Por: Marcela Zuluaga C.
Mientras gobiernos y empresas discuten el futuro de los combustibles fósiles; comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas insisten en que las transiciones justas parten de la defensa del territorio, la biodiversidad, la justicia climática y el bienestar de las personas. Demandan desde los andes hasta los desiertos de la guajira, que se construya con respeto por los sistemas de vida y los derechos sobre sus tierras y aguas.
Por Andrés Gómez
Las mujeres en Colombia componen en gran parte los procesos de transformación socioambiental. De acuerdo con una encuesta hecha por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en junio de 2024, las mujeres representaban más del 42% del total de personas que se identifican como defensores en asuntos ambientales, pero poco se sabe de los riesgos diferenciados que enfrentan al cuidar la vida del planeta.
Un ejemplo reciente de falta de claridad es el informe público presentado en 2025 por la Fiscalía General de la Nación donde aclara que entre 2016 y 2024 registró 1.372 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, pero no discrimina quienes fueron asesinados por sus labores como ambientalista. Marlén Arévalo, líder ambiental y de derechos humanos, y representante a la Mesa Nacional de Garantías, habla de la incidencia que hasta ahora se ha logrado pero insiste en la falta de diferenciación:
La labor que hemos hecho en la mesa de garantías con mi compañera que es la delegada de mujeres, ha sido una cosa bien bien interesante, y en la política pública pues logramos por lo menos que se colocara la palabra defensor ambiental, porque no estaba, porque nos meten a todos en el mismo canasto.
La Fiscalía también reporta que desde el año 2016 al 2024, fueron asesinadas 14 mujeres por ser mujeres y ejercer liderazgo social: tres de los casos se encuentran inactivos, 4 en indagación, 4 en juicio y 3 más en ejecución de penas. Y en el caso de la desaparición forzada, la Fiscalía informa que del año 2016 al 2024 tiene registros de 40 casos en indagación, 14 en etapa de investigación, 6 en juicio y 4 en ejecución de penas, pero no ofrece información discriminada de quienes son mujeres.
La Fiscalía, institución que investiga delitos y ejerce la acción penal pública en Colombia, no reporta información diferenciada sobre liderazgos ambientalistas y menos la diferencia entre hombres y mujeres asesinadas o desaparecidas por su labor ambiental, tampoco respondió el derecho de petición que le envió el periódico preguntando sobre este tema.
Es necesario saber los riegos diferenciados que asumen las personas que cuidan la vida del planeta, debido a la presión de multinacionales extractivistas legales e ilegales, y que los ecosistemas están, cada vez, bajo más presión, y quienes lideran procesos socioambientales que resisten a la voracidad de la minería y los monocultivos extensivos, se han convertido en sus enemigos, especialmente en Sur América y el Caribe, ambientalistas como Marlén Arévalo, comentan sobre ésto:
Tuve la posibilidad en junio del año pasado de participar en la parte final de la construcción de la política pública [para defensores y defensoras de derechos humanos] porque llevaban más o menos construyéndola desde el 2022-2023. … Cuando yo llego allí y empiezo a hablar del tema ambiental, mira que curiosamente desde la institucionalidad todo el tiempo me callaban y me decían:‘No, es que eso se va a ver más adelante’; ‘No, mira, es que eso no se trabajará acá’. Inclusive compañeros defensores de derechos humanos lo que dijeron es que: ‘¡defensor es defensor, y ya!’. Y yo decía: ¿cómo así que defensor es defensor y ya? Si es el país en donde más asesina defensores ambientales por cuenta de la industria extractiva.
Marlén no se equivoca en su análisis. La organización Global Witness, expone que entre 2012 y 2024 han sido asesinadas 2.253 personas defensoras ambientales en el mundo, e informa que 509 casos ocurrieron en Colombia. La ONG especializada en reportar crímenes a defensores ambientales, también reporta que en 2024 fueron asesinadas 146 personas por defender sus derechos a sus territorios y a un ambiente limpio, sano y sostenible, 120 de ellas en Latinoamérica. Casi un tercio de los homicidios se perpetraron en Colombia, donde a 48 personas les quitaron la vida por defender la vida, 4 de ellas mujeres:
Colombia es de lejos el país más peligroso para ser líder social. En el informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reportó que entre 2016 y 2025, asesinaron en Colombia a 972 personas defensoras de derechos humanos: 112 mujeres, 843 hombres y 17 personas LGTBI+.
Este informe, aunque no discrimina si el liderazgo de las víctimas era social y/o ambiental, si aclara que, en el caso de las lideresas ambientales:
Las agresiones suelen estar vinculadas a conflictos socioambientales y a la oposición frente a proyectos extractivos.
A un par de horas de Tumaco, en la vía que comunica con Pasto, está ubicado el municipio de Ricaurte, y en este lugar del piedemonte andino que conecta con el pacífico, son mujeres las que componen gran parte los procesos de transformación socioambiental y podría ser mayor su participación a la media nacional, solo en dos organizaciones ambientalistas del municipio más del 90% de sus integrantes son mujeres: Mujeres Recicla Ricaurte por la Paz y Guardabosques los Gualpantes.
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Estas organizaciones, junto con la Fundación Bitácora Ciudadana, en el marco del proyecto “Sembrando paz y resiliencia” financiado por el Banco de proyectos para las comunidades del Ministerio del Interior, asumieron reflexionar sobre las amenazas que enfrentan como ambientalistas e invitaron a El Turbión a participar de una serie de encuentros con ellas para compartirlas. Los hallazgos sorprenden, porque reflejan que las personas ambientalistas enfrentan amenazas a su integridad mental y física no solo por parte de los actores armados, sino de la sociedad en general y propias de las crisis climática, al ser la primera línea de acción ambiental.
