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Andrés Felipe Arias: a la cárcel

Por: Camila Ramírez – Julio 27 de 2011

El pasado martes 26 de julio, el magistrado Orlando Fierro Perdomo dictó medida de aseguramiento contra el exministro Andrés Felipe Arias, por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, relacionados con los subsidios de Agro Ingreso Seguro. Sin embargo, el encargado de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no permanecerá detenido en la cárcel La Picota, como lo ordena la decisión judicial, sino en el Cantón Norte del Ejército en Bogotá.

El exministro estará privado de la libertad mientras se lleva a cabo la investigación sobre las irregularidades en la adjudicación de los subsidios del programa estrella de su cartera, Agro Ingreso Seguro, en el que las subvenciones gubernamentales para agricultores que terminaron en manos de terratenientes y grandes agorindustriales que, en algunos casos, luego habrían donado generosas sumas para su campaña para ser el candidato presidencial por el Partido Conservador en las elecciones del año pasado.

En la decisión judicial se determinó que la medida de aseguramiento es necesaria porque el exministro Arias podría obstaculizar la investigación. En este sentido, el magistrado Fierro manifestó que Arias “en su condición de exministro de la República, alto dignatario del Estado, puede influir para inducir a los otros imputados para que se oculte o se calle la verdad […] de las diez visitas que realizó al establecimiento carcelario La Picota, dos de ellas, el 27 de mayo y el 3 de junio de 2011, las hizo en horarios no permitidos, un viernes”.

Tres declaraciones diferentes, de exfuncionarios y beneficiarios de Agro Ingreso Seguro, implican a Arias en el cambio de las versiones de los imputados ante la justicia. Juan Manuel Dávila Fernández y Juan Manuel Dávila Jimeno afirmaron ante la Fiscalía que el exministro les pidió que no fueran a declarar, mientras él y sus abogados decidían cómo manejar la defensa.

Además de la detención que afronta Arias, el pasado 19 de julio, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante dieciséis años. El Ministerio Público lo responsabilizó por intervenir en convenios especiales de cooperación científica y tecnológica con omisión de estudios previos, por aprobar convocatorias públicas de riego y drenaje sin contar con factores de evaluación y por celebrar convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) prescindiendo de los procesos de licitación que ordena la Ley. Además, sancionó a otros diez exfuncionarios, como el también exministro de Agricultura Andrés Fernández y el ex viceministro Juan Camilo Salazar, ambos por once años.

En 2009 se destapó el escándalo de AIS, un programa supuestamente destinado al fomento del sector de la agricultura mediante subsidios a pequeños empresarios. Sin embargo, quienes erminaron beneficiándose de los recursos públicos destinados a este programa fueron grandes agroindustriales y terratenientes, así como ciertos miembros de algunas de las más prestantes y reconocidas familias relacionadas con los negocios del campo.

julio 27, 2011
Chile – Estudiantes luchan contra crisis de la educación

Por: Daniela King Reyes – julio 25 de 2011

En Chile la crisis de la educación no es una novedad. Por el contrario, ha sido denunciada constantemente durante varios años. Antes de septiembre de 1973, tanto la educación básica, como la media y la superior eran estatales, gratuitas, de calidad reconocida y con cobertura a nivel nacional. Luego del golpe y la dictadura militar, comenzó a sufrir una transformación donde pasó de ser un derecho a convertirse en un lucrativo negocio para los grandes empresarios, en el que el Estado se terminó alejando tanto del funcionamiento como del financiamiento de las universidades ‘públicas’.

Transcurrieron los años, volvió la democracia y, lejos de que los gobiernos de la Concertación realizaran un cambio en el ámbito educativo, estos se esforzaron por profundizar el sistema neoliberal también en las universidades y colegios.

En Chile, cualquier persona que posea un capital para invertir puede instalar una universidad, instituto de formación técnica o colegio, con el beneplácito del Estado, careciendo de un sistema de fiscalización que garantice la calidad, tanto en la enseñanza como en la infraestructura de los establecimientos.

Específicamente, la Ley indica que ninguna institución educativa puede lucrarse por los servicios prestados. Sin embargo, se pasa por alto esta disposición en la práctica, pues se han creado diversos artilugios para evadir la nula fiscalización en este aspecto y convertir a las entidades encargadas de impartir la educación en Chile en rentables negocios privados. Éste es el punto que ha colmado la paciencia de miles de estudiantes universitarios y secundarios, que ven que para poder estudiar una carrera universitaria deben pagar al contado una suma no menor a los 2.000 dólares por año –una carrera profesional, con duración de cinco años, cuesta por lo menos unos 11.000 dólares, sin incluir gastos de matrícula y titulación– y si desean optar por un crédito para financiar sus estudios esta cifra se multiplica cuatro o cinco veces.

El fin de este lucro indiscriminado en la educación superior es uno de los puntos comunes que escolares y universitarios exigen en un petitorio que han elaborado en forma separada, puesto que las demandas en otros aspectos son bastante distintas. Mientras que los universitarios exigen el fin al lucro, más aporte fiscal directo a las universidades estatales, centros de formación técnica estatales y créditos con un fondo solidario que no aplique las tasas de interés de la banca privada, entre otros varios puntos; los secundarios exigen la desmunicipalización de los colegios y su respectiva estatización, una tarjeta de locomoción gratuita para los 365 días del año y una efectiva reconstrucción de los establecimientos, luego de los daños que sufrieron en el terremoto de febrero de 2010.

Los estudiantes llevan movilizados más de un mes, en un cese de actividades en el que ocupan las instalaciones de los colegios y universidades, y en el que han ido ganándose poco a poco la validación de la sociedad en general: para los chilenos, la educación de calidad es algo a lo que aspiran todas las familias, que ven en el futuro de sus hijos e hijas la posibilidad de mejorar su calidad de vida.

El jueves 14 de julio se realizó la última gran marcha de este movimiento. A pesar de no haber sido tan masiva como las anteriores, puesto que la autoridad regional prohibió que se marchara sobre la Alameda Bernardo O’ Higgins –principal calle de Santiago–, cerca de cien mil personas llegaron a manifestarse a dicha avenida, sobrepasando la capacidad de los Carabineros de la Policía.

Las marchas, multiplicadas por todas las regiones y ciudades del país, ya no están conformadas sólo por estudiantes sino por todo tipo de sectores sociales que sienten sus demandas como propias. Sólo en la movilización del 30 de junio, según los organizadores, participaron más de 300.000 personas a nivel nacional y hasta los grandes medios de comunicación afirman que desde las marchas que se efectuaron a principios de los años ochenta en rechazo a la dictadura no se habían congregado tantas personas en las calles.

