14 de abril de 2010
La Fiscalía ha revelado que en sus investigaciones sobre el grupo G3 del DAS, ha descubierto que este organismo realizaba labores de espionaje, hostigamiento e intimidación de manera sistemática a decenas de opositores al gobierno Uribe, periodistas, magistrados, abogados, congresistas y miembros de organizaciones internacionales. Las acciones delictivas que el ente investigador imputa a los miembros de la entidad van desde seguimientos e interceptaciones telefónicas y de cuentas de correo electrónico hasta la consecución de estrategias para desarticular organizaciones e intimidar a opositores. Estas denuncias confirman las acusaciones que, desde hace más de un año, medios como El Turbión realizan sobre las funciones de policía política del DAS, que, desde el G3 y otros grupos nunca legalizados mediante acto administrativo, han perseguido la opinión como delito, usando prácticas terroristas propias de Estados totalitarios y represores.
La Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema de Justicia considera que el G3 fue “conformado con la finalidad indeterminada de cometer delitos contra organizaciones y personas opositoras del gobierno”. Documentos en poder de la prensa, que hacen parte de los argumentos de la Fiscalía en el caso, al igual que pruebas incautadas en las oficinas del DAS, indican que la Casa de Nariño sabía de las acciones del G3.
Acciones sistemáticas
Parte del material incautado fue filtrado al periodista Antonio José Caballero, que las hizo públicas a través de Juan Gossain, director de noticias de RCN Radio. En los documentos que hoy se hacen públicos, se habla de las operaciones “Amazonas”, “Transmilenio”, “Bahía”, “Halloween”, “Arauca”, “Intercambio”, “Europa”, “Risaralda” e “Internet”, cuyos objetivos eran: desinformar a la población sobre los detractores del gobierno, generar división en los movimientos de oposición, impedir la materialización de escenarios convocados por opositores y propiciar un ‘transbordo’ ideológico.
Las pruebas involucran al DAS en ambientar políticamente la reelección a favor de Uribe, lo que seguramente salpicará a altos funcionarios de la Casa de Nariño y al saliente presidente. Uno de los documentos filtrados a la prensa dice:
DAS Dirección General de Inteligencia, Subdirección de Operaciones, 2005.
Operación Amazonas:
Objetivo: promover acciones en beneficio del Estado para elecciones
de 2006.
Blancos:partidos políticos opositores al Estado y Corte Constitucional.
Frente Social y Político, Carlos Gaviria: generar vínculos con FARC. Partido Liberal, Piedad Córdoba: generar vínculos con las AUC. Serpa: generar vínculos con el ELN. Petro: generar vínculos con FARC. Navarro: generar vínculos con M19 y narcotráfico. Borja: Infidelidad sentimental. Samuel Moreno: desfalcos financieros.
Otras operaciones que citan los periodistas Caballero y Gossaín permiten ver la persecución a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la oposición:
Operación Risaralda:
Objetivo: generar división entre altos funcionarios de Redepaz, Ana
Teresa Bernal.
Desprestigio y sabotaje: comprobar actividades ilícitas de funcionarios para obtener prebendas económicas por obtención de asilo político. Comunicados desvinculación de protección del DAS.
Operacion Halloween:
Objetivo: concientizar sobre la ideologia comunista.
Estrategia: desprestigio. Libros 10.000, 7620 entregados.
OperaciónTransmilenio:
Objetivo general: neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG en Colombia y el mundo.
Objetivo específico: vínculo con organizaciones terroristas para judicialización.
Operacion imprenta: impedir la edición de libros EA y otros.
Estrategias sabotaje y presión: camiones de distribución, guerra jurídica.
Operación Arauca:
Objetivo: establecer vínculos entre el CCAJAR [Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo] y el ELN.
Acción: sabotaje, intercambio de mensaje con cabecilla que será encontrado en documentos.
Organizaciones internacionales fueron también objeto de persecuciones:
Operación Intercambio:
Objetivo: neutralizar influencia de opositores en Cumbre
Interamericana de DDHH en Costa Rica, mediante alianza con servicios extranjeros, guerra jurídica, comunicados y páginas web.
