Por: Camila Ramírez – junio 22 de 2011
Varios de los más importantes proyectos desarrollados por las grandes empresas privadas y el Estado en el sur de Bogotá han ocasionado graves problemas sanitarios y ambientales, además de desplazamiento de campesinos, hundimiento de terrenos y fallas estructurales en barrios enteros. Así lo denunciaron más de ciento cincuenta delegados de organizaciones sociales y ambientalistas de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, que se reunieron el pasado 12 de junio para exigir justicia ambiental para las comunidades afectadas.
A la audiencia, realizada en el Colegio Distrital Paulo Freire de la localidad de Usme, fue convocado por organizaciones sociales que han trabajado la problemática ambiental de la Media Luna del sur de Bogotá, donde residen tres millones de habitantes y que por años han soportado la explotación de los recursos mineros, la degradación ambiental y el Relleno Sanitario de ‘Doña Juana’. Según el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, los habitantes de estas zonas presentan graves enfermedades respiratorias y de la piel, y esta “afectación de la salud de los habitantes se debe a los malos olores, las plagas y la contaminación del agua”.
Entre las denuncias de las comunidades cobró especial importancia la situación que provoca el Parque Minero Industrial del Tunjuelo, ubicado entre las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, en el que las empresas Holcim, de capital suizo; Cemex, de capital estadounidense y mexicano; y la Fundación San Antonio, de propiedad de la Arquidiócesis de Bogotá, realizan explotación minera a cielo abierto para elaborar materiales de construcción y en esta labor desperdician grandes cantidades de agua del río Tunjuelo. Además, se hizo de conocimiento público que las profundas excavaciones han generado grietas, hundimientos, deslizamientos y han afectado las aguas subterráneas de la zona.
La comunidad asistente denunció que las multinacionales llevan quince años explotando los recursos naturales a su conveniencia, mientras que decenas de familias de la parte alta de la localidad de San Cristóbal no cuentan con agua potable ni sistema de alcantarillado. De igual manera, se denunció que con la Operación Nuevo Usme, una de las acciones estratégicas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, pretende construir 36.000 viviendas a partir de la expropiación del territorio de los campesinos de la localidad para construir un proyecto de expansión urbana que no contempla las necesidades de esta población. Según el gerente de Metrovivienda, Francesco Ambrosi Filardi, la empresa del distrito ya cuenta con 930 hectáreas destinadas a la construcción de vivienda, zonas comerciales, zonas industriales, espacio público y vías.
Los delegados de las instituciones asistentes –la Secretaría de Hacienda de Bogotá, el Ministerio de Minas y Energía, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Metrovivienda y las alcaldías locales de Usme y Ciudad Bolívar– no se comprometieron con la comunidad a suspender las actividades de explotación, pero aseguraron que están vigilando que la normatividad se cumpla. Por su parte, las empresas privadas asistentes evadieron las preguntas de la comunidad, arguyendo que están cumpliendo sus contratos con el Estado y con las disposiciones de las autoridades competentes, por lo que no estarían afectando el medio ambiente en el territorio de la Media Luna.
Al finalizar la audiencia, las organizaciones sociales y la comunidad exigieron el cierre del botadero de basura de ‘Doña Juana’ y del Parque Minero Industrial, así como el cambio de la administración de Metrovivienda para lograr una negociación justa, justicia ambiental, un ambiente sano, una mejor calidad de vida de los habitantes del sur y que se cumpla la propuesta desarrollada por algunos campesinos de la zona rural y de las organizaciones sociales de Usme.
Por: Carlos Fajardo Fajardo – junio 22 de 2011
Hijos del neoliberalismo, en realidad neoconservadores, han sido educados para obedecer, aceptar y aplicar las ordenanzas de un capitalismo mordaz. Alabar y no rechazar son sus eslóganes. Con tales actitudes aspiran a fortalecer los regímenes antes que a mostrar sus debilidades. Son los nuevos técnicos del pensamiento. Alfabetizados en las tecnologías, han hecho de éstas un tótem supremo desde el cual creen conocer en profundidad el mundo, la realidad del mismo. Despolitizados, des-socializados, individualistas y tecnócratas, se estremecen ante la palabra confrontación. Seguidores del pensamiento utensiliar, son monaguillos que vuelven cultos los reglamentos autoritarios de la educación. Son los baby teachers de las universidades: eficaces, eficientes, autómatas bilingües, ‘todo terreno’, choferes de las tecnologías. Gestionan sin queja la dictadura normativa de las llamadas investigaciones universitarias. Hijos del neoliberalismo, baby teachers de las instituciones.
