Por: Santiago Martínez y Andrés Gómez
Ramiro* conducía hacia el terminal de transporte en Bogotá, y en medio de la conversación comentaba que quería irse a combatir por Ucrania contra Rusia por que necesitaba más dinero. Ramiro, conductor de taxi, de forma cándida confesaba a sus pasajeros que quería participar en un conflicto internacional. No es raro, y no solo lo motiva el dinero. Si bien Ramiro se entusiasmaba contando de la posibilidad de lucrarse, sin pudor también aseguraba que, si un conocido le quedaba mal con un negocio, lo “arreglaría”, y que luego se iría a la guerra.
Más allá de que las motivaciones sean lucrarse o escapar de la justicia, siempre hay familias que sufren las decisiones de quienes se tornan en mercenarios.
Me parece que eso es egoísta por parte de ellos. Porque el sufrimiento, la angustia que nosotros pasamos… el no saber si están bien, si están mal, si pasó algo, no hay respuestas.
Blanca Gómez así describe lo que siente por la desaparición de su esposo, Edgar Alonso Gómez, hombre en sus 40s que fue reclutado por Rusia a comienzos de 2026 mientras estaba trabajando en Polonia en 2025.
El reclutamiento no es un asunto pequeño y no hay prevención.
El programa de radio La Vaina, en su número 249, sacó al aire un programa titulado: “Los colombianos atrapados en la guerra ruso ucraniana”, y en este, Gladys Gavíria, madre de Jeiner Sánchez, joven de 21 años quien murió peleando bajo bandera rusa, expone que nadie frena el reclutamiento, a pesar de la sentencia de muerte que resulta para muchos:
Nadie dice nada. Porque mire que, cuando Jeiner cayó, fue que se fueron del Santo Domingo de la de nosotros (barrio) se fueron ocho, y todos cayeron … de la Aurora, de San Javier, también se fueron. Sí, los barrios populares de Medellín, ellos se fueron muchos de lado de nosotros, no sabemos cuántos más hay.
Militares colombianos, aprovechando años de entrenamiento y enfrentamientos en el conflicto armado interno, sin más habilidades luego del retiro o la baja, no dimensionan que cuando se vuelven mercenarios, se convierten en sicarios, participes de crímenes de lesa humanidad o carne de cañón, en conflictos en Europa, África y Latinoamérica.
Mercenarios colombianos por el mundo
En mayo de 2026, el entonces presidente Gustavo Petro expuso que según estimaciones gubernamentales habrían 7.000 mercenarios colombianos en el exterior. Reportes apoyados por organismos como la ONU advierten que la cifra supera con creces los 10.000 efectivos.
Lo que agencias transnacionales venden a estos hombres como una simple oportunidad laboral, esconde una dinámica transaccional donde países, o compañías explotan la vulnerabilidad económica de excombatientes colombianos, para luego ordenarles que cometan desde magnicidios, como el del presidente Jovenel Moïse en Haití.
El 7 de julio de 2021, 22 colombianos participaron del asesinato de Jovenel Moïse y, además de dinero y joyas, se llevaron documentos. Según investigaciones del medio El País, el presidente de Haití entregaría una “lista de poderosos políticos y empresarios involucrados en el tráfico de drogas”.
Preocupa que, Abelardo De la Espriella, se pronuncie a favor de los sicarios:
Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias. No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno. No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare.
De la Espriella, al prometer ayudas y llamar héroes a los mercenarios implicados en el asesinato de Jovenel Moïse, contribuye a que se legitime el mercenarismo desde presidencia, minimiza el asesinato del presidente, y normaliza la violencia ejercida por miles de colombianos en conflictos extranjeros. Y dicha violencia no es poca.
Reportes de Human Rights Watch han denunciado que empresas de Emiratos Árabes reclutan colombianos para unirse al grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), e investigaciones periodísticas revelan que en Colombia, la empresa A4SI promete de 2.600 o 3.400 dólares para que se unan a dicha organización.
