La condena a 12 años de prisión domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno marca un hito en la historia judicial colombiana: por primera vez un expresidente es declarado culpable en un proceso penal y recibe una condena. Sin embargo, este no es sino un paso hacia la verdad y la sanción de los graves crímenes cometidos durante sus gobiernos que las víctimas y diversos movimientos sociales han reclamado durante años.
El condenado Uribe Vélez no es cualquier expresidente: su llegada a la presidencia de Colombia en 2002, contando con un importante apoyo popular, le dio un papel determinante en un ciclo de dos décadas de reiteradas violaciones a los derechos humanos, injerencia extranjera, desmantelamiento de derechos sociales y corrupción. Por ello, la valiente decisión proferida por la juez Sandra Heredia no solo demuestra que el líder de la extrema derecha colombiana no es un ser intocable sino un simple mortal que ha caído ante la Justicia por un delito bastante insignificante, cuya sanción apenas rasguña la superficie de un sistema de impunidad construido alrededor del expresidente y del círculo que se benefició de sus autoritarios gobiernos.
Trece años de dilaciones que no sirvieron
El camino hasta esta sentencia en primera instancia revela una estrategia sistemática de obstrucción judicial que comenzó en septiembre de 2011, cuando el senador Iván Cepeda entrevistó al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien vinculó a Uribe con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la hacienda Las Guacharacas, por ese entonces de propiedad del exmandatario. La respuesta de un guerrerista Uribe Vélez fue predecible: en lugar de responder las acusaciones demandó a Cepeda ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos.
Luego de 7 años, el bumerán judicial le llegó de vuelta al exmandatario en febrero de 2018, cuando la Corte Suprema archivó la denuncia contra Cepeda y, en cambio, abrió investigación contra Uribe por los mismos delitos que él denunciaba. Las grabaciones del reloj espía de Monsalve, de febrero de 2018, donde se documenta la oferta de beneficios por parte del autodenominado ‘Abogánsgter’ Diego Cadena, junto con las interceptaciones a las conversaciones entre Cadena y Uribe, sellaron el destino del expresidente.
Uribe Vélez sabía que con la carga probatoria con la Corte Suprema la justicia le acechaba, y luego de su detención domiciliaria en agosto de 2020, renunció al Senado para cambiar de jurisdicción con la esperanza de que la Fiscalía le fuera favorable en la justicia ordinaria. No estaba equivocado: la Fiscalía dirigida por Néstor Humberto Martínez (2016-2019) no promovió acusación y cuando dirigió la entidad Francisco Barbosa (2020-2024) este solicitó la preclusión del caso dos veces a través de los delegados especialmente delegados para el caso. En ambas ocasiones las argumentaciones fueron rechazadas por las jueces Carmen Helena Ortiz, quien rechazó la preclusión del caso el 27 de abril de 2022, y Laura Barrera, quien hizo lo propio el 23 de mayo de 2024, lo que permitió que el caso contra Uribe avanzara a juicio penal ordinario.
Con la Fiscalía dirigida por Luz Adriana Camargo la situación cambió para Uribe. El día dedicado a la conmemoración de las víctimas en Colombia, el 9 de abril de 2024, la Fiscalía radicó la acusación contra Álvaro Uribe Vélez ante el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Fue la primera vez que un expresidente colombiano fue acusado penalmente.
Luego de 12 años de dilaciones y tras un juicio de casi un año en el que se realizaron más de 60 audiencias y se escucharon a más de 90 testigos, el 28 de julio de 2025 se encontró culpable a Uribe Vélez en primera instancia como determinador de dos delitos: fraude procesal, por haber inducido a error a la Corte Suprema de Justicia con información falsa o manipulada en el contexto del proceso iniciado tras su denuncia contra Iván Cepeda; y soborno en actuación penal, por haber ofrecido prebendas a tres testigos clave del proceso penal a través de su abogado Diego Cadena, quien ofreció beneficios jurídicos o económicos a exparamilitares, especialmente Juan Guillermo Monsalve, a cambio de que cambiaran su testimonio para favorecer a Uribe.