Cuando las mujeres de la asociación Mujeres Recicla Ricaurte salen a las calles o a las veredas del municipio a recuperar materiales reciclables, no siempre reciben reconocimiento por el trabajo ambiental que realizan. Varias de ellas contaron que, además de recolectar y recorrer largas distancias para luego separar y compactar, también deben soportar burlas o comentarios humillantes de algunos vecinos, así lo comentó Pilar*, una de las mujeres que recicla:
Hay personas que digamos que nos nos tratan mal (…) que dicen a veces: «Ahí vienen las basureras, vienen las recoge basura.
Otras veces la humillación está ligada a la idea de que su trabajo es remunerado por la empresa de gestión de residuos Ecoopar, ante la confusión, algunas personas no separan los orgánicos de los materiales reciclables a propósito:
Siempre las personas piensan que nosotras somos unas empleadas de Ecoopar. Entonces desde ahí ha venido como esa crítica y muchas veces dicen: ‘No, es que ustedes para eso les pagan’.
Las palabras humillantes y las acciones mezquinas lastiman, pero las mujeres que se han organizado para evitar que la basura del municipio afecte la biodiversidad del chocó biogeográfico o alcance el mar, saben de la importancia del trabajo ambiental que hacen, y con el poco dinero que ganan recolectando, separando y comprimiendo la basura que recolectan en las calles y áreas rurales del municipio, hoy tienen más autonomía financiera, algo vital en un territorio que ofrece pocas alternativas lícitas para las mujeres indígenas y campesinas.
Otras personas víctimas de la baja educación ambiental son las mujeres que restauran los potreros sin árboles que han dejado economías de la coca y el ganado. Algunos vecinos de las mujeres que han traído de vuelta agua a los cauces de quebradas y ríos no les creen que hagan las cosas sin ánimo de lucro, así lo afirma Alexander*, miembro de Los Gualpantes:
Confunden el trabajo social, ambiental con la parte de dinero. El hecho de estar nosotros trabajando en este tema que estamos aquí, le dicen, ‘¿Cuánto le dieron a ustedes por estar con la doctora aquí en este proyecto?’
La incomprensión no siempre proviene de desconocidos. Ambas organizaciones de mujeres también enfrentan que las familias les digan que pierden el tiempo. Así lo aseguró Sandra*, participante y voluntaria de Recicla Ricaurte por la Paz.
Pues en en la en mi familia prácticamente sí tuvimos inconvenientes cuando recién iniciamos. Porque pues se puede decir esto es como una locura, ¿no? Hicieron algo loco, o sea, tú dejas de hacer tu trabajo en tu casa y te vas a a un trabajo, como lo mencionaba, que no es remunerado.
Y lo mismo relató Lina* en uno de los talleres con la Fundación Bitácora Ciudadana, una de las mujeres Guardabosque que es enfermera:
Mis amistades, mis compañeras de trabajo sí me lo han dicho. Que es lo que haces allá metida perdiendo el tiempo, vos.
En los diálogos entre las mujeres ambientalistas, surgió el respaldo solidario entre compañeras, y los encuentros sirvieron además para diseñar estrategias y mitigar la afectación en los procesos organizativos que la descalificación provoca, como lo explica una de las participantes, una de las principales acciones de mitigación frente a la estigmatización es escucharse:
Cuidar nuestra salud emocional compartiendo con nuestras compañeras la situación desagradable.
Ese respaldo mutuo también fortalece la convicción de que su trabajo tiene sentido, así lo afirmó Pilar*:
Creo que lo mejor que podemos hacer es apoyarnos entre las compañeras de la organización y también reconocer las otras iniciativas de liderazgo y de conservación que se están desarrollando en el municipio,
El trabajo ambiental de las organizaciones de mujeres en Ricaurte ocurre en un territorio con alta biodiversidad pero que está atravesado por estos riesgos, por lo que varias de sus actividades como recoger reciclables en veredas o restaurar zonas degradadas, implican recorrer caminos rurales donde también están presentes economías ilícitas, actores armados legales e ilegales, e incluso minas antipersonal o municiones sin explotar.
En algunos casos, los senderos de las guardabosques pasan cerca de predios donde existen cultivos de uso ilícito. Por ello Clara*, miembro de las Gualpantes y una de las participantes de los encuentros, explica que esa cercanía ha generado tensiones con quienes controlan esos espacios:
Cerca de los predios de la reserva hay personas que tienen cultivos ilícitos. Entonces, como algunos de nuestros senderos pasan cerca de esos lugares, sí ha habido como un cierto choque.
Recorrer el territorio también significa moverse en zonas donde persisten riesgos asociados al conflicto armado. Ante esto, durante las jornadas de recolección o restauración ecológica, las mujeres saben que pueden encontrarse con combates, minas antipersonal o artefactos sin detonar. Pilar*, de Recicla Ricaurte, sabe de ese peligro:
Al hacer recolección o recorrer los territorios, siempre estamos enfrentadas a ese riesgo cuando hay enfrentamientos o minas antipersona. Siempre hay que tener cuidado.
En ocasiones, incluso reciben advertencias directas para no ingresar a determinados lugares. Cuando eso ocurre, deben abandonar temporalmente sus actividades ambientales, así lo afirma Pilar*:
Se han presentado situaciones donde a veces nos advierten, dicen nos dicen que pues a esa zona no podemos ingresar, no podemos hacer esa recuperación en ciertas zonas, entonces nos toca dejar, nos toca tratar de no hacer esa recuperación en esos lugares.
