Por: Andrés Monroy Gómez – septiembre 18 2012
Durante más de un año, varios extrabajadores de General Motors Colmotores permanecieron en huelga de hambre en un campamento frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Los obreros reclaman que a la fecha no les han garantizado ninguna solución ni justa indemnización por las enfermedades profesionales que adquirieron trabajando para la multinacional.
Por: Farid Amed Hernandez*
El fundador del movimiento mundial del software libre, Richard Stallman, visitará la ciudad de Bogotá entre el 2 y 3 de agosto, en el marco de la gira nacional Stallman por Colombia 2012, en la cual, el mundialmente conocido líder tecnológico y hacker visitará siete ciudades del país.
Por: Christian Peñuela y María Alejandra Pérez – julio 10 de 2012
El 23 y 24 de junio se desarrolló en la localidad de Ciudad Bolívar el Festival Metal de las Montañas, el cual permitió que diversas agrupaciones musicales de este género del rock mostraran su trabajo y se solidarizaran con los familiares de víctimas de crímenes de Estado, en especial de las ejecuciones extrajudiciales que ha cometido el Ejército, los mal llamadas falsos positivos.
El pasado 6 de junio, en las universidades Nacional y Pedagógica de Bogotá se presentaron fuertes confrontaciones entre estudiantes y policías con motivo de la conmemoración del Día del Estudiante Caído, que se recuerda el 8 y 9 de junio con motivo del asesinato en 1954 de Gonzalo Bravo Pérez y la masacre de estudiantes en 1954 a manos del Ejército en el centro de la capital.
Por: Camila Ramírez – junio 22 de 2011
Varios de los más importantes proyectos desarrollados por las grandes empresas privadas y el Estado en el sur de Bogotá han ocasionado graves problemas sanitarios y ambientales, además de desplazamiento de campesinos, hundimiento de terrenos y fallas estructurales en barrios enteros. Así lo denunciaron más de ciento cincuenta delegados de organizaciones sociales y ambientalistas de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, que se reunieron el pasado 12 de junio para exigir justicia ambiental para las comunidades afectadas.
A la audiencia, realizada en el Colegio Distrital Paulo Freire de la localidad de Usme, fue convocado por organizaciones sociales que han trabajado la problemática ambiental de la Media Luna del sur de Bogotá, donde residen tres millones de habitantes y que por años han soportado la explotación de los recursos mineros, la degradación ambiental y el Relleno Sanitario de ‘Doña Juana’. Según el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, los habitantes de estas zonas presentan graves enfermedades respiratorias y de la piel, y esta “afectación de la salud de los habitantes se debe a los malos olores, las plagas y la contaminación del agua”.
Entre las denuncias de las comunidades cobró especial importancia la situación que provoca el Parque Minero Industrial del Tunjuelo, ubicado entre las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, en el que las empresas Holcim, de capital suizo; Cemex, de capital estadounidense y mexicano; y la Fundación San Antonio, de propiedad de la Arquidiócesis de Bogotá, realizan explotación minera a cielo abierto para elaborar materiales de construcción y en esta labor desperdician grandes cantidades de agua del río Tunjuelo. Además, se hizo de conocimiento público que las profundas excavaciones han generado grietas, hundimientos, deslizamientos y han afectado las aguas subterráneas de la zona.
La comunidad asistente denunció que las multinacionales llevan quince años explotando los recursos naturales a su conveniencia, mientras que decenas de familias de la parte alta de la localidad de San Cristóbal no cuentan con agua potable ni sistema de alcantarillado. De igual manera, se denunció que con la Operación Nuevo Usme, una de las acciones estratégicas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, pretende construir 36.000 viviendas a partir de la expropiación del territorio de los campesinos de la localidad para construir un proyecto de expansión urbana que no contempla las necesidades de esta población. Según el gerente de Metrovivienda, Francesco Ambrosi Filardi, la empresa del distrito ya cuenta con 930 hectáreas destinadas a la construcción de vivienda, zonas comerciales, zonas industriales, espacio público y vías.