En Colombia existen grandes laboratorios que los producen en serie y se reproducen exponencialmente. Todos han egresado de universidades a las que les tocó sufrir el azote de la Ley 30, la cual no sólo impulsó una agresiva privatización sino que las ahogó en su misma sustancia, al obligarlas a llevar un plan acelerado de acreditación acorde a las exigencias del mercado global. Como consecuencia, se desmontaron currículos, se ajustaron los planes de estudio a nefastos objetivos y se desterró todo proyecto de una pedagogía crítica y renovadora.
En varios aspectos, los discursos doctrinales, religiosos, moralistas y políticos de esta primera década del siglo XXI se asemejan a los de la llamada Regeneración, propios de la República Conservadora impuesta en el país desde 1880 hasta 1930: servidumbre hacendaria y partidista, maniqueísmos religiosos y morales, conservadurismo, ideología imperial y papal, controles a la educación, censura camuflada, obstáculos a la modernidad crítica y creativa, centralismo intelectual y rechazo a la autonomía del intelectual disidente.
Todas las pocas conquistas de autonomía universitaria, docente, estudiantil e intelectual lograda desde los años sesenta hasta mediados de los ochenta fueron diluyéndose y cambiándose por una adaptación servicial e integrada al ‘nuevo orden global’. La consolidación de la economía de mercado, del poder de los medios masivos de comunicación, de las tecnologías digitales, la urbanización e inmigración masiva, la privatización en serie y en serio, y la banalización de la cultura son algunos contextos sobre los cuales se desarrolló y se llevó a cabo el pensamiento neoconservador de última hora. Como consecuencias observamos el paso de los intelectuales críticos a los baby teachers adaptados al son que les toquen.
Aproximadamente desde 1990, un cambio radical ha impactado en las estructuras universitarias: todos sus estamentos han sido lentamente transformados, a la vez que el neoliberalismo atrapó las libertades colectivas e individuales que todavía eran posibles en las instituciones tanto públicas como privadas. Así, los profesores, estudiantes e intelectuales entraron a un espacio de mayor control. Se impuso un lenguaje administrativo y ecónomo. Con ello, se pasó de una activa reflexión a la sumisión de la gestión. Entonces, conceptos tales como eficiencia, eficacia, competitividad, flexibilización, administración e insumos entraron a formar parte del lenguaje en los ámbitos educativos.
Como resultado tenemos un nuevo tipo de intelectual: el docente eficiente con lenguaje ecónomo. El denominado ‘relevo generacional’, es decir, jóvenes profesores que reemplazan a los viejos intelectuales de vanguardia crítica, y el nombramiento de economistas y de administradores en los mandos medios de dirección académica garantizan las reformas curriculares acorde con las demandas neoliberales. Golpe bajo al trabajo crítico y humanista; ganancia para el trabajo administrativo. Burócratas contra intelectuales.
De esta manera, la universidad se adapta a las exigencias del mercado edificando el llamado, por algunos teóricos, ‘capitalismo académico’: una ‘universidad emprendedora’, es decir, subordinada a la mercantilización de sus componentes. Este ‘capitalismo académico’ ha sido impuesto como política central por los países de elite, asumiendo la educación como industria, como fábrica, como business university. La universidad queda reducida a un bazar de servicios educativos y de bienes simbólicos y culturales, con clientes y accionistas, –los estudiantes–; con obreros y asalariados –los profesores–; con productos –los resultados de las investigaciones, los saberes y los conocimientos–; y con gerentes ecónomos y administradores –directivas–. En este bazar universitario, a los logros académicos de los profesores se les evalúa o controla de forma cuantitativa, es decir, por la cantidad de productos de investigación, de publicaciones, de cátedras, de participación en eventos. Al profesorado se le trata como a un insumo, como a un objeto consumible y consumidor. Las lógicas de la comercialización de la eficacia y de las competencias de rentabilidad dominan el territorio.
