Por: Andrés Gómez
Las sabanas del departamento del Meta, en la Orinoquía colombiana, son conocidas porque en sus ríos nadan más de 700 especies de peces. Esa abundancia es reconocida por los indígenas Sikuani, habitantes milenarios de los bosques de galería, unos largos corredores de árboles que crecen a lo largo de ríos y humedales.
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Leer más: La porcícola que se come los bosques en el MetaSantiago, indígena de este pueblo y cuya real identidad pidió proteger por seguridad, recuerda que en el río Muco, en el municipio de Puerto Gaitán, abundaba la pesca:
Cogíamos payara (Hydrolycus scomberoides), pavón (Cichla ocellaris), bocona (Prochilodus magdalenae), guabina (Hoplias malabaricus). Hoy no hay peces.
Santiago culpa a la empresa Aliar-Fazenda el deterioro:
El estiércol se encargó de dañar todas esas moricheras [humedales] y caños por donde pescábamos.
Aliar-Fazenda es la única empresa en cultivar soja y maíz en la Orinoquía para producir concentrados de engorde para cerdos en decenas de mega granjas. La empresa empezó actividades en 2007 a 300 kilómetros de Bogotá, en Puerto Gaitán (Meta), para 2018 transformó 40 000 hectáreas de tierra en una despensa que alimentaría miles de cerdos lo años siguientes: para 2025, la empresa afirma tener 880 mil cerdos y producir 100 millones de kilos de carne al año.
Habían unas lagunas bonitas, hoy en día están todavía, pero ya nadie se baña allá porque es agua turbia. Ya no corre el agua, cuenta Santiago.
Señala también que desde la llegada de Aliar-Fazenda la contaminación impide que se disfrute el territorio, además de perder su economía de subsistencia al no poder pescar.
Para este reportaje, junto con Santiago se tomó una muestra de las aguas de las que antes bebía y se alimentaba para comprobar la contaminación.
Esta fue analizada por Tecnoambiental, laboratorio acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), y examinaron parámetros básicos de contaminación orgánica: presencia de bacterias fecales, residuos en las aguas y pérdida de oxígeno necesaria para la vida del río.
Los resultados además evidenciaron una contaminación severa: 313 000 bacterias de coliformes fecales por cada 100 mililitros de agua. La norma colombiana fija el máximo de coliformes fecales en 200 para uso recreativo, pero el río Muco supera en más de 1 500 veces el límite legal, lo que lo vuelve peligroso para riego o contacto humano.
El análisis físico químico muestra que, aun existiendo plantas de tratamiento, el sistema es insuficiente para la cantidad de materia fecal que recibe el río Muco. Según la guía de vigilancia y control de calidad bacteriológico del Instituto Nacional de Salud (INS), valores elevados de coliformes totales y presencia de Escherichia coli en el agua se asocian con brotes de enfermedades gastrointestinales y dermatológicas en niños y comunidades vulnerables.
Aliar-Fazenda se negó a entregar información sobre el manejo de aguas residuales y plantas de tratamiento solicitada para este reportaje.
Santiago, quien vive en el resguardo sikuani de Wacoyo, no solo es vecino de Aliar-Fazenda, también ha trabajado para la empresa porcícola, y afirma que no existe tratamiento de aguas.
El trabajador de ahí, lava con agua y eso corre a una tubería, entra a un pozo séptico […] De ahí lo sacan en una bomba para regarlo […] no lo botan para los lotes, sino a un sitio como montañoso.
Raúl, otro ex trabajador, que también pidió mantener en reserva su verdadera identidad, no conoce a Santiago pero coincide en que tampoco observó tratamiento alguno.
Donde guardan los cerdos tienen un espacio grande donde puede bajar la mierda, el orín, y cuando se lava eso se va a un estanque, entonces ellos lo mandan por un tubo a unas “orejeras” que ellos hacen cerca de una morichera.
Las denuncias de vertimientos coinciden con los resultados de contaminación del agua y con los olores que describen los habitantes.
La esposa de Santiago dice que ya no recoge agua del río Muco: recolecta agua lluvia y compra cuando no llueve.
Tenemos permanente dolor de cabeza, gripa y a veces no es ni gripa, sino como una estornudadera, algo así que ni bota uno ni moco ni nada. […] Y nosotros decimos que es de ese olor tan feo que olemos.
Las personas de Wacoyo no son las únicas afectadas.
