Por: Andrés Gómez
El lucrativo negocio de las drogas y la falta de políticas de prevención de consumo, ha ocasionado que las 22 millones de personas adictas a la cocaína junto con las mafias transnacionales, propicien la deforestación y la contaminación por productos químicos en la Amazonía. Pero esta demanda no es la única amenazas que enfrenta el bosque húmedo más biodiverso del mundo y único capaz de absorber gran parte del dióxido de carbono que produce el planeta; la demanda de oro también es un amenaza que pone en riesgo a la la Amazonía y su biodiversidad de fauna, flora y cuerpos de agua, lo que aumenta la degradación de un ecosistema vital ante el calentamiento global y agrava el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas que lo han habitado durante miles de años.
(más…)Por: Francisco Contreras*
La periodista italiana Stefania Maurizi, durante su visita en Suecia habló con Francisco Contreras, editor internacional de la revista sueca Parabol y colaborador de El Turbión, y asegura que el gobierno de Estados Unidos accedió a liberar a Assange porque temía perder en los tribunales y porque Biden no quería un caso de espionaje durante la campaña electoral que pudiera poner a los medios en su contra.
(más…)Por: C. Traven
¿Cómo es posible que los emberá soporten tanto frío bajo los plásticos que apenas los cubren de la lluvia? Me lo preguntaba cada vez que pasaba por el Parque Nacional, viéndolos aguantar las heladas noches bogotanas. ¿Cómo resisten? la respuesta es fría como Bogotá. Los emberá han resistido siglos de violencia y exclusión que no se detienen y que ahora los obliga a buscar refugio en ciudades frías como Bogotá, a pesar de que son oriundos de geografías cálidas. Aquí, en las calles de Bogotá la lucha por sobrevivir continúa peleando por algo básico como un lugar digno para habitar.
Desde el año 2020, miles de personas emberá de diversos pueblos han huido de la violencia, el extractivismo y la pobreza que asolan sus tierras en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. El ciclo interminable, iniciado a finales del siglo XX, de desplazamientos y retornos entre las ciudades y las comunidades del Alto Andágueda, es el testimonio amargo de un conflicto armado que no ha encontrado solución.
En un acto de desesperación, en 2021, las familias emberá ocuparon el Parque Nacional, exigiendo al gobierno nacional y a la alcaldía de Bogotá una respuesta: un lugar seguro para vivir. Más de 1.500 indígenas se plantaron frente a la indiferencia del Estado en ese año, con la esperanza de que las promesas de cambio no fueran otra ilusión más. A pesar de pequeños avances en 2021 y 2022, las condiciones en los albergues seguían siendo insoportables, mientras la violencia en sus territorios los empujaba de nuevo hacia la incertidumbre.
En mayo de 2022 las comunidades abandonaron el Parque Nacional por grupos tras más de siete meses de ocupación. En octubre de 2023, 100 personas regresaron al Alto Andágueda debido a las pésimas condiciones de los asentamientos. La situación, para quienes se quedaron empeoró tras la orden de desalojo en la Unidad de Protección Inmediata (UPI) La Rioja, en el centro de Bogotá, donde los indígenas enfrentaban hacinamiento y problemas de salud e infecciones respiratorias.
A octubre de 2024, las tensiones persistieron, a pesar de ambiciosas políticas públicas y un aumento en la inversión para las comunidades indígenas. Los problemas de fondo continúan sin resolverse, el retorno previsto para julio, y que involucró a más de 900 personas, tuvo que ser reprogramado. Lilia Solano, Directora de la Unidad para las Víctimas, en rueda de prensa ofrecida en el Parque Nacional, el 8 de septiembre del 2024, afirmó: “Buscamos las mejores condiciones en el territorio ancestral para garantizar los principios de dignidad y seguridad para todas las familias”.
El Turbión tuvo acceso a información que indica que la Unidad de Víctimas ya había intentado otros diez retornos, con una inversión superior a $6.300 millones de pesos.
El 6 de septiembre de 2024, una vez más, Bogotá se convirtió en el escenario de promesas que, como tantas otras veces, brillaban en los despachos pero se desvanecían en las montañas. Me encontraba allí, viendo cómo el undécimo retorno de los emberá, gestionado por la Unidad para las Víctimas y el Distrito, con un presupuesto de $609.821.238, se iniciaba con flashes de cámaras y micrófonos de prensa.
Los funcionarios del Distrito y del gobierno nacional se apresuraban a repartir compromisos llenos de buenas intenciones, pero la profundidad de la deuda histórica con los emberá seguía intacta. Mientras las firmas se estampaban en documentos y las cámaras capturaban sonrisas forzadas, me preguntaba si alguien se detenía a observar la realidad: esos pactos, que en teoría debían ser puentes hacia un futuro mejor, parecían más bien caminos inciertos.
