Junio 15 de 2007
El pasado 4 de junio, en la Universidad Javeriana, se realizó el lanzamiento del libro Derecho a la alimentación y al territorio en el Pacífico colombiano, de Jesús Alfonso Flórez López y Constanza Millán Echeverría, el cual se presenta como un informe alterno al presentado por el Estado a Naciones Unidas para el periodo 2000-2005.
Por: Juan Diego García – junio 12 de 2007
Aunque el neoliberalismo se ha desacreditado mucho y sus paladines se muestran ahora más reservados que hace algunos años, lo cierto es que las políticas económicas que se inspiran en esta ideología de capitalismo sin controles se han universalizado y hasta en el Viejo Continente han ido ganando terreno al modelo europeo de capitalismo, ante la claudicación teórica y política de democristianos y socialdemócratas y el agotamiento de los viejos partidos de la izquierda comunista. En realidad, las fuerzas que se oponen al neoliberalismo están constituidas por movimientos sociales de muy diversa naturaleza, que, dada su dispersión, aún están lejos de representar una alternativa política inmediata.
Junio 10 de 2007
El pasado domingo 3 de Junio se conmemoró, a través de una multitudinaria peregrinación, el 15° aniversario de la masacre en Caño Sibao (Granada, Meta) de 5 personas. Precisamente, en ese lugar fueron asesinados: María Mercedes Méndez de García, alcaldesa –saliente, por esa época– de El Castillo (Meta) y símbolo del liderazgo político de la Unión Patriótica (UP) en la zona; William Ocampo, su sucesor en la alcaldía; Rosa Peña Rodríguez, tesorera municipal; Ernesto Sarralde, funcionario de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica, y Armando Sandoval, el conductor de la alcaldía.
El magno homenaje, al cual asistieron más de 450 personas, partió desde Bogotá y Villavicencio hasta Caño Sibao, lugar en el que ocurrieron las ejecuciones extrajudiciales. Allí se celebró una ceremonia religiosa, oficiada por el obispo José Figueroa y asistida por varias personalidades religiosas, principalmente del departamento del Meta. Posteriormente, se erigió una placa conmemorativa y se plasmaron, en un mural, las huellas de varias personalidades y organizaciones asistentes al evento, reivindicando la memoria histórica colectiva de este crimen de Estado y exigiendo el cese de la impunidad.
En horas de la tarde, ya en El Castillo, se realizó la peregrinación, encabezada por comparsas del movimiento de Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad, hasta la plaza principal, escenario público en donde se presentó un mensaje de las hermanas de María Mercedes Méndez y, posteriormente, una intervención del sacerdote Javier Giraldo. Igualmente, se presentó el tema musical Ariari capricho y son, compuesto por María Mercedes Méndez; se erigió otra placa conmemorativa en la plaza principal y se finalizó con una intervención musical de Hijos e Hijas.
Esta cadena de actos simbólicos representa la reconstrucción de la memoria histórica colectiva y, más aún, la articulación de esfuerzos colectivos en torno a un objetivo común: la conformación de una fuerte voz que clame por justicia y condene la impunidad que, durante muchos años, ha aquejado a El Castillo y al departamento del Meta.
Meta: una historia golpeada por violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos
La prolongada y conflictiva historia del Meta se caracteriza por contar con varias etapas de violencia: la guerra civil de finales de los 40, la política estatal de ‘contrainsurgencia y contrabandolerismo’ de los 50, la represión institucional durante el Frente Nacional y la sistematización y concentración de la violencia contra la oposición, iniciada a partir del surgimiento de la UP en 1984 y que aún hoy perdura, caracterizada por asesinatos esquemáticos y extinción de organizaciones políticas enteras.
Diversos factores conformaron un escenario conflictivo en el departamento del Meta, donde la UP tomó una gran fuerza y respaldo entre 1985 y 1986 e, incluso, llegó a ser mayoría en la Asamblea Departamental. Sin embargo, la confluencia de actores e intereses estatales y paramilitares se manifiesta en la concentración de las masacres y el exterminio sistemático de la UP.