Barrulia, a 29 kilómetros de Wacoyo, es una comunidad sikuani desplazada por acaparadores menonitas que también sufría de vómitos, sarpullidos y diarreas, al punto que Axel Gaitán Chipiaje, menor de edad, murió el 12 de mayo de 2024, así lo contó su abuelo Herminso Gaitán a El Turbión. Aunque no existen informes médicos públicos que confirmen la causa, su abuelo y la comunidad atribuyen el caso a la contaminación. Aliar-Fazenda también tenía marraneras cerca, y por ello Miguel, otro indígena que pidió mantener en reserva su identidad, desplazado de Barrulia y familiar del menor culpa de la muerte a la empresa:
Donde estábamos en Barrulia, más pa’ adelantico, ahí son como 20 galpones [de cerdos] y eso filtra [heces].
Raúl trabajó en el mantenimiento de las marraneras, pero le escandaliza más el manejo de los cerdos neonatos muertos que la misma contaminación por heces. “Hicieron un hueco donde botan cerdos muertos. Ahí cerca de una morichera. Allá mueren diario: 30, 50 cerdos [en sola una mega granja]. Y eso ellos no lo dejan verificar cuando vienen los ambientalistas y los que vienen del Estado”, denuncia.
Agrega que no solo los cerdos pequeños mueren:
Vivían entre más grandes más apiñuscados y se maltratan entre ellos, se muerden. Cuando no tienen comida, ellas mismas se matan. Por eso se enferman y mueren.
En la industria porcina es común que un porcentaje del 10 al 20% de neonatos muera, y que los destinados al engorde mueran a causa de enfermedades respiratorias, pero las denuncias de los trabajadores deben corroborarse, pues verter cadáveres sin debido compostaje ni tratar materia fecal pasa de maltrato animal a crímen ambiental.
Para este reportaje se remitió un derecho de petición al Ministerio de Ambiente pero esta entidad remitió las preguntas a la entidad pública responsable de proteger y manejar los recursos naturales del Meta: Cormacarena, aclarando que no tiene competencia para seguir, controlar ni sancionar sobre vertimientos, funciones de las corporaciones autónomas regionales.
Cormacarena no respondió la compulsa de copias y en su geoportal no se encuentran evidencias de control ni de monitoreo de los cuerpos de agua adyacentes a Aliar-Fazenda.
La revista Forbes en 2025 afirmó que gracias a la empresa, el Meta es una potencia: “Puerto Gaitán, epicentro de esta revolución, concentra la mayor producción de maíz y soja del país. Solo en 2024, la altillanura sembró el 87% del fríjol soja y el 47% del maíz amarillo tecnificado de Colombia”.
Este crecimiento, según las fuentes entrevistadas y lugareños, estaría ligado al despojo y crímenes ambientales que condenan al pueblo Sikuani. Tras sobrevivir la cacería indígena de 1930 a 1970, cuando colonos “mataban, descuartizaban, envenenaban a los indígenas”, llegó el comandante paramilitar Víctor Carranza, quien desde 1978 empezó a acaparar violentamente miles de hectáreas de sus territorios. De esas tierras, María Blanca Carranza, prima hermana y esposa del paramilitar, vendió las 16 mil hectáreas con las que comenzó Aliar-Fazenda.
Hoy la empresa posee 50 000 hectáreas, tierras donde ya no habitan indígenas sikuani, ni se ven osos mieleros, zarigüeyas, zorros, ni aves como patos carreteros o turpiales reales.
“Desde que apareció Aliar y los menonitas, los animales se fueron”, afirmó Camilo, otra persona que pidió ocultar su identidad, en el resguardo de Iwitsulibo, al referirse a las aves migratorias que en septiembre deberían cruzar el cielo, como son los playeros aliblancos (Tringa semipalmata) y las tijeretas sabaneras (Tyrannus savana).
La desaparición de aves y mamíferos en Puerto Gaitán obedece a la destrucción de la sabana que ocasiona el monocultivo mecanizado que aplana bosques incluyendo morichales, lo que agrava la amenaza sobre las 491 especies de fauna y flora amenazadas en la Orinoquía, el 23 % del total nacional. Pero la destrucción de morichales y sabanas inundables no solo ha afectado la fauna y flora, también agrava el calentamiento global.
En los bosques de galería de la Orinoquía, los humedales que no se secan: “tienen un enorme potencial para ayudar o perjudicar los esfuerzos globales para abordar el cambio climático”, afirma Scott Winton, profesor de la UC Santa Cruz, quien descubrió que “la densidad promedio de carbono por área en las turberas es de cuatro a diez veces mayor que en la selva Amazónica”.