¿Dónde queda la autonomía crítica del docente intelectual? Los baby teachers dan la respuesta: son cosas del pasado –dicen–, peticiones de una historia muerta, enterrada. En su lenguaje dan un no a la memoria y un sí al ‘ahorismo’ consumible, adaptado. La instrucción y formación de docentes que hacen de la tecnocracia algo plenipotenciario, o bien, que asumen la modernización tecnológica, impuesta desde arriba, con preocupante ingenuidad es una de las más grandes heridas en el corazón de la academia. Ante la reflexión se propone la gestión, frente al debate político y cultural se irrumpe con una relajación pragmática, contra una actitud de confrontación y diferencia se establece una postura de adaptación, aceptación y confort académico. Es la ‘mercadización’ de lo social, de lo educativo, donde triunfan las dinámicas de lo administrativo, del ‘gerencialismo’. De esta forma, la paranoia, la autocensura y el conformismo se reivindican en estos escenarios empresariales de hipervigilancia y control competitivo.
El ascenso del pensamiento neoconservador y de la globalización económica neoliberal ha contribuido a crear este tipo de docente universitario adaptado y adaptable. De modo que al joven docente le han otorgado un papel de legitimador político, cultural y moral de los regímenes hegemónicos. Atrás quedaron los tiempos del intelectual disidente, de las posiciones libertarias. ¡Oh baby teachers, bienvenidos al futuro!
Junio 20 de 2011
El Juzgado 11 Penal Especializado de Bogotá declaró culpable a ‘Jorge 40’, jefe paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por el asesinato del sociólogo Alfredo Correa de Andréis, cometido en septiembre de 2004, y lo condenó a 26 años de prisión. De igual manera, el tribunal estableció que altos funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entregaron a los paramilitares listas con información sobre sindicalistas, estudiantes y activistas políticos en toda la Costa Atlántica, con el fin de que estos fueran amenazados, asesinados o víctimas de montajes judiciales, en una “alianza criminal” entre el organismo de inteligencia y las bandas de extrema derecha.
Por: Ivonne Cardozo – junio 17 de 2011
Una película de Hollywood en noventa minutos hace estremecer al público por sus impresionantes escenas de ficción, donde el prototipo de héroe creado por los grandes monopolios cinematográficos salva al mundo de una catástrofe o mata estratégicamente narcotraficantes colombianos o a quien ocupe el papel del villano de turno. “Impunity”, la impresionante película de Hollman Morris y Juan José Lozano hará que el auditorio permanezca en silencio hasta el final, dando un vuelco a su sentir sobre Colombia durante esos mismos noventa minutos.
Fuera de quimeras y de falsos efectos para impresionar, el relato de este documental se articula alrededor de las voces reales de las víctimas del fenómeno paramilitar, de imágenes inéditas de la masacre de El Salado y de acciones del paramilitarismo en Casanare, así como de las declaraciones en las que los grandes líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reconocen con frialdad los crímenes de lesa humanidad más aterradores de la historia de Colombia. En su coherencia y en su capacidad de explicar otra mirada del conflicto colombiano radican los principales logros de la película Impunity y de los dos colombianos que consiguieron llevar a la pantalla grande un tema que aún sigue sin debatirse a fondo por la sociedad colombiana.
Preguntas, escalofríos y tristeza, entre un ir y venir de sensaciones de impotencia y rabia, se viven en cada minuto de esta película. Sus protagonistas caminan por las calles, son seres humanos como cualquiera de nosotros, habitando el mundo cotidiano de esta Colombia que los mantiene en el anonimato: son las víctimas, que se niegan a ser mantenidas en silencio, que han sido maltratadas por todo el rigor de la guerra y que reflejan en sus rostros un gran sufrimiento al tener que escuchar a sus victimarios.
Así, construyendo un relato que estremece a cada momento al espectador, quien se halla frente a las voces de miles de víctimas que perdieron a sus seres queridos asesinados, torturados y desaparecidos, Impunity se convierte en un excepcional trabajo de investigación sobre la cuestionada Ley de Justicia y Paz, tal vez una de las facetas más reprochables en la historia de la justicia colombiana.
Más de cinco años de investigación y rodaje, junto a 600 horas de archivo audiovisual, se necesitaron para lograr que esta ‘incómoda’ película se estrene en nuestro país. Sus directores, han enfrentado con valor las amenazas, las persecuciones y los robos de su material de rodaje para entregar al país y, en especial, a las víctimas este testimonio de la violencia paramilitar, amparada por el Estado y al servicio de los grandes intereses económicos.
