Por: Andrea Umaña
Cada 1° de mayo, Bogotá se convierte en el epicentro de una lucha que ha resistido el paso del tiempo. No se trata solo de una conmemoración, sino de una jornada de reivindicación, de resistencia y de un grito colectivo que exige cambios urgentes en las condiciones laborales del país. Este año, la convocatoria fue más que una protesta: fue una declaración de principios. Miles de personas salieron a marchar con un mensaje claro: la reforma laboral es un imperativo, no un mero debate legislativo.
Las calles reflejaron el rostro de un país que se niega a aceptar la precarización del trabajo como norma. Madres que sobreviven jornadas agotadoras sin tiempo para ver a sus hijos, jóvenes que jamás han conocido lo que significa tener estabilidad laboral, trabajadores que han construido la nación desde la informalidad sin recibir el reconocimiento que merecen. La exigencia es simple pero vital: garantías laborales justas y dignas, porque las vidas de los y las trabajadoras merecen respeto y bienestar.
Una reforma postergada y una nueva esperanza
El camino de la reforma laboral ha estado lleno de obstáculos y contradicciones. En octubre de 2024, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto con 81 artículos que prometían transformar las condiciones laborales del país. Sin embargo, en marzo de 2025, el Senado decidió rechazar la iniciativa, frustrando las esperanzas de miles de trabajadores y dejando en evidencia las pugnas políticas que han obstaculizado cualquier avance en esta materia.
Este golpe fue recibido con indignación, pero también con determinación. La movilización del 1° de mayo fue un recordatorio de que la lucha no se detiene, y ante el fracaso legislativo, la consulta popular se convirtió en la alternativa. Impulsada por el presidente Gustavo Petro, este mecanismo constitucional busca darle a la ciudadanía la posibilidad de decidir sobre la reforma, permitiendo que sean las voces del pueblo las que definan el futuro laboral del país.
Empresarios versus trabajadores: una disputa histórica
La tensión entre trabajadores y empresarios no es nueva. Colombia ha sido un país marcado por la lucha constante entre la fuerza laboral y el poder económico. Mientras los empresarios defienden la flexibilidad laboral como un pilar del desarrollo económico, quienes trabajan a diario enfrentan condiciones de explotación, horarios abusivos, salarios insuficientes y la incertidumbre de contratos frágiles.
El exministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho Morales, lo expresó sin titubeos:
(…) estamos luchando por una reforma laboral que el Congreso ni siquiera quiso discutir, y por eso hemos tenido que acudir a un mecanismo constitucional democrático, que es la consulta popular. Así que hoy nos movilizamos el pueblo trabajador para recuperar los derechos que nos quitó el neoliberalismo en los últimos 20, 25 años, y parte de la reforma laboral es eso, recuperar derechos que nos habían quitado.
Esas palabras reflejan la frustración acumulada por años de políticas que han despojado a los trabajadores de beneficios esenciales. La batalla por una reforma laboral no es solo un tema económico, sino también un acto de justicia y reparación.
Una reforma con enfoque étnico y de género
El respaldo a la consulta popular quedó evidenciado en la diversidad de colectivos que participaron en la movilización: comunidades indígenas, sindicatos, colectivos feministas, jóvenes y comunidades afrodescendientes. Todos con una consigna clara: En la consulta popular, a todo: SÍ.
En un país con profundas desigualdades, la lucha laboral debe ir más allá de lo general y reconocer las realidades particulares de los grupos históricamente marginados. Luz Marina Becerra, representante legal de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (Comadre), subrayó la importancia de una reforma que garantice derechos específicos a las comunidades étnicas.
Necesitamos inclusión laboral, (…) y con la inclusión que se generen las garantías laborales, que se reconozcan las horas extra, que se reconozcan salarios dignos para nuestra población.
Las mujeres afrocolombianas, como tantas otras trabajadoras en el país, enfrentan no solo la precarización laboral, sino también el racismo estructural y el machismo que limita sus oportunidades. La reforma no puede ser solo un cambio técnico; debe ser una herramienta de equidad que reconozca el derecho a una vida laboral digna para todas las personas, sin distinciones de género ni etnia.
Más que una reforma: el derecho a la dignidad
La lucha por la reforma laboral no es solo un debate normativo. Es una batalla por la dignidad, por el derecho a una vida estable, por la posibilidad de trabajar sin temor a la explotación. En un país donde el empleo informal según el DANE es del 58.6% y la precariedad son moneda corriente, avanzar hacia condiciones laborales humanas es una necesidad que no puede seguir postergándose.
La consulta popular representa una oportunidad histórica para que la ciudadanía colombiana tome las riendas de su destino laboral. No es una cuestión de partidos o de ideologías, sino de justicia social. El pueblo ha hablado en las calles. Ahora, la verdadera pregunta es si el sistema político escuchará o si seguirá ignorando los reclamos de quienes sostienen el país con su esfuerzo diario.
