Por: Juan Diego García – diciembre 1 de 2011
Tanto en Chile como en Colombia, las recientes protestas estudiantiles tienen en común su enorme preocupación no sólo por la naturaleza democrática o elitista de la educación sino, fundamentalmente, por la función misma del sistema educativo como elemento decisivo en la construcción de un orden social nuevo, moderno, democrático y que permita un ejercicio efectivo de la soberanía como Estados y su existencia real como naciones.
Por: Johanna Cassaleth – noviembre 25 de 2011
Estudiantes de todo el país se unieron a la gran marcha continental por educación gratuita y de alta calidad como derecho para los jóvenes de toda Latinoamérica. A la convocatoria, realizada de manera conjunta por los movimientos estudiantiles de Chile y Colombia, se unieron jóvenes de Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Honduras, Costa Rica, El Salvador y México, además de manifestaciones de solidaridad desde España, Francia y Alemania.
Por: Malely Linares Sánchez – noviembre 15 de 2011
Claudia Guzmán camina presurosa por entre las calles del centro de la ciudad. Sabe que ese día se lo descontarán de su sueldo, pero el tema no le inquieta tanto como el de no participar en la marcha de los estudiantes del 10 de noviembre.
Por: Omar Vera – noviembre 10 de 2011
En la mayor movilización de los últimos años, más de 130.000 personas marcharon hoy por Bogotá para exigir el retiro de la reforma a la educación superior propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se cumplen treinta días del paro nacional universitario que se adelanta en las 32 universidades públicas y en una buena parte de las privadas de Colombia. Esto, a pesar de que, el día de ayer, el mandatario anunciara el retiro de la iniciativa del Legislativo, a condición de que los estudiantes desmonten su movimiento.
Por: Baldomero Rocha – septiembre 8 de 2011
El pasado 7 de septiembre, unas 20.000 personas, entre estudiantes universitarios, docentes, integrantes de diversas organizaciones sociales y sindicatos, marcharon en Bogotá para rechazar las intenciones del gobierno de reformar el sistema educativo en el país y exigir garantías de calidad en el sector. La jornada terminó en calma y se caracterizó por la abundancia de expresiones artísticas y por el rechazo generalizado de los estudiantes de las universidades públicas y privadas al proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992.
Aunque las protestas fueron convocadas inicialmente por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) para rechazar la intención del gobierno de dejar en manos de las EPS privadas la salud del magisterio y para exigir un nuevo estatuto para las y los docentes del país, los estudiantes universitarios, tanto de instituciones públicas como privadas, decidieron unirse masivamente a la jornada, luego del encuentro de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) realizado el 20 y 21 de agosto en Bogotá, para rechazar la reforma a la Ley General de Educación que el gobierno tramita actualmente en el Congreso pues, según los manifestantes, busca mercantilizar la educación.
Los docentes denuncian que el paso a las EPS privadas llevaría a la pérdida de varios de los derechos que, en materia de salud, han conquistado durante décadas, entre ellos que los bonos, cuotas moderadoras o copagos no sean asumidos por los maestros; que la entrega de medicamentos no esté atada a su precio ni a su cantidad; y que haya atención oportuna a las enfermedades de alto costo. Por su parte, en un comunicado del 6 de septiembre, el Ministerio de Educación Nacional señaló que no tiene intención de “incluir a los afiliados y beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio al Régimen General de Salud contemplado en la Ley 100 de 1993”, calificando la protesta como injustificada y sancionando a los docentes, a través de una directiva ministerial que establece que los rectores de instituciones educativas deberán entregar a los secretarios de educación el tiempo laborado por los docentes, con el fin de proceder contra quienes incumplieran sus jornadas laborales para asistir a la movilización.
Por su parte, los estudiantes manifestaron que, a pesar del retiro del proyecto de ley de los artículos que autorizaban el ánimo de lucro y la participación de las empresas privadas en las universidades públicas, la intención del gobierno de Santos con esta reforma es profundizar la privatización de la educación y los mecanismos por los que actualmente se presiona a las instituciones para implantar cambios en los programas académicos, como los indicadores de calidad, que dejan a muchas instituciones en la ‘asfixia presupuestal’. Por esto, exigen que la reforma educativa sea discutida en condiciones de igualdad por directivos, docentes, estudiantes, trabajadores y Estado, de manera que pueda elaborarse un proyecto que realmente permita construir una educación superior de calidad, con suficiente cobertura nacional y que enfoque su labor a la solución de los principales problemas nacionales.
Por: Christian Peñuela – julio 11 de 2011
La Slut Walk de Canadá, Australia, Estados Unidos e Inglaterra; la Marcha das Vagabundas en Brasil y la Marcha de las Putas en Honduras, México, El Salvador, España y Venezuela, entre otros países, ha sido una acción colectiva a nivel global que protesta contra la violencia sexual hacia las mujeres. Madres, padres, hermanos, ‘putas y putos’, miembros de la comunidad LGBTI, así como niños y niñas salieron a las calles para reivindicar la dignidad de las mujeres.
Al grito “No es no”, los participantes en esta particular forma de protesta rechazan la utilización de las mujeres como objetos sexuales, así como el acoso y la violencia cometida contra ellas en los ámbitos públicos y privados. El interés en la palabra ‘puta’ se debe a la carga emocional que contiene y a la forma en que socialmente se impone a las mujeres una forma ‘válida’ de vestir, de actuar y de valorar su cuerpo y su feminidad. Sin embargo, estas movilizaciones poco tienen que ver con el trabajo sexual ni están compuestas por quienes ejercen esa labor, por el contrario, integran a mujeres y hombres de todas las edades y condiciones sociales que rechazan la discriminación y las agresiones hacia la población femenina.
Todo comenzó el pasado 24 de enero, por un comentario discriminatorio realizado por el policía canadiense Michael Sanguinetti durante un evento sobre seguridad civil en la Universidad de Nueva York. El uniformado afirmó que “las mujeres deben evitar vestirse como putas para no ser víctimas de la violencia sexual”. Esta frase indignó al movimiento femenino de la ciudad de Toronto (Canadá), que no tardó en emprender una lucha por la transformación de los imaginarios sociales que las estigmatizan como responsables de la violencia en su contra y organizó, el pasado 3 de abril, una gran manifestación en la que miles de mujeres, con el apoyo de la comunidad LGBTI y diferentes organizaciones sociales, se movilizaron vistiendo tacones, mallas, pronunciados escotes, ligueros y hasta desnudos para reclamar respeto por el derecho al cuerpo y a una vida libre de violencias.
Esto ha motivado la realización de quince movilizaciones similares alrededor del mundo y la preparación de decenas más, encabezadas por organizaciones de mujeres que han incluido las problemáticas de cada país entre las razones de la protesta: en México, contra los feminicidios; en Honduras, contra la violencia sexual agudizada sin precedentes desde el golpe de Estado; y en Argentina, por el registro de violadores, son algunas de las razones que han alimentado esta acción colectiva en América Latina.
En Colombia, existen muchas experiencias de movilizaciones contra la violencia hacia las mujeres. Desde las multitudinarias manifestaciones que, el 8 de marzo y el 25 de noviembre, se toman las calles de las principales ciudades del país hasta decenas de actos simbólicos en distintos lugares de la geografía nacional han servido para denunciar la delicada situación en materia de derechos que se vive en nuestro país.
Dos de estos esfuerzos por sensibilizar a la ciudadanía y transformar la realidad de violencia contra la mujer que se vive en el país se dan en extremos distintos de Bogotá, tanto por su ubicación geográfica como por su situación social y económica. Uno de ellos ha tenido lugar en el Parque Fundacional de Usaquen, donde la campaña Mujeres por la ciudad ubicó siluetas de mujeres tipo monumento y a escala humana para conocer el comportamiento que las personas tienen en su relación con aquellas. De igual forma, desde 2007, organizaciones de mujeres de la localidad de Bosa vienen vienen realizando plantones el primer viernes de cada mes para denunciar los casos de violencia sexual, bajo el lema: “Ni una niña, ni un niño, ni una mujer más violada en Bosa”.
Según el “Informe sobre violencia sexual y feminicidios en Colombia”, presentado en 2008 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las organizaciones Corporación Casa de la Mujer, Mujeres que Crean, Ruta Pacífica de las Mujeres y Vamos Mujer, la situación en Colombia es preocupante por el tipo de agresión y el perfil de las víctimas: “una de cada tres víctimas de violencia está en el rango de edad de 10 a 14 años” y “una de cada cinco víctimas está en la edad de cinco a nueve años […] las niñas son las más agredidas sexualmente”, señala el documento.