Al día siguiente, el 7 de septiembre, todo lo que presencié confirmó lo que muchos sabíamos. El mismo patrón de dominación que ha persistido durante siglos se repetía. Las filas, los listados, los «chulitos» en las planillas, todo seguía el ritmo de un espíritu neocolonial que no ha desaparecido. Parecía más un acto de limpieza y orden para Bogotá que una búsqueda de justicia y reparación para las personas emberá.
Sacar a los desplazados emberá del Parque Nacional y enviarlos de vuelta al Andágueda es una acción que resonaba en la historia: desde el siglo XVI, cuando los colonizadores españoles llegaron por primera vez, hasta hoy, el Alto Andágueda ha sido su refugio, un espacio que antes de la conquista no era más que selva y montaña.
El 8 de septiembre, los buses partieron desde Bogotá, llenos de personas emberá, promesas vacías y raciones de comida para el largo trayecto. Las mismas empresas que en el día proporcionaron almuerzos, ahora repartían cenas y desayunos para el viaje hacia Pueblo Rico, en Risaralda. Vi cómo los emberá, cansados pero con algo de esperanza, dejaban atrás la indiferencia de la capital, aunque quizás, sea solo por un tiempo.
Mientras tanto, en las redes sociales, los comentarios racistas de funcionarios y políticos no cesaban. Las narrativas ideologizadas asociaban a los emberá con el gobierno del cambio, como si Petro fuera uno de ellos o como si todos los emberá fueran petristas. Para algunos, las personas emberá eran sólo algo que se debían «barrer» del Parque Nacional ya que, su presencia era una molesta.
Para Lilia Solano, directora de la Unidad, apoyar el retorno de las personas emberá fue una cuestión de alegría: «Ellos van contentos, como quien regresa a su casa», sin embargo, la realidad es que la Unidad para las Víctimas apoyo un retorno sin las condiciones.
Los titulares en la prensa fueron tan fríos como predecibles: «Inició la limpieza del Parque Nacional en Bogotá tras la salida de los indígenas emberá», titulaba El Tiempo el 9 de septiembre. Leí con incredulidad cómo se hablaba de «43 toneladas de basura», como si la salida de los emberá fuera comparable a la eliminación de desechos.
Durante los siguientes dos meses, de octubre a noviembre, el parque permanecerá cerrado, en lo que llamaron una «restauración». Mientras leía, me preguntaba: ¿Qué se supone que están recuperando? ¿De qué están restaurando al parque?
Ese 8 de septiembre, los buses siguieron su recorrido por «La Línea», adentrándose en las montañas del Tatamá, donde la geografía y la historia se entrelazan. Estas tierras han sido un símbolo de lucha y dolor para los emberá desde tiempos antiguos. En 1596, los colonizadores intentaron establecer el Poblado de San Agustín de Ávila cerca del río San Juan, pero, como en tantas otras ocasiones, los antepasados de los emberá resistieron y destruyeron el asentamiento.
La historia se repetía en mi mente mientras los emberá continuaban su viaje hacia el Alto Andágueda. Desde el siglo XVII, cuando destruyeron las misiones franciscanas y se retiraron a las cumbres, este territorio ha sido su refugio. Ahora, en 2024, más de 600 personas de 271 hogares emberá llegaban de nuevo a Pueblo Rico. Aquí, mientras se les contaba y se les entregaban las ayudas humanitarias y el dinero prometido: $754.000 pesos por familia cada cuatro meses, me di cuenta de que lo que para algunos parecía un alivio temporal, para ellos no era más que la continuación de una lucha interminable: la lucha contra un sistema que los ha marginado desde siempre.
Entre 2021 y 2023, la Unidad para las Víctimas facilitó el retorno de más de 3.000 personas emberá a sus territorios, pero las causas profundas de su desplazamiento no se abordaron. Ramón Rodríguez, exdirector de la Unidad, lo reconoció: «Aunque se garantizó el traslado y la atención humanitaria, persisten desafíos en la implementación de proyectos productivos que permitan un retorno sostenible».
Gustavo Petro prometió, en agosto de 2022, abordar los problemas de raíz, como la falta de reconocimiento de derechos territoriales y la violencia. Sin embargo, Patricia Tobón, exdirectora de la Unidad, señaló que las soluciones seguían siendo superficiales, como la entrega de viviendas, y no se abordaban los problemas estructurales que impiden el desarrollo de las comunidades emberá.