Winton y su equipo hallaron turba en 51 de los más de 100 humedales visitados, esto indica que de las moricheras y sabanas inundables destruidas por Aliar-Fazenda varías podrían haber liberado el carbono que almacenaban, y no capturar más.
La expansión de Aliar-Fazenda no solo transformó las sabanas en desiertos de soja y maíz: también quebró el equilibrio ancestral entre los Sikuani y su territorio. Donde antes había sabanas y morichales con aves, hoy hay casi 900 000 cerdos maltratados, aguas contaminadas, olor a estiércol y comunidades enfermas, situaciones que prolongan la vieja guerra contra la existencia misma del pueblo Sikuani en sus bosques.
* Esta historia hace parte de una investigación de El Turbión, realizada con el apoyo de Global Exchange y del Fondo para Reportajes sobre Animales y Biodiversidad de Brighter Green, y forma parte de una serie que documenta cómo la violencia, la concentración de la tierra y el ecocidio amenazan la supervivencia física y cultural del pueblo Sikuani.
En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.
Por: Javier Arturo Martínez*
En marzo de 2025, un grupo de contratistas y funcionarios del ministerio de Minas y Energía denunciaron a través de un plantón, el nombramiento de personas en cargos de decisión con señalamientos por violencia contra las mujeres, pero las voces de las víctimas no fueron escuchas y al ver ratificadas a las personas en sus cargos las denunciantes salieron de la entidad.
La protesta de marzo se originó por el regreso de Julián Flórez a la Dirección de Hidrocarburos, quien tiene señalamientos por acoso laboral y sexual, testimonios internos lo describen como un directivo que abre las reuniones con alusiones burlescas a las quejas en su contra. Días después, el Ministerio vinculó como asesor a Gerardo Ochoa, condenado en 2015 por violencia intrafamiliar agravada, y con un proceso de demanda por alimentos en curso. Un tercer movimiento cerró el cuadro: Daniel Augusto Elsahieh llegó a la Oficina Jurídica, pese a una denuncia pública por acoso sexual en su paso por la Unidad de Protección Nacional (UNP), testimonios internos hablan de un clima de intimidación con sus escoltas, quienes son más vistosos que los del propio Ministro.
Ante estas situaciones, El Turbión radicó un derecho de petición el 16 de mayo de 2025 para conocer criterios de nombramientos y medidas frente a estas denuncias; el 4 de junio el Ministerio respondió bajo el Radicado 2-2025-020022.
Para el caso Flórez, afirmó: “sin fallo sancionatorio vigente y sin inhabilidad”, e informó que su cargo es de libre nombramiento. Para el caso de Ochoa sentenció que: “no existe sentencia ejecutoria ni medidas que impidieran su ingreso” pese a la condena de 2015. Y para el caso de Elsahied aseguró que no hubo notificación de autoridad competente: “las referencias mediáticas por sí solas, no constituyen una prueba”.
La respuesta también enumeró ocho denuncias entre el 2022 y el 2025 bajo reserva, las cuales tienen medidas como: cambios de supervisor, separación temporal, apoyo psicosocial y capacitaciones.
Tras el plantón de marzo, el ministerio anunció jornadas formativas y de apoyo a las mujeres. En efecto ha difundido afiches, volantes y otras piezas comunicativas promoviendo un pacto por la eliminación de las violencias de género, al tiempo que impulsa una política amigable con las mascotas en las oficinas y divulga mensajes institucionales sobre la transición energética.
La violencia contra las mujeres, si bien aparece en la comunicación interna de la entidad, no tiene relevancia específica y se pierde en medio de los otros temas, lo que la hace aparecer como un punto más en la agenda informativa.
Dayra Santacruz, neuropsicóloga y pedagoga social, fundadora de la Red de Psicólogxs Feministas Colombia, sostiene que tener jornadas de sensibilización, rutas de atención y protocolos al interior de las entidades del Estado no equivale a contar con un sistema protector, al respecto señala:
“Muchos de estos protocolos son genéricos, burocráticos y no incorporan un análisis de poder. No tienen en ninguna parte un enfoque feminista y de género. De igual manera, creería que también falta protección a las denunciantes. […] estos protocolos en el papel enseñan un aprendizaje perverso, y es que la norma existe sólo como trámite, no como una garantía”.
Una de las participantes en la protesta de marzo, Ana Mercedes** resumió el efecto:
“quienes participaron salieron, las víctimas también; el entorno no ofreció condiciones para seguir”.