En esta coyuntura, el gobierno de Sebastián Piñera, de clara tendencia neoliberal, aduce que los puntos del petitorio son casi imposibles de cumplir y ha propuesto sólo soluciones de maquillaje, aumentando un poco el fondo en las becas universitarias y comprometiéndose a analizar los puntos de las demandas de los secundarios.

Adicionalmente, Piñera ha planteado que no dialogará con quienes se encuentren movilizados y, sobre todo, ha logrado que, en un pacto tácito con ciertos medios de comunicación, se exageren los enfrentamientos con la Policía en las marchas, otorgando mayor importancia a estos hechos que a la masiva participación vista en las últimas semanas. Por ejemplo, en una de las manifestaciones hubo 140 detenidos en Santiago, de 140.000 manifestantes, es decir, el 0,1%. A través de los medios, el gobierno está constantemente deslegitimando al movimiento estudiantil, que en estos momentos está adquiriendo las características de un movimiento social que se plantea en contra de las privatizaciones, tanto en la educación como en la salud y en el transporte, y que se define opuesto a las políticas neoliberales que han traído la flexibilización laboral, la venta de los recursos naturales, el saqueo del cobre, etc.

Buscando un amaine del descontento social, el lunes 18 de julio, el gobierno realizó un cambio de gabinete que terminó siendo un ‘enroque’ entre titulares de varios ministerios. Entre los cambios, el ministro de Educación, Joaquín Lavín, fue removido a la cartera de Planificación y Felipe Bulnes, quien abandonó el ministerio de Justicia, asumió la tarea de comandar en Educación. De este cambio todavía no se sabe mucho, pues en sus primeras semanas Bulnes no ha tenido mucha presencia mediática ni ha anunciado nada diferente a lo que hacía su antecesor. Pese a esto, y con todo lo que han significado estas movilizaciones, se prevé que luego se hagan anuncios más fuertes.

Por su parte, Sebastián Piñera anunció que impulsaría un Gran Acuerdo Nacional de Educación (GANE), que consiste en inyectar cuatro mil millones de dólares por una única vez al sistema educacional, ‘discutir’ el tema del lucro en las universidades y crear una superintendencia de Educación. Como se deduce, ninguna de estas medidas ataca directamente los problemas de fondo que plantean los estudiantes, por lo que estos se mostraron insatisfechos con dichas soluciones y decidieron mantener las movilizaciones.

La sociedad chilena se comienza a indignar y a exigir su derecho fundamental a la educación pública y de calidad. Ojalá este movimiento cumpla sus objetivos y no decaiga en los vicios que muchas veces perjudican a la construcción del poder popular. Esperemos que ésta sea la primera de muchas victorias para el pueblo chileno.

julio 25, 2011
Facundo no se nos fue

Por: Alejandro García Maldonado – 18 de julio de 2011

Apenas llevamos unos cuantos días continuando en este mundo sin una voz, la de un mensajero mundial del amor y la paz, reconocido por la ONU aunque Facundo poca importancia le diese a los títulos. La tragedia y la cobardía lo apresaron, y fue acribillado por sicarios el pasado 9 de julio en Guatemala, cuando iba rumbo al aeropuerto. Se desconocen las razones, pero se habla de un ajuste de cuentas sobre el empresario que le acompañaba, que se mantuvo durante diez días debatiéndose entre la vida y la muerte.

Sus creencias, su música y su amor al presente han sabido trascender a la humanidad y superar las barreras del olvido, al que nunca caerá, gracias a su vida nómada que sólo ha causado admiración cuando duró y tristeza al anticiparse su fin, de una manera tan sangrienta, cuando contaba con 74 años. En una entrevista con Ariel Chávez, cuando éste le preguntó qué sería del mundo cuando muriera, dijo que seguiría igual y, haciendo gala de su ironía, aseguraba que sin Gardel continuó el tango y sin Maradona el fútbol, luego no había nada que temer. Era su sinceridad abrumadora y su repudio al materialismo lo que desconcertaba y maravillaba de un modo simultáneo.

No era de allí, ni de aquí. No quería un porvenir en torno al dinero, sólo la felicidad. Amante del amor, del presente, del ahora, tuvo siempre la aspiración de que sus letras ayudasen a desbancar los miedos al alma de cada uno que le escuchase y se sintiese libre en plenitud, y conocida es su convicción de no pretender enseñar a nadie, pero lo hacía aunque no quisiera, porque sus canciones eran lecciones de vida. Así es como siento que quiso que se le recordara, pero su magnificencia encuentra alojo en que ni quería los halagos: decía en una de sus célebres canciones que quien acepta los halagos empieza a ser dominado, como el hombre que acaricia al caballo para poder montarlo.

Prueba de su ausente narcisismo y el poco valor que le daba a sus premios es que todos sus reconocimientos discográficos se los regaló a un taxista amigo suyo. Cuando le preguntaban si le gustaba ayudar a las personas con su consejo, respondía que nadie es tan viejo para poder aconsejar y así, seguro que son infinitas y eternas las anécdotas que rodean el recuerdo, la memoria, y la inmortalidad de Facundo.

El Indio Gasparino de los inicios, el niño tozudo que con sólo nueve años desapareció de casa para llegar a Buenos Aires y pedir a Perón un trabajo para su madre, consiguiendo burlar la seguridad y hablar con él y Eva Duarte. “Por fin alguien pide trabajo y no limosna”, dicen que fueron las palabras que Evita pronunció tras este inesperado encuentro.

Perseguido por la dictadura de Argentina, retornado al Luna Park en 1984 para deleite de sus compatriotas, hoy el mundo de la trova y el de los anónimos llora su pérdida. Hace poco leí unas líneas sobre un encuentro que sostuvo con el guitarrista nicaragüense Eduardo Araica, en las que el propio Araica aseguraba no sólo haber logrado el sueño de conocerle sino ver que sus letras y la imagen que reflejaba en la sociedad era cierta, siendo un hombre que irradiaba amor en cada instante. Podríamos buscar adjetivos más elaborados para describirle, pero no son sino las palabras de amor y de presente las que muestran de un modo sencillo, como a él le gustaba, su forma de ser y de plantar cara a la vida.

Todos los mandatarios latinoamericanos lamentan la pérdida de este ser humano y debiera servir para que tomen conciencia de la necesidad de erradicar el peligro en las calles de tan bello continente. A Facundo una bala le robó la vida, pero a diario caen muchos más inocentes, a los que Facundo entregó su voz en canciones protesta que sólo buscaban un mundo mejor al que se nos daba, siendo baluarte y poeta que, como ha dicho Mauricio Funes, dedicó su vida a cantar el dolor de los pueblos latinoamericanos.

