las víctimas, la memoria y la denuncia de la violencia estatal.
Fue cofundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organización que ha documentado crímenes cometidos por agentes estatales y estructuras paramilitares. Desde allí impulsó denuncias sobre el genocidio contra la Unión Patriótica, que dejó miles de asesinados, desaparecidos y exiliados.
Su trayectoria también ha estado ligada a los procesos de paz. Participó como facilitador en los diálogos con las FARC-EP y el ELN, y posteriormente respaldó la política de Paz Total impulsada por el gobierno Petro. A lo largo de su carrera parlamentaria, buena parte de su agenda se ha concentrado en derechos humanos, paramilitarismo, víctimas y justicia transicional.
De la corrupción al desarrollo territorial
Corrupción. Foto: Omar Vera.
La visión política de Cepeda parte de una lectura particular del Estado colombiano: no solo como una institución debilitada por corrupción, sino como una estructura históricamente atravesada por redes de violencia, clientelismo y captura regional del poder.
Por eso su propuesta económica no gira únicamente alrededor de la transición energética. También plantea desmontar mecanismos históricos de concentración económica y política fortaleciendo circuitos productivos regionales menos dependientes de intermediarios financieros, economías extractivas y estructuras clientelares.
De ahí propuestas como el Banco del Pueblo, orientado a ampliar el acceso al crédito popular; el fortalecimiento del cooperativismo; la inversión en vías terciarias para conectar regiones aisladas; y mecanismos de financiamiento dirigidos a pequeños productores, campesinos y economías locales.
Más que una “autarquía”, su propuesta apunta a una descentralización territorial del desarrollo. La apuesta no es cerrar la economía, sino reducir la dependencia de estructuras extractivas y de redes políticas y financieras que históricamente han concentrado recursos y poder en pocas manos.
En esa lectura, la lucha contra la corrupción no aparece solo como un problema moral o administrativo. Se convierte en una disputa por desmontar estructuras de captura del Estado que, durante décadas, se alimentaron de la guerra, el clientelismo y la concentración económica.
Por un lado está Paloma Valencia, representante de una tradición política conservadora vinculada al uribismo y a sectores históricos de poder regional. Su abuelo, Guillermo León Valencia, gobernó durante la consolidación de la doctrina contrainsurgente en Colombia. Bajo su mandato se expidió el Decreto 3398 de 1965, antecedente jurídico de estructuras civiles armadas que posteriormente alimentarían el paramilitarismo. Durante su gobierno también se desarrolló la Operación Marquetalia, una ofensiva militar contra comunidades campesinas que, según distintas investigaciones históricas, incluyó bombardeos con napalm y que terminó alimentando el surgimiento de las FARC-EP.
En esta campaña, sus declaraciones han sido más de respuestas altisonantes que propuestas y compara las realidades disímiles . Un ejemplo es la respuesta que dio a la afirmación del ministro de Salud de que: «los ricos también lloran». Ella respondió: «Los ricos no lloran. Los ricos, cuando usted les pone muchos impuestos, se van. ¡Se van! ¿Sabe cuántos megaricos se han ido de este país? 6.000» . Y comparó la situación con Venezuela: «Cuando uno destruye su sector privado, cuando uno destruye la posibilidad de que haya riqueza, lo que nos queda es la pobreza» .
Por el otro lado está Abelardo de la Espriella, un abogado que ha construido carrera y fortuna defendiendo a algunos de los personajes más cuestionados del país. Defendió a David Murcia Guzmán, condenado por la pirámide DMG que afectó a más de 200.000 personas y terminó extraditado a Estados Unidos. Su nombre también ha aparecido en investigaciones relacionadas con sectores del narcoparamilitarismo en Córdoba y con figuras vinculadas al entramado financiero del chavismo.
Además, investigaciones periodísticas revelaron transferencias por más de 370.000 dólares provenientes de empresas vinculadas a Álex Saab, señalado como operador financiero del gobierno de Nicolás Maduro y procesado en Estados Unidos por lavado de dinero. Los documentos divulgados incluyen registros bancarios, correos y cartas firmadas relacionadas con esos movimientos financieros.
A lo largo de los años, De la Espriella ha convertido casos mediáticos y figuras controvertidas en parte central de su proyección pública, construyendo una imagen de “outsider” y “abogado estrella” mientras mantiene relaciones con sectores tradicionales del poder económico y político colombiano.
La disputa alrededor de Iván Cepeda no gira únicamente alrededor de una candidatura. También expresa una discusión más profunda sobre el rumbo de las izquierdas latinoamericanas después del agotamiento del ciclo extractivo de la Marea Rosa. Entre el estatismo petrolero, la socialdemocracia de conciliación y las nuevas agendas climáticas, Cepeda intenta construir una izquierda centrada en el territorio, menos dependiente de la renta, y más enfocada en redistribuir poder económico y político desde abajo.
Y frente a él no solo aparecen adversarios electorales, sino sectores políticos y económicos que históricamente han gobernado el país mediante la concentración de la tierra, la guerra, el clientelismo y las alianzas con poderes regionales. El 31 de mayo, Colombia no solo elegirá entre candidatos, escogerá entre profundizar un modelo histórico de concentración y violencia, o profundizar la posibilidad de otro proyecto político para el país.
