Investigación: Joanna Zapata, Marcela Zuluaga y Omar Vera
Audiovisuales: Iván Castaño
Imágenes de dron: Plinio Barraza
Octubre 2 de 2023
La huella ambiental que Glencore ha dejado en el norte de Colombia es notoria. Enormes extensiones de bosques tropicales de los departamentos de Cesar y La Guajira, donde se ubican las minas de carbón a cielo abierto operadas por la compañía suiza, acumulan ya cuatro décadas de deforestación y daños al suelo que posiblemente nunca sean reparados.
Glencore informó en mayo a sus accionistas que el total de sus instalaciones en el mundo ocupa 2,1 millones de hectáreas (ha), de las cuales reconoce haber afectado ambientalmente 103.000 ha y dice haber rehabilitado 36.000 ha hasta la fecha. Además, señala que en 2022 invirtió USD 2.708 millones para recuperar tierras impactadas por sus negocios de combustibles fósiles, que sirvieron para recuperar apenas 1.863 ha en distintas partes del planeta, pero reconoce que se deben intensificar los esfuerzos entre los 3 a 5 años próximos para que los resultados de sus programas de reforestación sean significativos.
Sin embargo, en Colombia la situación no parece traer tanto optimismo. Las tres minas de carbón que la multinacional suiza posee ocupan 87.667 ha, sin contar sus puertos y ferrocarriles, y sus operaciones han afectado profundamente al bosque seco tropical y las comunidades vecinas. Mientras tanto, los planes de reforestación que informan sus compañías subsidiarias, Cerrejón y Prodeco, tienen resultados poco alentadores y un futuro incierto, pues no es claro si Glencore tiene planes para reparar la totalidad de los daños causados a estos ecosistemas una vez devuelva sus concesiones al Estado ni el plazo que le tomaría reparar estos daños ambientales.
Esto último es especialmente preocupante porque el gigante minero ha cesado sus operaciones extractivas en el departamento de Cesar y asegura que a más tardar en 2035 dejará de explotar la mina de El Cerrejón, pero sus compromisos ambientales con el Estado colombiano tienen un plazo muy corto respecto a los tiempos necesarios para la recuperación del bosque seco tropical afectado, que pueden abarcar generaciones. De acuerdo con una revisión detallada de la información pública presentada por Glencore, sus promocionados proyectos ambientales apenas han reforestado 3.898,58 ha a un ritmo aproximado de 133,5 ha por año, con lo que la rehabilitación del área afectada por sus minas en el norte de Colombia tardaría unos 656,6 años si se sigue este ritmo, un plazo imposible de cumplir para cualquier organización creada por seres humanos.
Tumbar los bosques para depredar el subsuelo
2022 fue el año de mayor demanda mundial de carbón en la historia: más de 8.300 millones de toneladas fueron quemadas en las plantas termoeléctricas de buena parte del planeta para generar 10.440 teravatios hora, aproximadamente 36% de la demanda energética global, según la Agencia Internacional de Energía. Buena parte de ese combustible fue extraído de países pobres que, como Colombia, permiten a grandes compañías sacarlo del subsuelo a un bajo costo de operación pero a un alto costo ambiental. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el año pasado 26,5 millones de toneladas de carbón térmico fueron exportadas desde el país sudamericano para suplir esta demanda. De esta cantidad, 22,9 millones de toneladas fueron comercializadas por la multinacional suiza Glencore, la mayor minera del mundo, luego de haber sido extraídas de los departamentos de La Guajira y Cesar, según informó a este medio la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
No obstante, la explotación minera a cielo abierto que realizan las multinacionales en el norte de Colombia para sacar todo este carbón solo puede realizarse a costa de los bosques y el suelo fértil en las zonas en que funcionan los pozos de extracción de las minas, dejando graves problemas ambientales a las comunidades vecinas. Durante más de cuatro décadas Glencore, otros gigantes mineros y las compañías que les antecedieron han deforestado masivamente estos ecosistemas para quitar las capas de tierra debajo de las cuales se encuentra el carbón. Esto ha implicado la eliminación de extensas áreas en las que las plantas y árboles crecían de manera natural, causando daños irreparables al debilitar el suelo y aumentando con ello la erosión y la desertificación.