El conflicto armado también ocasiona el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y en departamentos como Nariño, Cauca, Antioquia y el Catatumbo, la oficina del ACNUDH verificó en 2025 al menos 150 casos de reclutamiento: 98 niños y 52 niñas, pero la cifra representa solo una pequeña parte de este crimen, debido al miedo a denunciar.
Uno de los modos empleados con las niñas y adolescentes es el enamoramiento. En el mismo informe, OACNUDH expone que sistemáticamente, integrantes de grupos armados coquetean en espacios comunitarios con las menores de edad para luego manipularlas con promesas de protección o apoyo económico, pero una vez reclutadas, enfrentan aislamiento, traslado forzado, coerción sexual y la imposición de tareas de cuidado o logísticas. Estas situaciones no son ajenas a los riesgos que enfrentan las organizaciones de mujeres de “Sembrando paz y resiliencia”, Clara no duda en ratificarlo:
Muchas de de las personas o de los participantes de la organización o de los que trabajamos somos mujeres y en ocasiones se presenta de que pues esas personas empiezan como a molestar o a querer pretender a las niñas, con comentarios, a veces alusivos a nuestra parte física, y eso que nosotros no nos podemos ir cómodas.
El informe realizado por la OACNUDH sobre la Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia (2022-2025), también aclara que estas violencias no solo afectan a las mujeres, niñas y adolescentes que las sufren, sino a las comunidades:
Para las mujeres de Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes, las violencias de género se inscriben además en contextos de racismo estructural y despojo territorial, afectando no solo a las personas directamente atacadas, sino también las dinámicas colectivas de cuidado, gobernanza y transmisión de la cultura.
Ante los riesgos que trae el conflicto armado, las organizaciones han tomado medidas de seguridad para reducir riesgos durante los recorridos, y una de las reglas principales es evitar desplazarse solas, así lo expresa Milena, otra miembro de los Gualpantes*:
Cuando realizamos recorridos y pues en ocasiones como hay presencia de diferentes grupos en nuestros predios y si vamos a hacer un recorrido, pues lo hacemos acompañados.
También han aprendido a moverse únicamente por rutas conocidas y cuando circula información sobre posibles combates o presencia de artefactos explosivos suspenden toda actividad de reciclaje, así lo cuenta Pilar: “Cuando hay alertas de que hay cilindros bomba o esto, tratamos de no acercarnos”.
Las lluvias intensas y prolongadas han incrementado los riesgos de deslizamientos, avalanchas e inundaciones en el municipio, lo que afecta tanto los ecosistemas como la seguridad de quienes realizan recorridos en las montañas y en las vías del municipio.
En la reserva tenemos dos quebradas. Esa es una de las principales como riesgos que tenemos porque eh se crecen las quebradas… la reserva tiene un puente y pues eso es muy es un riesgo gravísimo… nos afectó parte de nuestras instalaciones… llevándose el puente por el cual nosotros accedemos.» Afirmó Clara*.
Durante las jornadas de recolección de reciclables, las mujeres de Recicla Ricaurte también enfrentan riesgos asociados a altas temperaturas, lluvias extremas o crecientes súbitas que dificultan sus desplazamientos por el territorio, y por ello Pilar explica que no salen a recuperar materiales cuando las lluvias son intensas:
Tratamos de que cuando hay deslizamientos, cuando hay lluvias fuertes, entonces no no se salga a hacer esos recorridos o cuando hay pues avalanchas y esto eh están taponadas las vías, pues no, también se suspende
Las mujeres Guardabosques, sin embargo, enfrentan riesgos asociados a la deforestación y la contaminación que poco se hablan, y que afectan su proyecto ecológico. Uno es la contaminación:
los cultivos ilícitos se utilizan muchos químicos… Todos esos químicos que están en lo alto de la montaña bajan hacia la parte baja de la reserva y en la reserva se siembran forrajes que estos son utilizados para los animalitos. Eso es un riesgo por la contaminación de toda las fumigadas porque consumimos el agua, es un riesgo bien alto.
Otro riesgo es la presencia de grandes felinos empujados hacia la reserva, lo que representa un riesgo adicional durante las actividades de monitoreo o restauración ecológica, como lo afirma Clara
Eh, tenemos la presencia de un puma… eso ha sido, pues digamos en nuestras zona es peligroso, ¿no?… hemos presenciado muertes de vacas… y como estamos en la reserva, van niños, van jóvenes, van adultos, hacen recorrido y pues eso puede ser peligroso para nosotros.
Las ambientalistas también han desarrollado medidas de prevención frente a eventos climáticos extremos que afectan sus recorridos y las zonas de conservación.
Tratamos de que cuando hay deslizamientos, cuando hay lluvias fuertes, entonces no se salga a hacer esos recorridos o cuando hay avalanchas y están taponadas las vías, pues no, también se suspende lo que hace la asociación.
Sin embargo, es el monitoreo permanente del territorio la forma de anticipar riesgos ambientales.
Nosotros como estamos siempre haciendo los recorridos y estamos en los procesos de restauración ecológica, pues hacemos como un monitoreo de cómo están esos afluentes, de que si se ha presentado algún deslizamiento o algo, entonces estamos nosotros mismos previniendo esas situaciones.
Mujeres Recicla Ricaurte por la Paz y la Reserva Natural Los Gualpantes muestran que las organizaciones ambientalistas lideradas por mujeres enfrentan riesgos derivados del conflicto armado, estigmatización, crisis climática, pero también que intercambiando experiencias se construye de forma comunitaria formas de cuidado que les permiten continuar defendiendo el territorio y sostener sus procesos ambientales en el municipio.