En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.
La decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de octubre ha provocado fuertes reacciones y ha sido interpretada como un paso hacia la anexión total del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Sin embargo, esa lectura es engañosa. El plan de autonomía marroquí que Estados Unidos ha impuesto en el Consejo de Seguridad, se basa en el anterior Plan de Paz de James Baker, en el que el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui sigue siendo un pilar fundamental.
No es evidente que un incremento del salario mínimo aumente la inflación. De hecho, la gráfica que aquí se presenta sugiere lo contrario: cuando el salario mínimo real aumenta la inflación baja. La tendencia fue confirmada con correlaciones estadísticas. Esto aparentemente no tiene sentido.
Tras varios episodios de violencia ocurridos en el mes de octubre en distintos centros penitenciarios del país, que dejaron a varios funcionarios fallecidos y otros gravemente heridos en ciudades como Armenia, Bello, Bogotá y Palmira. Las autoridades han implementado una serie de medidas en respuesta a estos hechos de violencia.
Mediante los boletines informativos 092, 093, 094 y 095 de octubre de 2025, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Colombiano (Inpec), informó de las medidas extraordinarias de seguridad. Según los boletines oficiales, las disposiciones incluyen la suspensión de visitas, la prohibición de las labores comunitarias realizadas por personas privadas de la libertad y la interrupción provisional de traslados y remisiones. Estas acciones regirán para los centros penitenciarios de Bogotá y el departamento del Valle del Cauca, no obstante, pueden ser extensivas a todo el territorio nacional.
A estas disposiciones se sumó la implementación de operativos simultáneos en 123 cárceles del país, según boletín 094 del Inpec: “interviniendo 134 pabellones en los que fueron requisadas 21.000 personas privadas de la libertad”. Sin embargo, la medida que más preocupa y genera incertidumbre entre las personas privadas de la libertad, es la estrategia de fortalecer la seguridad de miembros del Inpec con adquisición de armas de uso personal, está táctica se realiza en articulación con el Instituto Nacional de Industria Militar (Indumil), empresa del Estado colombiano.
Para las personas privadas de la libertad resulta cuestionable una estrategia que promueve: ferias de adquisición de armas, benéficos y descuentos en la compra de armamento, permisos otorgados a los funcionarios con una excepción especial, capacitaciones sobre porte responsable, y manejo seguro de armas. Esta iniciativa provoca dos preguntas: ¿armar los funcionarios soluciona los ataques contra ellos provenientes de mafias instaladas con participación del Inpec? ¿castigar a todos y todas las reclusas soluciona un problema estructural?
Para la población privada de la libertad resulta incongruente dotar de armas a un cuerpo de servidores civiles dedicado a la custodia y administración penitenciaria, considerando los altos riesgos que esto conlleva y la experiencia previa que demuestra los peligros de armar a civiles para que se defiendan así mismos.
Pensar en personas del Inpec armadas custodiando las filas de visita, en la mayoría de casos compuestas por mujeres, niños y niñas, y que se presente algún inconveniente genera ansiedad. Y preocupa que grupos al interior del Inpec que participan de la corrupción, el tráfico de sustancias, objetos, y artefactos prohibidos dentro de las prisiones, ahora tenga acceso a armamento en descuento.
¿Violar derechos fundamentales para proteger al Inpec?
Foto: Inpec
Estas medidas son un castigo colectivo para las personas privadas de la libertad y sus familias, y no nos llamemos a engaño, cancelar de forma arbitraria las visitas de más de 10.000 personas constituye una clara violación de sus derechos fundamentales y los de sus seres queridos.
No es nada más que una demostración de poder, de dominio y de la capacidad para someter y ejercer sufrimiento. Es castigar a personas que ya habitan en el castigo, que son profundamente vulnerables y que se encuentran en una situación de total indefensión. En concreto, las medidas militaristas y autoritarias del Inpec se traducen en la cotidianidad de las personas privadas de libertad de la siguiente manera:
Al impedir el ingreso de entidades de control como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, se elimina por completo cualquier veeduría sobre aspectos cruciales como la alimentación, el servicio de salud, el trato por parte de la guardia y, en general, las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Este vacío de verificación permite que las empresas contratadas a través de la tercerización para prestar estos servicios se aprovechen, entregando comida en mal estado, mal preparada o a deshoras.
Si en condiciones normales el proceso para que las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos ingresen a los establecimientos penitenciarios ya es largo y burocrático, con estas medidas se vuelve imposible. Esto no solo frena la supervisión externa, sino que también interrumpe los procesos organizativos; como las organizaciones defensoras de derechos humanos, las que acompañan prisioneros y prisioneras políticas, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema del Estado de cosas inconstitucional dentro de las prisiones, o las organizaciones que trabajan temas de género y violencia; que se gestan al interior de las cárceles y que vienen trabajando desde hace años con las personas privadas de la libertad por la defensa de su dignidad.