Un retorno sostenible, decía Tobón, requiere inversión en infraestructura, el fortalecimiento de capacidades locales y, sobre todo, garantías de seguridad en los territorios ¿Cómo se puede hablar de un retorno digno cuando todo parece diseñado para fallar?
Dos años después, Favio Arias, retornado y líder emberá envía un mensaje al presidente Gustavo Petro desde de parte de la gente emberá retornada al Andágueda y demanda condiciones para sostenerse:
(…) nosotros queremos usted también como gobierno nacional que se comprometan antes de dos meses, necesitamos de una vivienda, proyecto productivo, gobierno propio, educación, salud, entonces muchísimas gracias, presidente
Después de los «chulitos» en las listas, pocas cosas quedaban por entregar y aún menos familias seguían su camino. Pueblo Rico se convirtió en un simple punto de distribución, donde los emberá se preparaban para dirigirse a más de quince puntos en el Alto Andágueda: Alto Torque, Arenales, Bajo Gito, Chifa, Dokabú, Guayabal, Kemberdé, La Palma, Las Torres, Ocordó, Paparidó, Santa Marta, Aguasal, Alto Muindó, Cascajero, Irakal, Paságueda y Río Colorado.
Se esperaba que la siguiente estación fuera «Agüita», donde una ambulancia y un pequeño equipo médico recibirían a las personas. Sin embargo, la descoordinación logística de la Unidad para las Víctimas cambió el punto de encuentro a Conondo, un lugar a 500 metros más allá de la enigmática Aguasal, “la capital del Andágueda”.
Este caserío, visible desde la distancia como una mancha en medio de las montañas, es conocido por un gigantesco edificio verde y amarillo que, en contraste con los tambos tradicionales de los emberá, es un internado que carga con leyendas oscuras. Dicen retornados y habitantes que el Cura Betancourt raptaba a los niños emberá, escondiéndolos allí y matando a aquellos que no aceptaban el cristianismo.
Durante los días 10 y 11 de septiembre, alrededor de 160 familias continuaron su camino hacia el Alto Andágueda. Para algunos, el retorno representaba una oportunidad, al menos en términos económicos. Las empresas transportadoras privadas, los proveedores de alimentos y otros operadores de Bogotá obtuvieron beneficios. En el restaurante de Doña Ceci, almorzamos. Allí, en un ambiente que olía a hogar pero también a desigualdad, con un dueño blanco paisa y cocineras afrodescendientes, nos dimos cuenta de cómo la dinámica económica funcionaba a favor de unos pocos.
Más allá de Pueblo Rico, las tiendas y restaurantes seguían aprovechando la situación. Vimos cómo vendían enlatados, dulces, cigarros, licores e incluso plátanos a los emberá recién llegados. El dinero de ayuda humanitaria ya había sido entregado, especialmente a los hombres emberá, y algunos ya lo habían gastado en licor, pocas mujeres recibieron dinero de sus maridos para los gastos que se avecinaban, y los tenderos aprovechaban la situación para vender aguardiente y viche con un sabor más parecido a la gasolina que a otra cosa.
En medio de los festejos, la música de cantina resonaba en el aire. Los emberá no se han dejado influir por la música urbana, sin embargo, esa noche solo se escucharon tres canciones en su lengua propia, lo que demuestra la grave situación cultural y de preservación de sus usos y costumbres. En las cantinas, el desorden no lo causaban los borrachos, aunque las cicatrices en los rostros, cuellos y brazos de muchos hombres sugerían que la violencia entre ellos es común. En realidad, el «desorden» sancionable lo generaban los niños emberá, corriendo con carritos, balones y bicicletas. En un momento, uno de ellos atropelló al tendero del «barrio peligro», donde nos alojábamos. El niño terminó castigado, azotado y encerrado en un calabozo.
Un emberá, visiblemente borracho acosó a una funcionaria de la Unidad:
—Quiero compartir amor contigo… ven, vamos —dijo él, con tono jocoso.
—Oigan al otro, váyase a dormir, a ver —respondió ella, claramente incómoda.
Y mientras observaba estas escenas, en medio de una realidad tan cruda, me pregunté:
¿Cómo se supone que este retorno sea un éxito si todo parece funcionar en beneficio de unos pocos? ¿Qué significa realmente «retornar» cuando los problemas estructurales no se solucionan?
Esta parada me permitió aprender más que solo los apellidos de algunas personas Emberá que retornaban: Bitucai, Murrí, Batesa, Cerezo, Queragama, Palacio, Arce, Cintúa, Mulato y el conocido Tequia. Al observarlos, me di cuenta de que no solo había niños; también estaba presente mucha gente joven, cargada de proyectos, ambiciones y recuerdos de la ciudad:
Abel: Toca la guitarra, lo aprendió a hacer en Bogotá, es guardia, cultiva pero dice que no es suficiente, el plátano para la comida tarda mucho, ahí es cuando se necesita ayuda del estado.
