Por: Emiliano Terán Mantovani – agosto 22 de 2019
Los enormes incendios que se han producido en la Amazonía brasileña, así como la de otros países de la región como Bolivia, han capturado la atención global y avivado la discusión sobre el problema de fondo que sufre esta muy sensible ecoregión.
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Por: Marcela Zuluaga C – junio 16 de 2019
El trabajo de un grupo de mujeres del puerto nariñense, que a diario limpia y transforma camarones y langostinos, representa para ellas la posibilidad de ser sostenibles en el tiempo. Su proyecto recibió el apoyo de la Agencia de Renovación del Territorio, a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.
Por lo menos 145 mujeres cabeza de hogar quienes, en su mayoría, fueron desplazadas por la violencia de finales de los años noventa en Nariño, conformaron hace poco más de tres años en Tumaco la Asociación Mujeres Semillas de Paz Perlas del Pacífico (Asmudepaz). Una de sus asociadas, Ivani Plaza, relata que:
Vivía en la vereda Peña Colorada y viajé a Tumaco en el año 2008, huyendo de la violencia. Como tenía a mi hija mayor creciendo, entonces, me daba miedo porque prácticamente ellos [los grupos armados] ya querían como echarle el ojo y me tocó venirme de allá.
La situación se agravó por aquellos años a raíz de la ‘mancha blanca’, un virus que atacó el camarón en Colombia y disminuyó ostensiblemente su producción. La empresa camaronera Tumako Fish, en la que laboraba Luis Rosas, cerró y las mujeres que se dedicaban a descabezar y limpiar el camarón se quedaron sin materia prima para trabajar. Según recuerda Ivani Plaza, para aquella época “en una semana se trabajaba apenas 2 o 3 días, casi no se tenían ingresos”.
Al poco tiempo, con el apoyo de cien mujeres peladoras de camarón, Luis decidió hacerse cargo de la empresa de la que había salido. En medio del proceso, sugirió que las mujeres se asociaran y, de esa manera, nació, en 2015, Asmudepaz para trabajar como organización aliada.
Actualmente, Asmudepaz y Tumako Fish son beneficiarias de un sistema intensivo de cultivo de camarones con el que se busca producir más a menor costo. Esta iniciativa recibió, en 2016, el apoyo del programa Colombia Responde y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Los aportes les permitieron a Tumako Fish construir 20 piscinas para la cría de estos crustáceos en el corregimiento El Morro, de Tumaco. Estos cultivos son propiedad de la empresa y, a cambio de haber hecho la gestión por la asistencia técnica, las asociadas reciben el 5% de las ganancias. “La idea con el proyecto era lograr más volumen de camarón, más días trabajados y tener más dinero para nuestras familias”, comenta Ivani, recordando que sus ingresos dependen del volumen de camarones que puedan procesar cada día.
En Colombia, las exportaciones llevan dos años consecutivos en alza: en 2017 generaron 25,7 millones de dólares y en 2018 alcanzaron 26,5 millones de dólares. En términos de producción, en 2017 se lograron 4.465 toneladas de mariscos, y el año pasado se alcanzaron 5.307, según la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).
La cadena productiva del sector de la camaronicultura incluye diferentes participantes, tales como los proveedores de insumos y servicios, las empresas y granjas dedicadas al cultivo de camarón, las plantas procesadoras y los distribuidores y comercializadores, entre otros. Todos ellos desarrollan un proceso que va desde el cultivo hasta la mesa del consumidor.
Asmudepaz participa en esta cadena como transformadora y dinamizadora, aportando mano de obra calificada. Por su parte, Tumako Fish, como cultivador, se encarga del manejo técnico y de los insumos. Finalmente, la comercialización está a cargo de Hipermar Fish, un supermercado de mariscos que actúa como aliado a nivel nacional para llevarlo al consumidor final, quien puede adquirirlo en sus tiendas o consumirlo en su restaurante Coctel del Mar.