Cárcel la Picota -Foto: Andrés Gómez
La suspensión de traslados y remisiones vulnera derechos fundamentales. Con esta medida, se les niega a las personas privadas de la libertad tanto el derecho a la visita íntima como a la salud, especialmente en los casos donde su integridad física depende de asistir a citas médicas, exámenes o intervenciones especializadas al centro médico extra mural.
El aumento de operativos en las cárceles incrementa drásticamente el riesgo de que se cometan actos de tortura y malos tratos durante estas intervenciones. La evidencia demuestra que el Inpec dista mucho de ser la institución respetuosa de los derechos humanos que dice ser.
Por último, sus políticas no oficiales, pero legítimas, son las del miedo y el dolor. Suspender las visitas familiares implica mucho sufrimiento para las personas privadas de su libertad y sus seres amados. En muchas ocasiones, y en especial en los establecimientos penitenciarios ubicados en Bogotá, se alberga a personas de todo el país. Las familias hacen grandes esfuerzos económicos y logísticos para visitar a sus mamás, papás, hermanas o hijas; hacer este esfuerzo para no poder verles es un acto de infamia.
Un ejemplo concreto ocurrió el martes 14 de octubre en la cárcel de Mujeres El Buen Pastor. Allí, 50 mujeres privadas de la libertad, que llevaban años sin ver a sus hijos e hijas, tenían programado un encuentro para poder abrazarles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con otras mujeres privadas de la libertad solidarias, habían gestionado todos los permisos, había ilusionado a los niños con la idea de ver a sus madres, e incluso había organizado la comida y el entretenimiento para ese día. Sin embargo, todo fue cancelado de forma abrupta.
Lo más grave es que ya había familias viajando desde departamentos lejanos como Casanare y Bolívar hacia Bogotá. La incidencia de las familias y de la CIDH no se hizo esperar pero tomó dos semanas para que finalmente se realizara el 28 de octubre.
Además de todo lo que ya está ocurriendo, existe el riesgo de que, una vez superada la emergencia, algunas de estas medidas funestas se mantengan de manera indefinida. Esto ya sucedió en 2022 tras la pandemia de COVID-19, cuando se implementaron varias restricciones que permanecen actualmente. Por ejemplo, se prohibió la entrada de comida casera una vez por semana en el día de visitas. Asimismo, en la cárcel de Mujeres El Buen Pastor, se espaciaron las visitas a solo una vez cada 20 días y con una duración máxima de 3 horas, cuando antes se permitían cada 8 días por hasta 7 horas.
La sujeción total a las instituciones que nos vigilan y controlan hace que organizarnos, denunciar o exigir nuestros derechos conlleve el riesgo de sufrir más castigos y malos tratos. Que el sentido común dictamine que quienes habitamos las cárceles somos monstruos y malas personas, no hace que esto sea cierto. Las personas privadas de la libertad somos, ante todo, una población vulnerable.
Toda esta situación, más que respuestas, nos genera muchas preguntas: ¿Son estos lugares instrumentos de guerra contra las personas empobrecidas y marginalizadas? o ¿Por qué será que el rico nunca entra en la cárcel, y el pobre nunca sale?
A principios de este año, en una inesperada divergencia de la retórica de política exterior predominante durante mucho tiempo en presidentes de ambos partidos, Donald Trump pronunció un discurso en Riad criticando a los intervencionistas, a los neoconservadores y el hábito de Estados Unidos de bombardear países de Oriente Medio: «Al final, los llamados ‘constructores de naciones’ destrozaron muchas más naciones de las que construyeron», dijo, «y los intervencionistas estaban interviniendo en sociedades complejas que ni siquiera ellos mismos entendían».
El lucrativo negocio de las drogas y la falta de políticas de prevención de consumo, ha ocasionado que las 22 millones de personas adictas a la cocaína junto con las mafias transnacionales, propicien la deforestación y la contaminación por productos químicos en la Amazonía. Pero esta demanda no es la única amenazas que enfrenta el bosque húmedo más biodiverso del mundo y único capaz de absorber gran parte del dióxido de carbono que produce el planeta; la demanda de oro también es un amenaza que pone en riesgo a la la Amazonía y su biodiversidad de fauna, flora y cuerpos de agua, lo que aumenta la degradación de un ecosistema vital ante el calentamiento global y agrava el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas que lo han habitado durante miles de años.
¿Cómo es posible que los emberá soporten tanto frío bajo los plásticos que apenas los cubren de la lluvia? Me lo preguntaba cada vez que pasaba por el Parque Nacional, viéndolos aguantar las heladas noches bogotanas. ¿Cómo resisten? la respuesta es fría como Bogotá. Los emberá han resistido siglos de violencia y exclusión que no se detienen y que ahora los obliga a buscar refugio en ciudades frías como Bogotá, a pesar de que son oriundos de geografías cálidas. Aquí, en las calles de Bogotá la lucha por sobrevivir continúa peleando por algo básico como un lugar digno para habitar.
Desde el año 2020, miles de personas emberá de diversos pueblos han huido de la violencia, el extractivismo y la pobreza que asolan sus tierras en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. El ciclo interminable, iniciado a finales del siglo XX, de desplazamientos y retornos entre las ciudades y las comunidades del Alto Andágueda, es el testimonio amargo de un conflicto armado que no ha encontrado solución.
