Antes del estallido social de abril de 2021, fueron de conocimiento público los asesinatos de Nicolás Neira, Johnny Silva y Belisario Camayo Guetoto en 2005, el de Óscar Leonardo Salas en 2006, y el de Dilan Cruz el 23 de noviembre de 2019. Incluso existen 10 condenas a la Nación proferidas por el Consejo de Estado entre 1993 y 2017 responsabilizando a la policía por asesinato y graves lesiones personales durante las protestas. Estos crímenes de Estado evidencian la urgencia de una reforma policial que impida que esta institución del Estado aborde demandas y problemas sociales, y que garantice la transparencia y responsabilidad de sus agentes.
La represión del Estado toma múltiples formas y no todas ellas son evidentes ni conducen a la muerte, pero repercuten en las personas generando miedo y sumisión. Las manifestaciones pacíficas, pese a esto, han aumentado en los últimos años. La respuesta del gobierno a una sociedad que exige el cumplimiento de sus derechos ha sido la represión mediante censura, militarización y casi medio billón de pesos en presupuesto para el Esmad, un conjunto de escuadrones que, desde su fundación hace cerca de 20 años, ha asesinado al menos a 34 personas, herido a miles y aterrorizado a millones.
Zoraida Muñoz ha caminado diez años reivindicando la memoria de su hijo y reclamando justicia para las víctimas de los mal llamados ‘falsos positivos’. Foto: Yovana Vargas.
Por: Yovana Vargas Pardo – agosto 11 de 2018
Yonny Duvián Soto Muñoz era uno de los jóvenes de Soacha (Cundinamarca) que resultaron víctimas de los mal llamados ‘falsos positivos’. El 11 de agosto se cumplieron diez años desde que fue desaparecido en Bogotá y luego presentado por el Ejército en Ocaña (Norte de Santander) como un guerrillero muerto en combate.
Se completan 18 años de impunidad en el crimen del periodista Jaime Garzón Forero, desde aquel 13 de agosto de 1999 en el que unos sicarios lo mataron en el barrio Quinta Paredes de la ciudad de Bogotá por órdenes del paramilitar Carlos Castaño y con el apoyo de la inteligencia militar. Fue un suceso que afectó considerablemente a la sociedad colombiana y que terminó por silenciar la voz de un comunicador que combinaba el humor político y el pensamiento crítico con el periodismo de opinión.
Jaime Enrique Gómez con sus hijos. Foto: Archivo familiar.
Por: Antígona Gómez – marzo 24 de 2017
Pasa el tiempo, él sigue su curso y atrás se queda nuestro derecho a saber y la sanción social a todo aquello que no debería ocurrir en humanidad.
Ya han pasado once años desde que te llevaron. Once años de persistencia recurrente y de luchar por tus derechos, los nuestros y los de la sociedad en su conjunto. Once años en los que las instituciones del Estado no dan respuesta a nuestro anhelo, a nuestra necesidad y a su obligación. Once años de llevarte en la memoria, de hacerte parte de la dignidad, de recordarte y caminar contigo caminos que conduzcan a la construcción de una sociedad más decente. Once años en los que decir verdad y justicia no se desligan de imaginar un país más justo, un país donde el daño al otro, su eliminación física y simbólica no sean la manera de lidiar con quienes piensan distinto. Once años en los que este país lo pensamos desde el necesario fin del conflicto armado interno y de aquello que permanente se quiere desconocer: la violencia del Estado.
Han sido años de trabajo incansable por la paz, años en lo que, incluyendo los derechos que tenemos como personas a las que la violencia marcó, se ha puesto en el centro de este caminar como objetivo principal una Colombia sin violencia y un país que camine hacia su transformación positiva.
Batallamos por el ‘sí’ y cuando el ‘no’ ganó pusimos todo el esfuerzo en que se firmará el acuerdo de paz. El triunfo del ‘no’ nos sorprendió con retrocesos para una gran porción de quienes han sido victimizados en este país y la implementación inicial del acuerdo ratifica que un gran porcentaje del Estado, el gobierno, la clase política, los medios de comunicación y la sociedad sigue siendo sordo a nuestro dolor, a nuestras propuestas, derechos y contribuciones a la paz.
Buscamos verdad y sanción social no por capricho, no repitiendo acríticamente el estribillo de la justicia transicional sino porque somos conscientes de que son fundamentales para la sanación, el duelo y el ‘nunca más’. No imaginamos conocer la verdad solo para tenerla o recordar solo para hacer memoria. Verdad y memoria son para nosotros y nosotras cimientos para transformar este país, semillas que, como nosotros y nosotras, son indispensables para construir esa otra Colombia que se aleje de la que hasta ahora nos ha dado vida desde la muerte.
Estos once años sirven para ratificar que el camino de Creonte no es la solución y que, al tiempo que alzamos la voz y exigimos los derechos que el Estado está obligado a materializar, avanzamos en procesos propios de memoria y justicia, nunca desde la venganza o la negación del otro sino desde la dignidad y la propia convicción de que solo habrá cambios con sujetos abiertos a transformar la opresión en libertad en el día a día.
Son once años de llevarte en el corazón, son también once años de pensar permanente por dónde caminar. El horizonte sigue estando lejano. El trayecto es largo, no es fácil, pero sigue plagado de aliento, de dignidad y de necesidad de producir vida. No queremos más muerte. Por eso, hoy que te recuerdo, exijo Paz sin más líderes asesinados.
Siempre en mi corazón, en mi memoria, en mi diario caminar. Te extraño, papi.
Cualquier morgue en cualquier lugar del mundo es, con seguridad, el último lugar al que cualquier ser humano querría ir a parar. Tampoco nadie querría enfrentar el momento terrible de entrar a una sala de autopsia para reconocer la identidad de un cuerpo, permanecer horas o días para hacer los trámites y esperar que el cuerpo de su ser querido le sea devuelto.
A pesar de las recomendaciones de la ONU, el Estado colombiano no ha actuado decididamente para afrontar la grave situación de derechos humanos que se vive en el país – Foto: Yovana Vargas.
Por: Christian Peñuela – 14 de febrero de 2017
269 organizaciones denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU la grave situación que se vive en Colombia, con ocasión del séptimo examen periódico universal realizado por dicho organismo del 17 al 20 de octubre en Ginebra (Suiza).
Las víctimas exigen resultados en las investigaciones y que se juzgue a los culpables. Foto: Camila Ramírez.
Por: Camila Ramírez – noviembre 17 de 2016
Los días 2 y 3 de noviembre, diferentes organizaciones de víctimas exigieron que la Fiscalía General de la Nación actúe con celeridad en las investigaciones por crímenes de Estado, que en Colombia mantienen una impunidad casi absoluta, y que sus derechos sean respetado en las modificaciones que se han introducido en los acuerdos de paz de La Habana.