Es el caso del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta, fundado por María Mercedes Méndez y Josué Giraldo, entre otros, el cual nació, se consolidó y luego se extinguió bajo la sombra de las esquemáticas violaciones de Derechos Humanos. Los conocidos planes de exterminio contra la UP y, por ende, del Comité Cívico, además de golpear al Meta en general, han golpeado fuertemente al municipio de El Castillo y la zona rural de Caño Sibao, lugar en el cual los exterminios físicos de dirigentes políticos ha tenido cabida, como lo aquí recordado de junio 3 de 1992, lo cual no es la única masacre, ni es aislada de toda la política estatal. Incluso recientemente, el año 2003 –vigencia del Plan Colombia–, ha marcado nuevamente el terror en la población, tras la búsqueda intensiva de sobrevivientes de la UP por parte de grupos paramilitares y fuerzas regulares del Estado.
María Mercedes: mujer religiosa, madre y líder política
Un fuerte periodo de cuatro meses de violencia en El Castillo fue terminado durante el periodo de la alcaldía de María Mercedes, con la firma de un proceso de reconciliación entre los actores del conflicto, impulsado por ella misma. En el centro del parque principal se encuentra Anhelos infinitos de paz, monumento inaugurado en aquella ocasión por la alcaldesa y que este domingo fue recordado como un símbolo de trabajo por la comunidad, por la vida y de un proceso de construcción de la paz.
Sin embargo, este periodo de paz sólo duro 18 meses, pues, el 3 de Junio de 1992, un grupo de hombres armados, del cual algunos vestían uniformes del ejército, interceptó el vehículo en el que se transportaban, con dirección a Villavicencio, María Mercedes Méndez de García, William Ocampo, Rosa Peña Rodríguez, Ernesto Sarralde y Armando Sandoval y atacaron a sus ocupantes con granadas de mano, crimen que cegó sus vidas y aún hoy continua en absoluta impunidad.
María Mercedes hizo parte de la dirección regional del Partido Comunista Colombiano (PCC), de la dirección departamental de la UP, de la Unión de Mujeres Demócratas (UMD) y de la congregación de las Hermanas Dominicas de la Presentación, donde vistió los hábitos durante 3 años de su juventud. “Su lucha fue por la consecución de la paz y ésa era la misma que, interiormente, ella sentía”, mencionaron en un comunicado Linda Carol, Hada Luz, Jenny Paola y Tania Marinella, hijas de María Mercedes y José Rodrigo García.
En esta conmemoración, sus más próximos amigos le recuerdan como “una mujer extraordinaria (…) una mujer de múltiples facetas: mujer, religiosa, líder política, alcaldesa, mujer testigo, mujer profeta, tú que supiste vivir para dar vida digna, hoy resucitas en tu familia, hoy resucitas en tu pueblo y no sigues interpelando en la defensa de la vida”, asegura Luz Elena, su amiga incondicional que asumió el reto de criar a sus 4 hijas después de su asesinato.
Junio 6 de 2007
El fin de la concesión y la no reanudación de la misma al canal privado venezolano Radio Caracas Televisión (RCTV), por parte del gobierno de Hugo Chávez, ha generado desconcierto entre la mayoría de los medios monopólicos de Latinoamérica; marchas en contra, por parte de la oposición y la oligarquía venezolana, y en pro, por parte de los seguidores de Chávez. La última transmisión hecha por RCTV pudo verse en la noche del pasado domingo, 28 de mayo a las 11:59pm, dando así inicio a la transmisión del nuevo canal del estado Televisora Venezolana Social (TVes).
Mayo 31 de 2007
Testigos denuncian que Esmad hace montaje a estudiantes para poder judicializarlos
En medio de un margen de acercamiento y negociación al que habían llegado los voceros estudiantiles de la Universidad del Cauca y las directivas de dicha casa de estudios para conformar la Mesa Única de Negociación con carácter decisorio, en la madrugada de hoy, miembros del Escadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) irrumpieron de forma violenta e irresponsable a las instalaciones del Claustro de Santo Domingo, donde se desarrollaba la toma pacífica por parte de los estudiantes.