En un acto de desesperación, en 2021, las familias emberá ocuparon el Parque Nacional, exigiendo al gobierno nacional y a la alcaldía de Bogotá una respuesta: un lugar seguro para vivir. Más de 1.500 indígenas se plantaron frente a la indiferencia del Estado en ese año, con la esperanza de que las promesas de cambio no fueran otra ilusión más. A pesar de pequeños avances en 2021 y 2022, las condiciones en los albergues seguían siendo insoportables, mientras la violencia en sus territorios los empujaba de nuevo hacia la incertidumbre.
En mayo de 2022 las comunidades abandonaron el Parque Nacional por grupos tras más de siete meses de ocupación. En octubre de 2023, 100 personas regresaronal Alto Andágueda debido a las pésimas condiciones de los asentamientos. La situación, para quienes se quedaron empeoró tras la orden de desalojo en la Unidad de Protección Inmediata (UPI) La Rioja, en el centro de Bogotá, donde los indígenas enfrentaban hacinamiento y problemas de salud e infecciones respiratorias.
A octubre de 2024, las tensiones persistieron, a pesar de ambiciosas políticas públicas y un aumento en la inversión para las comunidades indígenas. Los problemas de fondo continúan sin resolverse, el retorno previsto para julio, y que involucró a más de 900 personas, tuvo que ser reprogramado. Lilia Solano, Directora de la Unidad para las Víctimas, en rueda de prensa ofrecida en el Parque Nacional, el 8 de septiembre del 2024, afirmó: “Buscamos las mejores condiciones en el territorio ancestral para garantizar los principios de dignidad y seguridad para todas las familias”.
El Turbión tuvo acceso a información que indica que la Unidad de Víctimas ya había intentado otros diez retornos, con una inversión superior a $6.300 millones de pesos.
II
Montañas del Alto Andágueda – Foto de: C. Traven
El 6 de septiembre de 2024, una vez más, Bogotá se convirtió en el escenario de promesas que, como tantas otras veces, brillaban en los despachos pero se desvanecían en las montañas. Me encontraba allí, viendo cómo el undécimo retorno de los emberá, gestionado por la Unidad para las Víctimas y el Distrito, con un presupuesto de $609.821.238, se iniciaba con flashes de cámaras y micrófonos de prensa.
Los funcionarios del Distrito y del gobierno nacional se apresuraban a repartir compromisos llenos de buenas intenciones, pero la profundidad de la deuda histórica con los emberá seguía intacta. Mientras las firmas se estampaban en documentos y las cámaras capturaban sonrisas forzadas, me preguntaba si alguien se detenía a observar la realidad: esos pactos, que en teoría debían ser puentes hacia un futuro mejor, parecían más bien caminos inciertos.
Al día siguiente, el 7 de septiembre, todo lo que presencié confirmó lo que muchos sabíamos. El mismo patrón de dominación que ha persistido durante siglos se repetía. Las filas, los listados, los «chulitos» en las planillas, todo seguía el ritmo de un espíritu neocolonial que no ha desaparecido. Parecía más un acto de limpieza y orden para Bogotá que una búsqueda de justicia y reparación para las personas emberá.
Sacar a los desplazados emberá del Parque Nacional y enviarlos de vuelta al Andágueda es una acción que resonaba en la historia: desde el siglo XVI, cuando los colonizadores españoles llegaron por primera vez, hasta hoy, el Alto Andágueda ha sido su refugio, un espacio que antes de la conquista no era más que selva y montaña.
El 8 de septiembre, los buses partieron desde Bogotá, llenos de personas emberá, promesas vacías y raciones de comida para el largo trayecto. Las mismas empresas que en el día proporcionaron almuerzos, ahora repartían cenas y desayunos para el viaje hacia Pueblo Rico, en Risaralda. Vi cómo los emberá, cansados pero con algo de esperanza, dejaban atrás la indiferencia de la capital, aunque quizás, sea solo por un tiempo.
Mientras tanto, en las redes sociales, los comentarios racistas de funcionarios y políticos no cesaban. Las narrativas ideologizadas asociaban a los emberá con el gobierno del cambio, como si Petro fuera uno de ellos o como si todos los emberá fueran petristas. Para algunos, las personas emberá eran sólo algo que se debían «barrer» del Parque Nacional ya que, su presencia era una molesta.
Para Lilia Solano, directora de la Unidad, apoyar el retorno de las personas emberá fue una cuestión de alegría: «Ellos van contentos, como quien regresa a su casa», sin embargo, la realidad es que la Unidad para las Víctimas apoyo un retorno sin las condiciones.
Los titulares en la prensa fueron tan fríos como predecibles: «Inició la limpieza del Parque Nacional en Bogotá tras la salida de los indígenas emberá», titulaba El Tiempo el 9 de septiembre. Leí con incredulidad cómo se hablaba de «43 toneladas de basura», como si la salida de los emberá fuera comparable a la eliminación de desechos.