Danilo: El traductor al emberá, ojos se dice “tau”, oreja se dice “gidi”, pelo “buda”, nariz “ú”, mujer linda, “michagri”, la barba del periodista, “iracara”, su abuelo fue el que le enseñó cuando sus padres lo abandonaron. Danilo llora recordando el día que le iba a enseñar a tocar el fututu, un antiguo instrumento de viento emberá, ese día que sopló “dejó la vida y se hizo viento”
Belisario: En octubre de 2021 perdió a su padre en un accidente de tránsito en Bogotá, que involucra al transmilenio y a la policía; en el retorno se convirtió en papá tras el nacimiento de su primer niño. De camino a cascajero lo picó una serpiente X, y sin suero antiofídico Belisario se puso bastante grave quedando a merced de los emplastos y los rezos del jaibaná.
Melkin a. Reiki: le gusta la música, canta vallenato pero no sabe tocar acordeón, habla y rapea en emberá katío pero con acento emberá chamí. Llegó hasta irakal por una ex mujer, ahora está con otra [los emberá tienen varias mujeres y las mujeres también tienen varios hombres.
Bersabela campo Queragama: va retorno a cascajero, estuvo cuatro años en Bogotá viviendo en el Parque Nacional y estaba feliz porque tenía comida, la que le daba la Unidad, la Alcaldía y la bienestarina de ICBF, dice que no le gusta retornar porque allá donde vive hay mucha guerrilla y la tierra no da para sembrar… “contrario lo que muchos piensan los katío cultivan, pero la tierra está herida y ya no da fruto”.
Los hijos de Bersabela: Libardo, en el bachillerato; Juan Pablo está en la universidad estudiando enfermería; Ipolito es un trabajador informal que los mantiene. Fidelia: va para Irakal, dice que para dónde va queda muy lejos, “muy cansado queda uno después de caminar tanto”, va con 2 hijos: niño y niña de 4 y 5 años, estaba viviendo en Bogotá hace dos años, no sabe cómo se siente si bien o mal, no quiere volver a Bogotá, eso sí lo tiene seguro, en Irakal está su familia, mucha familia. Robín: Está haciendo el grado décimo, es hijo de un líder indígena en Conondo, su español es bastante claro, la palabra en español que más pronuncia es “chimba” como “bacano” o “bueno”, tiene por muletilla la frase “si me entiende?” delatando la inseguridad de su comunicación, “yo soy de esta Tierra, dice, chimba, ¿sí me entiende?”
Es muy probable que tarde o temprano, regresen a la ciudad por las razones que siempre nos atan: familiares, amores, y la esperanza de un futuro mejor. La crítica fácil sería culpar a las instituciones de su falta de compromiso. Pero la verdad es más compleja. El problema no radica solo en la falta de inversión, sino en la ausencia de un verdadero compromiso con el bienestar de estas comunidades y el racismo estructural.
El Alto Andágueda no es un territorio cualquiera. Cruzar el puente sobre el río Andágueda o nadar en el río Conondo se siente como recorrer las cicatrices de generaciones marcadas por la tragedia. Lo he sentido al avanzar por estos caminos. Las montañas, al igual que su gente, parecen llorar. Sus lágrimas forman ríos de color esmeralda que arrastran el dolor de las mujeres emberá, víctimas no solo de la violencia machista en sus hogares, sino también de un estado displicente que ha ignorado sus sufrimientos por dos siglos.
El trayecto hacia Alto Muindó, Cascajero, Irakal y Río Colorado no fue fácil, ni para las familias ni para los que les acompañamos. Cada paso era una prueba de resistencia. El terreno, con piedras filosas y pantanos de colores oscuros—negro, gris, rojo, naranja y amarillo—, parecía un calvario interminable. las personas avanzaban a pie o en mulas, y con cada paso se hacía evidente la indiferencia estatal.
Los que vinieron del Chamí al Alto Andágueda lo hicieron porque vieron que aquí podrían estar fuera del alcance de los «blancos». Demetrio, un guardia indígena, me cuenta mientras caminamos, que antes no había comunidades organizadas, que cada uno vivía con su familia en una pequeña parcela. Primero fue la guerra con los españoles, luego con los grupos armados y, finalmente, con el Estado, que los hacinó en zonas de montaña donde la tierra, herida por bombardeos y aspersiones, ya no da fruto. “Y si lo da… lo da pequeño y amargo”, añade entre resignación y dolor.