Las mujeres asociadas en Asmudepaz no tienen horarios en la planta de Tumako Fish y sus ingresos están determinados por lo que produce cada una de ellas, es decir, trabajan al destajo, como se dice popularmente. Ivani explica que:
Depende de si es más rápida, pues gana más. Los ingresos varían: por descabezar un kilo de camarón pagan $1.300 y por pelarlo $1.800 […] Nosotras no producimos ni comercializamos […] lo que hacemos es prestación de servicios. Nosotras somos una parte pública, Tumako Fish nos provee el producto y lo que hacemos es descabezarlo y desvenarlo.
Gracias a las gestiones de Asmudepaz con la Agencia de Renovación del Territorio (ART), bajo el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para el Pacífico Nariñense, esta organización espera convertirse en productora de alimento concentrado para peces y mariscos a base de los residuos o subproductos del camarón, como las cabezas y las conchas. El valor total de este proyecto fue tasado en $120 millones y la ART entregó a Asmudepaz maquinaria e insumos para fabricar ese producto.
Producir este alimento concentrado significa para Asmudepaz una gran oportunidad, dado que no se elabora en la región y hay que traerlo hasta Tumaco o importarlo, por lo que tendrían en Tumako Fish a un comprador asegurado, mientras que la empresa se beneficiaría de la reducción de sus costos, lo que explica que haya entregado una pequeña parte de su planta en comodato a la organización de mujeres para desarrollar esta iniciativa.
Por el momento, la operación del proyecto de alimento concentrado se encuentra parada porque el molino granulador que la empresa donó no se encuentra en funcionamiento debido a que el diseño de sus piezas no se ajusta a los requerimientos de la materia prima. Sin embargo, según comenta Ivani, las integrantes de Asmudepaz no se dan por vencidas y quieren seguir adelante con su proyecto:
Actualmente, se está buscando la forma en que se pueda arreglar y ampliar la máquina para poder seguir en su elaboración […] También faltan las pruebas de alimentación con camarones y peces que luego serán de consumo humano, entonces, toca hacer varias pruebas sanitarias y verificar […] Buscamos ser sostenibles en el tiempo, pero también independientes, poder estar en la parte productiva y también en la parte de comercialización, para lo cual estamos estudiando para tener la cadena productiva completa.
Las mujeres de la asociación destacan que sus actividades demuestran que el Pacífico nariñense no es como lo pintan: “en Tumaco los buenos somos más; necesitamos cambios en infraestructura, creación de empresas para poder sostenernos y un buen trabajo para tener una vida digna a pesar de los conflictos”, concluye Ivani, quien, junto a sus compañeras, se trazaron como meta seguir avanzando, capacitarse aún más y fortalecer su independencia gracias al camarón.
Por: Omar Vera – mayo 29 de 2019
El miedo y el poco avance en la implementación del acuerdo de paz mantienen en vilo la reincorporación de excombatientes de las antiguas FARC en Tumaco.
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Por: Eduardo Márquez G. – abril 25 de 2019
Arribista como pocos, zalamero como muchos, Darío Arizmendi empeñó su carrera a un periodismo ‘lagarto’, cargado de adjetivos rimbombantes para los poderosos y sesgado a favor de su interés particular.
Leer MÁsPor Joanna Zapata – abril 19 de 2019
Incumplimientos, erradicaciones forzosas, militarización e imposiciones del gobierno llevaron a estos indígenas a no meterse en la sustitución en Nariño.
Los awá, como muchos de los pueblos indígenas de Colombia, se vieron obligados a
adaptarse y subsistir de la hoja de coca. A pesar de nunca haberse establecido propiamente como agricultores, pues su población era seminómada y dedicada a la caza y la recolección, la oleada de desplazamiento que ocasionaron a principio de siglo los paramilitares, las fumigaciones y el Plan Colombia desde el departamento del Putumayo hacia el occidente de Nariño, fue vinculándolos a las complejas economías de la coca.