Durante los siguientes dos meses, de octubre a noviembre, el parque permanecerá cerrado, en lo que llamaron una «restauración». Mientras leía, me preguntaba: ¿Qué se supone que están recuperando? ¿De qué están restaurando al parque?
Ese 8 de septiembre, los buses siguieron su recorrido por «La Línea», adentrándose en las montañas del Tatamá, donde la geografía y la historia se entrelazan. Estas tierras han sido un símbolo de lucha y dolor para los emberá desde tiempos antiguos. En 1596, los colonizadores intentaron establecer el Poblado de San Agustín de Ávila cerca del río San Juan, pero, como en tantas otras ocasiones, los antepasados de los emberá resistieron y destruyeron el asentamiento.
La historia se repetía en mi mente mientras los emberá continuaban su viaje hacia el Alto Andágueda. Desde el siglo XVII, cuando destruyeron las misiones franciscanas y se retiraron a las cumbres, este territorio ha sido su refugio. Ahora, en 2024, más de 600 personas de 271 hogares emberá llegaban de nuevo a Pueblo Rico. Aquí, mientras se les contaba y se les entregaban las ayudas humanitarias y el dinero prometido: $754.000 pesos por familia cada cuatro meses, me di cuenta de que lo que para algunos parecía un alivio temporal, para ellos no era más que la continuación de una lucha interminable: la lucha contra un sistema que los ha marginado desde siempre.
Entre 2021 y 2023, la Unidad para las Víctimas facilitó el retorno de más de 3.000 personas emberá a sus territorios, pero las causas profundas de su desplazamiento no se abordaron. Ramón Rodríguez, exdirector de la Unidad, lo reconoció: «Aunque se garantizó el traslado y la atención humanitaria, persisten desafíos en la implementación de proyectos productivos que permitan un retorno sostenible».
Gustavo Petro prometió, en agosto de 2022, abordar los problemas de raíz, como la falta de reconocimiento de derechos territoriales y la violencia. Sin embargo, Patricia Tobón, exdirectora de la Unidad, señaló que las soluciones seguían siendo superficiales, como la entrega de viviendas, y no se abordaban los problemas estructurales que impiden el desarrollo de las comunidades emberá.
Un retorno sostenible, decía Tobón, requiere inversión en infraestructura, el fortalecimiento de capacidades locales y, sobre todo, garantías de seguridad en los territorios ¿Cómo se puede hablar de un retorno digno cuando todo parece diseñado para fallar?
Dos años después, Favio Arias, retornado y líder emberá envía un mensaje al presidente Gustavo Petro desde de parte de la gente emberá retornada al Andágueda y demanda condiciones para sostenerse:
(…) nosotros queremos usted también como gobierno nacional que se comprometan antes de dos meses, necesitamos de una vivienda, proyecto productivo, gobierno propio, educación, salud, entonces muchísimas gracias, presidente
III
Descenso hacia el río Conondo que luego se cruza con el río Andágueda – Foto: C Traven
Después de los «chulitos» en las listas, pocas cosas quedaban por entregar y aún menos familias seguían su camino. Pueblo Rico se convirtió en un simple punto de distribución, donde los emberá se preparaban para dirigirse a más de quince puntos en el Alto Andágueda: Alto Torque, Arenales, Bajo Gito, Chifa, Dokabú, Guayabal, Kemberdé, La Palma, Las Torres, Ocordó, Paparidó, Santa Marta, Aguasal, Alto Muindó, Cascajero, Irakal, Paságueda y Río Colorado.
Se esperaba que la siguiente estación fuera «Agüita», donde una ambulancia y un pequeño equipo médico recibirían a las personas. Sin embargo, la descoordinación logística de la Unidad para las Víctimas cambió el punto de encuentro a Conondo, un lugar a 500 metros más allá de la enigmática Aguasal, “la capital del Andágueda”.
Este caserío, visible desde la distancia como una mancha en medio de las montañas, es conocido por un gigantesco edificio verde y amarillo que, en contraste con los tambos tradicionales de los emberá, es un internado que carga con leyendas oscuras. Dicen retornados y habitantes que el Cura Betancourt raptaba a los niños emberá, escondiéndolos allí y matando a aquellos que no aceptaban el cristianismo.
Durante los días 10 y 11 de septiembre, alrededor de 160 familias continuaron su camino hacia el Alto Andágueda. Para algunos, el retorno representaba una oportunidad, al menos en términos económicos. Las empresas transportadoras privadas, los proveedores de alimentos y otros operadores de Bogotá obtuvieron beneficios. En el restaurante de Doña Ceci, almorzamos. Allí, en un ambiente que olía a hogar pero también a desigualdad, con un dueño blanco paisa y cocineras afrodescendientes, nos dimos cuenta de cómo la dinámica económica funcionaba a favor de unos pocos.
Más allá de Pueblo Rico, las tiendas y restaurantes seguían aprovechando la situación. Vimos cómo vendían enlatados, dulces, cigarros, licores e incluso plátanos a los emberá recién llegados. El dinero de ayuda humanitaria ya había sido entregado, especialmente a los hombres emberá, y algunos ya lo habían gastado en licor, pocas mujeres recibieron dinero de sus maridos para los gastos que se avecinaban, y los tenderos aprovechaban la situación para vender aguardiente y viche con un sabor más parecido a la gasolina que a otra cosa.
