Marcela Zuluaga – marzo 8 de 2016
Luego de un largo proceso de lucha contra la impunidad de la periodista Claudia Julieta Duque, el pasado 2 de marzo, con sus declaraciones como testigo y víctima, se reanudó el juicio contra Giancarlo Auqué, José Miguel Narváez y Enrique Ariza, todos exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por las amenazas, seguimientos y torturas psicológicas de las que la comunicadora ha sido objeto.
Por: Carlos Medina Gallego – julio 14 de 2015
Resultan desafortunados para el país y para el proceso de paz los acontecimientos de la semana pasada, en los que a través de un operativo judicial, policial y mediático fueron capturados, judicializados y estigmatizados jóvenes estudiantes y egresados de las universidades Nacional y Pedagógica, activistas de derechos humanos, periodistas y líderes sociales y políticos del Congreso de los Pueblos, en una acción a todas luces irresponsable de unas autoridades que buscan dar resultados por los atentados de Bogotá a costa de lo que sea.
Por: Christian Peñuela – Junio 13 de 2012
Durante 13 días la Comisión Asturiana de Verificación de Derechos Humanos, una coalición de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, parlamentarios y sindicatos de esa comunidad autónoma del Estado Español, visitó Colombia por octava vez con el ánimo de evaluar la situación actual en Chocó, Cesar, Arauca, Magdalena Medio, Sumapaz y Bogotá. Luego de su recorrido, la comisión concluyó que “a pesar de los esfuerzos del gobierno y los sacrificios de las organizaciones sociales, perdura la crisis de los Derechos Humanos en Colombia”. Antes y durante su visita, varias organizaciones sociales fueron amenazadas y grupos paramilitares asesinaron líderes sociales.
Por: Andrés Gómez – abril 14 de 2011
Han pasado cerca de dos años desde la detención irregular de Miguel Ángel Beltrán en México y su posterior entrega al DAS en Colombia, tiempo en el que no se ha resuelto la situación jurídica del catedrático de la Universidad Nacional y estudiante de posdoctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a quien la Fiscalía acusa de ser miembro del llamado ‘frente internacional’ de las FARC. A menos de un mes para que se reinicien las audiencias del juicio, el profesor Beltrán conversó con El Turbión acerca de su caso, sobre su libro “Crónicas del otro cambuche”, respecto a su experiencia como preso político, acerca del gobierno de Santos y sobre el pensamiento crítico en una realidad como la colombiana.
Por: Fermín Romero – 18 de febrero de 2010
Estas fueron las palabras con las que describió Claudia Julieta Duque, el 9 de febrero, día del periodista en Colombia, el estado de la libertad de expresión en en país. Ella y Hollman Morris denunciaron que el DAS y la presidencia han vulnerado los derechos humanos de periodistas y de personas de la oposición, usando el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G3), y afirmaron que este no es un grupo clandestino creado en el DAS por delincuentes y que no actuó de forma independiente, sino que es parte de una estratégia que contaba con directrizes claras que involucran al presidente de la república, entidades del DAS, el Programa de Protección de DDHH del Ministerio de Interior, el Ejercito y las Autodefensas Unidas de Colombia. Junto con la presentación de pruebas que sustentan sus palabras, le exigieron al presidente que asuma la responsabilidad de las acciones de ese cuerpo del DAS, ya que los directores y subdirectores de la policia secreta del Gobierno, han sido nombrados por el mismo, y en su administración los directivos de la policia secreta del presidente, se han visto involucrados con paramilitares y se les juzga acusa de realizar actos de espionaje a la Corte Suprema, periodistas, ong, organizaciones sociales y defensores de DDHH.
Por: Fermín Romero – octubre 5 de 2008
Christina Friederika Müller, de nacionalidad alemana y que realizaba acompañamiento a organizaciones de derechos humanos, fue victima de privación ilegal de la libertad, incomunicación y explusión del país por siete años por parte del DAS. Christina Müller fue invitada por organizaciones pertenecientes a la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia para efectuar una investigación sobre los impactos de las violaciones a los derechos humanos en algunas regiones del país y su expulsión demuestra que la política del gobierno es impedir la verificación de las violaciones a las garantías fundamentales que han ocurrido durante la presidencia de Álvaro Uribe y de la persecución de la que son objeto las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en estos temas.
