Por: Andrés Gómez – junio 10 de 2011
El Turbión entrevistó al profesor Miguel Ángel Beltrán, quien hace menos de una semana recobró su libertad después de permanecer dos años encerrado en pabellones y cárceles de máxima seguridad. El académico habla del proceso en su contra, sobre la forma en que aún es estigmatizado por algunos medios, acerca de las cárceles colombianas y del conflicto armado que vive el país.
Andrés Gómez: –Mucho se ha dicho sobre lo que sucedió en México. ¿Qué fue lo que le pasó?
Miguel Ángel Beltrán: –Fue un secuestro, no hubo ninguna captura, y me atrevería a decir que fue una desaparición forzada: durante 6 horas estuve completamente incomunicado y separado de mis seres queridos. Yo fui al Instituto Nacional de Migración por una cita a la que me convocó el subdirector de este instituto para concederme mi forma migratoria FM3. Fue realmente una trampa. Yo llegué allí, me hicieron firmar un documento porque me dijeron que era necesario firmarlo, a pesar de las mentiras que habia allí, y entonces unos guardias me detuvieron, me esposaron, me golpearon, me torturaron, me subieron a una camioneta. Luego me llevaron hasta un aeropuerto, me subieron a una avioneta y llegué aquí al aeropuerto de Catam.
AG: –¿Qué piensa de los medios y la forma en que se trata de relacionarlo alias ‘Jaime Cienfuegos’?
MAB: –Yo creo que el manejo que han hecho los medios de comunicación desde el principio, en el desarrollo del proceso y ahora que se ha declarado mi inocencia ha sido perverso. No se me ha respetado el buen nombre ni se me ha respetado un derecho constitucional tan simple como es la presunción de inocencia. Desde el primer momento se me presentó como si fuera ‘Jaime Cienfuegos”, durante las audiencias se silenciaron muchos aspectos y las arbitrariedades y violaciones al debido proceso nunca fueron objeto de interés para algunos medios. Finalmente, ahora que salgo libre, que la juez declaró mi inocencia, siguen declarando que salió libre ‘Jaime Cienfuegos’.
AG: –¿Por qué tanta saña contra ud.?
MAB: –Los medios de comunicación oficiales tratan de crear una verdad: inventaron el tema de la farcpolítica para contrarrestar la información que circulaba sobre los vínculos de muchos políticos, alcaldes y funcionarios públicos con el paramilitarismo. Pero, lo que se ha demostrado claramente es la falta de sustento jurídico [de esas acusaciones] y ahora tratan de desvirtuar todas las investigaciones, ya que los que fuimos judicializados por el computador de ‘Reyes’ estamos saliendo. A pesar de que la prueba es ilícita e ilegal, insisten en que la información es verdadera. Es un montaje judicial que se quiere mantener a toda costa.
AG: –¿Cómo considera la actuación de la Procuraduría en el juicio?
MAB: –Veo bastantes irregularidades. La primera inconsistencia por la que estuve luchando estos dos años es que el Inpec me negó mi condición de funcionario público y me mantuvo en un pabellón de alta seguridad con prisioneros de alta peligrosidad, con paramilitares, personas que en mis escritos denuncié en algún momento. Por otro lado, la Procuraduría me abre una investigación por reclutamiento de estudiantes sin tener ni siquiera la referencia del proceso, no se espera a una decisión sino que inmediatamente se apresura a abrir una investigación. En segundo lugar, hay una intromisión del señor procurador [Alejandro Ordóñez Maldonado] en un asunto que corresponde directamente a la Universidad [Nacional], ente que tiene su autonomía y sus mecanismos disciplinarios para sus docentes. Entonces, no tiene por qué un procurador inmiscuirse en estos asuntos, está violando la autonomía universitaria, más bien, con un afán propagandístico de condenar a las personas antes de que se produzca un fallo judicial.
AG: –Usted tuvo una gran visibilidad desde la veeduría internacional que se estableció para su caso. ¿Qué tanto sirvieron los comités de solidaridad en el proceso?
MAB: –Realmente, la gran ganancia de todo este proceso, más allá de lo doloroso, de lo arbitrario, de lo injusto, fue ese calor de la solidaridad que recibí de parte de estudiantes, de colegas, de profesores universitarios, de ONG y de colegas de otros países, no sólo de América Latina sino de Europa. Se pronunciaron a favor de mi inocencia, apoyaron mi libertad y solicitaron, incluso, directamente al presidente Santos que se diera mi libertad, porque no habían méritos. Esa solidaridad, ese calor y esa fuerza que se produjo no es solamente por mi caso sino que es la defensa del pensamiento crítico, de la posibilidad de que las personas podamos expresar opiniones diferentes a las oficiales.
AG: –En estos días, presos políticos de diversas cárceles realizaron un acto de desobediencia civil. ¿Cuál es la situación que están viviendo estas personas que, como usted, viven un proceso aunque no hayan sido condenados?