Para Hollman Morris, reconocido periodista colombiano que dirige el programa Contravía, quien recorrió este largo camino junto al documentalista colombo suizo Juan José Lozano, esta película es un regalo para la sociedad colombiana que ha desconocido a las víctimas y un aporte a la reconstrucción de la memoria de lo sucedido en Colombia. Por esto, sus realizadores no desean obtener dinero con esta película, premiada por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), ganadora del premio Camera Justitia en el Festival de La Haya y del premio a mejor documental en el Festival de Cine de Toulouse, sino que esperan poder exhibirla por todo el país, en la televisión nacional y hasta el último barrio del último municipio colombiano.
«Impunity», sin duda, impactará al gran público, generará cuestionamientos y más de un sinsabor. Una pieza clave para que millones de colombianos comprendan el valor real de la justicia en un país en el que sólo hace ley la impunidad.
Junio 16 de 2011
Durante los meses de abril y mayo se presentaron en el país varios asesinatos por parte del Ejército Nacional. Tanto los grandes medios de comunicación de propiedad de los monopolios como el alto mando castrense calificaron los hechos como ‘errores militares’. Sin embargo, las incongruencias entre los informes de los uniformados involucrados en los hechos y la información recogida por la Fiscalía, entre testimonios y evidencias en los lugares de los hechos, han encendido las alarmas por lo que algunos consideran nuevas modalidades de ‘falsos positivos’.
¿Emboscada?
El pasado 9 de mayo, soldados del Batallón de Combate Terrestre número 134 de la Fuerza de Tarea Algeciras dispararon contra un vehículo, identificado con placas CPY-695, en el que se encontraban quince civiles, cuando éstos se transportaban por la vereda El Rosal, a las afueras de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. En el ataque resultaron heridos un niño y cuatro adultos, los cuales fueron trasladados a la clínica Mediláser de Florencia. El joven, de 18 años e identificado como Jefferson Leonardo Cuéllar Barreto, ingresó a la clínica con múltiples heridas de bala, se le practicó una cirugía y estuvo hospitalizado en cuidados intensivos durante más de dos semanas, pero murió el 28 de mayo.
Emiro Fajardo, herido también en el ataque junto a su hijo Andrés Fajardo, asegura que, aunque gritaban que eran civiles y que habían heridos, los uniformados les dispararon desde los dos retenes ubicados sobre una curva de la vía y a cien metros de distancia uno del otro: “primero por el margen derecho y después por el margen izquierdo”. El general Henrry Torres Escalante, comandante de la IX Brigada del Ejército, aseguró que el hecho lamentablemente era un error militar y el almirante Édgar Cely, en ese momento ministro de Defensa encargado, notificó que los uniformados serían investigados penal y disciplinariamente.
Ejecuciones extrajudiciales
Otro hecho se presentó el 25 de abril en el Alto Corozal (Casanare), donde fue asesinado el joven Alexander Alfonso Barrera, de 22 años, por parte de tropas de la Brigada XVI del Ejército, la cual realizaba operaciones militares en la vereda Manare. Manolo Barrera, familiar de la víctima, asegura que el joven salía a acompañar a su madre a un centro hospitalario y que, cuando cruzaba a pie un retén del Ejército, fue impactado por una ráfaga de fusil. Testigos aseguran que el joven estaba en compañía de tres personas más: su hermana, su padrastro y su madre.
El coronel Rafael Forero Gómez, comandante de la Brigada XVI, reconoció que se trató de un ‘error militar’ y en el comunicado de la Brigada se lee que “la institución ofrece disculpas sentidas a sus familiares, con la confianza absoluta en que las autoridades judiciales competentes tomarén las decisiones que en derecho correspondan”.
Por otra parte, durante un operativo antinarcóticos realizado el 27 de abril contra un laboratorio de procesamiento de cocaína ubicado en cercanías de Belalcázar (Cauca), el Ejército abrió fuego contra un grupo de indígenas del resguardo de la Mesa de Toboima, que hizo presencia en el lugar al enterarse del ingreso de hombres armados en su territorio. Según Luis Ovidio Lis, líder indígena, los militares ordenaron a los pobladores retirarse y luego les dispararon. En el hecho murió José Aimer Medina Achipiz y resultaron heridos Néstor Lis Chaski y Dubán Darío Lis. La comunidad retuvo temporalmente a uno de los soldados y al día siguiente, en horas de la tarde, fue entregado a una comisión humanitaria, mientras el Ejército aseguraba que abriría una investigación para encontrar a los responsables del hecho.