Según su relato, el patrón se repite en otras entidades del gobierno:
“Tengo amigas abogadas en otras entidades como el Ministerio de la Igualdad y en el Distrito, donde también pasa que institucionalmente revictimizan a las víctimas al desconocer sus denuncias o reclamos.”
Ésta práctica de violencia se extiende desde la cúpula del gobierno nacional hasta las direcciones misionales de ministerios e institutos y unidades administrativas, según declaraciones como las del Presidente de la República, Gustavo Petro, cuando Juanpis González le preguntó por Hollman Morris, director de RTVC, y en el Ministro de Interior por Armando Benedetti, quienes tienen denuncias por presuntas violencias basadas en género:
“no es un asunto de creer… no puedo manejar el Gobierno por creencias”, dijo el presidente.
Este enfoque reduce un nombramiento a un fallo judicial y desplaza el deber de prevención, protección y no repetición, lo que termina en protocolo de papel.
Dayra Santacruz expresa que en contextos donde los denunciados son figuras poderosas, el riesgo se multiplica aún más, y agrega:
“La denuncia en contextos patriarcales se convierte en una práctica de resistencia que desafía normas tácitas de obediencia por eso tiene tanto costo, porque amenaza el pacto de silencio que protege a los hombres en el poder. […] vemos cómo la estructura mediática, política y judicial educa a la sociedad en la desconfianza hacia las mujeres y en la normalización del descrédito de sus voces”.
Si no se identifica el riesgo, ni se hacen investigaciones que expongan el impacto de trabajar bajo acoso en las entidades, los pactos de hombres y la ausencia de rutas que protejan el empleo de quien denuncia, seguirán siendo constantes que llevan a las mujeres a renunciar; lo que muestra que el hablar tiene un costo laboral y político excesivo para las mujeres.
Sobre esto, Dayra Santacruz explica que denunciar significa exponerse a represalias, aislamiento social, pérdida de proyectos vitales y manifiesta:
“El costo psicológico es alto, ya que es producto de una cultura institucional patriarcal que no protege sino que abandona, la consecuencia clínica más grave, por ejemplo, es la internalización de la culpa y la resignación, que perpetúan los ciclos de violencia”.
Las consecuencias no solo son el sufrimiento sicológico en las víctimas o la disminución de productividad y confianza en las instituciones, según la OIT el acoso sexual dificulta el acceso de las mujeres a trabajos de alto nivel y buenos salarios, tradicionalmente dominados por los hombres.
Ana Mercedes* lo resume en una frase:
“Espacios como este Ministerio, y otros del Estado, no son seguros para las mujeres”.
Se puede resumir que el pacto entre hombres opera de la siguiente manera: las denuncias se archivan, se hacen ascensos/contrataciones beneficiando a denunciados bajo la ausencia de fallos, y en medio de silencios administrativos se acallan la voz y credibilidad de las víctimas.
De este modo la pregunta ya no es si existe violencia contra las mujeres en las instituciones estatales, sino de qué manera impedir que el Estado siga reforzando las estructuras que sostienen a los agresores a expensas de la salud mental de las víctimas, la credibilidad en las instituciones en momentos de cambios políticos y la ralentización del acceso de las mujeres a cargos de alto nivel.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda integrar el “Acoso Sexual” como un factor de riesgo psicosocial que se evalúe junto con otros riesgos y que incluya medidas preventivas que favorezcan una ambiente de trabajo saludable, respetuoso y que fomente la igualdad entre mujeres y hombres, e indicadores de salud que: “permitan la identificación del riesgo a través de la vigilancia de la salud, especialmente en las encuestas y exámenes de salud.”
Para romper el pacto patriarcal contra las mujeres tal vez se necesita más. Dayra Santacruz expresa que es prioritario que las instituciones “transformen su rol pasivo o cómplice en uno activamente protector, preventivo y reparador”, indica:
“protección integral, debe haber unas medidas para evitar represalias laborales, que haya una prohibición de retaliaciones, unas sanciones administrativas y disciplinarias reales, apoyo económico temporal si la denunciante pierde el empleo, las garantías de que va a estar bien y de que su proyecto de vida no se va a ver estancado ni afectado”
Radha Kumar, académica india afirma en este sentido que el Estado no es un árbitro neutral, sino que está implicado en la producción y reproducción de la violencia de género a través de sus leyes, políticas y prácticas, que reflejan y refuerzan estructuras patriarcales. Su análisis permite describir al Estado colombiano, en tanto produce y reproduce violencias de género con nombramientos, protocolos y silencios.