Mayo 28 de 2007
Cerrada indefinidamente la Universidad Nacional por primera vez en 23 años
Esta mañana, hacia las 7:20am, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, divulgó ante las cámaras de televisión la orden de cierre indefinido de esta institución. Las directivas de la UN justifican su decisión en los supuestos actos de «150 personas violentas que se quedaron al interior del campus, bloquearon los edificios rompiendo las chapas, amontonando pupitres en algunos de ellos e impidiendo la entrada a las personas que quieren estudiar, quieren enseñar y quieren investigar en la Universidad» y manifestaron la existencia de daños en edificios y bienes de la universidad que, en nuestra visita del día de hoy al campus de la sede Bogotá, no fue posible constatar.
Mientras la asamblea general triestamentaria de esta mañana abarrotó el auditorio León de Greiff para exigir el levantamiento de la orden de cierre y la derogatoria de los numerales 32 y 38 del Plan Nacional de Desarrollo, el rector se encargó de presionar al Gobierno Nacional en busca del apoyo policial para un desalojo violento del campus, similar a los realizados en diferentes colegios de Bogotá durante el fin de semana.
A pesar de las declaraciones de Wasserman, en las que asegura que el movimiento universitario se compone de «un número muy pequeño de personas», que señaló en menos de 150 personas, más de 5.000 estudiantes marcharon hacia la 1:30pm hasta el custodiado edificio Uriel Gutiérrez, antigua sede de las residencias universitarias y hoy refugio de la administración universitaria, para protestar por la medida y rechazar la propuesta de plebiscito virtual que el directivo anunciara para el día viernes 1 de junio, en la que se preguntaría a la comunidad si desea seguir con el semestre académico o continuar la asamblea permanente.
«No estamos interesados en participar en una consulta amañada que desconoce a uno de los estamentos de la universidad y que utiliza preguntas manipuladoras», señaló Arturo Olarte, representante de los estudiantes al Consejo Superior Universitario de la UN, refiriéndose a la exclusión de los trabajadores de la universidad de cualquier forma de participación en sta importante decisión. «Es como poner a la gente a decidir entre defender su semestre y defender la universidad, lo que está tratando es de confundir a la gente para acabar el movimiento», señaló uno de los trabajadores durante la movilización.
A peasar de la presencia de la policía en el perímetro del campus universitario, así como agentes de civil y vehículos que, desde la noche del sábado, rondan por las entradas de la universidad, los estudiantes, profesores y trabajadores se mantienen al interior de la universidad realizando asambleas por facultades y han acordado mantener la agenda de movilización acordada en el encuentro nacional tirestamentario del fin de semana. Adicionalmente, han rechazado cualquier tentativa de desalojo violento y han llamado a organizaciones sociales, populares, defensores de derechos humanos, a la prensa alternativa y a la ciudadanía en general a hacer presencia en la UN e impedir su cierre.
Éste es el primer cierre indefinido de la UN desde el 17 de mayo de 1984, cuano el ex rector Fernando Sánchez Torres ordenó el cese de las actividades académicas y renunció a su cargo por los hechos violentos que, el día anterior, causaron la muerte, detención o maltrato de numerosos estudiantes por el ingreso de la policía al interior del campus.
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Rector de Universidad Pedagógica Nacional ordena cancelación de semestre
Por: Bruno Matapay
En la Universidad Pedagógica Nacional, el Consejo Académico decretó arbitrariamente la cancelación del semestre, aduciendo que el bloqueo del acceso a ingreso a algunos edificios y el campamento de los estudiantes en el campus vulneraban «los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política».
Dicha medida es contraria al querer de la comunidad universitaria, manifestada en las multitudinarias asambleas, en la participación activa de las organizaciones de estudiantes, profesores, empleados y trabajadores en el movimiento e, incluso, en los pronunciamientos de varias facultades, que saludaban la organización y responsabilidad evidenciadas en la protesta.
