Octubre 3 de 2007
Cuando se conmemoran dos años del asesinato del estudiante Jhony Silva, la Fiscalía General de la Nación implicó en la investigación del caso a un capitán y a dos intendentes de la policía, a la par que es descubierto a un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) al interior del campus de la Universidad del Valle, ejerciendo labores de seguimiento e inteligencia.
El asesinato de Jhony Silva, ocurrido en el campus de la Universidad del Valle el 22 de septiembre de 2005 durante una manifestación en contra del Tratado de Libre Comercio, ha sido investigado desde entonces por la Comisión de la Verdad conformada por los propios universitarios, sindicalistas y defensores de derechos humanos, la cual determinó, contrario a lo mencionado en su momento por el coronel Gómez Méndez, que los integrantes del ESMAD portaban a la vista armas de fuego durante la represión a los estudiantes.
Las pruebas existentes prestaron el mérito suficiente para individualizar la investigación y, a su vez, para poner de presente el derecho a la verdad y a la justicia de los familiares de este estudiante de Ingeniería Química.
El debate acerca del uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD toma cada vez mayor fuerza y, a su vez, cuestiona la estructura misma de la Policía Nacional, frente al tratamiento de los ciudadanos y el reconocimiento de sus derechos constitucionales a la protesta, a la integridad personal y, en este caso, a la vida. El uso de armas de fuego como instrumento de ‘control’ contra los ciudadanos que se manifiestan desdibuja el papel real de la policía en la sociedad.
Otro debate puesto sobre la mesa es que, además de sufrir la represión física, la manifestación estudiantil es criminalizada, deslegitimada y desprestigiada ante la opinión pública, haciéndola ver, desde la lógica de la estructura policial, como pequeños brotes de violencia aislados y causados por unos pocos ‘desadaptados’, lo cual sería un desconocimiento a las expresiones y necesidades sociales.
Un hecho agudiza aún más los debates que ponen en entredicho el papel del ESMAD: el descubrimiento en el interior del campus de la UniValle de un patrullero adscrito al mencionado cuerpo policial, quien ejercía labores de inteligencia a estudiantes, trabajo en el que llevaba más de siete meses de continuo seguimiento y recolección de información.
De esta forma, el uso desmedido de la fuerza, la criminalización de la protesta y las labores ilimitadas de inteligencia y seguimiento por parte del ESMAD a los estudiantes conforman el paquete de acciones destinadas al desconocimiento y vulneración estatal del derecho a la manifestación y a la expresión que todos los ciudadanos tenemos y, por ende, de los estudiantes como Johny Silva.
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