En medio de los festejos, la música de cantina resonaba en el aire. Los emberá no se han dejado influir por la música urbana, sin embargo, esa noche solo se escucharon tres canciones en su lengua propia, lo que demuestra la grave situación cultural y de preservación de sus usos y costumbres. En las cantinas, el desorden no lo causaban los borrachos, aunque las cicatrices en los rostros, cuellos y brazos de muchos hombres sugerían que la violencia entre ellos es común. En realidad, el «desorden» sancionable lo generaban los niños emberá, corriendo con carritos, balones y bicicletas. En un momento, uno de ellos atropelló al tendero del «barrio peligro», donde nos alojábamos. El niño terminó castigado, azotado y encerrado en un calabozo.
Un emberá, visiblemente borracho acosó a una funcionaria de la Unidad:
—Quiero compartir amor contigo… ven, vamos —dijo él, con tono jocoso.
—Oigan al otro, váyase a dormir, a ver —respondió ella, claramente incómoda.
Y mientras observaba estas escenas, en medio de una realidad tan cruda, me pregunté:
¿Cómo se supone que este retorno sea un éxito si todo parece funcionar en beneficio de unos pocos? ¿Qué significa realmente «retornar» cuando los problemas estructurales no se solucionan?
Esta parada me permitió aprender más que solo los apellidos de algunas personas Emberá que retornaban: Bitucai, Murrí, Batesa, Cerezo, Queragama, Palacio, Arce, Cintúa, Mulato y el conocido Tequia. Al observarlos, me di cuenta de que no solo había niños; también estaba presente mucha gente joven, cargada de proyectos, ambiciones y recuerdos de la ciudad:
Abel: Toca la guitarra, lo aprendió a hacer en Bogotá, es guardia, cultiva pero dice que no es suficiente, el plátano para la comida tarda mucho, ahí es cuando se necesita ayuda del estado.
Danilo: El traductor al emberá, ojos se dice “tau”, oreja se dice “gidi”, pelo “buda”, nariz “ú”, mujer linda, “michagri”, la barba del periodista, “iracara”, su abuelo fue el que le enseñó cuando sus padres lo abandonaron. Danilo llora recordando el día que le iba a enseñar a tocar el fututu, un antiguo instrumento de viento emberá, ese día que sopló “dejó la vida y se hizo viento”
Belisario: En octubre de 2021 perdió a su padre en un accidente de tránsito en Bogotá, que involucra al transmilenio y a la policía; en el retorno se convirtió en papá tras el nacimiento de su primer niño. De camino a cascajero lo picó una serpiente X, y sin suero antiofídico Belisario se puso bastante grave quedando a merced de los emplastos y los rezos del jaibaná.
Melkin a. Reiki: le gusta la música, canta vallenato pero no sabe tocar acordeón, habla y rapea en emberá katío pero con acento emberá chamí. Llegó hasta irakal por una ex mujer, ahora está con otra [los emberá tienen varias mujeres y las mujeres también tienen varios hombres.
Bersabela campo Queragama: va retorno a cascajero, estuvo cuatro años en Bogotá viviendo en el Parque Nacional y estaba feliz porque tenía comida, la que le daba la Unidad, la Alcaldía y la bienestarina de ICBF, dice que no le gusta retornar porque allá donde vive hay mucha guerrilla y la tierra no da para sembrar… “contrario lo que muchos piensan los katío cultivan, pero la tierra está herida y ya no da fruto”.
Los hijos de Bersabela: Libardo, en el bachillerato; Juan Pablo está en la universidad estudiando enfermería; Ipolito es un trabajador informal que los mantiene. Fidelia: va para Irakal, dice que para dónde va queda muy lejos, “muy cansado queda uno después de caminar tanto”, va con 2 hijos: niño y niña de 4 y 5 años, estaba viviendo en Bogotá hace dos años, no sabe cómo se siente si bien o mal, no quiere volver a Bogotá, eso sí lo tiene seguro, en Irakal está su familia, mucha familia. Robín: Está haciendo el grado décimo, es hijo de un líder indígena en Conondo, su español es bastante claro, la palabra en español que más pronuncia es “chimba” como “bacano” o “bueno”, tiene por muletilla la frase “si me entiende?” delatando la inseguridad de su comunicación, “yo soy de esta Tierra, dice, chimba, ¿sí me entiende?”
Es muy probable que tarde o temprano, regresen a la ciudad por las razones que siempre nos atan: familiares, amores, y la esperanza de un futuro mejor. La crítica fácil sería culpar a las instituciones de su falta de compromiso. Pero la verdad es más compleja. El problema no radica solo en la falta de inversión, sino en la ausencia de un verdadero compromiso con el bienestar de estas comunidades y el racismo estructural.