El retorno, anunciado con tanta pompa desde Bogotá, se desmoronaba con cada paso que dábamos. No solo el cansancio físico se hacía evidente, sino también la dura realidad que aguardaba a las familias. Las mulas, exhaustas, caían en el camino, y cuando finalmente logramos llegar a Cascajero, lo que temíamos se hizo realidad: no había viviendas nuevas. Las pocas que existían ya estaban ocupadas. La primera noche, las familias pudieron acomodarse con sus parientes, pero la situación se tornó más tensa al llegar el fin de semana. El viernes y el sábado, muchas se vieron obligadas a trasladarse a la escuela local, un albergue temporal sin agua potable y sin los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de los niños en época escolar.
Sin embargo, lo más inquietante fue el anuncio de que sólo podrían permanecer allí durante quince días. El mensaje, que inicialmente se susurraba entre algunos líderes, pronto se extendió y creó una palpable tensión. Las familias sabían que los funcionarios del gobierno, encargados de evaluar la situación y ofrecer alguna solución, no llegarían al territorio antes de un mes.
Quince días en la escuela significaba quedarse nuevamente a la deriva antes de que llegara alguna ayuda. El tiempo apremiaba y, aunque intentaban mantener la calma, la incertidumbre crecía con cada día que pasaba. ¿Qué harían cuando los desalojaran nuevamente? ¿A dónde irían si las promesas seguían siendo solo palabras en el aire? Aquí, no era solo el pantano lo que sofocaba, sino la desesperanza que se filtraba con cada gota de sudor. Las familias que habían dejado todo atrás, creyendo en la promesa de un retorno digno, encontraban nuevamente el vacío ¿Cómo es posible seguir caminando cuando todo parece diseñado para fracasar?
El balance del viaje del 12 de septiembre, entre Conondo y Cascajero, que duró más de siete horas caminando sobre las montañas, fue una verdadera prueba de resistencia. Recuerdo a dos niños que llegaron con fiebre, y a un adolescente que presentó síntomas de paludismo, para quienes no había medicamentos disponibles. Doña Aurora, una mujer emberá de avanzada edad, se cayó de la mula. Mientras tanto, doña María Elena, otra de las retornadas, resbaló y se lesionó gravemente la pierna derecha. Belisario, quien se había convertido en padre durante el retorno, fue mordido por una serpiente al llegar tarde en la noche. En Cascajero, sin un centro médico disponible ni suero antiofídico, su familia y los rezos del jaibaná, junto con plantas sagradas, fueron la única esperanza para salvarlo.
El viernes 13, vi cómo las familias seguían llegando desde Pueblo Rico, muchas de ellas después de días sin recibir asistencia alimentaria. La situación, lejos de mejorar, empeoraba con cada paso.
Necesitamos que el gobierno cumpla los compromisos asumidos, si no recibimos apoyo adecuado en los próximos dos meses, podríamos tener que regresar a Bogotá.
Fabio Arias Estévez, autoridad de la Asociación de Cabildos Indígenas por Colombia.
Hablaba con una mezcla de frustración y esperanza, dejando claro que, aunque habían luchado tanto para regresar, sin proyectos productivos y medicamentos, la situación se volvería insostenible. Fabio detalló lo que necesitaban: inversión en cultivos de plátano y maíz, mejoras en la infraestructura educativa, y, sobre todo, un suministro constante de medicamentos.
El colegio, construido en 2016, seguía sin agua potable, ni instalaciones sanitarias adecuadas, y carecía de los recursos educativos mínimos, como computadoras y kits escolares.
«Necesitamos que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura intervengan para completar las infraestructuras y fortalecer nuestra cultura y lengua nativa», añadió con la voz de quien ha repetido estas demandas demasiadas veces.
El sábado 14 de septiembre, después de un largo trayecto, volví a Pueblo Rico. Una mujer emberá, de nombre Rosa —como mi abuela—, nos despidió con una plegaria, pidiendo que no olvidáramos a los indígenas. Su rostro reflejaba una mezcla de resignación y tristeza. Antes de partir, un guardia indígena me mostró un árbol. Allí, me dijo, fue donde Aminta, una mujer emberá, se había quitado la vida. Llevaba días desaparecida, y alguien la encontró colgada, cansada de la violencia que sufría a manos de su esposo.
Durante el camino de vuelta, mientras nos cruzábamos con más familias emberá que seguían su ruta hacia lo Alto del Andágueda, justo al borde del sendero, una tarántula del tamaño de mi mano se levantó ante nosotros. Negra, con destellos rosados en su abdomen, se movía con una lentitud engañosa, como si estudiara el terreno.