Al respecto, Efrén David Gómez Arévalo, geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, asegura que:
“La vegetación, al ser eliminada directamente, produce afectaciones a la ecología de la zona: bosques, pastizales. Son eliminadas las fuentes hídricas. Dentro de la naturaleza todo está relacionado, así que también se degradan los ecosistemas fluviales, los vertimientos de agua, con posibilidad de desabastecimiento de poblaciones, afectación a la fauna y disminución en la biodiversidad”.
Una historia de talas para sacar el carbón
Glencore llegó a Colombia en 1995, cuando compró el grupo Prodeco y lo convirtió en una de sus subsidiarias. Con ello, la multinacional suiza tomó el control de las minas de La Jagua y Calenturitas, ubicadas en el departamento del Cesar y operadas por Prodeco hasta ahora, a pesar de que esta compañía anunció el cierre de dichas instalaciones en septiembre de 2021. Asimismo, en ese momento se quedó con una parte significativa de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica situada en el departamento de La Guajira y operada actualmente por Carbones del Cerrejón Limited. Esta última compañía es ahora también subsidiaria de Glencore, luego de que la multinacional suiza se quedó con el 100% de sus acciones gracias a una compra multimillonaria de los dos tercios que poseían la australiana BHP Billiton y la británica Anglo American PLC, el 11 de enero de 2022.
Según el Departamento Nacional de Planeación, el proceso para que se pudiera exportar carbón desde la mina de El Cerrejón inició en 1976 y desde La Jagua y Calenturitas en 1985. En los tres casos, hasta allí llegaron las compañías mineras en cuanto se firmaron los contratos de concesión con el Estado colombiano y procedieron a abrir lo que serían después los pozos de extracción a cielo abierto. Para ello se talaron grandes cantidades de árboles tanto con herramientas de mano como con maquinaria pesada, luego se usaron buldóceres y retroexcavadoras para remover la tierra y las capas de suelo hacia las rocas subterráneas que posteriormente serían perforadas para implantar explosivos y detonarlos, permitiendo así la operación en los tajos de carbón. Desde entonces, este proceso no ha parado.
En 1984 se exportó el primer embarque de carbón térmico desde El Cerrejón y la promesa de un futuro brillante para Colombia de la mano de las regalías que se reforzaba con la creciente demanda mundial de este combustible llevó a la ampliación de los tajos. Para mediados de la década de 1990, el pozo minero ya había devorado una buena parte de La Guajira y había puesto a El Cerrejón en la cabeza de la lista de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. La Jagua, ubicada un poco más al sur y junto a la serranía del Perijá, llegó a ser la cuarta.
Hoy, cuando varias de las grandes economías del mundo han construido sus propias megaminas para suplir su demanda interna de carbón, relegando a la más grande de Colombia al décimo puesto en la lista, El Cerrejón tiene una profundidad estimada de 240 metros y abarca un área de explotación de 69.000 hectáreas. En otras palabras, es más extensa que ciudades como Fráncfort, Ciudad del Cabo, Quebec, Brasilia, Beirut o Medellín, y si trasladásemos la Torre Eiffel de París hasta el fondo del pozo de explotación más profundo sobresaldría menos de un tercio (97,5 m) del emblemático edificio.
En todo este proceso, además de la pérdida de territorios de las comunidades que tradicionalmente habían habitado en esta zona de Colombia, se talaron miles de árboles nativos como el guayacán, el carreto, la ceiba majagua y el quebracho, además de especies con algún grado de amenaza reconocido por las autoridades ambientales colombianas como la ceiba tolúa, el móncoro y el algarrobo. Los ecosistemas locales de bosque seco tropical probablemente nunca se recuperarán de estos actos.