No son hechos aislados
En el mes de mayo, el Programa por la Paz del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), presentó un informe en el que se demuestra la continuación de las ejecuciones extrajudiciales y las nuevas modalidades para cometer este tipo de violaciones. Según el informe, entre 2001 y 2010, se han presentado 562 casos y 1.119 víctimas. De estos casos, 887 responden a ejecuciones extrajudiciales, 87 a torturas, 36 a heridos, 41 a amenazas individuales, 63 a desapariciones forzadas y 214 a detenciones arbitrarias.
Según el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, luego del escándalo de los ‘falsos positivos’ contra los jóvenes de Soacha, se ha identificado una serie nuevas modalidades en este tipo de violaciones. Por un lado, se ha encontrado que en algunos de los casos los presuntos responsables ya no presentan a las víctimas como miembros de grupos guerrilleros sino como personas asociadas a la delincuencia común; y, por otra parte, algunos hechos se presentan como errores de operación por parte de la Fuerza Pública.
El informe denuncia que los errores militares son ejecuciones extrajudiciales y que la mayoría de los casos son atribuidos a agentes de la Fuerza Pública. En el documento, el Cinep expone que sólo hay 146 miembros de la Fuerza Pública con resolución de acusación por investigaciones realizadas en las direcciones seccionales de la Fiscalía por estos hechos entre 2001 y 2010 y que, además, las sentencias condenatorias son apenas 54, las abstenciones de medida de aseguramiento son 90, las decisiones de preclusión son 15 y las personas beneficiadas con dicha medida 36. Sin embargo, resalta el informe que el recurso jurídico del vencimiento de términos permite que muchos militares acusados de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario continúen en servicio.
Sin embargo, muchos de estos casos han pasado a la Justicia Penal Militar y allí no se asegura que efectivamente se juzgue a los responsables. Según los tribunales castrenses, en su fuero hay más de 500 casos de posibles ‘falsos positivos’ que, hasta el momento, no han mostrado resultados en las investigaciones ni condenas, al punto que tanto la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Corte Suprema de Justicia han planteado la necesidad de su paso a la jurisdicción ordinaria, donde hay más garantías a los derechos de las víctimas, y la reapertura de los casos cerrados.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas de estas prácticas siguen esperando que se sepa la verdad y se castigue a los responsables, superando el manto de impunidad que cubre esta atroz práctica en Colombia.
Por: Nuria Barbosa León* – junio 13 de 2011
El cirujano cubano Guillermo cumple su guardia en el Centro Diagnóstico Integral de La Grita, en el estado Táchira (Venezuela). La rutina del trabajo se interrumpe con un cuerpo ensangrentado y un puñal clavado en el pecho.
Un acompañante relata la historia: “estaba en el bar cuando se armó la pelea, no sabemos cómo recibió la puñalada”. No hizo falta otro dato. Un rápido reconocimiento en el cuerpo puso en alarma el servicio de urgencia. Era evidente la necesidad de una cirugía para taponar aquel corazón sangrante. Maniobras rápidas instalaron los equipos de monitoreo, se administró respiración artificial para evitar un shock pulmonar.
El tiempo resultaba escaso para buscar soluciones. Se abrió la cavidad torácica y Guillermo, con un dedo colocado en el orificio sangrante del corazón, hizo presión en la medida que suturaba todo el órgano.
No se contaba con la vida del paciente, la familia inició una promesa al Santo Cristo de la Grita, deidad patrona.
La evolución fue favorable, pero Guillermo no lo supo porque viajó a Cuba a disfrutar de sus vacaciones. Otros médicos cubanos velaron por la recuperación de un corazón herido por un puñal. Un derrame pleural en un proceso postoperatorio tuvo que resolverse con otra intervención quirúrgica, se instaló una sonda en el tórax para drenar el líquido acumulado y evitar una infección dañina.