Para Mona Rishmawi, Miembro de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Sudán, “Las FAR actúan con intento de destruir, en totalidad o en parte, las comunidades zaghawa y fur en El-Fasher. Elementos típicos de un genocidio”. Eso significa que los mercenarios colombianos que han sido activos en el cumplimiento de dichos objetivos pueden ser participes de esos crímenes de lesa humanidad, en particular:
El exterminio y la persecución por motivos étnicos, de género y políticos—, así como crímenes de guerra, que incluyen el asesinato, la tortura, la violación y otras formas de violencia sexual, los atentados contra la dignidad personal, la inanición y los ataques dirigidos contra la población civil, los heridos y enfermos y las personas fuera de combate, así como contra bienes protegidos.
Quizás por ello Antonio*, mercenario colombiano que operó en Sudán, no quiso seguir participando de esta investigación, sin embargo aclaró fuera de micrófono que no consideró ir a combatir por Ucrania por sostener una guerra cruenta. Al parecer, Antonio entendía que la probabilidad de sobrevivir ese conflicto es baja y la de que el cuerpo desaparezca, es muy alta.
Colombianos desaparecidos en la guerra ruso ucraniana
Jeiner Andrés Sánchez Gavíria, de 21 años, viajó a Rusia el 10 de mayo, se contactó con sus familiares pocas veces luego, pero de él no volvió a saberse nada desde el 21 de junio, cuando llamaron a su hermano para informarle que a Jeiner Sánchez le habían “dado de baja” en combate, y que su cuerpo había sido quemado por un dron enemigo.
La situación de Edgar Gómez es similar. Él se comunicó por última vez el 7 de octubre para decir que se había presentado al ejército ruso, mencionó pertenecer a la «Unidad 2, Batallón N.º 3», y desde entonces no ha llamado de nuevo. Así lo relata Blanca:
Él me envió fotos en uniforme y la foto de la placa. Es lo único que tengo.
La Cancillería de Colombia, dando respuesta a un derecho de petición enviado por este medio, sobre colombianos desaparecidos en el conflicto ruso ucraniano, respondió que:
La Sección Consular de la Embajada de Colombia en Polonia tiene registro de 384 casos de ciudadanos colombianos reportados como desaparecidos en combate en el conflicto entre Ucrania y Rusia, discriminados así: 2022, ningún caso; 2023: 4 casos; 2024: 93 casos; 2025: 268 casos.
En esa misma respuesta, la Cancillería informó que el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, ha reportado «39 ciudadanos colombianos» que vinculados por contrato con dicho Ministerio de Defensa, están en «calidad de desaparecidos». Y asegura que ha recibido solicitudes de asistencia por parte de familiares de cerca de 100 ciudadanos colombianos que se encontraban prestando servicios militares para el ejército de ese país.
El 9 de septiembre de 2026, el Ministerio de Exteriores, aseguró que recibió 863 solicitudes de asistencia consular desde Ucrania y 890 desde Rusia. Todos los familiares manifiestan haber perdido contacto con sus parientes y las peticiones de asistencia se concentran en la repatriación de restos; ubicación de personas declaradas desaparecidas en combate, y ubicación de personas desaparecidas cuyas familias no tienen una confirmación oficial.
Normas que no frenan el mercenarismo ni sus peligros
En Colombia, mediante la Ley 11 de 1992, se considera como mercenario a la persona que ha sido reclutada, localmente o en el extranjero, a fin de combatir en un conflicto armado, por el deseo de obtener un provecho personal, y a la que se le ha hecho la promesa, por una parte en conflicto, o en nombre de ella, de una retribución material, considerablemente superior, a la prometida o abonada a los combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas armadas de origen.
Pero es hasta 2026 que se tipifica el delito de mercenarismo, con el gobierno del expresidente Gustavo Petro. En un intento por frenar esta fuga letal, la expedición de la Ley 2569 del 17 de marzo de 2026 marca un punto de inflexión en el ordenamiento jurídico, al aprobar la «Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios» de las Naciones Unidas.
Esta normativa es una respuesta directa frente a la crisis, porque tipifica el delito de mercenarismo, que ahora acarrea penas de prisión de entre diez y quince años, y penaliza, además, el reclutamiento ilícito con condenas de ocho a doce años.
Con este instrumento, el Estado finalmente establece mecanismos procesales en el ámbito penal que permiten investigar a quienes financian o entrenan a estos combatientes irregulares, facilitando la extradición al considerar el mercenarismo como un delito aplicable en los tratados internacionales vigentes, lo cual fortalece la jurisdicción estatal para perseguir a los involucrados en el exterior.