Junio 4 de 2008
El presidente Álvaro Uribe repite y empeora su posición, asumida en los últimos consejos comunitarios, frente al tema de la problemática de tierras que afrontan los indígenas del Cauca, ahora señala a senadores de la República.
Ante los últimos hechos registrados en la finca La Emperatriz, donde miembros de la comunidad Paez, ubicada en el nororiente del departamento, reiniciaron el proceso de recuperación de la Madre Tierra ante el incumplimiento de los compromisos firmados como reparación a las víctimas de la masacre del Nilo en 1991, el primer mandatario colombiano ordenó que se encarcelara a “esos
bandidos invasores”, de forma que se fortalece el mismo criterio con el que, el pasado 15 de marzo en el consejo comunitario en Popayán, autorizó el pago de recompensas por las cabezas de los líderes indígenas que coordinan los procesos reivindicativos. En esa ocasión, el mandatario tildó a las indígenas organizados de delincuentes y se mostró bastante solidario y preocupado por los intereses particulares de los miembros de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca (SAG), quienes, bajo el pretexto del derecho de propiedad privada, continúan haciendo caso omiso a las disposiciones constitucionales y a los convenios firmados tras largas luchas que han costado sangre a las comunidades.
Esta actitud gubernamental busca afianzar la campaña de estigmatización a la organización indígena del Cauca, a cuyos miembros se acusa de terroristas y aliados de la guerrilla, y justificar así la implementación de la fase II del Plan Colombia en ese territorio, con el aumento de de acciones cívico militares que han traído consecuencias dolorosas para los pueblos indígenas. Entre algunos hechos para no olvidar, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) recuerda, en un comunicado reciente, la masacre del Nilo, que dejó más de 20 indígenas asesinados; la masacre del Naya, sucedida en abril de 2001, con más de 100 personas inmoladas por el paramilitarismo y cerca de 5.000 desplazados, muchos de los cuales debieron regresar a sus hogares sin que hayan encontrado protección alguna por parte del Estado; la masacre de 13 indígenas acontecida en la vereda Gualanday, municipio de Corinto, en 2001; la masacre de 7 indígenas en la vereda San Pedro del municipio de Santander de Quilichao, en 2001; y las muertes de tres indígenas de Caloto, asesinados por la Fuerza Pública. Así mismo, las comunidades indígenas han debido soportar las desapariciones forzadas, las torturas y los asesinatos selectivos, estos últimos incrementados a partir de 2005, justo después de la firma del último acuerdo incumplido por Uribe.
A pesar de que las autoridades se empeñan en su argumento de la invasión indígena a tierras privadas y su constante enfrentamiento con otros sectores, como el campesino, la Coordinación Departamental de Organizaciones Agrarias del Cauca, a través de un comunicado reciente, afirmó que, contrario a lo que afirma el gobierno, existe solidaridad para con las luchas indígenas y hace un llamado urgente a todos los sectores, en especial a los campesinos, mestizos y comunidades afrodescendientes, para evitar “que las maniobras malintencionadas y engañosas del gobierno nacional logren sus objetivos, ya que están dirigidas a propiciar enfrentamientos entre las comunidades rurales”. Según los dirigentes agrarios, esto lo hace el gobierno a través de hechos como “adquirir tierras en zonas de claro raigambre afro –Hacienda San Rafael, municipio de Santander de Quilichao– para ser entregadas a población indígena, tratando de provocar enfrentamientos entre nosotros mismos”.
Las comunidades campesinas se muestran solidarias con la lucha indígena al compartir problemáticas similares, dada la falta de respeto por los derechos de los pueblos por parte de este gobierno, que llegan, incluso, a la desatención de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de justicia y reparación individual y colectiva frente a la masacre del Nilo, y porque la problemática de la tierra, que se encuentra en muy pocas manos en el departamento, une a los indígenas, a los campesinos y a los afros en una lucha por el uso y la repartición de la misma frente a monopolios y multinacionales, como los que explotan la caña de azúcar en el norte del Cauca que someten a las comunidades afro a jornalear por salarios indignos.