La frialdad de La Grita, con su arquitectura colonial de viejos castillos y fortalezas, fue testigo de aquel pagador de promesa. Con sus propios pies entró a la iglesia, habló a su santo y lo nombró con una palabra: “Cuba”.
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* Periodista de Radio Progreso y Radio Habana Cuba.
Por: Andrés Gómez – junio 10 de 2011
El Turbión entrevistó al profesor Miguel Ángel Beltrán, quien hace menos de una semana recobró su libertad después de permanecer dos años encerrado en pabellones y cárceles de máxima seguridad. El académico habla del proceso en su contra, sobre la forma en que aún es estigmatizado por algunos medios, acerca de las cárceles colombianas y del conflicto armado que vive el país.
Andrés Gómez: –Mucho se ha dicho sobre lo que sucedió en México. ¿Qué fue lo que le pasó?
Miguel Ángel Beltrán: –Fue un secuestro, no hubo ninguna captura, y me atrevería a decir que fue una desaparición forzada: durante 6 horas estuve completamente incomunicado y separado de mis seres queridos. Yo fui al Instituto Nacional de Migración por una cita a la que me convocó el subdirector de este instituto para concederme mi forma migratoria FM3. Fue realmente una trampa. Yo llegué allí, me hicieron firmar un documento porque me dijeron que era necesario firmarlo, a pesar de las mentiras que habia allí, y entonces unos guardias me detuvieron, me esposaron, me golpearon, me torturaron, me subieron a una camioneta. Luego me llevaron hasta un aeropuerto, me subieron a una avioneta y llegué aquí al aeropuerto de Catam.
AG: –¿Qué piensa de los medios y la forma en que se trata de relacionarlo alias ‘Jaime Cienfuegos’?
MAB: –Yo creo que el manejo que han hecho los medios de comunicación desde el principio, en el desarrollo del proceso y ahora que se ha declarado mi inocencia ha sido perverso. No se me ha respetado el buen nombre ni se me ha respetado un derecho constitucional tan simple como es la presunción de inocencia. Desde el primer momento se me presentó como si fuera ‘Jaime Cienfuegos”, durante las audiencias se silenciaron muchos aspectos y las arbitrariedades y violaciones al debido proceso nunca fueron objeto de interés para algunos medios. Finalmente, ahora que salgo libre, que la juez declaró mi inocencia, siguen declarando que salió libre ‘Jaime Cienfuegos’.
AG: –¿Por qué tanta saña contra ud.?
MAB: –Los medios de comunicación oficiales tratan de crear una verdad: inventaron el tema de la farcpolítica para contrarrestar la información que circulaba sobre los vínculos de muchos políticos, alcaldes y funcionarios públicos con el paramilitarismo. Pero, lo que se ha demostrado claramente es la falta de sustento jurídico [de esas acusaciones] y ahora tratan de desvirtuar todas las investigaciones, ya que los que fuimos judicializados por el computador de ‘Reyes’ estamos saliendo. A pesar de que la prueba es ilícita e ilegal, insisten en que la información es verdadera. Es un montaje judicial que se quiere mantener a toda costa.
AG: –¿Cómo considera la actuación de la Procuraduría en el juicio?
MAB: –Veo bastantes irregularidades. La primera inconsistencia por la que estuve luchando estos dos años es que el Inpec me negó mi condición de funcionario público y me mantuvo en un pabellón de alta seguridad con prisioneros de alta peligrosidad, con paramilitares, personas que en mis escritos denuncié en algún momento. Por otro lado, la Procuraduría me abre una investigación por reclutamiento de estudiantes sin tener ni siquiera la referencia del proceso, no se espera a una decisión sino que inmediatamente se apresura a abrir una investigación. En segundo lugar, hay una intromisión del señor procurador [Alejandro Ordóñez Maldonado] en un asunto que corresponde directamente a la Universidad [Nacional], ente que tiene su autonomía y sus mecanismos disciplinarios para sus docentes. Entonces, no tiene por qué un procurador inmiscuirse en estos asuntos, está violando la autonomía universitaria, más bien, con un afán propagandístico de condenar a las personas antes de que se produzca un fallo judicial.
AG: –Usted tuvo una gran visibilidad desde la veeduría internacional que se estableció para su caso. ¿Qué tanto sirvieron los comités de solidaridad en el proceso?