La aplicación de esta Ley, sin embargo, está condicionada por una rigidez probatoria. Para que una persona sea calificada penalmente como mercenaria, se exige que se compruebe el deseo exclusivo de obtener provecho personal, o una retribución considerablemente superior.
Esto ha creado zonas grises que permiten a los actores de la violencia privatizada evadir la justicia argumentando labores de asesoría. Y, aunque la norma representa un avance crucial al tratar a reclutadores y mercenarios como delincuentes, no resuelve el problema. Mientras persista en Colombia la falta de oportunidades luego del retiro militar, y peor falta de oportunidades para excombatientes de organizaciones guerrilleras y paramilitares, la promesa de retribución material seguirá empujando a miles de connacionales a sortear estas nuevas barreras legales. Y esto no solo representa un peligro para los mercenarios y sus familias sino para la seguridad nacional y regional.
En los últimos meses, se ha registrado un aumento de las denuncias relacionadas con la posible captación de miembros de organizaciones criminales de México y Colombia. Esta situación ha despertado preocupación ante la posibilidad de que individuos con experiencia en combate estén recibiendo formación en el uso de drones y otras tecnologías de carácter militar. La hipótesis sugiere que estos saberes letales podrían ser utilizados para fortalecer las capacidades de estas organizaciones en América Latina, en enfrentamientos contra la fuerza pública, civiles y por control territorial, dominio de corredores estratégicos y rutas del narcotráfico.
La respuesta del Estado en términos de prevención, al parecer, no existe. El Turbión envió un derecho de petición al Ministerio de Defensa preguntando sobre la prevención del reclutamiento de ex-integrantes de la Fuerza Pública como mercenarios, pero el ministerio se limitó al acuse de recibo y varias remisiones, primero a su Dirección de Relaciones Internacionales, luego a la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, que a su vez se declaró funcionalmente incompetente y volvió a remitir el asunto a la Dirección de Derechos Humanos y DIH, ninguna de las direcciones dio respuestas a la pregunta alguna.
No hay mayor éxito con la Fiscalía General de la Nación, entidad que afirmó no tener «información registrable» sobre investigaciones por mercenarismo ni sobre redes de reclutamiento. Al preguntarle sobre el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, remitió a otra dependencia que nunca respondió, y descartó de plano investigar lo ocurrido en Sudán, invocando el principio de territorialidad, pese a que el propio ordenamiento colombiano contempla la jurisdicción universal para genocidio y crímenes de lesa humanidad.
La desaparición de mercenarios golpea a sus familias
Ambas, las escasas condiciones materiales y sociales para que los excombatientes hagan una vida lejos de las armas, y la falta de claridad normativa terminan creando condiciones para que miles de personas se aventuren a tareas como la de ser sicarios en carteles mexicanos, o Haití, o participar en genocidios en Sudan, o ser carne para los drones en Donetsk y Járkov, pero si bien muchos son conscientes de poder morir, no imaginan que sus cuerpos probablemente desaparezcan y el daño que causan a sus familias.
Jeiner Andrés Sánchez Gavíria, cuando tomó la decisión de combatir por Rusia, no esperaba que le mintieran respecto al dinero que recibiría, y menos sobre la repatriación de su cuerpo, el contrato lo firmó una vez en Rusia, así lo cuenta su hermana:
En Bogotá le dieron todo, les dieron ropa, les cambiaron celular, les dieron pues todo y el viaje pues fue excelente porque ellos iban bien… Cuando ellos llegaron allá, ellos les hicieron firmar un contrato en el cual … pues no hay nada que … que podamos pedir una repatriación de cuerpo, o la plata que a ellos le prometieron tan poco. Y ahí en el contrato hay una (clausula) pues donde dicen que es de 1 a 5 años y a ellos les dijeron que era 1 año …
De acuerdo a Maritza, su hermano Jeiner tampoco pensaba que las condiciones de vida fueran tan duras:
Me decía que pues en los primeros días me decía que estaba bien. Ya por ahí, de 15 días, me dijo que ya no era tan fácil. Que los drones. Les tocaba combatir contra drones. Les tocaba pues ver muertos que ya los habían tirado pues para campo abierto, que los tenían los tenían como en una cárcel, que los maltrataban, que no les daban comida, que los dejan aguantando hambre y sed.