Operacion Europa:
Objetivo: neutralizar influencia en el sistema jurídico europeo, en la Comisión de DDHH del Parlamento Europeo, en la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH, gobiernos nacionales.
Acción: comunicados y denuncias, guerra jurídica, páginas web.
Las investigaciones de la Fiscalía permiten establecer que hay una estrategia diseñada desde la Casa de Nariño para proteger al actual Gobierno y que convirtió el derecho a disentir y a hacer oposición en delito de opinión, y al DAS en una organización criminal.
El objetivo del DAS, como organismo de inteligencia del Estado, es evitar acciones que atenten contra el Estado. Sin embargo, desde el grupo G3 fueron objetivo de acciones de guerra sucia todas aquellas personas y organizaciones que opinan de manera diferente al actual gobierno.
Las acciones judiciales
Para defenderse del escándalo, uno de los mayores que ha enfrentado en su largo mandato de ocho años, Uribe Vélez ha declarado: “He ordenado darle a la oposición todas las garantías para que los protejan. Han tenido garantías para maltratar, para injuriar y pisotear la honra de los altos funcionarios del gobierno”. Sin embargo, defenderse le será muy difícil, ya que él mismo, como jefe directo del DAS, es responsable político del nombramiento a las personas que en este momento son investigadas y que, con sus declaraciones, dejan en claro que la Presidencia sabía precisamente lo que estaba ocurriendo. Por esta razón, la Fiscalía abrirá una investigación aparte para esclarecer cuáles eran los funcionarios del Gobierno Nacional a quienes se les entregaban los informes de dichas operaciones.
Jorge Noguera, ex director del DAS nombrado y defendido hasta el cansancio por el presidente, es investigado por ser presunto colaborador del Bloque Norte de las AUC en decenas de asesinatos de sindicalistas y por la creación del G3. Este hombre, a quien el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria señaló en su momento como traidor a Uribe, sostiene que José Miguel Narváez, actualmente enfrenta cargos por concierto para delinquir, utilización ilícita de equipos, violación de comunicaciones y falsedad en documento, fue propuesto para el cargo de subdirector de inteligencia por el actual presidente. El mismo Narváez, ex subdirector de inteligencia de ese organismo de seguridad del Estado, fue llamado a juicio por las documentos que lo implican y que él mismo envía a ex director de inteligencia, Enrique Ariza Rivas, y al detective Carlos Moreno Roa, también llamados a juicio.
Además, el coordinador del G3 para 2004, el fallecido Jaime Fernando Ovalle Olaz, testificó que “el modelo de investigación sobre los objetivos planteados y la ejecución de tareas de interceptación permitía prevenir al Gobierno Nacional sobre las maniobras ejecutadas por las ONG”, manifestando que se convertían en objetivos las organizaciones y las personas cuando “buscaban ante los tribunales nacionales e internacionales que se condenara al Estado por supuestas violaciones a derechos humanos”.
Alirio Uribe Muñoz, Reynaldo Villaba Vargas y Soraya Gutiérrez Argüello del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; los periodistas Holman Morris y Claudia Julieta Duque, así como miembros de sus familias; la Comisión Colombiana de Juristas y sindicatos como Sinaltrainal, según las denuncias, han sido víctimas de las actividades criminales del DAS.
Pero el escándalo no para en los nombramientos de Noguera. María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, y Martha Leal, ex subdirectora de operaciones, también están siendo investigadas por ‘chuzadas’. Dos directores nombrados por Uribe, al parecer, tienen la misma manía de interceptar conversaciones y correos electrónicos, de realizar hostigamientos y de cometer delitos, como plantar evidencias e intimidar.
Las investigaciones, hasta el momento, permiten pensar que en Colombia la policía secreta ha mantenido, durante el gobierno de Uribe, la política de amedrentar, debilitar y amenazar sistemáticamente a los magistrados de la corte, a los miembros de organizaciones sociales, a las personalidades de la prensa y la vida pública, al igual que a centenares de personas se han visto hostigadas y amedrantadas por pensar diferente en el país de la ‘seguridad democrática’, la misma Colombia en la que el presidente no se da cuenta de las actuaciones delincuenciales del cuerpo de inteligencia que depende directamente de sus instrucciones y que sólo le rinde cuentas a él.