La comunidad indígena Sikuani de Barrulia, en Puerto Gaitán, Meta, lleva décadas exigiendo el reconocimiento de su territorio ancestral. El Estado ha negado medidas de protección y vulnerado sus derechos, y ahora enfrentan el despojo y la deforestación de sus tierras por parte de la comunidad menonita extrajera, una amenaza que aumenta el ya alto riesgo de exterminio físico y cultural del pueblo Sikuani.
La expansión de las colonias menonitas en la Amazonía peruana ha desencadenado graves conflictos territoriales con las comunidades indígenas, cuyas formas de vida dependen del bosque tropical húmedo y su biodiversidad. Estas comunidades han habitado por miles de años estos territorios, desarrollando una relación con la naturaleza que garantiza tanto su subsistencia como su identidad cultural. Pero, la tala masiva y la conversión de bosques en tierras agrícolas por parte de los menonitas han generado un profundo impacto ambiental y social, vulnerando los derechos de los pueblos nativos, y poniendo en riesgo un ecosistema vital para amortiguar el cambio y la crisis climática.
Cada 1° de mayo, Bogotá se convierte en el epicentro de una lucha que ha resistido el paso del tiempo. No se trata solo de una conmemoración, sino de una jornada de reivindicación, de resistencia y de un grito colectivo que exige cambios urgentes en las condiciones laborales del país. Este año, la convocatoria fue más que una protesta: fue una declaración de principios. Miles de personas salieron a marchar con un mensaje claro: la reforma laboral es un imperativo, no un mero debate legislativo.
Las calles reflejaron el rostro de un país que se niega a aceptar la precarización del trabajo como norma. Madres que sobreviven jornadas agotadoras sin tiempo para ver a sus hijos, jóvenes que jamás han conocido lo que significa tener estabilidad laboral, trabajadores que han construido la nación desde la informalidad sin recibir el reconocimiento que merecen. La exigencia es simple pero vital: garantías laborales justas y dignas, porque las vidas de los y las trabajadoras merecen respeto y bienestar.
Una reforma postergada y una nueva esperanza
Tenemos todo por ganar – Foto: Andrea Umaña
El camino de la reforma laboral ha estado lleno de obstáculos y contradicciones. En octubre de 2024, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto con 81 artículos que prometían transformar las condiciones laborales del país. Sin embargo, en marzo de 2025, el Senado decidió rechazar la iniciativa, frustrando las esperanzas de miles de trabajadores y dejando en evidencia las pugnas políticas que han obstaculizado cualquier avance en esta materia.
Este golpe fue recibido con indignación, pero también con determinación. La movilización del 1° de mayo fue un recordatorio de que la lucha no se detiene, y ante el fracaso legislativo, la consulta popular se convirtió en la alternativa. Impulsada por el presidente Gustavo Petro, este mecanismo constitucional busca darle a la ciudadanía la posibilidad de decidir sobre la reforma, permitiendo que sean las voces del pueblo las que definan el futuro laboral del país.
Empresarios versus trabajadores: una disputa histórica
Teatro por la diginidad obrera – Foto: Andrés Gómez
La tensión entre trabajadores y empresarios no es nueva. Colombia ha sido un país marcado por la lucha constante entre la fuerza laboral y el poder económico. Mientras los empresarios defienden la flexibilidad laboral como un pilar del desarrollo económico, quienes trabajan a diario enfrentan condiciones de explotación, horarios abusivos, salarios insuficientes y la incertidumbre de contratos frágiles.
El exministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho Morales, lo expresó sin titubeos:
(…) estamos luchando por una reforma laboral que el Congreso ni siquiera quiso discutir, y por eso hemos tenido que acudir a un mecanismo constitucional democrático, que es la consulta popular. Así que hoy nos movilizamos el pueblo trabajador para recuperar los derechos que nos quitó el neoliberalismo en los últimos 20, 25 años, y parte de la reforma laboral es eso, recuperar derechos que nos habían quitado.
Esas palabras reflejan la frustración acumulada por años de políticas que han despojado a los trabajadores de beneficios esenciales. La batalla por una reforma laboral no es solo un tema económico, sino también un acto de justicia y reparación.
Una reforma con enfoque étnico y de género
Luz Marina Becerra – Foto: Andrés Gómez
El respaldo a la consulta popular quedó evidenciado en la diversidad de colectivos que participaron en la movilización: comunidades indígenas, sindicatos, colectivos feministas, jóvenes y comunidades afrodescendientes. Todos con una consigna clara: En la consulta popular, a todo: SÍ.