Y es que el libreto no es exclusivo del sector minero, ni de este gobierno. El 9 de enero de 2018 la periodista Claudia Morales aseveró que un jefe de años atrás la habría violado y aunque nunca nombró al perpetrador las sospechas recayeron en el expresidente y hoy condenado por por fraude procesal y soborno, Álvaro Uribe Vélez.
Desde la perspectiva de Dayra Santacruz y la Red de Psicólogxs Feministas en Colombia es necesario un trabajo a nivel de la sociedad:
“se tendría que hacer una pedagogía activa, se requiere un cambio cultural sostenido que enseñe a la sociedad que la violencia contra las mujeres no es tolerable ni justificable, que esto no es normal.”
Y es que la escena se repite en distintos oficios y profesiones. Demasiados hombres convierten el vínculo laboral en llave sexual, el cuerpo lo imaginan como peaje y el pacto del machismo blinda toda esta dinámica. Así, la urgencia no es solo denunciar el pacto patriarcal, sino desmontarlo desde adentro de las instituciones para que dejen de blindar a los agresores y se proteja a las víctimas.
En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.
Por: Andrés Gómez
El municipio de Ricaurte, Nariño, está enclavado en los hermosos bosques del pie de monte que conecta los Andes con el Pacífico, ubicado a casi 700 kilómetros de Bogotá, y a 130 km de Pasto por carretera, su geografía está llena de vida en forma de zorros grises, carpinteros reales, serpientes coral, guayacanes y orquídeas de bosque tropical húmedo, pero en medio de la exhuberancia de la naturaleza, las oportunidades escasean mientras el conflicto armado continúa. Pese a esto, en este municipio, un grupo de mujeres ha construido una respuesta colectiva ante la contaminación y la falta de oportunidades económicas. Desde 2017, la asociación Recicla Ricaurte por la Paz ha logrado evitar que plásticos y cartón terminen en los bosques, el río Güiza y en el océano pacífico, al punto que hoy envían a empresas transformadoras toneladas mensuales de estos materiales.
(más…)On May 20, 2025, the United Kingdom announced it would suspend its Free Trade Agreement with Israel and negotiate a new one. The next day, the President of Colombia praised the British people, writing: “I congratulate the UK for its dignified decision against genocide. Now Colombia invites all of Latin America to denounce free trade agreements with Israel. One does not trade with genocidal states.” However, Colombia has not completely ended its commercial relations with Israel, despite President Petro’s statements a year ago announcing the severance of relations with the Zionist government led by the genocidal Benjamin Netanyahu, and a halt to all thermal coal exports to Israel due to the Palestinian genocide.
(más…)Por: Andrés Gómez
El 20 de mayo de 2025, el Reino Unido anunció que suspendería el Tratado de Libre Comercio con Israel y que negociarán uno nuevo. Al día siguiente, el presidente de Colombia aplaudió al pueblo inglés al escribir: “Felicito al Reino Unido por su decisión digna en contra del genocidio. Ahora Colombia invita a toda Latinoamérica a denunciar los tratados de libre comercio con Israel. No se comercia con estados genocidas”. Sin embargo, Colombia no ha detenido por completo las relaciones comerciales con Israel, a pesar de las declaraciones del presidente Petro de hace un año, en las que anunciaba cortar relaciones con el gobierno sionista presidido por el genocida, Benjamín Netanyahu, y cesar toda exportación de carbón térmico a Israel por el genocidio palestino.
(más…)Por: Elena Bassi*
La expansión de las colonias menonitas en la Amazonía peruana ha desencadenado graves conflictos territoriales con las comunidades indígenas, cuyas formas de vida dependen del bosque tropical húmedo y su biodiversidad. Estas comunidades han habitado por miles de años estos territorios, desarrollando una relación con la naturaleza que garantiza tanto su subsistencia como su identidad cultural. Pero, la tala masiva y la conversión de bosques en tierras agrícolas por parte de los menonitas han generado un profundo impacto ambiental y social, vulnerando los derechos de los pueblos nativos, y poniendo en riesgo un ecosistema vital para amortiguar el cambio y la crisis climática.
(más…)By: Camila Ramírez
In Bogotá, thousands of women have had to postpone their personal, academic, and professional projects indefinitely in order to take on—by social mandate—unpaid care work in the home, community, and society. This is nothing new, of course. Entire generations of women have dedicated their lives to care work without economic or social recognition.
(más…)