Adicionalmente, tanto el informe citado como otros diagnósticos sobre derechos de la mujer señalan que la violencia sexual y el homicidio hacia las mujeres han sido mecanismos de control territorial en la guerra que se vive en Colombia. El informe “La Violencia Sexual en Colombia: Un arma de guerra”, elaborado por Oxfam Internacional en 2009, afirma que “la existencia generalizada y sistemática de la violencia sexual contra las mujeres, empleada por todos los grupos armados como arma de guerra y componente de una estrategia de terror más amplia contra la población civil, puede ser una de las claves para que este delito sea presentado como crimen de lesa humanidad. Esta realidad contrasta con la impunidad y la invisibilización que han silenciado y perpetrado estos crímenes”.
Por: Omar Vera – julio 23 de 2010
La carrera séptima de Bogotá, antaño calle real de Santafé, recibió a los más de 5.000 marchantes que llegaron a la capital colombiana a participar del acto de apertura del Congreso de los Pueblos y a conmemorar por su propia cuenta el bicentenario de la independencia. Ante la Casa del Florero, la casa de Manuelita Sáenz, el monumento a Policarpa Salavarrieta y la Quinta de Bolívar, lugares de gran significación para la gesta independentista, miles de indígenas, trabajadores, maestros, estudiantes, pobladores de los barrios e integrantes de decenas de organizaciones sociales realizaron una serie de actos simbólicos con los que, desde la realidad de sus comunidades, hicieron un reconocimiento a quienes lucharon hace 200 años por tener una nación libre, pero también fueron enfáticos en señalar el incumplimiento de gran parte de los propósitos de la independencia y la marcada exclusión que siguen viviendo las mayorías en estos dos siglos de vida republicana.
Ante la Casa del Florero –ubicada en una de las esquinas de la Plaza de Bolívar, sede de los tres poderes públicos en Colombia–, más de 2.000 indígenas misak, cubiertos de sus mantillas azules y sus bombines, encabezaron el primero de los actos simbólicos. Ante el lugar donde se iniciaron las revueltas que originaron el Grito de Independencia de 1819 la guardia indígena rodeó a los manifestantes para que en ese lugar una comparsa y la lectura de una proclama permitieran declarar que el proceso que hoy se conmemora no cumplió con sus objetivos, que la terminación del dominio español no trajo consigo cambios de fondo para la mayoría pobre del país, que la nueva elite criolla privilegió sus beneficios sobre el proyecto nacional que enarbolaron los patriotas, que esa misma clase dominante definió alianzas con nuevas potencias que hoy mantienen formas más sofisticadas para sojuzgar la nación y que los más sacrificados en la gesta de independencia, indígenas, afrocolombianos y campesinos, siguen hoy ignorados por el Estado, sin reconocimiento por su aporte a la construcción de lo que hoy es Colombia y en difíciles condiciones de vida.
No es para menos, reconocer el exterminio sistemático de las comunidades indígenas y el creciente empobrecimiento de la población colombiana durante la época republicana es una tarea que sigue pendiente y que ninguna de las instituciones que hoy se encarga de celebrar institucionalmente el bicentenario realiza. Por eso, la insistencia de los participantes del Congreso de los Pueblos en una conmemoración alternativa, que reivindique el papel de los excluidos en estas gestas y que muestre que los procesos por venir necesitan de la unidad de diferentes procesos políticos y sociales en nuevas luchas por la emancipación se vuelve de una relevancia enorme en un momento en que el país vive una grave crisis social, la pérdida de su soberanía y la destrucción de los movimientos sociales que pueden darle una nueva orientación a su destino.
En la casa de Manuelita Sáenz, destacada dirigente de la lucha independentista, organizaciones de mujeres y de estudiantes rindieron homenaje a la ‘Libertadora del Libertador’ y a su papel como mujer rebelde. En el reducido espacio que separa al Palacio de San Carlos –que aloja hoy a la Cancillería–, al Teatro Colón y a la casa de Manuelita, el grupo de danzas La Tulpa, conformado por estudiantes de la Universidad Nacional, realizó una puesta en escena para representar la exclusión y la desigualdad contra la que han luchado los colombianos durante los 518 años que han transcurrido desde la conquista española.
Por el histórico barrio capitalino de La Candelaria continuó la movilización hacia el monumento a Policarpa Salavarrieta y la casa de Bolívar, donde se reconoció el papel de ‘La Pola’ como luchadora social y su sacrificio, además de denunciar el uso del asesinato como método para silenciar al opositor político y destruir cualquier movimiento que luche por cambios.
La movilización desembocó, sobre las tres de la tarde, en el teatro al aire libre de La Media Torta, donde se dio lectura a la proclama con que se da inicio oficialmente al Congreso de los Pueblos, como un proceso de encuentro de organizaciones, comunidades y ciudadanos del común para hacer leyes desde abajo, desde las propias necesidades del pueblo.