En un país con profundas desigualdades, la lucha laboral debe ir más allá de lo general y reconocer las realidades particulares de los grupos históricamente marginados. Luz Marina Becerra, representante legal de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (Comadre), subrayó la importancia de una reforma que garantice derechos específicos a las comunidades étnicas.
Necesitamos inclusión laboral, (…) y con la inclusión que se generen las garantías laborales, que se reconozcan las horas extra, que se reconozcan salarios dignos para nuestra población.
Las mujeres afrocolombianas, como tantas otras trabajadoras en el país, enfrentan no solo la precarización laboral, sino también el racismo estructural y el machismo que limita sus oportunidades. La reforma no puede ser solo un cambio técnico; debe ser una herramienta de equidad que reconozca el derecho a una vida laboral digna para todas las personas, sin distinciones de género ni etnia.
Más que una reforma: el derecho a la dignidad
Marchas del 1 de mayo por la dignidad de los y las trabajadoras – Foto: Andrés Gómez
La lucha por la reforma laboral no es solo un debate normativo. Es una batalla por la dignidad, por el derecho a una vida estable, por la posibilidad de trabajar sin temor a la explotación. En un país donde el empleo informal según el DANE es del 58.6% y la precariedad son moneda corriente, avanzar hacia condiciones laborales humanas es una necesidad que no puede seguir postergándose.
La consulta popular representa una oportunidad histórica para que la ciudadanía colombiana tome las riendas de su destino laboral. No es una cuestión de partidos o de ideologías, sino de justicia social. El pueblo ha hablado en las calles. Ahora, la verdadera pregunta es si el sistema político escuchará o si seguirá ignorando los reclamos de quienes sostienen el país con su esfuerzo diario.
Por: Marcela Zuluaga Contreras – noviembre 8 de 2021
Claudia Jimena Pai habla de forma serena cuando se le pide que cuente su vida: como muchos indígenas, sabe que hay cosas que no pueden hacerse con prisa y que requieren que uno se piense bien las palabras. Se describe a sí misma como una mujer sencilla del municipio de Tumaco, ubicado al extremo suroccidental de Colombia, que mantiene una fuerte conexión con su territorio, la naturaleza, los ríos, las plantas y los animales, a la vez que lucha por los derechos de su pueblo awá en una de las regiones más peligrosas de Colombia.
Por: Marcela Zuluaga Contreras – noviembre 8 de 2021
A Jakeline Romero Epiayú le ha tocado ver como cada año la mina de El Cerrejón le arrebata grandes mordidas a lo que era el territorio ancestral de su pueblo wayúu, mientras la gente muere de sed y hambre en el desierto.
Cada 29 horas una mujer es agredida en Colombia por defender los derechos humanos, mientras los responsables por estos hechos gozan de casi total impunidad.
Por: Juan David Páramo – octubre 2 de 2020 Ilustración: Se lo explico con plastilina
Desde el centro de la ciudad de Popayán, se divisa el Morro de Tulcán, lugar sagrado por los ritos de entierro del pueblo pubenense, poblador originario de la actual capital del departamento del Cauca. En 1937, para conmemorar los 400 años de la fundación a sangre y fuego de la Ciudad Blanca, las autoridades municipales autorizaron la edificación de la estatua colosal de Sebastián de Belalcázar sobre el Morro, despreciando la propuesta inicial de honrar aquel lugar sagrado con la estatua del cacique Pubén. Casi un siglo después, un grupo de jóvenes del pueblo Misak, hijos del arcoíris y del agua, tumban la estatua del Sebastián Moyano, que en el Nuevo Mundo cambió su apellido a Belalcázar.
Minga. Ilustración: Contraculturals, a partir de una foto de Camilo Ara.
Por: Fernando Dorado – Popayán, abril 8 de 2019
Después de 26 días de protesta, las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes de Cauca, Huila, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, lograron un acuerdo con el Gobierno para despejar la carretera Panamericana, única vía de comercio internacional entre Colombia y el sur del continente.
Indígenas awá despiden a sus líderes asesinados. Foto: Andrés Gómez.
Por: Andrés Gómez – diciembre 12 de 2018
Juan*, un guardia indígena awá del resguardo Palmar Medio Imbí del municipio de Ricaurte (Nariño), recibió una llamada el 2 de diciembre apenas 30 minutos después de la medianoche. Le informaban que había un hombre herido al frente de la casa de otro de sus compañeros, quien recibirá la responsabilidad de ser coordinador de la guardia en 2019. Al llegar allí, encontró que habían asesinado a Héctor Ramiro García, reconocido líder de la zona y uno de los fundadores de las dos organizaciones que reúnen al pueblo awá en Colombia y, desde hace tres décadas, han luchado por su unidad y autonomía: la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari).