Research: Joanna Zapata and Marcela Zuluaga
Audiovisuals: Iván Castaño
Drone footage: Plinio Barraza
Coal mining waste poses a serious problem; companies like the Prodeco Group – Glencore are responsible for changes in water quality, loss of aquatic diversity, and the accumulation of contaminants in the food chain of aquatic species in the communities of Calenturitas and La Jagua in Cesar, and near El Cerrejón in La Guajira.
(más…)Before the social outbreak in April 2021, the public was aware of the murders of Nicolás Neira, Johnny Silva and Belisario Camayo Guetoto in 2005, Óscar Leonardo Salas en 2006, and Dilan Cruz on November 23, 2019. The Council of State issued even 10 judgments against the Nation between 1993 and 2017, holding the police responsible for murder and serious personal injuries during protests. These state crimes underscore the urgency of a police reform that prevents this state institution from addressing social demands and issues and ensures transparency and accountability of its agents.
(más…)Por: Marcela Zuluaga Contreras – noviembre 8 de 2021
Martha Alfonso es una mujer fuerte y decidida, de palabras resueltas y mirada cálida. Toda su vida ha estado vinculada a la lucha social y a las durezas de ser mujer, maestra y sindicalista en Colombia, el país donde más se asesina a quienes defienden los derechos de los trabajadores, según la Confederación Sindical Internacional (CSI).
(más…)Cada 29 horas una mujer es agredida en Colombia por defender los derechos humanos, mientras los responsables por estos hechos gozan de casi total impunidad.
(más…)Por: Gearóid Ó Loingsigh – marzo 12 de 2021
En junio 2017 una bomba estalló en el Centro Comercial Andino del norte de Bogotá, segando la vida de tres personas. A los pocos días, la Policía detuvo a diez personas por su supuesta participación en el atentado, entre ellas Lina Jiménez, una estudiante de artes plásticas cuya foto se hizo viral. Estos jóvenes tenían algo en común, y no era su participación en el atentado, sino que todos eran amigos.
(más…)Por: Andrés Gómez – noviembre 12 de 2020
Las mujeres del pueblo Awá, originarias del pacífico amazónico colombiano, han vivido los rigores del conflicto armado y temen por el nuevo rumbo del gobierno: retomar la guerra contra las drogas, es decir militarización y la fumigación con glifosato, un veneno muy nocivo para el delicado ecosistema amazónico y para su salud.
Esta realidad está conectada a Suecia en dos vías: primero, respalda la lucha contra las drogas y la criminalización de toda la cadena productiva; y segundo, porque al mismo tiempo apoya el proceso de paz colombiano, lo que implica atacar el problema desde la judicialización a traficantes y aplicando programas de prevención de consumo y sustitución voluntaria de cultivos.
La paradoja sueca de apoyar la guerra y la paz en el país hoy se hace relevante. El premio a los defensores de derechos humanos, organizado por la Embajada de Suecia en Colombia y la Iglesia Sueca y Diakonia, ha nominado a varias personas líderes, entre ellas Claudia Jimena Paí, líder del pueblo Awá y quien nos habla de los nuevos conflictos que ha traído la guerra contra las drogas.
La coca en territorio
Claudia Jimena Pai, líder del pueblo Awá que tiene la investidura de Consejera de Mujer y Familia en la organización UNIPA, que representa a más de 20 mil indígenas Awá en Colombia, y recuerda que cuando era niña, antes de finales de la década de 1990, podía caminar tranquila en la selva:
Mi abuelo siempre [me mostró] los linderos (…) cazaban ratón de monte, miraba cómo estaban los animales (…) y yo iba contenta con mi canasto mientras él revisaba la trampa.
A finales del siglo, indica que las cosas cambiaron:
(…) antes usted podía ir caminando y metiendo la cabeza en cualquier riachuelo, pero desde el año 1999 que llegó la tala de árboles, [y] en el 2.000 los cultivos de uso ilícito, empezaron las afectaciones.
Terminando el año 2.000, miles de personas del vecino departamento del Putumayo huían de la guerra contra las drogas que se materializaba en fumigaciones, bombardeos y militarización. Muchas personas encontraron refugio en el pacífico nariñense, y a pesar de ser una zona con un déficit en recursos básicos, decidieron asentarse y tomaron tierras para cultivar coca. Además, la guerrilla de las FARC-EP convirtió la zona en una retaguardia estratégica y empezó a intervenir la economía de esta droga a través de impuestos y normas de control social.
Para 2.001 el cultivo se expandió, no solamente por los que huían de la guerra, sino por la necesidad de suplir recursos básicos, Martha García, la Consejera de Administración y Finanzas de la UNIPA lo recordó así:
Por una arroba de maíz [no pagan] más de $ 2, si usted saca a vender un racimo de plátano grande : $1.8, $ 2, la gallina, se levanta, se saca a vender al pueblo pero no le dan todo lo que le toco a usted para criar, si le dan $ 4 [o] $ 5 [y] eso no es suficiente(…) al llegar el cultivo ilícito al territorio, la gente lo que miraba era que tenía un poquito más , de plata, porque lo que sembraba en el campo no les daba, es decir no faltaba la comida pero a veces querían comprar otras cosas, como ropa (…)
Cambio sociales en la comunidad
Los cambios sociales creados por el cultivo de coca y la guerra han hecho que la violencia contra las mujeres aumente. La violencia sexual se convirtió en un grave problema, las mujeres awa empezaron a alertar a las niñas sobre la presencia del Ejército Nacional y las FARC-EP, algo que Dalia Bolaños, mujer awa de 21 años que trabaja con la Consejería de Mujer y Familia recuerda: “mi abuelo, mi mamá, mis tíos, tías, [nos decían] que no nos debíamos acercar a ellos [ejército o guerrillas] porque ellos eran mala gente, incluso nos decían que nos podían violar”.
La vida se volvió peligrosa. Dalia recuerda que cuando niña no solo temía de todos los que tuvieran armas, también temía de la aviación colombiana:
mire que pasaban avionetas [y siempre nos decían] que nos metiéramos a la casa por lo que decían que eso era peligroso, que de pronto tiren una bomba, siempre era uno prevenido, o cuando iba uno caminando y salía de repente una avioneta o un helicóptero siempre nos quedábamos quieticos en el árbol.
La militarización por parte del ejército resultó en combates con las FARC-EP, minas antipersonales, confinamiento, asesinatos y masacres. Pero, una de las estrategias militares del Estado colombiano que más ha afectado a las mujeres han sido las fumigaciones con glifosato. Claudia lo recuerda como un tiempo en el que desaparecieron alimentos y plantas medicinales:
En 2004 [y] comienzos del 2005 [comenzaron] a fumigar y fue bastante duro porque habían enfermedades de piel como dermatitis y [las]compañeras en embarazo [tuvieron] hijos con deformidades; algunas plantas tradicionales también desaparecieron, [y]productos del pan coger como plátano, chile, maíz que es muy sensible para estos químicos, muchas frutas; también los pescados y todo el ecosistema [se afectó], la biodiversidad, los ríos, quebradas, los sitios sagrados (…), cuando vinieron las fumigaciones, con el señor Álvaro Uribe con el Plan Colombia, nos perjudicó mucho el buen vivir, y la convivencia con la naturaleza
Dalia, una niña en ese tiempo, recuerda que esos años fueron de hambruna, enfermedad, muerte y desplazamiento:
(…) había mucha escasez, no teníamos qué comer, mi familia decía: nos toca salir hacía la costa para poder sobrevivir y buscar alimentos (…) en esa época murieron las plantas que tenían sembrado maíz, entonces nos vimos muy afectados y las enfermedades, yo no sabía por qué nos enfermábamos y la desnutrición, en esa época murieron muchos niños, algunas familias salieron y se fueron a vivir a otro lado, eso fue lo más duro para mí.
Pero el narcotráfico y la guerra no solo ha afectado a las mujeres awa por la destrucción ambiental, los daños a su soberanía alimentaria y la violencia sexual, ocasionada especialmente por las Fuerzas Militares. Los hombres Awa también han cambiado, como lo recuerda Claudia:
A los hombre ahora les importa la plata, el que más bebe, el que más tiene mujeres, ha influido el narcotráfico, la mafia, que nuestros jóvenes también se estén suicidando por problemas de reclutamiento, por problemas de pareja, el consumo de sustancias psicoactivas, el alcoholismo, el que piensen que el ser hombres es tener muchas cervezas o el pegar, entonces esto [nos] ha afectado mucho.
Marta García, la Consejera de Administración y Finanzas, también recuerda con tristeza los cambios
Los hombres cambiaron, algunos dejaron a sus mujeres porque tenían plata, iban al pueblo y miraban mujeres y se fueron, independientemente de los hijos que tengan, incluso algunos sacaron [a sus parejas] de donde habían vivido y llevaban a la otra mujer, cosa que esa mujer se quedaba volando sin saber a dónde ir, le tocó ir con sus hijos por allá a trabajar, , los hombres se desordenaron, no todos, pero si en su mayoría, incluso [hubo] enfermedades de transmisión sexual porque algunos hombres [iban a] prostíbulos y después vinieron a estar con sus mujeres.
Sustitución voluntaria
Claudia Pai, quien considera que se debe optar por otras alternativas a la militar y en la que se incluya la “consulta previa con pueblos indígenas”, tal como lo exige el Convenio Número 169 de la OIT.
Para Marta García, de volver a la fumigación se repetiría la historia, el pueblo Awá enfermaría, no tendría comida, y las personas con ahorros los gastaban en alimentos que antes producían. Cree, que la guerra contra las drogas no es una solución y pone como ejemplo el proceso de paz:
Yo diría que la mejor solución sería [el] diálogo, porque cuando estuvo el presidente Santos, hubo unos acuerdos que llegaron y yo digo que dialogando se pueden solucionar las cosas
Su posición va acorde a lo pactado en el acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Estado Colombiano con la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
En 2020, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), entidad que supervisa la efectividad del PNIS, “casi 100.000 familias vinculadas en 56 municipios de 14 departamentos erradicaron 40.506 hectáreas, un nivel de cumplimiento de 95%. Además, el nivel de resiembra solo alcanzó 0.4%”. Demostrándose que son las estrategias de sustitución las que logran un cambio, ya que nunca la fumigación había conseguido dicha reducción.
Sin embargo, a pesar del éxito del PNIS, este programa fue suspendido y el Estado colombiano en febrero de 2020 detuvo el funcionamiento de UNDOC. Así, el diálogo y la sustitución no parecen ser la ruta que ha escogido el gobierno de Duque.
Enfrentando el exterminio
Aunque el PNIS constituye una política de avanzada, el pueblo Awá no había hecho parte del Programa porque no hubo proceso de consulta previa y las disidencias de las antiguas FARC-EP ejercen presión para que las comunidades no lo acepten. Sin duda la situación del pueblo originario es dramática, y la guerra contra las drogas solo la agrava: como lo reconoció en 2011 la Corte Constitucional al declarar que el Pueblo Awá “se encuentra en peligro de exterminio físico y cultural”.
Claudia Paí, indica que para que no se consume el genocidio contra su pueblo, su identidad como mujer awa ofrece formar de pervivir y crear:
Lo que podemos dar [las mujeres awa] al mundo es decirles que estamos en defensa de nuestros derechos pero también de la madre naturaleza que ya se está quejando y ella sabe y tiene su momento y que si no miramos a nuestra naturaleza, van a llegar momentos muy duros y afectaciones [como] el cambio climático, como mujeres tenemos que aportarle a la parte ambiental en defensa de nuestro Katsa su, nuestro territorio y la naturaleza.
La pregunta para Suecia es: va a apoyar la vía del presidente de Colombia Iván Duque, con el respaldo del gobierno estadounidense, con la militarización y la fumigación, o cuestionará la efectividad de esa estrategia que ha demostrado ser ineficaz.
Siendo un país que aboga por el dialogo y con una agenda feminista, debería considerar la opinión de Dalia, Marta y Claudia y la experiencia de Colombia con el PNIS y tener en cuenta que la reducción de producción de coca es posible, siempre y cuando se cuente con la experiencia y participación de las comunidades, especialmente de los pueblos originarios.