Por: Juan Diego García – febrero 22 de 2008
La suspensión de las gestiones para el intercambio de prisioneros con las FARC no debería sorprender a nadie. En realidad, lo extraño hubiese sido que Uribe permitiera que el proceso culminase de forma feliz, al coste de un protagonismo enorme pero inevitable para la guerrilla, del aumento de la influencia de Hugo Chávez en la región y del desgaste de los argumentos sobre los cuales el presidente colombiano ha sustentado su estrategia de la ‘seguridad democrática’. Ni el intercambio de prisioneros ni, menos aún, una negociación del conflicto armado tienen cabida en la agenda de Uribe: lo eligieron precisamente por su promesa de no negociar y erradicar la guerrilla en pocos meses. En consecuencia, la liberación de los prisioneros en manos de los insurgentes sería, en todo caso, el resultado de exitosos operativos militares. La negación del conflicto –argumentando que no existen razones para alzarse en armas contra la democracia colombiana– y el rechazo sistemático al intercambio –sosteniendo que no se negocia con terroristas– han sido consignas permanentes de la actual administración. Tan sólo la presión de la opinión pública abogando por el intercambio humanitario ha conseguido variar, en ciertas coyunturas, la cerrada posición del gobierno, pero una y otra vez se ha encontrado la excusa apropiada –por ridícula que parezca– para sabotear cualquier iniciativa. La actual es tan sólo una entre muchas.
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