Lo que no es poco, especialmente en un territorio donde la violencia, la degradación ambiental y la crisis climática se superponen. Pero mientras el Estado no produzca información clara sobre quiénes defienden el ambiente, qué riesgos enfrentan y cómo se diferencian esos riesgos entre las personas defensoras: hombres, mujeres, Lgbtiq+, la prevención seguirá siendo insuficiente.
Las mujeres que restauran bosques, recuperan ríos y evitan que los residuos lleguen al mar ya están nombrando esas violencias y construyendo sus propias estrategias de cuidado. Lo que aún falta es que el Estado las escuche, reconozca sus saberes y actúe, y una herramienta que podría incluir sus reflexiones para incidir en la vida cotidiana es el Acuerdo de Escazú, pero a un año de que Colombia se suscribiera, todavía no se incorpora a la institucionalidad, y para las defensoras no debe demorar, así lo exige Marlene Arévalo:
Entonces, para nosotros es fundamental y era fundamental que eh se aprobara el Acuerdo de Escazú, se acogiera el Acuerdo de Escazú acá en Colombia. Pero al día de hoy, mira, ya llevamos más de 1 año y no se ha hecho nada con el Acuerdo de Escazú.
El reclamo de Marlene es apenas justo. El informe de 2016 a 2025 sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expone una cifra aterradora. Casi 100 personas han muerto cada año durante los últimos 9 años; y por ello recomendó poner en práctica la red institucional de protección de personas defensoras del derecho al medio ambiente y profundizar la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazú.
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Por: Andrés E. Mora-Rivera, Nataly Insuasty Sánchez y John Rodríguez Saavedra
El lago Guamuez, también conocido como Laguna de La Cocha, muere lentamente. Es uno de los afluentes más importantes que dan inicio a la cuenca del río Guamuez, para convertirse luego en el río Amazonas.
La metáfora de la laguna transformada en una inmensa alcantarilla es la siguiente: una olla de 41,5 km² de extensión y 75 metros de profundidad cocinándose en una mezcla permanente de aguas residuales de casas, hoteles y restaurantes; actividades agropecuarias indebidas; turismo descontrolado; residuos de hidrocarburos; cultivos de trucha insostenibles; y una escuálida normativa ambiental que no se cumple.
La abrumadora analogía contrasta paradójicamente con el paisaje. Desde lo alto se ve la inmensidad de la laguna, la magia del Santuario de Flora Isla de La Corota (considerada el área protegida más pequeña del Sistema Nacional de Parques Naturales de Colombia); el cielo inmenso, las montañas que arropan el agua y sobre ellas casas al estilo suizo.
Universidades como la de Nariño, la Mariana y la Nacional, a través de sus científicos, han identificado varios factores de contaminación asociados a las aguas residuales que llegan a la laguna sin el tratamiento adecuado que requieren desechos fecales, detergentes, agroquímicos, entre otros. Las evidencias dan cuenta de la proliferación de organismos patógenos como parásitos, virus, hongos y bacterias, que afectan la salud del humedal y por ende de los habitantes.
Según el Estudio de la diversidad de Escherichia coli y colifagos somáticos aislados de muestras de agua del Lago Guamuez, realizado en 2022 por la Universidad de Nariño, la Gobernación de Nariño y Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, se pudo concluir que existe contaminación fecal en el lago en los diferentes puntos de muestreo. La investigación concluye que “El agua del Lago Guamuez no es de buena calidad”, al determinar que los valores identificados “sobrepasaron los límites establecidos por las regulaciones internacionales”, y se advierte sobre “una alerta epidemiológica, puesto que estos [hallazgos] pueden estar vinculados con la infección de poblaciones humanas que disponen del recurso hídrico para variadas actividades de su quehacer diario, ocasionando grandes afectaciones de salud pública”.
Según Lorena Lucía Salazar, profesora de la Universidad Mariana en Pasto, Nariño, y doctora en Ingeniería Ambiental, estamos al margen de un desastre: “todavía no llegamos al punto de pasar del oligotrófico a eutrófico. Eso ya sería un problema muy grave. Estamos en el borde. La laguna todavía está allí manejando su carga orgánica”.
La transformación de la que nos habla Salazar significa que la laguna de La Cocha puede pasar de tener pocos nutrientes y aguas claras (oligotrófico) a tener muchos nutrientes y aguas turbias (eutrófico), lo que representa degradación del ecosistema que reduce la biodiversidad, altera el equilibrio natural y afecta negativamente a la calidad del agua y la salud de las especies acuáticas.
La solución a este problema parece sencillo: construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), pero en la práctica no es tan fácil. Desde 2015 se habla de un proyecto de construcción de la planta para el casco urbano del corregimiento, que ni siquiera comienza. Por otro lado se han propuesto soluciones individuales de aguas residuales domésticas, pero resultan incipientes ante la magnitud del área de influencia de la laguna. Lo cierto es que las aguas residuales de las nueve veredas que conforman el Corregimiento de El Encano siguen llegando al humedal, declarado desde el año 2000 de importancia Ramsar, una convención de carácter internacional que exige su conservación y el suministro de servicios ecosistémicos que garanticen el uso sostenible, la mitigación de gases de efecto invernadero y la adaptación frente al cambio climático. Lo anterior es prometedor, pero su cumplimiento está en el limbo.
Las necesidades de conservación de la Laguna de La Cocha desbordan la capacidad institucional. La Secretaría de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Pasto, a cargo de Victoria Benavides, maneja los 147 acueductos rurales del municipio de Pasto (incluyendo El Encano), con bajos índices de calidad e ineficiente planeación estratégica. Razón tiene Benavides en afirmar que “estas problemáticas hay que abordarlas institucional e interdisciplinariamente… Nosotros, lastimosamente, no tenemos un laboratorio de aguas; los presupuestos aquí son limitados (…). El agua que toma nuestra población rural no es apta para el consumo”.