Según el CRIC, no es sólo el incumplimiento a un acuerdo, sino a muchos que se han venido reiterando desde 1998, cuando se reconoció la responsabilidad del Estado en la citada masacre. “El 13 de septiembre de 2005 se comprometió, a través de otro acuerdo, a dar cumplimiento a sus obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años. Sin embargo, la constante gubernamental, ha sido la dilatación de los compromisos, a través de maniobras administrativas, trámites burocráticos y desinformación mediática”, confirma la organización. A esto se suma el afianzamiento de leyes y normas como el Estatuto Rural y otras medidas administrativas en contra de las comunidades, como la estructuración de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial, donde se maneja la premisa “ni un solo centímetro más de tierra para indígenas», decisiones en beneficio del capital privado y multinacional.
Personalidades políticas, como el senador Alexander López, del Polo Democrático Alternativo, también defienden y apoyan la lucha de los indígenas por recuperar sus tierras y exigir los derechos de reparación. Ante estas acciones políticas, que sugieren una salida política a la problemática indígena y no la represión del gobierno, el presidente Uribe, en el pasado consejo comunitario en Florida (Valle), respondió ordenando, pasando por encima de la Constitución, su judicialización y encarcelamiento. “General Gómez Méndez, hay congresistas que en el pasado lideraron la destrucción de Emcali. Deberían estar en la cárcel. Y ahora son los mismos que estimulan, tras bambalinas, la violencia de los invasores. Judicialícelos y métalos a la cárcel”. Con esta orden, el presidente Uribe se fue lanza en ristre una vez más contra los defensores de la lucha social.
El senador López aseguró posteriormente, como respuesta a tal amenaza, en el marco de una sesión del Congreso: “sr. presidente, a pesar de que usted me persiga por defender la vida y la dignidad de los trabajadores y de las comunidades, en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca, seguiré defendiendo a los humildes, a los excluidos y a los que resisten los abusos del poder de los megaproyectos”, asegurando que con estas órdenes el presidente está “ejecutando el autoritarismo o el totalitarismo, ya que, según el Art. 28 de la Constitución, nadie puede ser encarcelado sin autorización escrita”.
El presidente Uribe se mostró consternado, en el citado consejo comunitario, debido a que un miembro del Esmad pudiera perder un ojo por las acciones de defensa que ejercieron los indígenas cuando fueron reprimidos en el proceso de recuperación en La Emperatriz. Sin embargo, no dijo nada respecto a la cantidad de víctimas humanas y la sangre derramada que ha tenido que sacrificar el pueblo indígena en toda su lucha por recuperar sus pertenencias y por exigir cumplimiento de sus derechos.
Para citar sólo algunos casos, en esta última acción donde un policía resultó lesionado en un ojo, varios indígenas fueron atacados por el Esmad de la policía Nacional con bombas explosivas y armas de fuego, ocasionado heridas de gravedad, entre ellos están: Rodrigo Pito y Antonio Conda, del resguardo de Huellas Caloto; Lorenzo Largo Dagua, del Resguardo de Tacueyó; y Delio Quitumbo, del resguardo de Toribío. Así mismo, Eulogio Dagua Cuetia y Luís Enrique Ramos presentan traumas por esquirlas en el rostro, mientras Luis Eduardo Ramos fue duramente golpeado por la fuerza pública y Alexander Méndez, de 22 años, fue herido con arma de fuego en un brazo.