Los delegados de las instituciones asistentes –la Secretaría de Hacienda de Bogotá, el Ministerio de Minas y Energía, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Metrovivienda y las alcaldías locales de Usme y Ciudad Bolívar– no se comprometieron con la comunidad a suspender las actividades de explotación, pero aseguraron que están vigilando que la normatividad se cumpla. Por su parte, las empresas privadas asistentes evadieron las preguntas de la comunidad, arguyendo que están cumpliendo sus contratos con el Estado y con las disposiciones de las autoridades competentes, por lo que no estarían afectando el medio ambiente en el territorio de la Media Luna.
Al finalizar la audiencia, las organizaciones sociales y la comunidad exigieron el cierre del botadero de basura de ‘Doña Juana’ y del Parque Minero Industrial, así como el cambio de la administración de Metrovivienda para lograr una negociación justa, justicia ambiental, un ambiente sano, una mejor calidad de vida de los habitantes del sur y que se cumpla la propuesta desarrollada por algunos campesinos de la zona rural y de las organizaciones sociales de Usme.
Por: Carlos Medina Gallego – enero 10 de 2011
Lo que podría apodarse la ‘mafia de la industria criminal de la contratación pública’ compromete a reconocidos empresarios, abogados, políticos, funcionarios públicos y al abominable engendro de las prácticas de la corrupción que son los lobbystas. Nada más trágico para un país lleno de necesidades sociales y de urgencias de desarrollo que encontrar que los presupuestos públicos, constituidos por los aportes de todos los ciudadanos y de las –cada vez menores– actividades de las empresas productivas del Estado, se van por la vena rota de la corrupción, directo hacia los bolsillos de la delincuencia organizada en sociedades anónimas, empresas de contratistas, bufetes de abogados especializados en demandar al Estado y una elite política y de funcionarios que se especializó en saquear el presupuesto y enriquecerse de manera ilícita.
Por Andrés Gómez – diciembre 17 de 2010
La peor emergencia invernal en la historia colombiana continúa, acumulando ya más de 271 víctimas fatales y 2’121.894 damnificados, según el Ministerio del Interior y de Justicia, mientras las lluvias probablemente continuarán hasta mayo y la indolencia estatal se hace sentir con mayor fuerza en las regiones más pobres.
En Colombia hay más de siete millones de personas que viven en la indigencia y la mitad de la población vive en la pobreza. Esta situación ha generado que miles de familias se vean forzadas a vivir en casas de lata y tablas ubicadas sobre las laderas de las montañas de las grandes ciudades y en terrenos no aptos para la construcción. El resultado que se repite año tras años es la tragedia: en Bello (Antioquia), murió casi un centenar de personas en un solo deslizamiento y en Bogotá miles de personas han tenido que ser reubicadas para evitar resultados mortales.
Octubre 27 de 2010
Al borde de la debacle se encontraría la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá, a juzgar por el reciente escándalo que lo relacionaría a él y a su familia en prácticas non sanctas en la contratación del Distrito Capital. Difícilmente, el Polo Democrático Alternativo (PDA) podrá ganar las elecciones del año entrante y la tensa calma que se había mantenido al interior de la colectividad ha llegado a su fin. Para el Polo es momento de decisiones difíciles, de fortalecer una posición más clara frente al país y de depurar los elementos que más daño le han hecho, si es que realmente se quiere mantener como opción de poder. No es justificable que el partido de izquierda se debata entre dos posturas de derecha, que se escudan tras argumentos aparentemente justos para defender sus propios intereses, a costa de la propia colectividad y de los sueños de cambio de quienes han apoyado este proyecto durante sus cinco años de existencia.
Marzo 2 de 2010
La crisis del transporte público que hoy tiene parcialmente paralizada a la capital colombiana realmente reúne dos paros distintos: el de los propietarios de las grandes empresas y el de los trabajadores y microempresarios del transporte. El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, desesperado por la incapacidad del sistema Transmilenio para movilizar a casi siete millones de bogotanos, ha optado por manejar el asunto de la misma manera en que lo han hecho las anteriores administraciones del Distrito Capital y se ha empeñado en negociar con los dueños de las grandes compañías de buses urbanos, negando los espacios de diálogo a los pequeños transportadores y haciendo la vista gorda a todos los excesos que la policía comete en los barrios populares para supuestamente garantizar la movilidad en la ciudad.