Las afirmaciones de la Secretaria y las iniciativas se comprueban en la realidad. En septiembre de 2024, por ejemplo, un estudio indica que existe contaminación microbiológica debido a la presencia de virus o bacterias en el agua, resultado de actividades domésticas y comerciales, de los cerca de 83 restaurantes y 32 sitios de alojamiento entre hoteles, hostales y fincas turísticas, de acuerdo con el Registro Nacional de Turismo. Allí solo algunos tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, y en épocas de temporada alta para el turismo como la Navidad, llegan hasta siete mil personas. ¿Manejable? Sí, pero si se implementaran sistemas sostenibles y en La Cocha son casi inexistentes.
Frente al tema de las aguas residuales, desde la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), como autoridad ambiental del Departamento, se han adelantado acciones para mitigar el impacto sobre la laguna. Pese a ello, para Germán Bastidas Patiño, Profesional Universitario, encargado del área de permiso de vertimientos, tasas retributivas y planes de saneamiento y manejo de vertimientos de la Corporación, “hace falta trabajo”, debido a la magnitud del territorio; las labores agropecuarias que se desarrollan en el territorio (pese a ser área protegida); la concentración del turismo especialmente en la Vereda El Puerto, y el desarrollo urbanístico que se da, a pesar de considerarse asentamiento “ilegal y sin control”.
Como afirma Bastidas, todo esto es “complejo”, y supone la “confluencia de competencias” de los distintos organismos involucrados además de la Corporación, como la Gobernación y la Alcaldía, como garante del cumplimiento de las disposiciones frente al uso del suelo y particularmente del ordenamiento territorial. Mientras esto no suceda, y no se sobreponga la preservación y cuidado de la laguna a cualquier otro interés, la situación será cada vez más crítica.
El turismo trae consigo innegables beneficios a las comunidades que lo ven como alternativa de desarrollo y calidad de vida. Actividades asociadas a promover los sitios de descanso, el tradicional paseo en lancha o escoger el mejor lugar para comer deja dividendos, no hay duda.
Pero la realidad no idílica es que “actualmente, la zona está llena de glampings y cabañas que vierten aguas con detergentes que contienen fósforo directamente al lago”. Este es un problema ambiental más serio que la acuicultura, que sí tiene ciclos biológicos naturales”. Esta es una de las conclusiones a las que han llegado los estudios realizados por Andrés González, doctor en Agroecología, quien ha aportado de manera significativa al análisis de los efectos devastadores como el turismo descontrolado, la piscicultura —especialmente trucha, como principal opción de consumo en el territorio—, los monocultivos de papa y cebolla, y la indetenible deforestación.
Una de las acciones de la Secretaría de Gestión Ambiental del municipio de Pasto para contrarrestar el daño producido es implementar estrategias de restauración ecológica, compra de predios para conservación y tiene contemplado realizar un proyecto piloto para la sustitución de motores de gasolina por motores eléctricos que usan las lanchas, con el fin de disminuir el vertimiento de hidrocarburos al agua del humedal. Sin embargo, todo ello resulta ser mínimo frente a las graves y múltiples dolencias que tiene La Cocha, que ha visto afectados sus ecosistemas animales y vegetales.
Estudios recientes explican la presencia en cantidades permitidas —de acuerdo con la reglamentación vigente— de hierro, grasas y aceites, Demanda Química de Oxígeno (DQO), fósforo total y sólidos suspendidos totales, que aunque no inciden de manera especial en la calidad del agua, sí pueden estar asociados al desecamiento de la totora, una planta acuática de tallos largos y erguidos, típica en pantanos y lagunas, que adicionalmente cumplen un rol ambiental de purificar el agua al absorber contaminantes como el E. Coli y metales pesados. Estas contradicciones científicas deberían estudiarse más a fondo, implementando —según la propia investigación— “un plan de monitoreo constante que incluya parámetros físicos, químicos y biológicos para poder observar las tendencias en el tiempo”, pero esto no ocurre.
El turismo en la Laguna de La Cocha tiene una estrecha relación con el cultivo de la trucha arcoíris (Onchorhynchus mykiss), un pez que ha cobrado valor en el sector con una producción de más de 750 toneladas anuales, según el Estudio de Capacidad de Carga del Lago Guamuez. Esto conllevó a emitir la Resolución 1006 de 2015 por parte de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), como autoridad ambiental del departamento, que establece acciones, medidas y/o restricciones para los proyectos piscícolas y acuícolas ubicados en el lago.
De acuerdo con información de la Autoridad de Acuicultura y Pesca (AUNAP), vinculada a una de las investigaciones de González, en 2016 había un estimado de “90 empresas productoras que representan 1.057 jaulas flotantes instaladas; estas producciones manejan todas las etapas de cultivo, alevinaje, levante y engorde y en algunas se realiza transformación del producto”.
La contaminación generada por la producción de trucha en jaulas flotantes se da debido a la adición de concentrado comercial, medicamentos y acumulación de materia orgánica, con gran incidencia en producciones mayores de diez toneladas anuales. Para González, la actividad acuícola desarrollada en el El Encano “no es realizada con una visión holística donde se conjuguen los factores productivos, ambientales, económicos y sociales, razón por la cual prima en mayor medida el factor económico, enfocándose en cuánta cantidad se produce y no en cómo se produce, dificultando que los procesos se realicen de forma sustentable, sostenible, y amigable con el ambiente y el ecosistema”.