IV
Una pausa en el camino – Foto: C. Traven
El Alto Andágueda no es un territorio cualquiera. Cruzar el puente sobre el río Andágueda o nadar en el río Conondo se siente como recorrer las cicatrices de generaciones marcadas por la tragedia. Lo he sentido al avanzar por estos caminos. Las montañas, al igual que su gente, parecen llorar. Sus lágrimas forman ríos de color esmeralda que arrastran el dolor de las mujeres emberá, víctimas no solo de la violencia machista en sus hogares, sino también de un estado displicente que ha ignorado sus sufrimientos por dos siglos.
El trayecto hacia Alto Muindó, Cascajero, Irakal y Río Colorado no fue fácil, ni para las familias ni para los que les acompañamos. Cada paso era una prueba de resistencia. El terreno, con piedras filosas y pantanos de colores oscuros—negro, gris, rojo, naranja y amarillo—, parecía un calvario interminable. las personas avanzaban a pie o en mulas, y con cada paso se hacía evidente la indiferencia estatal.
Los que vinieron del Chamí al Alto Andágueda lo hicieron porque vieron que aquí podrían estar fuera del alcance de los «blancos». Demetrio, un guardia indígena, me cuenta mientras caminamos, que antes no había comunidades organizadas, que cada uno vivía con su familia en una pequeña parcela. Primero fue la guerra con los españoles, luego con los grupos armados y, finalmente, con el Estado, que los hacinó en zonas de montaña donde la tierra, herida por bombardeos y aspersiones, ya no da fruto. “Y si lo da… lo da pequeño y amargo”, añade entre resignación y dolor.
El retorno, anunciado con tanta pompa desde Bogotá, se desmoronaba con cada paso que dábamos. No solo el cansancio físico se hacía evidente, sino también la dura realidad que aguardaba a las familias. Las mulas, exhaustas, caían en el camino, y cuando finalmente logramos llegar a Cascajero, lo que temíamos se hizo realidad: no había viviendas nuevas. Las pocas que existían ya estaban ocupadas. La primera noche, las familias pudieron acomodarse con sus parientes, pero la situación se tornó más tensa al llegar el fin de semana. El viernes y el sábado, muchas se vieron obligadas a trasladarse a la escuela local, un albergue temporal sin agua potable y sin los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de los niños en época escolar.
Sin embargo, lo más inquietante fue el anuncio de que sólo podrían permanecer allí durante quince días. El mensaje, que inicialmente se susurraba entre algunos líderes, pronto se extendió y creó una palpable tensión. Las familias sabían que los funcionarios del gobierno, encargados de evaluar la situación y ofrecer alguna solución, no llegarían al territorio antes de un mes.
Quince días en la escuela significaba quedarse nuevamente a la deriva antes de que llegara alguna ayuda. El tiempo apremiaba y, aunque intentaban mantener la calma, la incertidumbre crecía con cada día que pasaba. ¿Qué harían cuando los desalojaran nuevamente? ¿A dónde irían si las promesas seguían siendo solo palabras en el aire? Aquí, no era solo el pantano lo que sofocaba, sino la desesperanza que se filtraba con cada gota de sudor. Las familias que habían dejado todo atrás, creyendo en la promesa de un retorno digno, encontraban nuevamente el vacío ¿Cómo es posible seguir caminando cuando todo parece diseñado para fracasar?
V
Cancha de la escuela de Conondo – Foto: C Traven.
El balance del viaje del 12 de septiembre, entre Conondo y Cascajero, que duró más de siete horas caminando sobre las montañas, fue una verdadera prueba de resistencia. Recuerdo a dos niños que llegaron con fiebre, y a un adolescente que presentó síntomas de paludismo, para quienes no había medicamentos disponibles. Doña Aurora, una mujer emberá de avanzada edad, se cayó de la mula. Mientras tanto, doña María Elena, otra de las retornadas, resbaló y se lesionó gravemente la pierna derecha. Belisario, quien se había convertido en padre durante el retorno, fue mordido por una serpiente al llegar tarde en la noche. En Cascajero, sin un centro médico disponible ni suero antiofídico, su familia y los rezos del jaibaná, junto con plantas sagradas, fueron la única esperanza para salvarlo.
El viernes 13, vi cómo las familias seguían llegando desde Pueblo Rico, muchas de ellas después de días sin recibir asistencia alimentaria. La situación, lejos de mejorar, empeoraba con cada paso.
Necesitamos que el gobierno cumpla los compromisos asumidos, si no recibimos apoyo adecuado en los próximos dos meses, podríamos tener que regresar a Bogotá.
Fabio Arias Estévez, autoridad de la Asociación de Cabildos Indígenas por Colombia.
Hablaba con una mezcla de frustración y esperanza, dejando claro que, aunque habían luchado tanto para regresar, sin proyectos productivos y medicamentos, la situación se volvería insostenible. Fabio detalló lo que necesitaban: inversión en cultivos de plátano y maíz, mejoras en la infraestructura educativa, y, sobre todo, un suministro constante de medicamentos.
El colegio, construido en 2016, seguía sin agua potable, ni instalaciones sanitarias adecuadas, y carecía de los recursos educativos mínimos, como computadoras y kits escolares.
«Necesitamos que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura intervengan para completar las infraestructuras y fortalecer nuestra cultura y lengua nativa», añadió con la voz de quien ha repetido estas demandas demasiadas veces.
