Por: Mario Ruiz – julio 5 de 2007
El día de ayer se recibió un correo de la empresa, donde llaman a los funcionarios a vestirse con camisetas blancas, a propósito de la jornada que habrá hoy, en horas del medio día, en contra del secuestro, en rechazo al asesinato de los 11 ex diputados del Valle y reclamando la devolución de los cadá¡veres. Los argumentos que expresaré a continuación son solamente para la reflexión y expresan algunos aspectos de mi forma de pensar. Hoy no me vestí de blanco, entre otras, por las siguientes razones.
Es necesario que se tengan en cuenta otras apreciaciones en la vida nacional. El país se encuentra en una guerra cuyas características se asimilan a las de una guerra civil, que se expresa de diferentes maneras: la existencia de grupos insurgentes cuyo accionar se levanta, principalmente, contra un Estado, buscando su derrocamiento; la inconformidad de grandes masas en las ciudades; la movilización de sectores de la sociedad que reclaman derechos y garantías.
El reconocimiento de la existencia o no de la guerra es un principio para buscar su solución. Existen opciones: una es buscar acuerdos donde las partes deben ceder en sus aspiraciones buscando un punto medio; la otra es la radicalización del conflicto, es decir, que las partes enfrentadas, antes que buscar una salida negociada, se fortalezcan política y militarmente para tratar de resolver la guerra a su favor.
Para esto, la validación de sus prácticas, se requiere la aceptación política de la población. En este proceso entran a jugar elementos tan vitales e importantes como son los imaginarios populares, es decir, las ideas en grandes capas de la población donde la influencia de los medios masivos de comunicación entra a jugar un papel de vital importancia, a favor o en contra de una u otra posición.
Desde hace mucho tiempo, grandes sectores de la sociedad han llamado a uno y otro sector a buscar puntos coincidentes para llegar a un acuerdo humanitario, tratando ponerle fin a las penurias de las personas retenidas por la guerrilla. Ni un sector ni el otro han hecho lo suficiente para buscarle una salida a tan difícil situación: unos argumentan la necesidad de una zona de despeje, el otro sector argumenta la imposibilidad de ceder en esta solicitud. Lo cierto de todo es que el tema se ha convertido, más que en un asunto de carácter obligatorio para cualquier sociedad civilizada -en el entendido de que se está hablando de seres humanos que están padeciendo este flagelo-, en un espectáculo morboso y degradante de aquellos que buscan sacar tajada política de tan terrible situación. El Derecho Internacional Humanitario brinda las herramientas necesarias y suficientes para que los actores involucrados en dicho conflicto lleguen a acuerdos.
Pero en el país, infortundamente para nosotros, hay otras muertes y otros muchos colombianos que han sido asesinados o desaparecidos. Aquellos son ignorados, desconocidos o, simple y llanamente, olvidados. Según informaciones publicadas en la revista Semana hace pocos días, más de 30.000 colombianos reposan en fosas comunes a lo largo y ancho del territorio nacional. A esto no le hacen el ‘show’ ni la publicidad suficiente, los medios masivos de comunicación no llaman a movilizaciones y, mucho menos, la Presidencia de la República. Por supuesto, el Congreso calla, quizás porque algunos de los autores intelectuales han ejercido como ‘padres de la patria’, quizás porque muchos de esos colombianos osaron manifestar su inconformismo ante un Estado cuya democracia es burlada constantemente por las clases que ostentan el poder.
Entonces, ¿por qué nunca el gobierno colombiano ha expresado su rechazo públicamente en contra de estas prácticas, no menos detestables o despreciables?
Recuerdo en estos momentos las marchas que se hacían contra el secuestro diez años atrás, cuando Francisco Santos, ahora vicepresidente, convocaba a la ‘sociedad civil’ a manifestarse en contra de esa práctica. ¿A quién le sirvieron, entonces, esas movilizaciones? ¿Quién capitalizó todas esas grandes manifestaciones? Por ese entonces, se estaba viviendo una situación de desplazamiento, producto de la guerra. Millares de campesinos estaban protestando en la calle, reclamando sus derechos, y la respuesta del gobierno fue represión, la muerte de varios indígenas en el Cauca, la desaparición de varios campesinos en el Tolima y el asesinato de un participante en las calles de Bogotá, a manos de los antimotines.
Desde 1986, cuando se creó la Central Unitaria de Trabajadores, mas de 4.300 dirigentes y dirigentas sindicales han sido asesinados por parte de grupos paramilitares o por miembros activos de la Fuerza Pública, actuando en alianza con fuerzas ‘oscuras’. La inmensa mayoria de estos crímenes han quedado en la impunidad: al momento sólo 35 personas han sido judicializadas por estos asesinatos y más de 4.265 están impunes. ¿Quién protesta por estos asesinatos?
Cada día, a lo largo y ancho del territorio nacional, mueren de hambre niños y ancianos por problemas de hambre, desnutrición o falta de atención médica oportuna. Sólo se recuerdan cuando los medios de comunicación necesitan aumentar el raiting de la teleaudiencia. ¿Recuerdan lo que pasó hace unos pocos días con los niños del Chocó? ¿Será que el hambre se calmó o la miseria se acabó, que no han vuelto a decir nada en los medios de comunicación?
Por otro lado, en los barrios populares son asesinados jóvenes que, por desgracia, han caido en el terrible problema de la droga, muchos de ellos por escuadrones de la muerte. Pereira, por ejemplo, en los últimos dos años ha figurado en el país como la ciudad más violenta, con el índice más alto de homicidios por cada 100.000 habitantes. En términos concretos, cada fin de semana en Medicina Legal practican alrededor de 15 levantamientos. Hagan una simple operación matemática: multipliquen esto por 52 semanas, que es lo que contiene un año, y observen cuanto da. Por estas muertes nadie reclama.
Entonces, sería más partidario de participar de una movilización donde se reclame un acuerdo humanitario, donde se llegue a compromisos sobre la imperiosa libertad de todos y cada uno de los secuestrados, pero donde, igualmente, se exija el esclarecimiento de los millares de asesinatos que se han cometido en contra de sindicalistas, defensores de derechos humanos, campesinos indefensos -como los asesinados por el ejercito en Cajamarca-, o de los cientos de cadáveres presentados falsamente como muertos en combate. Sobre éstos últimos, no hay que olvidar que esos mismos medios de comunicación mostraban a esas personas asesinadas como ‘botín de combate’, mientras la procuraduria general de la Nación tiene abiertas cerca de 100 investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública por asesinatos cometidos contra civiles, que hoy en día, se conocen como falsos positivos. Esto tambien está archivado y nadie, absolutamente nadie, del gobierno protesta o exige claridad sobre estos hechos.
La verdad, estaría de acuerdo con protestar, con manifestarnos, con expresarnos en contra de todas esas penurias que padece el conjunto del pueblo colombiano. Aquí, al parecer, hay unos muertos que duelen y los demás son sólo frías e inermes estadísticas, cuyo dolor sólo lo padecen sus familiares más cercanos, porque el ‘gran gobierno’ y los medios masivos de comunicación ocultan la verdad que, en silencio, se vive allí donde las noticias no llegan o donde los micrófonos no expanden las voces que reclaman a viva voz que haya justicia.
Éstas son algunas razones de por qué no me puse la camisa blanca.