Los emberá, que han aprendido a reconocer espíritus malignos y animales que pueden traer mala suerte o incluso la muerte, la señalaron de inmediato. A veces, intentan apaciguar a estos espíritus, negociar con la naturaleza misma para evitar conflictos. Pero otras veces, simplemente hay que matar.
«Si esa araña pica a una mula o a una persona que ponga la mano allí para apoyarse», advirtió alguien «podría causar un desastre». Y en ese preciso momento, como si hubiera entendido nuestras palabras, la tarántula se tensó y se lanzó contra nosotros. Fue cuestión de segundos. Los emberá reaccionaron con una velocidad impresionante; no había tiempo para pensar en domesticar el peligro o apaciguar su presencia. Con palos y piedras, la araña fue abatida, cada golpe resonando en el aire húmedo, mientras el lodo bajo nuestros pies se mezclaba con el ruido seco de las piedras contra el suelo.
Esa araña me recordó al Estado que con lentitud engañosa promete y llena de veneno la esperanza de una comunidad. Los acuerdos se firman, las palabras que se pronuncian, todo parece hecho para tranquilizar, para hacer creer que el peligro está bajo control. Pero cuando menos lo esperamos, el Estado, como esa tarántula, se tensa y ataca, dejando a su paso desolación. Los emberá, al igual que con la araña, se ven obligados a reaccionar rápidamente, a defenderse con los pocos recursos que tienen, porque la ayuda que se les promete nunca llega en el momento que más la necesitan.
El retorno de los Emberá no es solo un viaje físico. Es un reflejo de un Estado que entrega kits de supervivencia pero no ofrece soluciones reales. Un Estado que, como esa tarántula, se mueve lentamente, pero cuando actúa, deja un rastro de incertidumbre y dolor. Para los emberá, la tierra que los vio nacer ya no es su hogar, sino un campo de batalla constante, donde la violencia de la naturaleza y el olvido del Estado son sus únicos compañeros. Las promesas del gobierno, hundidas en el lodo, dejan claro que este retorno no será el último. Porque las promesas vacías como las amenazas ocultas siempre terminan llevándolos al mismo lugar: al desarraigo, al hambre y a la miseria.
Los desaciertos de la Unidad para las Víctimas parecen no tener fin. Mientras intenta coordinar a las entidades estatales para cumplir compromisos que ya de por sí están atrapados en la burocracia, persiste una actitud institucional que, con tintes racistas, solo aumenta los daños. En Caparrapí, Cundinamarca, la comunidad y las autoridades locales bloquearon la reubicación de los emberá Dóbida, rechazando su presencia y evidenciando la profunda desconfianza y falta de inclusión que caracteriza el proceso.
El pasado 4 y 5 de octubre, más de 1.500 sujetos de reparación colectiva se reunieron en Bogotá en lo que, en teoría, sería un espacio para la escucha y el reconocimiento. Sin embargo, el evento pronto se convirtió en un foro de denuncias sobre las malas condiciones de hospedaje, la escasez de alimentos y los numerosos problemas logísticos. Los representantes viajaron sin el apoyo emocional o psicosocial necesario, lo que una vez más puso en evidencia la revictimización a la que se enfrentan constantemente, ONU Derecho humanos se pronunció al respecto
Entre los asistentes, el pueblo emberá compartió su dolor, haciendo mención del asesinato de su líder Kimi Pernía, mientras que el exparamilitar Salvatore Mancuso, presente en el evento, pidió nuevamente perdón por el crimen. Algunos representantes emberá expresan sentirse instrumentalizados, recordando la lucha de Pernía contra la represa de Urrá y su impacto devastador en la vida y soberanía alimentaria de su comunidad, que aún resiente las consecuencias de esa intervención.
Lo que debería ser un verdadero compromiso con la reparación y la dignidad de estas comunidades se ha convertido en una serie de anuncios pomposos y promesas vacías. Los procesos, cada vez más engorrosos, no hacen más que confirmar su lucha interminable y el olvido que, generación tras generación, los ha condenado a la incertidumbre. ¿Hasta cuándo seguirán las comunidades víctimas de la violencia, especialmente las comunidades étnicas, pagando el precio de una reparación que, en la práctica, parece imposible?
En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.
Por: Marcela Zuluaga y Andrés Gómez
La prohibición de exportación de carbón térmico a Israel en respuesta al genocidio que perpetra en Gaza, resalta la necesidad de una legislación que no permita negociar con países que cometen este crimen y la urgencia de una transición energética justa en Colombia que nos haga menos dependientes del carbón sin empobrecer aún más a las regiones.