Nariño [Insertar enlace a la nota del PNIS en Tumaco] es el departamento del país con mayor extensión sembrada con coca, con 45.735 hectáreas, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) [Insertar
enlace: https://www.unodc.org/documents/colombia/2018/Octubre/INFORME_MONITOREO_
DE_CULTIVOS_ILICITOS_2017_FINAL.pdf ], de las cuales 12.065 ha se encuentran en Tumaco.
Después de más de una década de fumigaciones, erradicaciones forzadas y militarización de sus territorios en una guerra que no es suya, los awá vienen buscando mecanismos para que las familias de su pueblo que viven de la coca puedan pasarse voluntariamente a sembrar otro tipo de cultivo y salir por fin del círculo vicioso de la llamada “guerra contra las drogas”.
Sin embargo, decidieron no vincularse al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) dispuesto en los acuerdos de paz [Insetar enlace: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-
conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf ] firmados por la antigua guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, puesto que no ven que se haya respetado su derecho a la consulta previa ni ajustado la iniciativa a su cosmovisión como pueblo originario.
No obstante, según denuncian sus autoridades tradicionales, lo decisivo para tomar distancia ha sido ver que, luego de más de un año de implementación del PNIS en la costa Pacífico de Nariño, a las comunidades vecinas y a sus territorios el Gobierno no les estaba cumpliendo lo acordado y continuaba con las erradicaciones forzosas, por lo cual consideran que no hay garantías para ellos.
¿Quiénes son los awá?
En su lengua, el awapit, los awá se definen como gente de montaña. Después de siglos de defender su territorio de incas, españoles, criollos, colonos, Fuerza Pública y grupos al
margen de la Ley, se mantienen en varias zonas de la actual frontera entre Colombia y
Ecuador, especialmente en los departamentos de Putumayo y Nariño, donde la selva del
piedemonte costero y la cuenca del río Telembí concentran la mayor parte de su población de cerca de 30.000 personas que comparten unos 22.000 km2 por los que vienen luchando desde que el Estado empezó a reconocer sus resguardos y autoridades tradicionales con la Constitución de 1991.
Se definen como un pueblo tranquilo que, en medio de las dificultades, ha tratado de
preservar su territorio como un lugar para el desarrollo del pensamiento, para trabajar y
disfrutar, pero esto no ha sido fácil: el despojo de sus tierras, la presencia de grupos
armados, la minería y los cultivos de palma que se han ido implantando allí ya no les
permiten pescar, cazar ni cultivar plantas medicinales en la selva, según sus costumbres.
La población awá ha tenido que sufrir los rigores del desplazamiento, por lo que sus
tradiciones hoy se encuentran en alto riesgo de desaparecer, al punto que la Corte
Constitucional los ha incluido en la lista de pueblos en peligro de extinción étnica.
Al respecto, Jairo Javier Bisbicús, fiscal de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa),
asegura en tono nostálgico que:
[Esto se origina en] los distintos intereses que hay en el territorio, un territorio que se ha convertido en campo de batalla, un territorio que ha servido para todos los grupos armados como corredores estratégicos para mover el narcotráfico, para el tema de la minería […] todo esto ha costado muertos de nuestros compañeros, desapariciones, un sinnúmero de víctimas, un sinnúmero de niños huérfanos.
[Insertar video: entrevista a Jairo Javier Bisbicús]
Víctimas indígenas
Los crímenes contra los awá son casi incontables y, en algunos casos, de extrema gravedad. Tal vez el más recordado sea la masacre de Tortugaña Telembí [Insertar enlace a PDF con pronunciamiento de Unipa], cometida por la Columna Móvil ‘Daniel Aldana’ de las antiguas FARC el 4 de febrero de 2009 y que espera sea tratada en el Caso 002 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) [Insertar enlace:
https://www.jep.gov.co/Relatoria/Sala%20de%20Reconocimiento%20de%20Verdad,%20de%
20Responsabilidad%20y%20de%20Determinaci%C3%B3n%20de%20los%20Hechos%20y%
20Conductas/Autos/Auto_SRVR_004%20de%2010%20de%20julio%20de%202018.pdf#sear
ch=caso%20002 ].