MAB: –Realmente, la gran ganancia de todo este proceso, más allá de lo doloroso, de lo arbitrario, de lo injusto, fue ese calor de la solidaridad que recibí de parte de estudiantes, de colegas, de profesores universitarios, de ONG y de colegas de otros países, no sólo de América Latina sino de Europa. Se pronunciaron a favor de mi inocencia, apoyaron mi libertad y solicitaron, incluso, directamente al presidente Santos que se diera mi libertad, porque no habían méritos. Esa solidaridad, ese calor y esa fuerza que se produjo no es solamente por mi caso sino que es la defensa del pensamiento crítico, de la posibilidad de que las personas podamos expresar opiniones diferentes a las oficiales.
AG: –En estos días, presos políticos de diversas cárceles realizaron un acto de desobediencia civil. ¿Cuál es la situación que están viviendo estas personas que, como usted, viven un proceso aunque no hayan sido condenados?
MAB: –Es una situación bastante inhumana y violatoria de derechos fundamentales, porque cuando uno está sindicando se supone que es porque está bajo una investigación y no se le puede tratar como si fuera condenado. En la Eron, donde hay presos sindicados, las medidas de seguridad son extremas: si te desplazas de un sitio a otro, a visitar al abogado, a sanidad, vas totalmente esposado y escoltado por un guardia. Todas las instalaciones y edificaciones están hechas para personas que, a juicio del Estado, tienen un alto perfil delincuencial, de manera que no se les permite el acceso a las celdas durante todo el día y, entonces, el interno debe permanecer todo el tiempo afuera, teniendo que soportar temperaturas muy bajas. Además, solamente se tiene derecho a una visita conyugal al mes durante una hora. Todos estos elementos configuran una violación a los derechos humanos fundamentales y a las normas mínimas internacionales en el tratamiento de personas privadas de la libertad.
AG: –¿Qué significan estas cárceles para el país?
MAB: –La venganza y la intolerancia del Estado. Las cárceles son supuestamente espacios que concebimos para la resocialización, término que no comparto, pero aún en esa misma lógica esto no existe de ninguna manera. El tratamiento que reciben los internos es despótico, autoritario. Se le niegan [al interno] sus derechos. Tampoco se le da la oportunidad de trabajar, de estudiar, de hacer talleres, eso está completamente negado, más cuando se trata de cárceles de máxima seguridad. El pretexto es siempre que son cárceles de seguridad. El interno no puede ir a un taller porque está la presunción de que puede fugarse, no puede estudiar pues los docentes no pueden asistir porque es peligroso, en fin, hay todo un discurso allí desde la seguridad para negar los derechos y la posibilidad de que esas personas puedan tener un futuro y construir un proyecto de vida diferente. Entonces, lo que uno concluye, después de haber estado en la cárcel, es que se están alimentando allí más odios, más venganzas, más situaciones degradantes, más violaciones a la dignidad humana. El sistema carcelario y la política carcelaria en Colombia tiene que replantearse desde su raíz.
AG: –Muchas sociedades están votando últimamente por seguridad. En Colombia, el ministro del Interior y de Justicia, Vargas Lleras, promueve que se puedan encerrar jóvenes por más de una década. ¿Cuál es la salida para un país que tiene un conflicto armado y al que se le ofrece como solución las cárceles y la ‘seguridad democrática’?
MAB: –Creo que afortunadamente ya ha pasado la era Uribe, aunque se mantienen sus principios fundamentales. Por lo menos, hoy podemos hablar de conflicto armado sin que se nos señale de terroristas; por los menos, muchos de los que en la época de Uribe callaron y se silenciaron hoy salen a decir que efectivamente hay un conflicto, pero en el momento que tenían que decirlo se quedaron callados, guardaron silencio. Creo que uno, desde un pensamiento crítico, tiene que ser consecuente, no se puede mantener el silencio y recurrir a ocultar su punto de vista. Eso tiene un costo, pero hay que asumirlo en función de buscarle salidas a ese mismo conflicto. La salida al conflicto empieza por reconocer el conflicto.