Según el estudio realizado por González, la calidad del agua también disminuye, “debido a la concentración de sólidos disueltos por causa de la descomposición de materia orgánica proveniente del concentrado comercial, productos farmacéuticos, aditivos, los mismos residuos de los peces provenientes del metabolismo y las demás actividades como lavado de mallas y mantenimiento de las jaulas”.
Iniciativas como las lideradas por la Corporación Salvemos el Humedal Ramsar, que llevó a cabo un congreso en 2023 con apoyo de la organización internacional Ayuda en Acción, congregó a investigadores, comunidades e instituciones públicas como el Viceministerio de Ambiente para pensar en conjunto sobre lo que está pasando con el lago y las posibles soluciones para frenar el daño ocasionado. Fueron 27 ponencias que evidenciaron las afectaciones ambientales, oportunidades y compromisos que se deben asumir en conjunto.
Existen también disposiciones constitucionales como las dispuestas por el Consejo de Estado que imparte medidas para proteger el humedal, y ordenó a la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), al municipio de Pasto y a la Gobernación de Nariño que “en el término de un año [a partir de 2018] formulen y ejecuten un proyecto de soluciones alternativas y definitivas para corregir los problemas de saneamiento básico por la caída de desechos industriales y domésticos en la laguna”, pero hasta el momento no hay disposiciones que den alcance a lo que ordena el Consejo de Estado. Vencido el plazo, todo quedó en silencio y sin resultados contundentes.
La Alcaldía municipal, en respuesta a un Derecho de Petición para solicitar información al respecto, es ambigua e imprecisa al compartir una retahíla de proyectos sin descripción de monto e impacto. De hecho, la explicación sobre los avances logrados en torno a la Acción Popular interpuesta por Emilio Orlando Gámez Caicedo, quien murió sin saber lo que ocurrió con su iniciativa, quedó estancada en sus buenas intenciones.
La respuesta a la Acción Popular para evitar la deforestación y proteger los derechos e intereses colectivos relacionados con la defensa del medio ambiente, fue reconocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño, debido a “los vertimientos de aguas residuales provenientes de las edificaciones colindantes a la laguna (…); la deforestación del bosque nativo (…) con propósito de fabricación ilícita de carbón vegetal; y la pesca ilícita de trucha con métodos no autorizados”.
El 26 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Nariño concedió el amparo solicitado, a través de las siguientes órdenes:
“elaboración del diseño, construcción y mantenimiento de la red de alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Corregimiento de El Encano” (…); al municipio de Pasto y a la Corporación Autónoma Regional de Nariño, [que] realicen las actuaciones administrativas necesarias y adopten las medidas técnicas alternativas que sean conducentes para prevenir, mitigar y controlar el impacto ambiental causado por el vertimiento de aguas residuales en la Laguna de La Cocha, mientras se ejecuta la construcción de la red de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales (…); “a la Policía Nacional, a través del Grupo de Policía Ambiental y Ecológica MEPAS, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Corporación Autónoma Regional de Nariño, la conformación de un grupo interdisciplinario, con el objetivo de desarrollar campañas de conciencia [SIC] ecológica, en el Corregimiento de El Encano (…); a Corponariño, fortalecer su labor de inspección, control y vigilancia entorno a la contaminación de la laguna de La Cocha, tala de bosques y la pesca indiscriminada de trucha (…); a Corponariño el fortalecimiento del proyecto “implementación de tecnologías para evitar la deforestación sobre el bosque protector y optimización del uso de los recursos naturales (…) que conlleva a la construcción de estufas eficientes para ser entregadas a las familias que habitan la referida zona, y que evitan el consumo desmedido de carbón vegetal (…); al Municipio de Pasto, a través de la Secretaría de Educación, que en el próximo calendario escolar (2019) implemente, si aún no lo ha hecho, en el currículum académico de las instituciones educativas de su jurisdicción, en especial, las que se hallen en el Corregimiento de El Encano, el Proyecto Ambiental Escolar (…); conformarse el Comité de Verificación del Cumplimiento del Fallo (…) integrado por el Alcalde, el Director de Corponariño y un representante de la Defensoría del Pueblo”.
Las medidas impuestas por el Tribunal Administrativo de Nariño fueron apeladas por las partes demandadas, hasta que después de un vaivén de omisión de responsabilidades, el Consejo de Estado, el 1 de agosto de 2019, instó a que de manera inmediata el Ministerio, CORPONARIÑO y el Municipio de Pasto, asumieran la protección del ambiente, razón por la cual recae en ellos la necesidad de materializar y optimizar los mandatos constitucionales y legales expuestos en torno a su preservación.
Frente a los requerimientos, Corponariño, la Gobernación, Minambiente y la Alcaldía han asumido acciones de mediana envergadura y de difícil cumplimiento. Aunque ya se construyó el sistema de alcantarillado y está en trámite la construcción de la PTAR para el centro poblado de El Encano, las afectaciones en otras partes del territorio permanecen. Bastidas considera que desalojar las personas es “difícil”, y tiene razón porque no solo es un asentamiento humano en un área protegida, sino que implica darle manejo a todo lo que confluye a su alrededor. Sin embargo, considera Bastidas, es necesario “poner límite al desarrollo y diversificar la oferta turística para que no solo sea en El Puerto”. Así mismo, dotar de sistemas de saneamiento básico como el alcantarillado, medidas más drásticas para frenar el desarrollo urbanístico y el manejo adecuado de los residuos sólidos.