No obstante, también la Fuerza Pública, los paramilitares de distintas denominaciones y el crimen organizado han dejado víctimas por todo el territorio de este pueblo indígena que, tras la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016, cuenta 26 asesinatos, 64 amenazas y más de 800 personas desplazadas.
Por esta razón, la Unipa ha venido construyendo su “Camino de protección propia” como
parte del Plan Integral de Reparación Colectiva que el Estado está obligado a implementar en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional y en el marco los programas de seguridad y protección contemplados en el capítulo étnico del acuerdo de paz [Insertar enlace:
https://www.onic.org.co/images/noticias/2016/08/Cap%C3%ADtulo_%C3%89tnico.pdf ]. Se trata de un programa de fortalecimiento para la guardia indígena destinado a la protección de sus líderes y comunidades que se inició en 2017 con un contrato por $300’000.000 entre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Unipa.
[Insertar PDF: Convenio Interadministrativo 383]
Sin embargo, estas medidas no son suficientes para resolver la grave situación que viven las comunidades indígenas en las zonas cocaleras del occidente de Nariño, toda vez que desde el inicio del gobierno del presidente Iván Duque Márquez más de 5 líderes de la Unipa han sido asesinados en estos territorios por los grupos armados que han venido tomándose el lugar que antes ocupaban las FARC para hacerse con el control, entre otras cosas, del negocio de la coca.
Además, hoy no se sabe si podrá continuar la ruta de protección mencionada, que se desarrolló principalmente en los resguardos del municipio de Barbacoas, pues el nuevo Ejecutivo no le ha dado continuidad a la financiación de esta iniciativa.
¿Por qué no hacer parte del PNIS?
De acuerdo con un informe [Insertar enlace: http://www.odc.gov.co/Portals/1/politica-
regional/Docs/2016/REATLAS0639_narino.pdf ] del Observatorio de Drogas de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), a final de 2016 la
extensión de cultivos de coca en territorios indígenas de Nariño constituía 4.174 hectáreas, asunto especialmente agudo hacia el Pacífico y el piedemonte andino, justamente donde viven la mayoría de los awá.
[Incrustar mapa de ubicación de resguardos indígenas de Nariño. Fuente:
http://urnadecristal.gov.co. Código: <div class=’tableauPlaceholder’ id=’viz1553538181185′
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Según Henry Marín, consejero de Organización y Territorio de la Unipa, muchos indígenas
han recurrido a la hoja de coca para sobrevivir en medio de la presión de las armas y la
pobreza: “cada familia solo cultiva un poco, apenas para sobrevivir de lo que le vende a los grupos armados”.
Esto los ha hecho mucho más vulnerables a la violencia y el desplazamiento, generando una situación que se ha vuelto particularmente riesgosa después de que diversos grupos armados empezaran a disputarse el territorio que controlaban las antiguas FARC en Nariño, especialmente en el municipio de Tumaco donde más de 12 grupos armados amenazan a los 16 resguardos de este pueblo originario.
La falta de confianza en las instituciones es la primera razón que manifiestan las comunidades para no pertenecer hoy al PNIS, creado mediante el Decreto Ley 896 de 2017 [Insertar enlace:
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20896%20DEL%2029%20DE
%20MAYO%20DE%202017.pdf ] como herramienta de gestión para la sustitución de cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana.
No es para menos: en el pasado la gestión del Estado frente a las necesidades de las comunidades indígenas en Nariño ha sido, cuando menos, escasa y es poco lo cumplido de lo que se ha pactado en las mesas de negociación surgidas de las mingas y protestas, así como de lo definido en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional [Insertar enlace:
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm ] en materia de
saneamiento ambiental, vías, comunicaciones y salud, entre otros asuntos, para evitar la
desaparición de los awá como pueblo.