El 1 de agosto fue se definió la pena contra Uribe: 12 años de casa por cárcel, inhabilidad política por poco más de 8 años y una multa de 3.444 millones de pesos. Todo el trabajo de la defensa de Uribe y de las Fiscalías favorables para llegar prescripción del caso no tuvo frutos. Según el Artículo 83 del Código Penal Colombiano, modificado por la Ley 1142 de 2007, la sentencia condenatoria interrumpe la prescripción y el Artículo 86 señala que si la pena impuesta es privativa de la libertad, el nuevo término de prescripción será igual al máximo de la pena impuesta sin que sea inferior a cinco años. Álvaro Uribe está condenado a defenderse y se espera que no sea solo de los crímenes de los que ha sido hallado culpable sino de aquellos que siguen esperando por respuestas.
12 años por falsos testigos, ¿cuántos por los falsos positivos?
Mientras la Justicia invirtió 13 años en un proceso por manipulación de testigos, no se ha resuelto una preguntas vital para el país: ¿cuándo responderá Uribe como comandante supremo de las Fuerzas Militares por las ejecuciones extrajudiciales que convirtieron a civiles inocentes en supuestas ‘bajas en combate’? Si bien la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no puede procesar a quiénes hayan sido presidentes del país, miles de víctimas como las madres de Soacha hace mucho tiempo merecen la verdad y sanción a los máximos responsables.
Mientras tanto, la creación y financiación de grupos paramilitares, documentada por los testimonios de Salvatore Mancuso y el propio Monsalve, permanecen en el limbo y las denuncias en manos de la Comisión de Acusaciones del Congreso duermen el sueño de la inacción institucional. Lo mismo ocurre con crímenes de lesa humanidad como las masacres de El Aro y La Granja, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Las víctimas de estos crímenes, y de las más de 100.000 desapariciones forzadas reportadas durante los gobiernos uribistas -2002 a 2006, 2006 a 2010, y el periodo en la presidencia de su protegido Iván Duque entre 2018 y 2022- exigen respuestas, como se evidenció durante la audiencia contra el autoritario exmandatario en las mismas puertas del complejo judicial de Paloquemao donde numerosas personas clamaban por justicia sobre los falsos positivos.
El camino pendiente
La condena por manipulación de testigos es solo un punto de partida, no de llegada. Al fin y al cabo, los hechos que originaron la condena contra Uribe Vélez derivan de las denuncias de sus presuntos nexos con paramilitares y los testigos involucrados también lo han involucrado con otros crímenes que nunca se han esclarecido. La validación judicial de testimonios como el de Monsalve y de las evidencias presentadas por la defensa, encabezada por el defensor de derechos humanos Reinaldo Villalba, le dan piso a fiscales o magistrados para abrir nuevas investigaciones en contra del jefe del partido de la extrema derecha.
Además, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes reposan todavía 186 denuncias pendientes contra el exmandatario y otras tres investigaciones pasaron en 2020 de la Corte Suprema a la Fiscalía. Todas ellas giran en torno a la responsabilidad de Uribe en masacres, desapariciones forzadas, asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y conformación de grupos paramilitares.
Sobre todos estos hechos, el expresidente y sus abogados han sostenido durante años que los testimonios en su contra son falsos o fabricaciones de sus enemigos políticos. Ahora, luego de más de una década de maniobras para eludir responsabilidades, una juez penal que no se dejó amedrentar por las presiones que sufrió en público y en privado ha concluido que los testigos no mintieron y actuaron bajo presión o riesgo real por parte de los enviados de Uribe.
Sin embargo, este no debe ser el punto final. La trayectoria del condenado, que recibió el beneficio de tener su latifundio por cárcel, debe seguir siendo puesta bajo la mirada de una Justicia que, aunque tarde y a medias, ha llegado finalmente hasta la puerta de uno de los hombres más poderosos de Colombia. El camino a seguir debe honrar a las miles de víctimas que exigen que se sancione a los responsables de los hechos más oscuros de nuestra historia reciente.
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