No se nos fue, él se adelantó. Me muestro en la osadía de hacer mías sus palabras, porque así las siento y considero que lo describen, por su reflexión a la muerte, el amor y la pobreza:

“La vida no te quita cosas, te libera de cosas. Te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela, por eso lo que llamas problemas son lecciones. No perdiste a nadie, el que murió simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte: hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa: Gandhi, Michelangelo, Whitman, San Agustín, la Madre Teresa, tu abuela y mi madre, que creía que la pobreza está más cerca del amor, porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja porque nos hace desconfiados”.

Hoy Guatemala pide perdón al mundo por la muerte de Facundo. Ha sido un horrible capricho del destino que ocurriese allá y ahora. Pero, en lugar de pedir perdón, ha de servir este trágico suceso para luchar por erradicarlos, porque hoy fue Facundo, pero mañana será cualquiera de los millones de niños latinoamericanos que abandonados andan sus calles y por los que Facundo, si fuese preciso, volvería dar la vida. No se nos fue.

julio 18, 2011
Enfermos por Colmotores

Por: Carlos Jaime Fajardo – julio 15 de 2011

A pesar del anuncio del gobierno Santos sobre la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en el país, hecho con el evidente fin de que le aprueben el Tratado de Libre Comercio (TLC), lejos está la realidad de ello.

Colmotores, como se llama a la empresa que ensambla los automotores marca Chevrolet en Colombia, explota a más de mil quinientos trabajadores en el país, que realizan labores de mecánica, latonería, pintura, soldadura, entre otras. Esta situación lleva a que muchos de estos obreros sufran enfermedades profesionales. La multinacional, desconociendo derechos mínimos, despide a quienes padecen de problemas en la columna, las manos, la espalda, el cuello; a quienes desarrollan síndromes como el del manguito rotador del hombro, del túnel carpiano; o terminan con bursitis o hernias. Esto, a pesar de que, en muchos casos, estas lesiones de trabajo terminan dejándolos inválidos.

Debido a los contratos laborales a término fijo –soportados en la Ley 50 de 1990 y en la Ley 789 de 2002, que implantaron la flexibilización laboral para beneficio del gran capital–, se facilita a la empresa no renovar contratos a quienes se vayan enfermando. Una artimaña que utilizan para ello, constriñendo el derecho que se tiene a elegir la atención médica, consiste en que obligan a los trabajadores, mediante cláusula del pacto colectivo, a asistir primero al centro de salud de la empresa antes que a cualquier otro servicio médico, con lo cual identifican los síntomas de los enfermos y, de manera sorpresiva, se les cancela el contrato o no se les renueva.

Otra artimaña es que la Administradora de Riesgos Profesionales ARP Colpatria no reconoce tales afecciones físicas como enfermedades profesionales sino que las califica como comunes, es decir, como adquiridas fuera del trabajo y en el mejor de los casos reconoce incapacidades del 16%, que no dan para pensión por invalidez, vulnerando una vez más sus derechos.

Como si fuera poco, han pasado por la multinacional seis inspectores de trabajo del llamado Ministerio de Protección Social en el último año, quienes han avalado tales despidos. Vale recordar que uno de los argumentos de protección al trabajador que muestra el gobierno en el exterior es el nombramiento de trescientos ochenta inspectores, que en este caso están al servicio de los patrones.

Ante dicha situación, se conformó en el pasado mes de mayo la Asociación de Trabajadores Enfermos de Colmotores (Asotrecol), conformada por 56 trabajadores y extrabajadores despedidos injustamente, quienes han visibilizado su problemática por medio de mítines, comunicados y relaciones diplomáticas en las que han requerido nuestra solidaridad. No se puede ser indiferente ante tantos atropellos a los trabajadores colombianos por parte del capital extranjero, ahora bajo el engaño de que la prosperidad es para todos.

julio 15, 2011
La Marcha de las Putas dice por el mundo: ¡No es no!

Por: Christian Peñuela – julio 11 de 2011

La Slut Walk de Canadá, Australia, Estados Unidos e Inglaterra; la Marcha das Vagabundas en Brasil y la Marcha de las Putas en Honduras, México, El Salvador, España y Venezuela, entre otros países, ha sido una acción colectiva a nivel global que protesta contra la violencia sexual hacia las mujeres. Madres, padres, hermanos, ‘putas y putos’, miembros de la comunidad LGBTI, así como niños y niñas salieron a las calles para reivindicar la dignidad de las mujeres.

Al grito “No es no”, los participantes en esta particular forma de protesta rechazan la utilización de las mujeres como objetos sexuales, así como el acoso y la violencia cometida contra ellas en los ámbitos públicos y privados. El interés en la palabra ‘puta’ se debe a la carga emocional que contiene y a la forma en que socialmente se impone a las mujeres una forma ‘válida’ de vestir, de actuar y de valorar su cuerpo y su feminidad. Sin embargo, estas movilizaciones poco tienen que ver con el trabajo sexual ni están compuestas por quienes ejercen esa labor, por el contrario, integran a mujeres y hombres de todas las edades y condiciones sociales que rechazan la discriminación y las agresiones hacia la población femenina.

Todo comenzó el pasado 24 de enero, por un comentario discriminatorio realizado por el policía canadiense Michael Sanguinetti durante un evento sobre seguridad civil en la Universidad de Nueva York. El uniformado afirmó que “las mujeres deben evitar vestirse como putas para no ser víctimas de la violencia sexual”. Esta frase indignó al movimiento femenino de la ciudad de Toronto (Canadá), que no tardó en emprender una lucha por la transformación de los imaginarios sociales que las estigmatizan como responsables de la violencia en su contra y organizó, el pasado 3 de abril, una gran manifestación en la que miles de mujeres, con el apoyo de la comunidad LGBTI y diferentes organizaciones sociales, se movilizaron vistiendo tacones, mallas, pronunciados escotes, ligueros y hasta desnudos para reclamar respeto por el derecho al cuerpo y a una vida libre de violencias.

Esto ha motivado la realización de quince movilizaciones similares alrededor del mundo y la preparación de decenas más, encabezadas por organizaciones de mujeres que han incluido las problemáticas de cada país entre las razones de la protesta: en México, contra los feminicidios; en Honduras, contra la violencia sexual agudizada sin precedentes desde el golpe de Estado; y en Argentina, por el registro de violadores, son algunas de las razones que han alimentado esta acción colectiva en América Latina.