A todo esto se suma que, de acuerdo con Unipa, desde la puesta en marcha del PNIS en sus territorios no solo se han aumentado las agresiones de los grupos armados contra las comunidades [Insertar enlace a la nota de seguridad y PNIS] sino que se ha incumplido a las comunidades campesinas y afrodescendientes vecinas a sus resguardos. Según cuenta Henry Marín, las familias vinculadas al PNIS en estos territorios no fueron informadas adecuadamente sobre el propósito del programa y terminaron sometidas a que, en algunos casos, la Fuerza Pública arrancará la coca:
La primera fase, era la firma de la carta de intención y luego, cuando ya firman esos acuerdos, el Gobierno manda la erradicación forzosa. Los cultivadores de coca no sabían que la cosa era de sustitución voluntaria […] Nosotros, como organización Unipa, no nos acogimos al programa y enviamos una solicitud al Gobierno, o a la institución encargada de esta sustitución voluntaria, donde se decía que para nosotros tiene que entrar primero la socialización del programa dentro de los resguardos indígenas y dentro de esa socialización íbamos creando una ruta como indígenas, para mirar a ver cómo era que queríamos la sustitución voluntaria.
[Insertar video: entrevista a Henry Marín]
Incertidumbre
Los programas de sustitución voluntaria, tal como se plantearon en el acuerdo de paz,
suponen un apoyo para la generación de oportunidades para las familias cultivadoras y
recolectoras, de forma que puedan tener alternativas económicas que permitan la reactivación de municipios como Tumaco, Barbacoas o Ricaurte, donde se concentra la
mayor población awá y, al mismo tiempo, donde más expuestos a riesgos se encuentran por la presión de los grupos armados que se lucran del negocio de la coca.
Sin duda, de acuerdo con Daniel Ramírez, coordinador departamental del PNIS en Nariño, el reto de implementar el punto cuarto de los acuerdos de La Habana en este departamento es grande:
Lo más importante es ofrecer alternativas económicas a las familias que derivan sus ingresos de esos cultivos ilícitos. Si la estrategia no se plantea con ese objetivo fundamental, efectivamente podemos seguir en un círculo vicioso de erradicación forzosa y resiembra por parte de las comunidades, porque […] se trata de una opción de vida, de una forma de generación de ingresos.
[Insertar imagen de la página 107 del acuerdo final -se incluye en el Drive-]
Así, al menos como se preveía, las familias vinculadas al PNIS en Nariño se han comprometido a eliminar voluntaria y concertadamente la coca, y el Estado a llevar a cabo un proceso que partía de asambleas con los cultivadores y recolectores para la construcción de los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (Pisda) que aseguraran el éxito de la iniciativa y se integraran con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que se adelantan tanto en la zona de Pacífico y Frontera Nariñense como en la región del Alto Patía. Adicionalmente, las instituciones encargadas del PNIS debían entregar un apoyo económico de corto y mediano plazo que hiciera posible a las familias cocaleras llevar a cabo esta transición.
[Insertar PDF: Decreto 896 de 2017]
Respecto a la participación de las comunidades en este proceso, Daniel Ramírez asegura
que:
Desde el marco del proceso de implementación, nosotros tenemos muy clara la real voluntad de las comunidades con terminar definitivamente con esta actividad ilícita porque están cansadas de la guerra, porque están cansadas de la violencia, porque saben que, en últimas, la coca lo único que les ha traído ha sido pobreza, miedo y desplazamiento.
Volviendo a los aportes que el Estado debe hacer a cada familia cocalera, estos ascienden a $36’000.000 y están diseñados para entregarse durante dos años: en el primero, se realizan pagos bimensuales hasta completar $12’000.000 a los beneficiarios por su trabajo en la sustitución de cultivos bajo la figura de ingreso laboral, además de $1’800.000 para asegurar la alimentación inmediata, $9’000.000 para la ejecución de proyectos de ciclo corto y $1’600.000 para asistencia técnica; mientras, en el segundo año, se paga un ingreso laboral de $4’000.000 distribuido en 8 meses, junto con $6’000.000 para los proyectos productivos y $1’600.000 de asistencia técnica.