La decisión del Gobierno de Colombia de prohibir las exportaciones de carbón térmico a Israel desde finales de agosto provocó la fuerte reacción de varios de los gremios mineros, quienes ponen de manifiesto que priman los negocios.
Temprana fue la reacción. En la revista Portafolio, el 21 de agosto de 2024, todos los representantes del gremiales entrevistados fueron enfáticos en desaprobar la decisión e hicieron un llamado al unísono de pensar en las regiones.
Por una parte, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) sostuvo que la moral no tienen cabida en los negocios:
El argumento de moral pública no puede ser utilizado para justificar decisiones desproporcionadas e inadecuadas que afectan gravemente la economía del país y el bienestar de las regiones.
Por su parte, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, argumento a favor de las regalías :
Este tipo de medidas no son parte de la solución y, por el contrario, sí causan un menoscabo al bienestar de la nación colombiana en una reducción del pago de renta y, por supuesto, del pago de regalías.
Y, Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio y exviceministro de Justicia, propone que es demandable el decreto:
El decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro que prohíbe exportaciones de carbón a Israel es demandable en nulidad ante el Consejo de Estado por violar las normas constitucionales y legales de protección de la libre competencia económica.
La Asociación Colombiana de Minería, en respuesta a un Derecho de Petición solicitado por El Turbión, resaltó que la medida incumple acuerdos bilaterales entre ambos países y advirtió sobre la pérdida de regalías que esto implicaría para el país.
Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, mencionó que en 2023 Colombia exportó 3 millones de toneladas de carbón térmico a Israel, por un valor aproximado de 447 millones de dólares y expresó su preocupación:
En un contexto económico complejo, con bajos niveles de recaudo y grandes necesidades de inversión social, es fundamental evaluar con responsabilidad la viabilidad de este tipo de medidas. Se deben considerar factores como las implicaciones en el comercio exterior, el cumplimiento de compromisos internacionales y, sobre todo, el impacto en el bienestar y desarrollo del país.
Si bien Israel representa un mercado clave para el carbón colombiano, generando alrededor de 650 mil millones de pesos anuales en impuestos, regalías y otras contribuciones, de los cuales más de 100 mil millones estarían destinados a La Guajira y el Cesar. Es necesario considerar que Israel está perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino desde hace décadas y ha llegado a su punto más letal en el último año, al ser responsable de la muerte de más de 40 mil personas en la franja de Gaza, entre ellas más de 17 mil niños y niñas. Además, el país liderado por un régimen sionista, ha escalado el conflicto a Cisjordania y ha bombardeado objetivos en Irán y Siria, y le ha ordenado, desde principios de octubre, a los habitantes de 25 pueblos del sur del Líbano evacuar, mientras bombardea su capital: Beirut.
Es lamentable que aun con la crudeza de un genocidio transmitido en vivo y la escalada de un conflicto bélico que preocupa al mundo, los representantes del sector minero colombiano no reconozcan razones humanitarias, y a la par es cínico que mencionen los impactos en las regiones cuando el Turbión ha atestiguado que la minería del carbón térmico ha contribuido al extermino físico y cultural a los pueblos Yukpa y Wayuú, la devastación del pueblo afrodescendiente de Tabaco, así como deforestación del bosque tropical seco, la contaminación de aguas y el antisindicalismo.
La prohibición colombiana se produce en un momento de condena internacional por el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, al punto que en las Naciones Unidas el presidente brasileño, Lula da Silva, calificó a su homólogo israelí de «genocida» en febrero de este año.
En Latinoamérica, Chile y Honduras han retirado a sus embajadores. Colombia, Bolivia y Belice han suspendido relaciones diplomáticas, siendo Colombia el único de la región que ha tomado una acción que le significa la pérdida de producción energética a Israel. Baréin y Jordania pidieron a sus embajadores retornar a sus países, y Turquía no solo se sumó llamando a su embajador, sino también detuvo todas las transacciones comerciales, que el año pasado significaron US$7.000 millones.
En la ONU, durante la 79ª sesión, a finales de septiembre, el Primer Ministro de Israel y principal responsable del genocidio, Benjamín Netanyahu le habló a un auditorio casi vacío, sin embargo el genocidio palestino continúa sin mayores sanciones.
La prohibición de exportación de carbón térmico a Israel no solo pone en la mesa la necesidad de plantear una legislación que permita condicionar relaciones con estados genocidas, sino la obligación de replantear el futuro de las regiones mineras en Colombia. Esta decisión puso sobre la mesa la dependencia del carbón, y expone la necesidad de una transición energética justa que aborde los impactos socio ambientales en La Guajira y el Cesar, evitando que los pueblos afrocolombianos, Yukpa y Wayuú que los habitan, queden aún más empobrecidos tras el declive de la minería.
