México DF – junio 19 de 2009
La detención del profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, efectuada por el Instituto Nacional de Migración de México (INM), y su posterior entrega a las autoridades judiciales en Colombia ha sido calificada por algunos abogados como una modalidad de “secuestro transfronterizo”, por la forma en la que fue desarrollado el procedimiento: no hubo deportación, pues entró de manera legal a México para desarrollar su estancia postdoctoral, ni tampoco extradición, pues los tratados vigentes en esa materia entre México y Colombia la prohibirían si se tratase de acusaciones por dellitos políticos.
Al reconocido sociólogo, maestro en ciencias sociales e historia y doctor en estudios latinoamericanos, se le violaron sus derechos a la información y a la defensa, siendo expuesto a la opinión pública como alias ‘Jaime Cienfuegos’ cuando no se ha probado que se trate de la misma persona. Ahora, el profesor Beltrán se ha convertido en una de las víctimas de la política de ‘seguridad democrática’, mientras el gobierno de Álvaro Uribe Vélez agradeció a las autoridades mexicanas, y paticularmente al presidente Felipe Calderón, por la captura del académico, a quien calificó de ser “uno de los terroristas más peligrosos” de las FARC, sin que las investigaciones hayan logrado demostrar absolutamente nada en este sentido y no se haya fallado en contra del docente universitario.
El ‘show mediático’ con el que fue presentado Miguel Ángel Beltrán al ser entregado a las autoridades colombianas mantuvo la acusación sin demostrarla: algunos medios se conformaron con afirmar que era guerrillero contando sólo con declaraciones de miembros del gobierno, como el general Óscar Naranjo, comandante de la Policía Nacional, para sustentar esa idea.
Dentro de los elementos que rodean el caso de Miguel Ángel Beltrán, han sido documentadas varias inconsistencias en el proceso de detención y judicialización, ante las cuales el INM ha planteado que sus acciones se realizaron “con estricto apego a la ley”. Sin embargo, no se ha dado una respuesta satisfactoria sobre cuál fue la justificación de la expulsión de Miguel Ángel y por qué se le negaron los derechos de información, de apelación y de amparo.
Por otro lado, en las declaraciones del gobierno colombiano y del director de la policía se enfatiza en los acuerdos que estos dos países vienen adelantando respecto a la lucha contra el terrorismo, lo que coloca en evidencia la afinidad política de los dos gobiernos en relación con el modelo de seguridad que aplican, ya sea bajo el ropaje de la lucha contra el narcotráfico o bajo el de la lucha antiterrorista, y también la afinidad de ambos con un sistema político e ideológico de ultraderecha: así lo demostrarían las múltiples reuniones de Uribe con organizaciones como el Concejo Ciudadano para la Seguridad Pública en México y los ‘sabios consejos’ que, durante el año pasado, que el mandatario colombiano ofrecía a Felipe Calderón, respecto a la política de ‘seguridad democrática’.
Actualmente, Miguel Ángel Beltrán sigue detenido y, con las acusaciones del general Naranjo, está siendo procesado por la Fiscalía colombiana, bajo los cargos de concierto para delinquir con fines terroristas y concierto para delinquir con fines de financiación del terrorismo. Ante la gravedad de la situación, varios estudiantes, maestros, intelectuales y organizaciones sociales colombianas y mexicanas han decidido emprender la denuncia de la criminalización y del montaje de los que está siendo víctima el profesor, y desarrollar diferentes actividades de información y de exigencia por la libertad del académico.
Esta detención es un caso que pone en claro la criminalización de las ideas y del pensamiento crítico latinoamericano: las voces que exigen la libertad inmediata para Miguel Ángel Beltrán Villegas son también las voces que hoy denuncian que los gobiernos de Colombia y México –bajo el manto de la lucha contra el narcoterrorismo y la delincuencia organizada– han decidido convertirse en los bastiones estratégicos del modelo neoliberal y la antidemocracia en Latinoamérica, aplicando la guerra sucia contra el pueblo y persiguiendo a los movimientos políticos y sociales progresistas y de izquierda.
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