A pesar del hermetismo con el que se ha manejado todo lo relacionado con el PNIS desde la posesión de Iván Duque y de la incertidumbre por el futuro del programa por la disolución de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, que pasó a ser una dirección dentro de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación que hoy encabeza Emilio José Archila Peñalosa -quien no ha respondido ninguna de las consultas que hemos elevado a la oficina de prensa de su despacho-, hoy el PNIS continúa implementándose en Nariño en medio de las dificultades.
[Insertar video: entrevista a Jairo Javier Bisbicús 2]
A través de un documento, Unodc, la entidad encargada de administrar
estos recursos en Nariño de acuerdo al Memorando de Entendimiento COL W40 firmado entre la organización internacional y el Gobierno Nacional en noviembre de 2017 [Insertar enlace: http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2017/Paginas/20171102-
Colombia-y-Naciones-Unidas-suscribiran-proyecto-para-fortalecer-el-monitoreo-a-la-politica-
de-reduccion-de-cultivo.aspx ], manifestó que, hasta el 31 de enero, se habían vinculado al PNIS 16.568 familias en la zona de Tumaco, de las cuales 14.753 son cultivadoras, 1.512 habitantes de zonas afectadas por los cultivos ilícitos y 303 recolectoras. Adicionalmente, asegura la organización internacional, de estas familias apenas 1.035 han recibido la totalidad de los aportes económicos del primer año, lo que correspondería a $12.420 millones ejecutados en este componente de los recursos entregados por el Estado colombiano.
[Insertar PDF de respuesta de Unodc]
Por su parte, y de forma extraoficial, funcionarios de Unodc manifestaron que la organización internacional ha logrado atender con el PNIS apenas a 9.000 familias de las 17.000 que se tienen proyectadas en la zona de Tumaco, lo que representaría recursos por $324.000 millones cuando se completen los pagos. Esta significativa diferencia está relacionada con la grave situación que se vive en la vereda el Tandil del corregimiento de Mataje, donde se ha dificultado la entrega a las familias cocaleras de estos aportes.
No obstante, agregan los funcionarios consultados, se han presentado dificultades tanto por los ataques violentos y las extorsiones a las personas vinculadas al PNIS [Insertar enlace a nota sobre extorsiones] como por demoras en la entrega de la asistencia técnica y los insumos causadas por problemas con los operadores contratados, que no han cumplido a tiempo con los rigurosos requisitos de la entidad.
Estas demoras han generado graves tensiones con las autoridades en esta zona del país,
como la protesta cocalera que el pasado 5 de octubre cerró la carretera que lleva de Pasto a Tumaco para rechazar los incumplimientos, encontrando como única respuesta la
intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, que dejó varios
heridos.
Adicionalmente, la situación de seguridad para las comunidades se ha venido
agudizando con la militarización de la región y los resguardos indígenas ordenada por el
Gobierno, lo cual ha generado nuevos hechos violentos, como el que vivió recientemente un equipo de erradicadores de la Policía que cayó en un campo minado el pasado 27 de
febrero.
Al respecto, el consejero Henry Marín expresó que:
Entran con su maquinaria de erradicación forzosa a desminar porque tienen su equipo especial para eso. En la desminada […] empiezan a activar los demás explosivos alrededor para activar solo esa que buscan. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque pone en riesgo a los indígenas […] que nunca han escuchado este tipo de explosiones de seguido: 10 o 20 detonaciones por día. Entonces, eso hace que la comunidad se desplace. En este momento tenemos 2 o 3 familias que están fuera.
Ante este panorama, los awá hoy le exigen al Gobierno Nacional un programa especial que tenga en cuenta la situación de sus resguardos, su cultura y, sobre todo, no se plantee la militarización como método sino que respete a sus autoridades tradicionales y la guardia indígena como elemento de protección de sus territorios, ya que el programa de
erradicación debió coordinarse inicialmente a partir de la consulta previa a la que tienen derecho como pueblo originario.
Por: Fernando Dorado – Popayán, abril 8 de 2019
Después de 26 días de protesta, las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes de Cauca, Huila, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, lograron un acuerdo con el Gobierno para despejar la carretera Panamericana, única vía de comercio internacional entre Colombia y el sur del continente.
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