En Colombia, existen muchas experiencias de movilizaciones contra la violencia hacia las mujeres. Desde las multitudinarias manifestaciones que, el 8 de marzo y el 25 de noviembre, se toman las calles de las principales ciudades del país hasta decenas de actos simbólicos en distintos lugares de la geografía nacional han servido para denunciar la delicada situación en materia de derechos que se vive en nuestro país.

Dos de estos esfuerzos por sensibilizar a la ciudadanía y transformar la realidad de violencia contra la mujer que se vive en el país se dan en extremos distintos de Bogotá, tanto por su ubicación geográfica como por su situación social y económica. Uno de ellos ha tenido lugar en el Parque Fundacional de Usaquen, donde la campaña Mujeres por la ciudad ubicó siluetas de mujeres tipo monumento y a escala humana para conocer el comportamiento que las personas tienen en su relación con aquellas. De igual forma, desde 2007, organizaciones de mujeres de la localidad de Bosa vienen vienen realizando plantones el primer viernes de cada mes para denunciar los casos de violencia sexual, bajo el lema: “Ni una niña, ni un niño, ni una mujer más violada en Bosa”.

Según el “Informe sobre violencia sexual y feminicidios en Colombia”, presentado en 2008 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las organizaciones Corporación Casa de la Mujer, Mujeres que Crean, Ruta Pacífica de las Mujeres y Vamos Mujer, la situación en Colombia es preocupante por el tipo de agresión y el perfil de las víctimas: “una de cada tres víctimas de violencia está en el rango de edad de 10 a 14 años” y “una de cada cinco víctimas está en la edad de cinco a nueve años […] las niñas son las más agredidas sexualmente”, señala el documento.

Adicionalmente, tanto el informe citado como otros diagnósticos sobre derechos de la mujer señalan que la violencia sexual y el homicidio hacia las mujeres han sido mecanismos de control territorial en la guerra que se vive en Colombia. El informe “La Violencia Sexual en Colombia: Un arma de guerra”, elaborado por Oxfam Internacional en 2009, afirma que “la existencia generalizada y sistemática de la violencia sexual contra las mujeres, empleada por todos los grupos armados como arma de guerra y componente de una estrategia de terror más amplia contra la población civil, puede ser una de las claves para que este delito sea presentado como crimen de lesa humanidad. Esta realidad contrasta con la impunidad y la invisibilización que han silenciado y perpetrado estos crímenes”.

julio 11, 2011
The Slutwalk tells the world: no means no!

By: Christian Peñuela – July 11th, 2011

The Slutwalk in Canada, Australia, USA and England, the Marcha das Vagabundas in Brazil and the Marcha de las Putas in Honduras, Mexico, El Salvador, Spain and Venezuela, among others, has become a collective international action to protest against sexual violence towards women. Mothers, fathers, brothers, ‘whores and sluts’, members of the LGBTI community and children have taken the streets to reclaim the dignity of women.

Shouting “No means no”, those who participate in this particular form of protest reject the use of women as sex objects, as well as harassment and violence committed against them in public and private spheres. The interest in the word ‘slut’ comes from the emotional burden it carries and from the way society imposes a ‘valid’ way of dressing, acting and valuing their body and femininity on women. However, these demonstrations have little to do with sex work and sex workers do not make part of them; quite the contrary, they gather women and men of all ages and social backgrounds that reject discrimination and aggression towards the female population.

It all started last January 24th, when a Canadian policeman, Michael Sanguinetti, made some discriminatory comments during a civil security event held at the University of New York. The officer declared that “women should avoid dressing like sluts in order not to be victimized”. This statement aroused the women’s movement in the city of Toronto (Canada) to a state of indignation and they soon began a fight for the transformation of the social imaginary that stigmatizes women as responsible for the violence against them. On April 3rd, the movement staged a large protest where thousands of women, with the support of the LGBTI community and various social organizations, marched wearing heels, tights, pronounced cleavage, garters and even naked to demand respect for the right to body and a to a life free of violence.

Inspired by this first protest, fifteen similar demonstrations have been carried out around the world and many more are being planned by women’s organizations, which have included particular issues of each country among the reasons that have fueled this collective action in Latin America: in Mexico against femicide; in Honduras against the unprecedented increase of sexual violence since the coup d’état; and in Argentina in favor of the registration of sex offenders.

In Colombia, there have been many experiences of mobilization against violence towards women. From the massive demonstrations that took the streets of major cities on March 8th and November 25th to tens of symbolic acts in different parts of the national territory, which have served to expose the critical situation regarding human rights in this country.

Two of these efforts to raise public awareness and transform the reality of violence against women in the country occur in different ends of Bogota, both for their location as for their social and economic situation. One of them took place in the Parque Fundacional de Usaquén, where the campaign Women in the city placed human-scale silhouettes of women to understand the behavior that people have in relation to them. Similarly, since 2007 several women’s organizations of the District of Bosa participate in sit-ins on the first Friday of each month to report cases of sexual violence under the slogan: “No more girls, boys or women raped in Bosa”.

According to the «Report on sexual violence and femicide in Colombia,» presented in 2008 to the Inter-American Commission on Human Rights by the organizations Corporación Casa de la Mujer, Mujeres que Crean, Ruta Pacífica de las Mujeres y Vamos Mujer, the situation in Colombia is worrisome for the types of aggression and the profile of the victims: “one in every three victims of violence is in the age range of 10 to 14 years” and “one in every five victims is in the age range of 5 to 9 years […] girls are the most sexually assaulted”, the report says.

Additionally, both the aforementioned report and other diagnostic reports on women’s rights say homicide and sexual violence against women have been territorial control mechanisms used in the war that takes place in Colombia. The report “Sexual Violence in Colombia: A Weapon of War” prepared by Oxfam International in 2009 states that “widespread and systematic sexual violence against women, used by all armed groups as a weapon of war and as part of a broader strategy of terror against the civilian population, may be one of the key factors to consider this offense as a crime against humanity. This reality contrasts with the impunity and invisibility that have silenced and perpetrated these crimes».

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Translated to English by Lorena Elejalde.

julio 11, 2011
César Pérez García, el acusado

Julio 8 de 2011

El pasado 15 de marzo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a César Pérez García, al hallar pruebas que lo señalan como el autor intelectual de la masacre de Segovia (Antioquia), ocurrida el 11 de noviembre de 1988. Pérez, quien fundó en 1964 la Universidad Cooperativa de Colombia y se desempeñaba como rector y presidente del Consejo Superior de esa institución, es acusado de los delitos de homicidio múltiple agravado, lesiones personales múltiples agravadas, concierto para delinquir y daño en bien ajeno.