En mayo de 2006, el comunero indígena Pedro Pascué fue asesinado, en el marco de la Cumbre de organizaciones sociales, realizada en La María Piendamó, por miembros del ESMAD. El pasado 29 de mayo, según Feliciano Valencia, consejero del CRIC, fueron asesinados por miembros del Ejército dos hermanos en la vereda la Cominera, del municipio de Corinto al norte del Cauca: “en la parte alta de la vereda se presentaron ayer enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército, y a eso de las 2 de la tarde, cuando los hermanos estaban almorzando en la cocina de una vivienda, soldados del Batallón Pichincha llegaron hasta el lugar y les dieron muerte. Según muchos testigos de la comunidad, los soldados ordenaron a una mujer y a su hija abrir la puerta de esa vivienda, entraron y fusilaron a los hermanos”. Las víctimas fueron identificadas como Silvio Chagüendo Ipia, de 27 años, y su hermana Luz Amparo, de 23. Según Valencia y las autoridades del Cabildo Indígena de Corinto, «eran jornaleros y habían venido de la vereda La Playa Tacueyó a La Cominera para trabajar en la cosecha de café. Amparo y Silvio eran civiles, no portaban armas ni estaban involucrados en el combate». Según la información del cabildo, existe un video tomado por la comunidad en el que los agentes del DAS reconocen la responsabilidad de la patrulla militar en el hecho y recogen vainillas de fusil. Las víctimas tenían disparos de fusil en la cabeza.
Las constantes amenazas, son otras formas de violencia que deben enfrentar a diario los líderes indígenas. En abril de este año, el consejero Feliciano Valencia fue interceptado por varios hombres que se transportaban en automóvil con vidrios polarizados, quienes bajaron los vidrios para que uno de ellos sacara la mano simulando disparar y diciendo “ése es el hijueputa”. Como este caso, se repiten los hechos amenazantes que los líderes y la comunidad deben soportar, debido a que también hacen presencia en estas zonas rurales hombres que, vistiendo prendas camufladas u oscuras de uso militar, han anunciado la presencia de grupos paramilitares y han amenazado con nuevas acciones a algunas comunidades.
La retención arbitraria y sin orden judicial, por parte de miembros de la fuerza pública, a líderes indígenas y la vigilancia y seguimientos que hombres desconocidos realizan a organizaciones como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), es otra situación que agrede a las comunidades.
Ante estas situaciones, bien conocidas por el senador Alexander López, y dada la persecución de que está siendo víctima, expresó ante el Congreso: “exijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la opinión pública internacional en Estados Unidos y Europa, al Parlamento Latinoamericano, a la opinión pública independiente en Colombia, que se demande del Gobierno Nacional y, en particular, del presidente Uribe, respeto por la integridad de los movimientos sociales en la ciudad de Cali, el departamento del Valle del Cauca y el departamento del Cauca. Respeto por la bancada de oposición política a su gobierno en el Congreso y respeto por la división de los poderes públicos en Colombia, expresado en la curul que ostento en el Senado de la República y las bases y movimientos sociales que represento”. Las comunidades afectadas esperan que los organismos internacionales, que, como en el caso del Tratado de Libre Comercio, han sido capaces de frenar el fascismo del presidente, atiendan estas exigencias y actúen lo antes posible.
Junio 3 de 2008
Varias noticias han inundado los medios de comunicación por estos días y muchas de ellas giran en torno a los temas de la parapolítica y la ‘farcpolítica’. Efectivamente, el tema de la parapolítica ha originado una crisis en el Congreso y en el seno de los partidos uribistas, más ahora cuando, de parte de Uribe, se pretende hundir una reforma política que el propio gobierno había impulsado en un inicio para lograr aumentar su control sobre el Legislativo y que ahora afectaría sus posibilidades reeleccionistas, de aprobarse la sanción de la ‘silla vacía’ en un momento en el que 65 congresistas de la bancada oficialista son investigados y 32 están presos.
Mayo 5 de 2005
En lo que se convierte, sin duda, en un caso paradigmático en cuanto a la actitud del Estado colombiano frente a la comunidad de estudiantes de la universidades públicas colombianas, debido al tipo de medidas y los medios de los cuales se están valiendo los cuerpos represivos, en las últimas horas se ha presentado una situación de alarma y confusión al interior de la Universidad de Antioquia –ubicada en la ciudad de Medellín, la segunda más grande del país–.