Con licencia para talar
Jakeline Romero Epiayú, una líder indígena de La Guajira, recuerda que:
“Como miembros de comunidades […] hemos vivido durante los últimos 30 años sabiendo y conociendo todo lo que ha implicado que una empresa minera se encuentre en el territorio […] No hay manera de ocultar los impactos a la vida, a la cultura, a la economía, a la espiritualidad, al medio ambiente del pueblo wayúu que está en esta zona minera”.
En 2014 Cerrejón consiguió un permiso de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), que es la autoridad ambiental en esa zona de Colombia, para empezar la tala de bosque nativo cerca del territorio ancestral de Jakeline. Glencore taló un área de 155,2 hectáreas (1,5 km2), lo que equivale a la superficie de 217 campos de fútbol.
Luego, en 2016, la empresa minera recibió la autorización para represar, canalizar y desviar el arroyo Bruno en un tramo de 3,6 km. Este permiso fue otorgado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corpoguajira, con el objetivo de acceder a más de 40 millones de toneladas de carbón que, según se calcula, están bajo el lecho del afluente. Además, cuatro años más adelante, en 2020, la ANLA tuvo que imponer a Glencore una serie de medidas para asegurar el cumplimiento de unos mínimos en términos de manejo ambiental por estas talas y, luego de revisar lo que había hecho la compañía para reponer la vegetación que había eliminado, concluyó que “el área proyectada para la rehabilitación durante el año 2020 corresponde a un total de 25 hectáreas, de las cuales, con corte al 24 de febrero de 2020, [la empresa Cerrejón] manifiesta haber rehabilitado 4”.
Los trabajos de restauración incluían rellenar y estabilizar los terrenos, aplicar una capa de suelo y sembrar algunos árboles. Sin embargo, la ANLA encontró que en los lugares en los que se desarrollaron estas actividades la capa fértil que la compañía instaló apenas tenía una profundidad promedio de 30 cm, lo que contrasta con los testimonios de las personas que en su momento se encargaron de la remoción de lo que naturalmente había en esta zona de La Guajira para abrirle paso a la mina.
José Brito es un hombre de 64 años, alto, de voz grave y oriundo de Fonseca (La Guajira) que trabajó desde 1983 y durante más de treinta años para El Cerrejón. Según recuerda, la gente allí vivía de la agricultura y la pesca, y con la llegada de la mina una de las primeras cosas que se le ordenó hacer a trabajadores que, como él, fueron contratados para manejar maquinaria pesada en esa primera etapa fue retirar la vegetación y el suelo fértil para que pudiera empezar la carrera por el carbón:
“Está la capa vegetal, que es donde se siembra; después de que se quita esa capa vegetal viene la capa mineral, que es donde está la sílice cristalina; y después para este caso viene el carbón […] Nos tocó sacar una capa vegetal que tenía alrededor de dos metros y pico, entonces, quiere decir que era un área muy productiva”.
Todo parece indicar que la “capa vegetal” a la que José se refiere no es otra cosa que el suelo fértil que había en la época. Cuatro décadas después Glencore está reemplazando unos 2,5 m de este recurso por una capa de apenas 30 cm, traída de otras zonas, para sembrar algunos árboles cuyas especies no se dan a conocer y cumplir con unas metas poco ambiciosas que la compañía se ha impuesto a sí misma dentro de los pocos compromisos que ha suscrito en materia ambiental con Colombia.
Asimismo, Jélix Torres, otro extrabajador de esa primera etapa de El Cerrejón que hoy se resigna a vivir con graves enfermedades por cuenta de sus labores allí, recuerda con gran tristeza que:
“En La Guajira se produce cualquier producto. Tenemos variedades de clima, variedades de vegetación, variedades de aves, variedades de todo. Es un departamento muy bonito y la parte que nosotros destruimos para hacer la mina era una de las partes más bonitas de La Guajira porque era al pie de la cordillera […] Todo eso nos tocó destruirlo […] La minería es dañina en todos los sentidos porque contamina el medio ambiente, es dañina porque lo destruye y yo hice parte de eso porque yo fui una de las personas que más deforestó el área donde se creó la mina”.
Cerrejón no respondió un derecho de petición presentado por El Turbión ni ninguno de los correos electrónicos que se enviaron a la compañía, por lo que fue necesario partir de los datos publicados en su página web para esta investigación.