El cacique liberal y la masacre de Segovia

El político paisa era uno de los más votados en Antioqua a mediados de los años ochenta. Sin embargo, en 1988 la Unión Patriótica (UP) ganó las elecciones locales en varios municipios del Nordeste Antioqueño, siendo Segovia, Remedios, Apartadó, Mutatá y Yondó los que aportaron la mayor votación. Ese año Pérez García perdió de forma breve su poder político, especialmente en Segovia, municipio que produce la mayor cantidad de oro en el país, donde siete concejales y la alcaldesa pertenecían a la Unión Patriótica.

Según declaraciones del paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo alias ‘Vladimir’, fue Pérez García el impulsor del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), que actuaba a su antojo en la región y fue responsable de la masacre de Segovia, donde asesinaron a cuarenta y tres personas con la anuencia de la Policía. El 10 de enero de 1996, ‘Vladimir’ aseguró, ante un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, que “referente a la participación del político Cesar Pérez García, él fue quien coordinó con Fidel Castaño y pidió toda la ayuda para sacar a la UP de Segovia porque había perdido las elecciones”.

El 8 de agosto de 1995 fue capturado por estos hechos, pero los cargos en su contra fueron retirados por un fiscal de Medellín por falta de pruebas, el proceso terminó a su favor el 29 de agosto de 2000, cuando fue absuelto de los cargos.

Conflictos de intereses

El cacique liberal logró recuperar el terreno perdido en 1992, luego de que cientos de miembros de la UP fueran asesinados, tanto en el Nordeste Antioqueño como en todo el país, siendo elegido para la Cámara de Representantes, donde llegó a ser presidente de la corporación.

Pero no duró mucho en el cargo: el 18 de enero de 1994 el Consejo de Estado le despojó de su investidura por violación del régimen de conflicto de intereses. La Sala Plena comprobó que el parlamentario impulsó y participó en la votación para sacar adelante la Ley general de educación, o Ley 30 de 1992, siendo uno de los creadores del Artículo 132, con el cual se estableció la destinación del 50% de los recursos de las cooperativas a centros docentes de economía solidaria, como el de propiedad de Pérez García. Es decir, el congresista legisló en beneficio propio.

Además de perder su investidura, el 20 agosto de 2008, César Pérez García fue hallado culpable de celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público, delitos cometidos en 1998 mientras ejercía como presidente de la Asamblea de Antioquia. El entonces diputado Bernardo Alejandro Guerra Hoyos fue quien lo denunció y a Pérez se le halló responsable de construir una nómina fantasma. El reconocido político liberal recibió una condena de nueve años de cárcel, una multa de treinta salarios mínimos mensuales y fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos. Por ser mayor de sesenta años se le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria.

A pesar de esto, el cacique no se quedó quieto. El 7 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó de la Asamblea Departamental de Antioquia por violar el régimen de inhabilidades. Según el Ministerio Público, el político se inscribió a elecciones, fue votado y se posesionó como diputado para el periodo entre 2008 y 2011, a pesar de haber perdido la investidura como congresista en enero de 1994 y de la condena recibida en agosto de 2008.

El proceso inició el 27 de enero de 2008 con la denuncia de Raúl Bustamante y está contenido en el expediente 080-64-64 de la Procuraduría Regional de Antioquia, que inhabilitó a César Pérez García para ejercer cargos públicos durante quince años. Sorpresivamente, el 16 de marzo de 2010, el político liberal recuperó su curul en la asamblea de Antioquia, cuando la Procuraduría Regional dejó provisionalmente sin efecto la sentencia.

La última avionada de César Pérez García se dio a conocer el pasado 18 de junio, cuando salió a la luz pública que el destituido excongresista cobró puntualmente su pensión de parlamentario, entre enero de 2008 y diciembre de 2010 por un valor de $18,5 millones mensuales, al mismo tiempo que cobraba $10 millones al mes como diputado. En diciembre de 2010 fue descubierto por directivos del Fondo de Pensiones del Congreso (Fonprecón), que afirmaron que, de acuerdo a la Ley, no podía obtener los dos ingresos de la Nación. Por eso, se le exigió la devolución de $249 millones y Pérez terminó negociando un acuerdo de pago con Fonprecón y devolviendo lo que había cobrado como diputado.

En mayo del año pasado, el controvertido político se adhirió a la campaña Santos Presidente, en un acto realizado en la Asamblea Departamental de Antioquia, donde ofreció al actual mandatario el apoyo de toda su maquinaria en el Nordeste Antioqueño. Durante la segunda vuelta presidencial, realizada el 30 de mayo de 2010, Juan Manuel Santos obtuvo 1’227.089 votos en ese departamento, de los cuales 27.494 correspondieron a la región con mayor poderío electoral de Pérez García, según la Registraduría.

Fiebre de oro

El Nordeste Antioqueño tiene grandes explotaciones de oro, por lo cual allí se volvió de especial importancia la relación entre algunas de las principales empresas dedicadas a esta actividad y el paramilitarismo. Municipios como Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, San Roque, Zaragoza y Segovia tuvieron una fuerte influencia del Bloque Minero de las AUC, bajo el mando de Ramiro Vanoy Murillo alias ‘Cuco Vanoy’ y son muchas las denuncias de habitantes de la región y organizaciones defensoras de derechos humanos en torno a las alianzas existentes, desde mediados de los noventa, entre políticos, empresarios y ejércitos privados.

En 2008, fiscales de Justicia y Paz hallaron en la finca ‘Lago Grande’, ubicada en Olaya (Antioquia) y de propiedad de Cesar Pérez, una fosa con los posibles restos de Franklin Aurelio y Guillermo Cuartas, jóvenes desaparecidos por las AUC en febrero de 1997, mientras viajaban hacia Frontino (Antioquia) a pagar una deuda. María Elena Toro, madre de Franklin, asegura que su familia había sido amenazada y varios de sus miembros asesinados por paramilitares de la región. En torno a este caso las investigaciones no han avanzado significativamente ni se ha verificado la relación que el excongresista pueda tener con los hechos.

Por otro parte, en una diligencia de versión libre en Medellín, Raúl Hasbún Mendoza alias ‘Pedro Bonito’, excomandante del Frente ‘Arlex Hurtado’ de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, señaló que, entre los años 2001 y 2003, fue socio de la empresa Full Apuestas SA, creada en el Urabá antioqueño por Cesar Pérez García. El paramilitar aseguró que viajó a Medellín en compañía de Byron Alfredo Jiménez Castañeda alias ‘Mono Pepe’ y de Mauricio Enríquez, en donde se reunieron con Pérez y acordaron su participación en la empresa de chance en Urabá. Investigadores de VerdadAbierta.com encontraron que varios funcionarios de la Universidad Cooperativa de Colombia estaban entre quienes constituyeron la empresa de apuestas que el político habría negociado con los criminales.