Jeiner Andrés Sánchez Gavíria le contó a su hermana Maritza que no esperaba salir con vida:
El 9 de junio fue la última vez que hablamos y el mensaje que le iban a tirar para la primera fila, que orara mucho por él… Él a mí me dijo que él sabía que ya con vida no iba a salir.
Su madre, Gladys Gómez, describe que frente a su desaparición lo único que queda para ella es dolor:
Es una angustia…. O sea, si uno lo hubiera tenido, lo hubiera enterrado, dice: “yo lo enterré”. Pero así como esta, nada, es más angustia, como más dolor.
La embajada de Rusia, a la familia Edgar Alonso Gómez, solo le aumenta la incertidumbre:
Nos contestaron que, la persona a la cual estaba preguntando no aparecía ni en las personas fallecidas, ni en las personas desaparecidas,ni en los que estaban heridos.
La desaparición no es un asunto solo de los mercenarios que fueron reclutados por Rusia.
En Ucrania existen prácticas de desaparición de cuerpos de colombianos por sus propios reclutadores. Testimonios divulgados recientemente exponen a soldados de ucranianos relatando como desaparecen cadáveres de mercenarios colombianos mediante ácido y fuego. El expresidente Gustavo Petro ya había advertido de esta degradación, cuando sancionó la Ley 2569 del 17 de marzo de 2026, denunciando cómo los mercenarios connacionales son tratados como una «raza inferior» y utilizados estrictamente como «carne de cañón».
La gravedad del asunto se intensifica con investigaciones periodísticas que indagan la interceptación de correos sobre una supuesta masacre de colombianos en el frente ucraniano, lo cual plantea el macabro dilema de si estamos presenciando cruda propaganda de guerra o el exterminio deliberado y silencioso de mercenarios.
Ante el desbordamiento de las cifras de muertos y desaparecidos, la respuesta institucional se ha enmarcado en una atención consular diferenciada.
Sobre el reclutamiento por parte de Rusia, la Cancillería ha puesto en su página Web el «Procedimiento de atención consular en casos de ciudadanos colombianos que han suscrito contratos de prestación de servicios militares con el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia«. Para el caso de Ucrania, El Turbión sólo pudo encontrar un boletín informativo de 2024 que inicia:
El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite reiterar que el Gobierno de Colombia no promueve ni facilita la vinculación de ciudadanos colombianos al ejército de Ucrania. Estas decisiones de tipo personal son completamente voluntarias e individuales.
En el caso de Rusia, la Cancillería con el procedimiento cumple con la necesidad de las familias de poder adelantar gestiones inmediatas mediante el envío de solicitudes, correos, pruebas genéticas y documentos, la realidad es que no ofrece una respuesta material ni concreta a su tragedia. En la práctica, su labor se reduce a recibir oficios y canalizar notas diplomáticas que quedan enteramente a merced de los tiempos y la voluntad del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.
La ironía de seguir en guerras
Ramiro nos dejó en el terminal de transporte, y confiaba que por su edad, 46 años, en el ejército ucraniano lo dejarían en retaguardia, poco escuchaba a los reporteros que le advertían sobre el peligro, y que su trabajo sería posiblemente asesinar a otros colombianos. Al dejar su taxi, no podía dejar de pensar que era muy irónico que Ramiro ignorara adrede que mataría otros colombianos que estuvieran peleando por Rusia, y resultaba triste que no supiera nada de la historia del conflicto en el que participaría.
También es preocupante que, la falta de información que tienen los colombianos sobre los conflictos en los que participan, propicie que compatriotas participen en genocidios en Sudán o en magnicidios, como en Haití. Y es igual de alarmante que carteles, disidencias y paramilitares aumenten su capacidad bélica con mercenarios que sobreviven a Donetsk y Lugansk.
El mercenarismo colombiano, sin duda, termina siendo útil para cometer actos contra el Derecho Internacional Humanitario con absoluta impunidad, y mientras no se aborden las precarias condiciones económicas y pensionales de la reserva activa, y de los miles de excombatientes que se han comprometido con no volver a las armas, mientras no se asuma que cada excombatiente exportado es un pasivo para la seguridad global, Colombia seguirá consolidándose como un proveedor de fuerza criminal desechable en las guerras contemporáneas.
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