El escueto comunicado del Consejo Académico no hace referencia a las verdaderas causas de la movilización ni cita argumentos relacionados con el calendario académico, pues, en los distintos escenarios de la comunidad académica, se ventilaron varias opciones que hubiesen permitido el cumplimiento de las obligaciones curriculares sin perjudicar a los estudiantes.
Sin embargo, parece haberse impuesto el cumplimiento de órdenes superiores. La comparecencia de algunos decanos frente al profesorado evidenció que no había ninguna intención de escuchar a la comunidad académica. Aunque afirmaron que se habían abierto «todos los espacios posibles de diálogo», primó el criterio de imponer por la fuerza la «paz social» que tanto requiere el primer mandatario en estos días aciagos, ahogando la expresión de un movimiento universitario unificado y fortalecido.
A esta hora, el rechazo a la medida ha calentado los ánimos en la UPN y ha generado un campamento de unos 500 estudiantes que se mantendrán apostados al interior de la universidad para evitar el cierre definitivo de esta casa de estudios. De la misma manera, han declarado estar dispuestos a seguir adelante con la lucha contra el Plan Nacional de Desarrollo, hasta que sean derogados los numerales 32 y 38 de la norma, denunciado el contenido lesivo de estos contra el derecho a la educación del pueblo colombiano.
Mayo 24 de 2007
Más de 42.000 personas marcharon el miércoles 23 de mayo en Bogotá, en el marco del Paro Nacional. A la convocatoria, realizada por la Gran Coalición Democrática, respondieron organizaciones de estudiantes, maestros, trabajadores, pensionados, indígenas, campesinos, afrocolombianos, vendedores ambulantes, mujeres, desplazados, pobladores de los barrios populares y de diversos sectores de la sociedad que salieron a las calles para rechazar el Tratado de Libre Comercio, el recorte a las transferencias presupuestales a las regiones, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010, la política represiva del gobierno de Uribe y la penetración de las mafias paramilitares en el Estado.
Popayán, mayo 20 de 2007
Pese a las múltiples amenazas y presiones de todo tipo, los estudiantes de la Universidad del Cauca avanzan en el paro de actividades académicas contra las medidas administrativas que han llevado a que tenga un déficit presupuestal que, de acuerdo a la Oficina de Planeación de esta institución, alcanza los 5.600 millones de pesos y que dificulta cumplir obligaciones básicas como el pago de la nómina. Según Mario Restrepo, uno de los voceros del movimiento iniciado con la declaratoria de la asamblea permanente con carácter indefinido el pasado 13 de marzo y que en días pasados conformó la mesa de acercamiento con la administración de la universidad, el rector Danilo Reynaldo Vivas Ramos “en medio de su intención de mantenerse en la rectoría, ha aplicado de manera excesiva toda la política educativa que ha planteado el gobierno y eso ha generado unos desfalcos desde el punto de vista presupuestal que hoy tienen a la Universidad con varios problemas”.
Por: Juan Diego García – mayo 16 de 2007
Las autoridades de Bogotá vinculan el escándalo de la parapolíticacon el incuestionable propósito del presidente Uribe de acabar con la violencia de la extrema derecha y poner fin a los vínculos ilegales entre política, violencia y dineros mal habidos. La democracia colombiana estaría dando una prueba de madurez y grandeza, en la que luminosos días esperan a la sufrida población de este país andino si se continúa por la senda de la ‘seguridad democrática’, lema central del gobierno.
Pereira | Periódico El Turbión – mayo 13 de 2007
Los días 9 y 10 de mayo de 2007 se convirtieron en fechas significativas para las 1.134 madres comunitarias del departamento de Risaralda. Muchas mujeres superaron el miedo ante las posibles represalias laborales y decidieron salir a las calles, alzando sus voces para exigirle al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la cooperativa CTA Servicio Nacional el cumplimiento de su responsabilidad con los 15.300 niños que se benefician diariamente de los programas de hogares comunitarios de bienestar y Familia, Mujer e Infancia (Fami), a cargo de estas entidades.