Hoy, la reapertura del expediente de la masacre de Segovia por parte de la Corte Suprema de Justicia, que acepta que allí se cometieron crímenes de lesa humanidad, tiene al político privado de su libertad, luego de que, el 22 de julio de 2010, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía lo capturase en Medellín. César Pérez García espera el resultado del jucio, al igual que centenares de víctimas del paramilitarismo que han esperado durante veintitrés que se haga justicia y se sepa la verdad sobre los responsables de uno de los más recordados hechos de violencia en la historia de Colombia.

julio 8, 2011
La Flotilla de la Libertad intenta abrirse camino a Gaza

Por: Ivonne Cardozo – julio 8 de 2011

La segunda Flotilla de la Libertad, conformada por más de mil personas entre escritores, políticos, personalidades y ciudadanos del común de Alemania, España, Francia, Grecia, Suecia, Suiza, Irlanda, Países Bajos, EE.UU. y Canadá, es símbolo de la iniciativa pacífica de decenas de organizaciones por romper el bloqueo que mantiene Israel sobre la Franja de Gaza desde 2006. Tanto el Estado Judío como Estados Unidos han hecho todo lo posible por entorpecer la labor de estos activistas, presionando políticamente a países de la Unión Europea, como España y Grecia, para impedir que los barcos con ayuda humanitaria puedan zarpar. A pesar de haber tenido que afrontar sabotajes, amenazas contra las vidas de sus integrantes y campañas de desprestigio, esta segunda Flotilla se ha mantenido en marcha para desplegar la solidaridad del mundo con más de millón y medio de personas asediadas por el bloqueo y por la invasión militar de sus territorios desde 1948.

El 31 de mayo del año pasado, la primera Flotilla, encabezada por el buque Mavi Mármara, fue interceptada en aguas internacionales por tropas israelís que abrieron fuego contra los activistas desarmados que se transportaban en la embarcación y asesinaron a nueve de ellos. Según los reportes forenses, varios de los cuerpos presentaban impactos a quemarropa y tiros de gracia. Adicionalmente, una buena parte de los más de seiscientos pasajeros del navío alega haber sufrido torturas físicas o psicológicas mientras permanecieron detenidos en Tel Aviv. Hasta el momento, el gobierno de Israel sigue negando su responsabilidad frente a estos hechos y no existen investigaciones penales ni sanciones en contra de los militares que participaron en esas violaciones a los derechos humanos y otras que están por aclararse.

La necesidad de terminar con el bloqueo llevó a que otras organizaciones se decidieran a continuar la misión. Se esperaba que la segunda Flotilla de la Libertad, integrada por diez barcos cargueros, zarpara el 22 de junio desde un puerto del Mediterráneo hacia la Franja de Gaza. Su objetivo era aportar alimentos, útiles escolares, materiales de construcción y medicamentos a este territorio, que vive aislado por el bloqueo militar de Israel y cuya población vive, en su mayoría, en difíciles condiciones de miseria.

Sabotajes, amenazas y mentiras

Sin embargo, el sabotaje en puerto a varios de los buques, que no pudieron iniciar su viaje por graves daños en sus hélices y motores, impidió el inicio oportuno de la misión humanitaria. A esto se suma el bloqueo marítimo impuesto por el gobierno griego, bajo presión de Israel, a los barcos de la Flotilla anclados en el puerto de Kolimpary de la isla de Creta y en Atenas, bajo el argumento de que zarpar sin los permisos de navegación respectivos pondría en grave riesgo a los pasajeros de las embarcaciones y que desobedecer estas órdenes resultaría en arrestos de los responsables.

Tanto al barco de bandera española Guernica como al estadounidense Audacity of Hope y al francés Dignité les fue impedido el paso por guardacostas griegos, que los forzaron a regresar a puerto. Varios integrantes del Guernica se instalaron pacíficamente en la embajada de España en Atenas, exigiendo que los dejen continuar su travesía, iniciada en territorio de ese país, sin encontrar respuesta hasta el momento.

Por su parte, el capitán del Audacity of Hope, John Klusmire, fue detenido y espera ser procesado, luego de intentar romper el cerco desde el puerto de Perama, cerca de El Pireo, en las costas del sur de Grecia.

De otro lado, la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, afirmó que la Flotilla no ayudaría realmente al pueblo de Gaza, ya que Israel tiene un compromiso de aportar con materiales de construcción para las viviendas en esa zona. Sin embargo, el gobierno israelí negó hace algunos días la entrada a un grupo de parlamentarios vascos que iban hacia la Franja de Gaza con el fin de verificar en qué se han invertido los fondos aportados para mejorar la calidad de vida de los palestinos.

Adicionalmente, el 8 de junio de 2010, el senador John Cornyn, Jefe del Comité Partido Republicano en el Senado de EE.UU., presentó un proyecto de resolución ante esa cámara para “condenar el ataque violento y la provocación por parte de extremistas a bordo del Mavi Mármara”, así como “cualquier intento futuro de romper el bloqueo israelí contra Gaza”. Además, el influyente parlamentario de Texas, en una entrevista con la cadena ABC, ha señalado que la muerte de un ciudadano norteamericano en la agresión a la primera Flotilla estaría justificada por tratarse de una acción de “defensa propia” ante la “provocación de un grupo supuestamente pacífico que intentaba romper el bloqueo”, lo que ha generado, de cara a la segunda Flotilla, una oleada de pronunciamientos por las redes sociales de miembros del Tea Party –la facción de ultraderecha estadounidense–, a favor de un ataque israelí en el que se dispare contra los activistas que intentan llevar ayudas a Gaza, señalándolos como terroristas.

A este respecto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insiste en que la ayuda humanitaria está llegando a la Franja de Gaza, de acuerdo a lo dispuesto por la ONU, y que es arriesgado levantar el bloqueo marítimo y terrestre porque podría reactivarse el tráfico de armas para Hamás, lo que aumentaría, según la propaganda oficial, los ataques contra su territorio. Mientras tanto, los palestinos sobreviven en la miseria, sin agua potable ni alimentos, con una crisis sanitaria que cada vez se agudiza más y bajo la ocupación de las tropas de Israel.

No obstante, los activistas de la segunda Flotilla de la Libertad insisten en llegar a Gaza sin importar las consecuencias. Una de sus decisiones fue abordar masivamente vuelos hasta Tel Aviv para tratar de alcanzar los territorios bloqueados e intentan mover a sus gobiernos para que presionen a Atenas con el fin de obtener el permiso para zarpar. El gobierno de Netanyahu ya les respondió pasando una lista de ‘personas indeseables’ a las aerolíneas para impedir que aborden los vuelos y anunciando que se redoblarían las guardias sobre el mar. Los próximos días, sin duda, serán decisivos en este duro pulso.