Miguel Ángel Cáceres, geólogo de la Universidad Nacional y miembro de la Corporación Geoambiental Terrae, en conversación con El Turbión, sostiene que las regiones impactadas por la minería del carbón, como La Guajira y el Cesar, enfrentan grandes desafíos con la transición energética, y advierte que los nuevos proyectos de explotación de cobre empeorarían las desigualdades, ya que las comunidades han dejado sus actividades tradicionales debido a la bonanza del carbón, creando un enclave económico que no es sostenible a largo plazo.
Juan Carlos Solano, secretario minero energético y de medio ambiente del Colectivo de Trabajadores por la Transición Justa, en conversación con El Turbión propone varias alternativas para las comunidades del corredor minero:
(…) retomar la agricultura mediante cultivos hidropónicos, aprovechar la represa del río Ranchería para desarrollar proyectos agroindustriales y promover la energía eólica, siempre en consulta previa con las comunidades.
Solano también mencionó la posibilidad de generar energía mediante la desalinización del agua marina, aunque advirtió sobre dos retos importantes: «el incremento de la salinidad en las costas y la falta de infraestructura adecuada para almacenar la energía producida.»
La medida del presidente Gustavo Petro, aunque motivada como sanción ante la sevicia de Israel contra Palestina, puede empezar un camino hacia la descarbonización y la lucha contra el cambio climático, pero dicha ruta necesita bases sólidas.
El Ministerio de Minas y Energía, en respuesta a un Derecho de Petición del Turbión, señaló que el artículo 23 del Proyecto de Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida, prevé una reducción gradual de las actividades de carga de carbón en los puertos del Magdalena, y anuncia que estas disminuciones ya están siendo compensadas con la reactivación de los ferrocarriles para otros tipos de carga.
Sobre la diversificación en La Guajira, Glencore ha anunciado que en el Cerrejón cesará sus operaciones en 2034, y que tiene planes de diversificación hacia energías renovables. Por el otro, en el departamento del Cesar, Glencore ha ejecutado un transición más abrupta: desde 2021, varios títulos mineros han sido abandonados, y la región enfrenta un futuro lleno de dudas.
La incertidumbre creada por Glencore al abandonar los títulos mineros en el Cesar, la abordó el Instituto del Ambiente de Estocolmo (SEI) en su reporte de enero de 2024: “Carbón y transiciones justas en el Caribe colombiano”, el cual presenta los desafíos del sector minero:
La repentina suspensión de las operaciones mineras de carbón en el Cesar por parte de Prodeco dejó a los municipios con posibilidades limitadas para enfrentar los problemas de desempleo, recesión económica y falta de alternativas económicas. Lo que el Cesar y los municipios cercanos a la operación de Prodeco están experimentando es solo el inicio de un declive estructural y progresivo de la industria del carbón en Colombia
Los desastres heredados de la mega minería del carbón térmico crea la necesidad de una diversificación económica que respete los derechos de las comunidades y del medio ambiente. Y si bien el camino hacia una transición energética justa no es fácil, ni inmediata, es necesario hacer dicha transición con los pueblos afrodescendientes e indígenas de Cesar y La Guajira, y respetando su autonomía territorial como pueblos únicos, de lo contrario se agravaría su proceso de genocidio lento al que han sido sometidos.
By: Marcela Zuluaga C.
The coal mining activity in the Colombian Caribbean not only affects the health of its neighbors but has also displaced entire communities, leaving a path of dispossession and resistance.
(más…)Investigación: Marcela Zuluaga C.
La actividad minera de carbón en el caribe colombiano no solo afecta la salud de sus vecinos, sino que también ha desplazado comunidades enteras, dejando una huella de despojo y resistencia.
(más…)The incessant consumption of cocaine in the United States and Europe continues to drive the processing of coca base paste in Colombia, which meant that in 2023, an amount of gasoline so large that it could fill and overflow Colombia’s largest lagoon, Lake Tota, with the 1.7 million cubic meters of gasoline used, was poured into the departments with the most coca in the country: Norte de Santander, Nariño, and Putumayo.
(más…)Por: Andrés Gómez
El incesante consumo de cocaína en EE.UU. y Europa continúa motivando el procesamiento de pasta base de coca en Colombia, lo que significó que para 2023 se vertieran en los departamentos con más coca en el país: Norte de Santander, Nariño y Putumayo, una cantidad de gasolina tan grande que podría llenar y rebasar la laguna más grande de Colombia, La Tota, con los 1,7 millones de metros cúbicos de gasolina que se usaron.
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