Con respecto al tema de educación ambiental, Luis Felipe Bastidas Aguilar, Gestor del Programa de Educación Ambiental de Corponariño, impulsa el desarrollo de estrategias derivadas de diagnósticos participativos para orientar acciones en co-responsabilidad con las instituciones educativas y sus diferentes actores, como estudiantes, padres de familia y directivos, además de autoridades ambientales y étnicas para que “la problemática sea comprendida por la comunidad y arraigo al territorio, y movilizar las energías propias de las comunidades para la gestión ambiental”. No obstante, a lo largo del trabajo de investigación en el territorio, no se evidencia el reconocimiento de los logros mencionados por Bastidas Aguilar.
Por su parte, habitantes del corregimiento y de sus veredas aledañas, después de un histórico proceso para entender la importancia del territorio, le apuestan a generar cambios significativos en sus prácticas agropecuarias, turísticas y de extracción. Uno de ellos es Marino Jojoa Josa. Para él, “si no valoramos ni conservamos lo que tenemos, lo perdemos. El turismo es bueno si se aprovecha bien; de lo contrario, es malo”.
Marino es fundador de la Asociación Tour de la Esperanza: una organización de al menos 22 socios que busca aprovechar los beneficios del turismo sin desconocer la importancia de conservar, proteger y restaurar. Actualmente ya no talan árboles y transforman sus actividades productivas para volverlas sostenibles. También replican sus buenas prácticas en otras comunidades, mejorando sus servicios de turismo al disminuir el impacto generado por los visitantes, reduciendo, por ejemplo, el número de turistas que hacen recorridos ecológicos dentro de la reserva.
Concepción Matabanchoy, una mujer de voz calma y pensamiento crítico, llamada cariñosamente Conchita, es una lideresa del territorio con experiencia en el cuidado y preservación del medio ambiente. Curiosa ante el conocimiento ha transformado su forma de pensar y actuar en el territorio. Ella, como muchos habitantes, dejó de talar para producir carbón y se convirtió en un referente de conservación. Hace 45 años fue pionera en la creación de la Asociación para el Desarrollo Campesino (ADC), una organización que tiene una filosofía territorial, bajo el amparo de la minga, como medio para lograr la transformación productiva de sus asociados. Gracias a ello se conformaron, desde aquel entonces, las llamadas Reservas Privadas de la Sociedad Civil, una declaración individual, para que de manera voluntaria se deje una parte de sus tierras para conservar. Esto ha traído grandes beneficios al integrar 32 reservas en la zona de amortiguación de la laguna, que buscan otras alternativas diferentes a la extracción desenfrenada, sobreponiendo el cuidado al consumo, propio del pensamiento capitalista.
Curiosamente, el capitalismo también se asocia con el emprendimiento, y este, al espejismo de desarrollo. Algunas de las productoras de trucha en El Encano son: Truchas Santa Teresa SAS, Truchas Sindamanoy SAS, Piscifactoría Remar SAS, Asociación Piscícola Familiar Los Laureles, Aso-Acuaranda, Acuicultura Los Morros, Cultivo de Trucha en Jaula y Restaurante El Paraíso. Estas empresas generan empleos directos en la comunidad, pero aún así, impactan sobre la laguna, aunque realizan iniciativas responsables, como las que desarrolla Santiago Paz, uno de los socios de Truchas Sindamanoy. Él implementa prácticas amigables con el medio ambiente como el uso de plástico reciclado en lugar de madera para la construcción de las jaulas; optimiza el espacio requerido para el cultivo, ha sembrado árboles alrededor de la finca que sirven de barreras vivas, y realiza controles estrictos de calidad para evitar enfermedades en las truchas. Gracias a ello, recibió en 2023 y 2025 la certificación de bioseguridad emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) como granja productora de alevinos de truchas comerciales. “Yo sé que esa producción debe tener una huella ambiental y nosotros tratamos de mitigarla para que sea sostenible y que se pueda recuperar», dice Santiago.
La producción en grandes proporciones requiere medidas de sostenibilidad de igual magnitud. Pero esto no pasa con muchos de los pequeños y grandes productores, que no asumen con responsabilidad la producción de truchas, usando técnicas de beneficio artesanales que impactan mucho más en la laguna, porque no cuentan con sistemas confiables de monitoreo ni prácticas adecuadas para la alimentación, el control y el aprovechamiento de la trucha. Jennifer del Carmen Gómez es habitante de El Encano, ingeniera acuícola y magíster en Educación Ambiental. Desde su perspectiva, además de procesos de formación, “las entidades deben ayudar a que nos unamos, nos agrupen, que nos apoyen, que hagamos un grupo”.
Ante esto, Corponariño, a través del Centro Ambiental Guairapungo, desarrolla dentro de su principal quehacer misional la producción de alevinos que se donan a aquellos productores que quieren dedicarse al cultivo de trucha, antes que a actividades más agresivas con el medio ambiente como la deforestación, la extracción de carbón o la ganadería, que por su naturaleza requieren grandes extensiones de terreno, y supone mayor degradación del medio ambiente. Aunque esto parezca contradictorio, esta medida institucional demuestra que el cultivo de trucha no es la práctica que genera más contaminación en La Laguna.
A pesar de los buenos propósitos, lo cierto es que deben existir medidas efectivas por parte de Corponariño como autoridad ambiental, en articulación con la Alcaldía Municipal y las comunidades, en un ejercicio serio y sostenible de ordenamiento territorial.