Crisis humanitaria en Gaza

En Palestina, desde 1948, cuando se crea el Estado de Israel, se vive la ocupación violenta y la militarización de los territorios por parte de tropas de ese país, a pesar de los múltiples esfuerzos de la comunidad internacional por que se respeten las fronteras reconocidas por la ONU y la presión mundial porque se integre un Estado Palestino.

Sin embargo, la situación se ha venido agravando desde 2006, cuando el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás triunfó en las elecciones en Gaza y se hizo con el control del gobierno local, con lo que se debilitó el poder de la Autoridad Nacional Palestina y se generó una gran inestabilidad política para la construcción del nuevo Estado, ahora dividido entre Hamás – señalado por Israel, EE.UU. y la Unión Europea como organización terrorista– y Fatah, desacreditado por los escándalos de corrupción que enlodaron a varios de sus miembros.

Así, durante más de cinco años, la guerra contra la población de la Franja de Gaza se ha intensificado: bombardeos indiscriminados y enormes operaciones militares han causado miles de muertes, desapariciones, mutilaciones, detenciones arbitrarias y torturas, junto a la destrucción de la poca infraestructura con la que cuentan los pobladores para enfrentar una precaria situación económica que los lleva a depender en un 80% de la ayuda internacional.

julio 8, 2011
The Freedom Flotilla tries to open its way towards Gaza

By: Ivonne Cardozo – July 8th 2011

The second Freedom Flotilla, made up by more than one thousand people -including writers, politicians, personalities ad common citizens from Germany, Spain, France, Greece, Switzerland, Sweden, Ireland, The Netherlands, Unites States and Canada- is a symbol of the peace initiative of tens of organizations to break the blockade that Israel maintains on Gaza since 2006. The Israeli and the Unites States governments have done everything in their means to hinder the activists’ work by adding political pressure to countries from the European Union such as Greece and Spain, so that ships containing humanitarian help are not able to sail from their coasts. In spite of facing life threats, sabotage and campaigns to discredit their labor, the second flotilla has been able to stay afloat and bring world solidarity towards more than one and a half million Palestinians that suffer the consequences of the blockade and the military invasion of their territory since 1948.

Last year, on May 31, the first flotilla, headed by the Mavi Mármara vessel, was intercepted in international waters by Israeli troops that open fire against unarmed activists aboard the boat, ultimately killing nine of them. According to forensic reports, many of the bodies had bullet impacts at point-blank range as well as kill shoots. In addition, many of the six hundred passengers reported that they were tortured physically and psychologically while they were held in Tel Aviv. To date, the Israeli government continues denying responsibility for these acts and there are no investigations underway or any sanctions against the soldiers who participated in these human rights violations and other acts that still need to be clarified.

The need to end the blockade drove other organizations to continue with the mission. It was expected that the second freedom flotilla, formed by ten cargo ships, would sail on June 22nd from a Mediterranean port towards the Gaza Strip. The goal of the flotilla was to provide food, school supplies, construction materials and medicines to Gaza. The inhabitants of this territory live in isolation -due to the military blockade- and the majority of its population live under the miseries of poverty.

Sabotages, threats and lies

However, many vessels were sabotaged at the port and were not able to depart due to the serious damage inflicted to their engines and helices, thus delaying the humanitarian mission. In addition, there is a naval blockade to the ships of the flotilla anchored in both: the Kolymvari port in the Island of Crete and the port of Athens. The blockade was started by the Greek government following Israel’s pressures, by arguing the ships cannot sail without the appropriate navigation permission, otherwise passengers would be under serious risk and to disobey these orders would result in arrests of those responsible.

The Guernica ship from Spain as well as the Audacity of Hope from the U.S. and the French Dignité were not able to transit by the Greek coastguard and they were forced to return to the port. Many of the passengers from the Guernica went to the embassy of Spain in Athens to request in a peaceful way to be allowed to continue their crossing, but have yet to receive an answer.

The captain of the Audacity of Hope, John Klusmire, was detained and is waiting to be prosecuted after trying to break the enclosure from the Perama port near Pireo in the Greek south coast. In turn, the Secretary of State of USA, Hillary Clinton, manifested that the flotilla would not really help the people of Gaza, since Israel already has a commitment to provide construction materials for housing in this area. However, a few days ago the Israeli government denied the entry of a group of members of the Basque parliament into the Gaza Strip. The purpose of their visit to Gaza was to verify that the funds destined to improve the quality of life of Palestinians were being invested in the right way.

Additionally, on June 8th 2010, senator John Cornyn, chairman of the National Republican Senatorial Committee of the United States, introduced a bill to «condemn the violent attack and the provocation by extremists aboard the Mavi Mármara», as well as «any future attempt to break the Israeli blockade against Gaza». Moreover, the influential Texas politician, during an interview with ABC news, noted that the death of one American citizen during the attack to the first flotilla was

justified after acting in self-defense against the «provocation of an alleged pacifist group that was trying to break the blockade». His statements have generated an outpouring of support from members of the Tea party in favor of a future Israeli attack against activists trying to bring help into Gaza and classifying them as terrorists.

In this regard, the Prime Minister of Israel, Benjamín Netanyahu, insists that humanitarian help is arriving in Gaza according to the agreement with the United Nations, and that lifting the naval and

terrestrial blockade is risky because it could reactivate arms trafficking to Hamas, which will increase the attacks against their territory, this according to official propaganda. Meanwhile, the Palestinians survive in misery without potable water or food, suffering a health crisis that worsens every day since the occupation of Israeli troops.

However, the activists of the second flotilla insist in arriving into Gaza regardless of the consequences. One of their decisions was to arrive flights to Tel Aviv in order to reach the territories suffering from the blockade and to advocate to their respective governments to add pressure in Athens so that they can sail. The government of Netanyahu has responded by giving a list of «undesirables» to the airlines to prevent them from boarding a flight and announcing that they will double the coastguard. The next few days are without a doubt very decisive in this matter.

Humanitarian crisis in Gaza

Since the creation of Israel in 1948, Palestine has suffered a violent occupation and militarization of their territory by Israeli troops, in spite of the many efforts made by both, the international community to assure the borders recognized by the United Nations, and the global pressure to construct a Palestinian state.