MAB: –Es una situación bastante inhumana y violatoria de derechos fundamentales, porque cuando uno está sindicando se supone que es porque está bajo una investigación y no se le puede tratar como si fuera condenado. En la Eron, donde hay presos sindicados, las medidas de seguridad son extremas: si te desplazas de un sitio a otro, a visitar al abogado, a sanidad, vas totalmente esposado y escoltado por un guardia. Todas las instalaciones y edificaciones están hechas para personas que, a juicio del Estado, tienen un alto perfil delincuencial, de manera que no se les permite el acceso a las celdas durante todo el día y, entonces, el interno debe permanecer todo el tiempo afuera, teniendo que soportar temperaturas muy bajas. Además, solamente se tiene derecho a una visita conyugal al mes durante una hora. Todos estos elementos configuran una violación a los derechos humanos fundamentales y a las normas mínimas internacionales en el tratamiento de personas privadas de la libertad.
AG: –¿Qué significan estas cárceles para el país?
MAB: –La venganza y la intolerancia del Estado. Las cárceles son supuestamente espacios que concebimos para la resocialización, término que no comparto, pero aún en esa misma lógica esto no existe de ninguna manera. El tratamiento que reciben los internos es despótico, autoritario. Se le niegan [al interno] sus derechos. Tampoco se le da la oportunidad de trabajar, de estudiar, de hacer talleres, eso está completamente negado, más cuando se trata de cárceles de máxima seguridad. El pretexto es siempre que son cárceles de seguridad. El interno no puede ir a un taller porque está la presunción de que puede fugarse, no puede estudiar pues los docentes no pueden asistir porque es peligroso, en fin, hay todo un discurso allí desde la seguridad para negar los derechos y la posibilidad de que esas personas puedan tener un futuro y construir un proyecto de vida diferente. Entonces, lo que uno concluye, después de haber estado en la cárcel, es que se están alimentando allí más odios, más venganzas, más situaciones degradantes, más violaciones a la dignidad humana. El sistema carcelario y la política carcelaria en Colombia tiene que replantearse desde su raíz.
AG: –Muchas sociedades están votando últimamente por seguridad. En Colombia, el ministro del Interior y de Justicia, Vargas Lleras, promueve que se puedan encerrar jóvenes por más de una década. ¿Cuál es la salida para un país que tiene un conflicto armado y al que se le ofrece como solución las cárceles y la ‘seguridad democrática’?
MAB: –Creo que afortunadamente ya ha pasado la era Uribe, aunque se mantienen sus principios fundamentales. Por lo menos, hoy podemos hablar de conflicto armado sin que se nos señale de terroristas; por los menos, muchos de los que en la época de Uribe callaron y se silenciaron hoy salen a decir que efectivamente hay un conflicto, pero en el momento que tenían que decirlo se quedaron callados, guardaron silencio. Creo que uno, desde un pensamiento crítico, tiene que ser consecuente, no se puede mantener el silencio y recurrir a ocultar su punto de vista. Eso tiene un costo, pero hay que asumirlo en función de buscarle salidas a ese mismo conflicto. La salida al conflicto empieza por reconocer el conflicto.
Creo que es posible buscar una salida dialogada, pero una salida dialogada implica que todos los actores del conflicto puedan sentarse en una mesa y no se cierren las posturas. Santos dice: ‘no he botado la llave de la paz’, pero le está pidiendo a la guerrilla que entregue sus armas antes que nada. El problema es que eso debe ser producto de la negociación, no el punto de partida de una. Entonces, es posible una salida negociada y dialogada al conflicto, pero implica ceder de parte y parte: de parte del Estado serían una serie de reformas políticas, económicas y sociales que está demandado el país desde hace ya mucho tiempo, y de los grupos insurgentes mirar otras opciones para desarrollar su actividad política, incluyendo que en algún momento la lucha armada no sea ese camino. Este debe ser un punto de llegada y un punto de acuerdo. Desafortunadamente, ha habido experiencias tan negativas como lo que le pasó a la Unión Patriótica, lo que dejó un imaginario muy negativo de una posible salida y de que las FARC participen de una contienda electoral. Hablamos de cinco mil muertos. Apuesto, y siempre ha sido mi apuesta, por una salida política y dialogada al conflicto armado y social colombiano.
AG: –¿Por qué tanto ambiente guerrerista y contra la salida negociada?
MAB: –Una tendencia histórica que ha caracterizado al Estado colombiano es la criminalización de la protesta social. En ese sentido, todo aquel que se opone, todo el que protesta, todos los líderes sociales que tienen una opinión diferente, que luchan por unos cambios y unas transformaciones, es señalado como guerrillero. Las FARC han sido un pretexto y, en este país, todos los problemas ‘surgen’ de la guerrilla. Hay que que preguntarnos, como investigadores y como colombianos, porqué surgen las guerrillas y cuál es su origen histórico. Si entendemos cuál ha sido el desarrollo del conflicto en Colombia, podemos visualizar esa salida.
Aquí se nos ha tratado de mostrar simplemente que la violencia viene de la guerrilla, específicamente de las FARC. También tenemos que tener en cuenta el número de víctimas y de desplazados por los grupos paramilitares que, como sabemos, fueron financiados y soportados por el mismo Estado. Hay que reconocer esa situación. Si no la reconocemos, no le vamos a dar solución a esto. Sí, las guerrillas han sido un factor de violencia, pero también ha sido un factor de violencia el Estado, también lo han sido las Fuerzas Militares. Lo que estamos pensando es cómo darle salida a esa situación, una salida que no implique más guerra, que no implique más desgaste para la nación, que no implique mayores costos, ni económicos ni humanos.
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