A propósito, el Plan de Ordenamiento Territorial y las disposiciones de Corponariño, en cuanto al uso del suelo y la manera de comprender las dinámicas del territorio, son fuerzas opuestas que ahogan las iniciativas de conservación. Corponariño ha demostrado poca templanza en su actuar, y su descontextualización frente a las problemáticas que se viven en El Encano hace que la situación se vuelva más difícil de controlar. Por ejemplo, las concesiones de uso para los productores de trucha son inamovibles; es decir, las jaulas no se pueden cambiar de lugar ni se puede aumentar el uso permitido, lo que hace que el impacto se produzca en un mismo sitio hasta acabarlo. Es un taladro natural sobre el suelo de la laguna. Lo recomendable sería que se pudieran rotar las jaulas para que haya recuperación natural. Es algo similar a lo que se aconseja con los potreros y el ganado: se los cambia de lugar mientras el pasto vuelve a nacer, pero en el lago esto no es posible debido a la normatividad vigente.
Por su parte, la última actualización del Plan de Ordenamiento Territorial fue en 2015, mediante el Acuerdo 004 de 2015: más de diez años en los que se reglamenta el uso permitido del suelo y la ocupación del espacio, incluyendo el Corregimiento de El Encano. Al respecto, Daniel Camilo Bastidas, Subsecretario de Aplicación de Normas Urbanísticas de la Alcaldía de Pasto, enfatiza en que “todos los usos son muy restrictivos porque están dirigidos hacia la preservación del medio ambiente”, y en cuanto al sistema constructivo también lo es “para nuevos desarrollos, para nuevas urbanizaciones. Las curadurías urbanas no van a licenciar ningún proyecto urbanístico de gran escala porque no es posible”.
A simple vista, esto no es del todo cierto. Poco a poco el paisaje ha cambiado y se han incorporado nuevas formas de usufructuar el lago y sus servicios ambientales, culturales y turísticos. Cada vez hay más restaurantes sin sistemas de aguas residuales; pequeños y medianos productores de trucha que se dedican a su cultivo de manera ineficiente; glampings: servicios de lujo para acampar a cielo abierto, que no dudan en verter agua contaminada con detergentes y jabones directamente a la laguna. Descrito como “irreversible”, González insiste en que este tipo de alojamiento, “es un problema ambiental más serio que la acuicultura, que si tiene ciclos biológicos naturales”. El concentrado de trucha tiene fósforo, pero no se compara con el que generan los detergentes”.
En medio del colapso ecológico, Conchita es optimista: “Yo tengo todavía esperanza y sueño de que todos tengamos consciencia”. Pero ese acto debe ser colectivo. Debe haber un plan de ordenamiento ambiental del territorio, considerando desde su concepción, a todos los actores involucrados, incluyendo, por supuesto, a las comunidades y autoridades locales —como el Cabildo Indígena Quillasinga que tiene jurisdicción en el territorio—, a las organizaciones de base, a la sociedad civil organizada, a la Academia y al Estado en su máximo nivel.
En el fondo, aunque haya sobre la mesa una iniciativa para declarar a la Laguna de La Cocha, como sujeto de derechos, se deben establecer mecanismos claros de prevención y control, con normas de estricto cumplimiento, sin hacer caso omiso a las exigencias de las leyes actuales. Mientras eso no ocurra y se sigan posponiendo responsabilidades; mientras se siga explotando el suelo y el agua de la laguna de manera indiscriminada como ocurre; mientras no exista diálogo entre las advertencias científicas sobre el daño causado, y mientras no haya fuerzas legítimas que detengan el deterioro, la Laguna de La Cocha se cocinará a fuego cada vez más alto, hasta que se evapore la historia de ser el segundo lago más grande de Colombia que aporta con sus aguas a la gran cuenca amazónica.
* Esta investigación periodística fue realizada con apoyo de la Beca Relatos de Región: periodismo local que explica Colombia, y el contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores.
En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.
Por: Andrés Gómez
El municipio de Ricaurte, Nariño, está enclavado en los hermosos bosques del pie de monte que conecta los Andes con el Pacífico, ubicado a casi 700 kilómetros de Bogotá, y a 130 km de Pasto por carretera, su geografía está llena de vida en forma de zorros grises, carpinteros reales, serpientes coral, guayacanes y orquídeas de bosque tropical húmedo, pero en medio de la exhuberancia de la naturaleza, las oportunidades escasean mientras el conflicto armado continúa. Pese a esto, en este municipio, un grupo de mujeres ha construido una respuesta colectiva ante la contaminación y la falta de oportunidades económicas. Desde 2017, la asociación Recicla Ricaurte por la Paz ha logrado evitar que plásticos y cartón terminen en los bosques, el río Güiza y en el océano pacífico, al punto que hoy envían a empresas transformadoras toneladas mensuales de estos materiales.
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Claudia Jimena Pai habla de forma serena cuando se le pide que cuente su vida: como muchos indígenas, sabe que hay cosas que no pueden hacerse con prisa y que requieren que uno se piense bien las palabras. Se describe a sí misma como una mujer sencilla del municipio de Tumaco, ubicado al extremo suroccidental de Colombia, que mantiene una fuerte conexión con su territorio, la naturaleza, los ríos, las plantas y los animales, a la vez que lucha por los derechos de su pueblo awá en una de las regiones más peligrosas de Colombia.
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La gente de esta comunidad afrodescendiente de Leiva (Nariño) espera que la implementación de los acuerdos de paz le permita salvar su centro educativo.
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Juan*, un guardia indígena awá del resguardo Palmar Medio Imbí del municipio de Ricaurte (Nariño), recibió una llamada el 2 de diciembre apenas 30 minutos después de la medianoche. Le informaban que había un hombre herido al frente de la casa de otro de sus compañeros, quien recibirá la responsabilidad de ser coordinador de la guardia en 2019. Al llegar allí, encontró que habían asesinado a Héctor Ramiro García, reconocido líder de la zona y uno de los fundadores de las dos organizaciones que reúnen al pueblo awá en Colombia y, desde hace tres décadas, han luchado por su unidad y autonomía: la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari).