However, the situation worsened in 2006 after the Islamic Resistance Movement Hamas’s triumphed after the parliamentary elections in Gaza and siege control of the local government, thus debilitating the Palestinian National Authority government and creating great political instability for the construction of a new state, now divided between Hamas –classified as terrorist by Israel, the U.S. and the E.U.– and Fatah, discredited as a result of corruption scandals which involved some of their members.

Likewise, for more than five years, the war against the civilian population of the Gaza Strip has intensified: indiscriminate bombings and large military operations have caused thousands of civilian deaths, disappearances, mutilations, arbitrary arrests and torture, on top of the destruction of the little infrastructure that is used by the general population to face their precarious situation, forcing them to depend on international assistance: up to 80% of their economic needs.

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Note: Diana Parra made the translation for this article.

julio 8, 2011
Útica: ¿un pueblo que desaparecerá del mapa?

Por: Christian Peñuela – julio 7 de 2011

El pasado 18 de abril de 2011, la quebrada Negra se desbordó sobre Útica (Cundinamarca), produciendo un deslizamiento de tierra que afectó gravemente al municipio. El 25 de abril, una segunda gran avalancha arrasó el 90% del casco urbano, afectando gravemente a la Institución Educativa ‘Manuel Murillo Toro ‘ y dejando un saldo de más de 100 viviendas destruidas, 120 seriamente dañadas y unos 2.000 damnificados, la mitad de la población evacuada de esta población.

La visita del gobernador de Cundinamarca, Andrés Gonzáles Díaz, y del presidente, Juan Manuel Santos, permitió visibilizar a este municipio como uno de los más afectados por la ola invernal a nivel nacional, junto con Gramalote (Norte de Santander). Los mandatarios se comprometieron a entregar los recursos necesarios para la reconstrucción del pueblo y para adelantar las obras necesarias para evitar nuevas tragedias, algunas de las cuales ya llevan un avance significativo.

Sin embargo, esto no ha resuelto un problema central: los habitantes de Útica se encuentran divididos sobre qué hacer con el pueblo en el que nacieron y vieron transcurrir toda su vida. Algunos demandan la reubicación inmediata; otros exigen que se construyan las obras de mitigación y prevención, anhelando seguir en el municipio; mientras otros tantos piensan en la reconstrucción por sus propios medios, basándose en la unión, el trabajo colectivo y la solidaridad de todo el pueblo, ante la falta de soluciones de fondo por parte de los gobiernos local y nacional a una problemática que se ha presentado por décadas y sólo ahora, cuando la emergencia ha destruido casi por completo a Útica, cobra relevancia.

Una tragedia anunciada

En los años cincuenta, Útica aparecía en las guías turísticas como un punto obligado para los viajeros que llegaban a esta zona del centro de Colombia. Era un importante lugar de descanso, frecuentado desde entonces por extranjeros, expresidentes y la clase dirigente del país, que se transportaba en ferrocarril hasta allí, antes de la construcción de las carreteras modernas que los aludes de abril destruyeron por completo.

Sin embargo, la construcción de la estación del tren de Útica, una de las pocas de su tipo en la región para la época, fue sedimentando el lecho del río Negro.Además, tanto la construcción de esta infraestructura ferroviaria como la de los hoteles que se fueron formando a orillas del cruce de los dos cuerpos de agua, la Quebrada Negra y el río Negro, resultaron en la deforestación de la segunda cuenca más grande de Cundinamarca, lo fue dejando a la población de Útica desprotegida ante las crecientes producidas por sucesivos inviernos.

De acuerdo a Jorge Eduardo Ángel, habitante del municipio y afectado por la ola invernal, “así como creció esa infraestructura turística y tuvo un florecimiento económico muy grande para el municipio, el río destruyó unos quince o veinte hoteles construidos a orillas del río Negro”. El 13 de noviembre de 1988, en una época en la que el turismo que protagonizó la vida de Útica iba perdiendo su brillo, la quebrada Negra se salió de su cauce y destruyó una buena parte del pueblo, pues no existía nada que parar sus aguas, luego de que se siguiera con la tala de árboles para el cultivo de yuca, plátano y, fundamentalmente, la caña que alimenta a los trapiches de la zona para la producción de panela.

La reubicación de la población fue la solución planteada por los gobiernos locales y departamentales hace 23 años. Según Ángel, “en esa época costaba alrededor de 33.000 millones de pesos el traslado del municipio y 5.000 millones de pesos construir una infraestructura que previniera desastres futuros y evitara la reubicación”. Hasta la tragedia de abril, no se había viabilizado ninguna de estas dos alternativas. Además, enfatiza que “si ese papel se hubiera cumplido por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Estado para recuperar la cuenca, no habrían tragedias como la de hace unos días. Hay una mala política de planeación y prevención de riesgo por parte del Estado y la tragedia fue anunciada durante más de 22 años”.

Sólo algunas iniciativas del gobierno municipal y sus habitantes permitieron enfrentar las repetitivas inundaciones durante los años noventa. Por aquella época, se pusieron en marcha mecanismos de alarma desde la iglesia del pueblo para anunciar sobre situaciones de riesgo y agilizar las evacuaciones, pues distintos estudios manifestaban la situación de riesgo permanente. Según Jorge Eduardo Ángel, “hay más de veinticinco estudios de instituciones estatales, fundaciones, universidades públicas y privadas, y organizaciones civiles que aseguran situaciones de riesgo y que proponen no solamente salidas desde el punto de vista de lo técnico sino de la experiencia propia de los habitantes, que han vivido durante cien años estas situaciones de riesgo”, agregando que “hace 22 años, una investigación determinó que la quebrada La Papaya tenía nueve millones de metros cúbicos de tierra desestabilizados, con posibilidad de deslizamientos. Hoy por hoy, las administraciones locales no han hecho nada para reforestar alrededor de las quebradas”.

La historia se repite. Los damnificados de la avalancha de hace veintidós años volvieron a correr con la misma suerte, debido a que construyeron en zonas de riesgo y no contaron con advertencias por pare de ninguna autoridad. El Estado no cumplió con una reubicación adecuada de esta población que vuelve a encontrarse con la tragedia y autoridades como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Oficina de Planeación Municipal, el Comité Local para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres (Clopad-Útica), las Gobernación de Cundinamarca y la Oficina de Atención y Prevención de Desastres de Cundinamarca, en cabeza de Jaime Matiz desde hace quince años, tienen responsabilidades claras por la falta de planeación y seguimiento al desarrollo económico y ambiental de Útica.

Cuatro meses después de la tragedia, los habitantes de Útica siguen esperando soluciones de fondo y temen que la historia de su pueblo, inciada en 1803, termine de la misma manera que la de Gramalote o, hace 25 años, Armero (Tolima).

julio 7, 2011