El sábado 14 de septiembre, después de un largo trayecto, volví a Pueblo Rico. Una mujer emberá, de nombre Rosa —como mi abuela—, nos despidió con una plegaria, pidiendo que no olvidáramos a los indígenas. Su rostro reflejaba una mezcla de resignación y tristeza. Antes de partir, un guardia indígena me mostró un árbol. Allí, me dijo, fue donde Aminta, una mujer emberá, se había quitado la vida. Llevaba días desaparecida, y alguien la encontró colgada, cansada de la violencia que sufría a manos de su esposo.
Durante el camino de vuelta, mientras nos cruzábamos con más familias emberá que seguían su ruta hacia lo Alto del Andágueda, justo al borde del sendero, una tarántula del tamaño de mi mano se levantó ante nosotros. Negra, con destellos rosados en su abdomen, se movía con una lentitud engañosa, como si estudiara el terreno.
Los emberá, que han aprendido a reconocer espíritus malignos y animales que pueden traer mala suerte o incluso la muerte, la señalaron de inmediato. A veces, intentan apaciguar a estos espíritus, negociar con la naturaleza misma para evitar conflictos. Pero otras veces, simplemente hay que matar.
«Si esa araña pica a una mula o a una persona que ponga la mano allí para apoyarse», advirtió alguien «podría causar un desastre». Y en ese preciso momento, como si hubiera entendido nuestras palabras, la tarántula se tensó y se lanzó contra nosotros. Fue cuestión de segundos. Los emberá reaccionaron con una velocidad impresionante; no había tiempo para pensar en domesticar el peligro o apaciguar su presencia. Con palos y piedras, la araña fue abatida, cada golpe resonando en el aire húmedo, mientras el lodo bajo nuestros pies se mezclaba con el ruido seco de las piedras contra el suelo.
Epílogo
Esa araña me recordó al Estado que con lentitud engañosa promete y llena de veneno la esperanza de una comunidad. Los acuerdos se firman, las palabras que se pronuncian, todo parece hecho para tranquilizar, para hacer creer que el peligro está bajo control. Pero cuando menos lo esperamos, el Estado, como esa tarántula, se tensa y ataca, dejando a su paso desolación. Los emberá, al igual que con la araña, se ven obligados a reaccionar rápidamente, a defenderse con los pocos recursos que tienen, porque la ayuda que se les promete nunca llega en el momento que más la necesitan.
El retorno de los Emberá no es solo un viaje físico. Es un reflejo de un Estado que entrega kits de supervivencia pero no ofrece soluciones reales. Un Estado que, como esa tarántula, se mueve lentamente, pero cuando actúa, deja un rastro de incertidumbre y dolor. Para los emberá, la tierra que los vio nacer ya no es su hogar, sino un campo de batalla constante, donde la violencia de la naturaleza y el olvido del Estado son sus únicos compañeros. Las promesas del gobierno, hundidas en el lodo, dejan claro que este retorno no será el último. Porque las promesas vacías como las amenazas ocultas siempre terminan llevándolos al mismo lugar: al desarraigo, al hambre y a la miseria.
Adenda
Los desaciertos de la Unidad para las Víctimas parecen no tener fin. Mientras intenta coordinar a las entidades estatales para cumplir compromisos que ya de por sí están atrapados en la burocracia, persiste una actitud institucional que, con tintes racistas, solo aumenta los daños. En Caparrapí, Cundinamarca, la comunidad y las autoridades locales bloquearon la reubicación de los emberá Dóbida, rechazando su presencia y evidenciando la profunda desconfianza y falta de inclusión que caracteriza el proceso.
El pasado 4 y 5 de octubre, más de 1.500 sujetos de reparación colectiva se reunieron en Bogotá en lo que, en teoría, sería un espacio para la escucha y el reconocimiento. Sin embargo, el evento pronto se convirtió en un foro de denuncias sobre las malas condiciones de hospedaje, la escasez de alimentos y los numerosos problemas logísticos. Los representantes viajaron sin el apoyo emocional o psicosocial necesario, lo que una vez más puso en evidencia la revictimización a la que se enfrentan constantemente, ONU Derecho humanos se pronunció al respecto
Entre los asistentes, el pueblo emberá compartió su dolor, haciendo mención del asesinato de su líder Kimi Pernía, mientras que el exparamilitar Salvatore Mancuso, presente en el evento, pidió nuevamente perdón por el crimen. Algunos representantes emberá expresan sentirse instrumentalizados, recordando la lucha de Pernía contra la represa de Urrá y su impacto devastador en la vida y soberanía alimentaria de su comunidad, que aún resiente las consecuencias de esa intervención.
Lo que debería ser un verdadero compromiso con la reparación y la dignidad de estas comunidades se ha convertido en una serie de anuncios pomposos y promesas vacías. Los procesos, cada vez más engorrosos, no hacen más que confirmar su lucha interminable y el olvido que, generación tras generación, los ha condenado a la incertidumbre. ¿Hasta cuándo seguirán las comunidades víctimas de la violencia, especialmente las comunidades étnicas, pagando el precio de una reparación que, en la práctica, parece imposible?
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