19N: El paro nacional reunió a más de 70.000 personas
Más de 70 mil personas marcharon el jueves 19 de noviembre en las principales ciudades del país, en el primer paro nacional contra las políticas de Abelardo de la Espriella. La convocatoria, encabezada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), centrales obreras, estudiantes y organizaciones sociales, y respaldada por el Pacto Histórico y el expresidente Gustavo Petro, tenía como objetivo denunciar la Ley de Rescate Económico: una reforma tributaria y fiscal que el Gobierno radicó para cerrar un déficit fiscal proyectado de 9,4 % del PIB para 2027, el más alto de Latinoamérica según cifras oficiales.
Según el balance oficial del Gobierno nacional, en el paro participaron 55.000 personas, pero al parecer fueron muchas más quienes se tomaron las calles. El Turbión contó, solo en 14 ciudades, 70.800 personas.
En Bogotá, alrededor de 25.000 manifestantes colmaron la Plaza de Bolívar, pero más de 5.000 estudiantes no pudieron llegar a este punto de encuentro por ataques del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD). En Popayán, el apoyo al paro fue masivo con 10.000 personas en las calles; en Sincelejo, unas 8.000 personas recorrieron la ciudad, 5.000 de ellas en moto y con la camiseta de la selección Colombia. En Barranquilla, se registraron alrededor de 4.000 participantes, mientras que en Cali se movilizaron cerca de 3.500 manifestantes. En Armenia 3.000 personas pararon sus actividades y se sumaron en las calles, mismo número en el municipio El Bordo (Cauca), donde 3.000 campesinos se reunieron y fueron agredidos por 250 efectivos del ESMAD. En Ibagué, Neiva, Cúcuta, y Pasto, pese a la lluvia, las protestas congregaron a unas 2.000 personas en cada ciudad. En Medellín, Federico Gutierrez reportó 1.500 manifestantes; mientras que la gobernación de Nariño reportó que en Ipiales 600 manifestantes salieron a la calle, y en Tumaco 200.
La cifra de participantes del paro es difícil de determinar, porque no hay datos de ciudades como Montería, Bucaramanga, Pereira o Tunja, donde el ESMAD mediante la violencia no dejó salir a los estudiantes. Lo cierto es que la cifra oficial es mucho menor a la real.
El paro siguió en pie

Por la presión ciudadana y gremial, De la Espriella anunció el 16 de noviembre, en el marco de sus primeros cien días de gobierno, que no le gravará IVA a la canasta familiar. Días después, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó en el Congreso la retirada de otros puntos del proyecto: los impuestos a los insumos agropecuarios, a la medicina prepagada y a la comida de mascotas.
La retractación le sirvió de poco. El paro se mantuvo y más de 70.000 personas protestaron por las medidas que siguen en el texto y que empobrecen a la mayoría. Una de ellas es el incremento a los aportes al sistema de salud, gestionado por empresas privadas. Si el Congreso aprueba la ley tal como fue radicada, los trabajadores dependientes con ingresos superiores a dos salarios mínimos pasarían de cotizar el 4 % a entre el 5,5 % y el 8 %, y los independientes, del 12,5 % a entre el 13 % y el 15,5 %.
El proyecto también mantiene la reducción al gasto estatal, que significa despedir a la mitad de las personas que tienen contratos de prestación de servicios en 2027; además de un recorte del 20 % en la nómina de las entidades nacionales en 2028; el congelamiento de los salarios públicos a la inflación; y facultades extraordinarias por seis meses para que el presidente suprima, fusione o escinda entidades. Además, la Ley ordenaría vender inmuebles públicos considerados improductivos a través de la Sociedad de Activos e Inversiones (CISA), medida que liquidaría activos del Estado. Todas estas medidas causarían despidos y recortes en servicios sociales.


En la calle, las consignas no se limitaron a la ley. Las pancartas, disfraces y arengas llamaron también a recordar la posibilidad de fraude electoral, la protección del agua, la biodiversidad, el territorio, las tierras raras y los minerales de interés nacional.

Los manifestantes también incluyeron también cuestionaron a Ana Lucía Pineda, esposa de De la Espriella, quien cien días después del terremoto, no ha aclarado cuánto dinero entró a la fundación que preside y qué ha hecho con esos recursos, y ha desacatado la orden de el Juzgado 126 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, que ordenó el 6 de noviembre a la fundación Colombia Luz y Sonrisas publicar en 48 horas las cuentas detalladas de las donaciones.
Violencia policial el 19N

Ivón Parra Díaz, de 28 años, murió en El Bordo, municipio de Patía (Cauca). Según familiares y defensores de derechos humanos, citados por Colombia Informa, la causa fue la asfixia por los gases lacrimógenos lanzados por el ESMAD. El medio informa que la Policía se negó a dialogar y a abrir un corredor humanitario y cuando Ivon Parra finalmente llegó a un hospital, murió horas después por dificultad respiratoria.
La Coordinación de Organizaciones Sociales del Cauca denunció, además siete heridos por balines de armas recalzadas en Popayán y seis en El Bordo, y denunció que De la Espriella ordenó militarizar el departamento sin solicitud del alcalde ni del gobernador.
Por su parte, el Observatorio sobre el Costo Humano de la Guerra documentó 12 casos de vulneraciones durante el paro, entre ellos intervenciones que afectaron a universitarios: la Universidad Nacional y la Pedagógica en Bogotá, la Universidad del Cauca en Popayán y la UPTC en Tunja, donde dos jóvenes fueron presuntamente arrollados durante la marcha. También se registraron enfrentamientos y gases en Cajibío, en la vía Panamericana; gases y granadas aturdidoras con afectaciones respiratorias en Barranquilla; una intervención para despejar un corredor vial en Bucaramanga; e intimidaciones denunciadas por manifestantes en Soacha.

En Bogotá, el monitoreo de Trazos registró tensión en la carrera Séptima, la avenida Calle 26, la NQS y sectores del sur de la ciudad, con más de 15 agresiones a defensores de derechos humanos, cuatro detenciones arbitrarias cerca del Museo Nacional y el entorno de la Universidad Nacional, y más de 10 afectaciones por armamento no letal, además de fallas de protocolo como la falta de identificación de los mandos operativos.
Las más de 70.000 personas y cientos de organizaciones sociales que participaron del paro en todo el país, entregaron a De la Espriella un mensaje claro: hay contundencia en el rechazo a las medidas de la Ley de Rescate Económico. Por su parte, De la Espriella dio otra respuesta, su gobierno se caracterizará por minimizar la respuesta del pueblo organizado y la brutalidad policial

En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.