Creo que es posible buscar una salida dialogada, pero una salida dialogada implica que todos los actores del conflicto puedan sentarse en una mesa y no se cierren las posturas. Santos dice: ‘no he botado la llave de la paz’, pero le está pidiendo a la guerrilla que entregue sus armas antes que nada. El problema es que eso debe ser producto de la negociación, no el punto de partida de una. Entonces, es posible una salida negociada y dialogada al conflicto, pero implica ceder de parte y parte: de parte del Estado serían una serie de reformas políticas, económicas y sociales que está demandado el país desde hace ya mucho tiempo, y de los grupos insurgentes mirar otras opciones para desarrollar su actividad política, incluyendo que en algún momento la lucha armada no sea ese camino. Este debe ser un punto de llegada y un punto de acuerdo. Desafortunadamente, ha habido experiencias tan negativas como lo que le pasó a la Unión Patriótica, lo que dejó un imaginario muy negativo de una posible salida y de que las FARC participen de una contienda electoral. Hablamos de cinco mil muertos. Apuesto, y siempre ha sido mi apuesta, por una salida política y dialogada al conflicto armado y social colombiano.
AG: –¿Por qué tanto ambiente guerrerista y contra la salida negociada?
MAB: –Una tendencia histórica que ha caracterizado al Estado colombiano es la criminalización de la protesta social. En ese sentido, todo aquel que se opone, todo el que protesta, todos los líderes sociales que tienen una opinión diferente, que luchan por unos cambios y unas transformaciones, es señalado como guerrillero. Las FARC han sido un pretexto y, en este país, todos los problemas ‘surgen’ de la guerrilla. Hay que que preguntarnos, como investigadores y como colombianos, porqué surgen las guerrillas y cuál es su origen histórico. Si entendemos cuál ha sido el desarrollo del conflicto en Colombia, podemos visualizar esa salida.
Aquí se nos ha tratado de mostrar simplemente que la violencia viene de la guerrilla, específicamente de las FARC. También tenemos que tener en cuenta el número de víctimas y de desplazados por los grupos paramilitares que, como sabemos, fueron financiados y soportados por el mismo Estado. Hay que reconocer esa situación. Si no la reconocemos, no le vamos a dar solución a esto. Sí, las guerrillas han sido un factor de violencia, pero también ha sido un factor de violencia el Estado, también lo han sido las Fuerzas Militares. Lo que estamos pensando es cómo darle salida a esa situación, una salida que no implique más guerra, que no implique más desgaste para la nación, que no implique mayores costos, ni económicos ni humanos.
El martes 7 de junio, hacia las 5pm, Miguel Ángel Beltrán salió en libertad de ‘La Nueva Picota’. Después de pagar cinco millones de pesos como “caución prendaria”, el académico permanecerá en libertad provisional hasta que la juez cuarta del Juzgado Especializado de Bogotá sustente el fallo que lo absolvió de los cargos de concierto para delinquir agravado y rebelión.
Junio 3 de 2011, 8pm
Luego de más de dos años de prisión, el profesor Miguel Ángel Beltrán fue absuelto de los cargos por concierto para delinquir agravado y rebelión que pesaban en su contra. La decisión fue tomada por la juez cuarta de descongestión de Bogotá, al observar que ninguna de las pruebas presentadas por la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía permitía concluir que Beltrán y ‘Jaime Cienfuegos’, el guerrillero mencionado en los datos que la Dijín habría extraído del compuador de ‘Raúl Reyes’, fueran la misma persona.
El fallo en justicia se emite luego de reiteradas denuncias sobre múltiples irregularidades en el proceso y de que la Corte Suprema de Justicia determinara que los datos del computador del jefe guerrillero no podían ser empleados como pruebas, pues habían sido obtenidos luego de una operación ilegal en otro país.
Sin embargo, el fiscal encargado del caso, Ricardo Bejarano, señaló esa tarde durante su alegato final que el alto tribunal habría incurrido en ‘traición a la patria’ por no validar ese material informático como prueba y pidió la condena del intelectual por los dos cargos que se le imputaban.
Por su parte, la delegada de la Procuraduría sugirió que la providencia de la Corte se trataba de apenas una ‘respetable opinión’ y señaló que las denuncias de distintos periodistas sobre las irregularidades en el caso constituían una ‘fantasía mediática’, antes de pedir la condena de Beltrán por el cargo de rebelión.
Luego del alegato de la defensa, donde se señalaban las múltiples garantías violadas luego de la retención del profesor Beltrán en México, la juez encargada decidió emitir fallo absolviendo al intelectual de ambos cargos y definió que será liberado el 8 de julio,.