Por: Pedro Luis González T.* – febrero 16 de 2015
Mucho se ha hablado sobre las promesas incumplidas del Sistema General de Riesgos Laborales, pero una cosa es verificar las estadísticas desnudas y otra conocer los casos concretos, como el de los trabajadores despedidos de Colmotores, que evidencian fallas estructurales en la garantía de la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras en Colombia.
La actuación que Colmotores y las empresas Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) han tenido en este caso es, por decir lo menos, éticamente cuestionable y raya con lo punitivo. Según testimonio de Jorge Parra, presidente de la Asociación de Trabajadores Enfermos de Colmotores (Asotrecol), dentro de la empresa había un centro médico que le informaba a sus directivos de las enfermedades de los trabajadores para que procedieran a despedirlos. Adicionalmente, la ARL se ha negado a calificar a más de 60 obreros como enfermos por causas laborales.
Ante este caso el Ministerio del Trabajo ha tenido un papel que, en el mejor de los casos, se puede calificar de negligente. Ha permitido demoras en las sanciones a la empresa por los hechos señalados y uno de sus funcionarios fue hallado culpable de corrupción. A manera de ilustración, en abril de 2013 los trabajadores presentaron un derecho de petición que hoy, año y medio después, no ha tenido respuesta. Los funcionarios del ministerio argumentan no tener registrado este derecho y, al parecer, existe la posibilidad de que se extraviara en el trasteo de las oficinas. En resumen, se ha demostrado que no tiene poder institucional para asumir el caso con responsabilidad, así como desconocimiento de las formas en que se presentan las relaciones entre trabajadores y empresa.
En cuanto a la actuación de la justicia, se observa un desconocimiento del tema por parte de los jueces. Éstos, en la mayoría de los casos, los asumen como asuntos meramente formales, no susceptibles de ser tutelados para garantizar de manera rápida el derecho a la salud de los trabajadores y su dignidad.
La única institución que ha tomado una decisión a favor de los trabajadores enfermos de Colmotores ha sido la Corte Constitucional, que, aceptando un error, declaró la nulidad de la Sentencia T-651 de 2012. El alto tribunal considera que en su Sala de Revisión no se tuvieron en cuenta algunos elementos que probaban irregularidades en el proceso y la condición de vulnerabilidad del trabajador accionante. Fue así como la Sala Plena de la misma ordenó el reintegro de Luis Eduardo Méndez, uno de los enfermos despedidos.
El movimiento sindical, por su parte, más allá de la solidaridad con los trabajadores de Colmotores, en este tema no ha tenido mayor acción e influencia. Esto se debe a distintos factores: su debilidad frente al poder que tiene una empresa como Colmotores sobre un Estado que premia la inversión privada, la irrelevancia del tema en la agenda de las organizaciones sindicales y el poco conocimiento técnico de los sindicalistas sobre el tema.
En resumen, todos los actores han tenido responsabilidad en que, después de más de tres años, decenas de trabajadores no hayan tenido respuestas a sus peticiones.
Termino con un hecho que muestra un poco la perversidad en el diseño del sistema: uno de los trabajadores perdió su casa a manos del Banco Colpatria, el cual pertenece al mismo grupo empresarial de la ARL Colpatria, que se ha negado a calificar su enfermedad como resultado del trabajo.
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* Profesional de la Escuela Nacional Sindical.
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