De acuerdo con los informes de sostenibilidad de El Cerrejón, para 2021 se sembraron 266.000 plantas nativas y durante 2022 se restauraron 700 hectáreas de bosque seco tropical de la mano de tres asociaciones comunitarias. En el mismo sentido, el “Reporte de sostenibilidad 2022” presentado por la junta directiva de Glencore a sus accionistas asegura que:
“En Colombia, Cerrejón plantó más de 585.000 árboles nativos de bosque tropical seco en La Guajira durante 2022. La siembra se llevó a cabo en aproximadamente 700 hectáreas que forman parte de las actividades de rehabilitación de tierras donde anteriormente se realizaban actividades mineras”.
Sin embargo, cuarenta años después de iniciada la actividad minera, esto resulta insignificante ante las más de 69.000 hectáreas sobre las que se extienden las instalaciones y pozos de extracción de El Cerrejón. Según los informes de sostenibilidad publicados por la compañía, entre 2005 y 2022 sus planes de reforestación alcanzaron solo 2.764,5 ha, es decir, se dieron a un ritmo de 153,58 ha por año, con lo cual restaurar el área ocupada por la mina tardaría 449 años si no se acelera el paso.
Advertencias desatendidas
En el vecino departamento de Cesar las cosas no han sido mejores. En los años noventa, a la vez que las minas de La Jagua y Calenturitas iban tomando sus descomunales proporciones, los peces chicos de las empresas que explotaban carbón serían engullidos por grupos que, como Prodeco, serían a su vez adquiridos por grandes multinacionales sin que esto resolviera los daños causados durante años de extracción.
Jesualdo Vega, un habitante de la comunidad de El Hatillo que se ubica junto a la mina de Calenturitas y que lleva décadas luchando por un reasentamiento digno para la gente que vive allí desde antes de la llegada de las multinacionales, recuerda cómo era esta zona:
“Se podía sembrar. El tipo se iba para la casa y estaba tranquilo porque en esa época también existía el trueque: ud. le daba a los compañeros, cambiaba alguna cosa. Entonces, ya hoy en día todo eso se transformó, todo eso cambió”.
El 6 de noviembre de 1991, un informe de impactos ambientales presentado por el ingeniero Orlando Oliveros Urieta, en ese entonces subdirector técnico de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), la autoridad ambiental en esa zona de Colombia, advertía que:
“La remoción de capa vegetal afectará la calidad del paisaje, y en especial, los cursos de agua al incorporarse material suspendido por efecto de la erosión […] Las labores de descapote implican limpieza de la capa vegetal del suelo, formada generalmente por árboles, arbustos [y] vegetación suculenta, la cual, al ser removida, desestabiliza el suelo disgregando las partículas, facilitando así los fenómenos de erosión y arrastre de sedimentos”.
Cuatro años después, Glencore compraría el Grupo Prodeco con todo y sus pasivos ambientales y sociales. No hay manera de que la compañía suiza no estuviera al tanto de este informe ni de los daños causados en el bosque tropical seco del departamento de Cesar durante esos primeros años de operación. Tampoco inició ningún programa de reforestación allí sino hasta 2010, cuando asegura haber rehabilitado 26 ha, según la información consignada en los reportes de sostenibilidad publicados por la compañía.
A pesar de esto, la operación de Glencore en las minas de La Jagua y Calenturitas continuó expandiéndose por años hasta que la primera llegó a tener unas 12.000 ha y la segunda al menos 2.700 ha. Entre las dos instalaciones llegaron a producir hasta 19,5 millones de toneladas de carbón al año, como ocurrió en 2014, y se calcula que tienen reservas por 135 millones de toneladas más.
Para lograr tener estas cifras, tal como ocurrió en La Guajira, la minera suiza taló miles de árboles y retiró la capa de suelo fértil de forma que quedaran expuestos los tajos de explotación de los cuales saldría el combustible para la demanda energética del mundo. Así fueron las cosas durante un cuarto de siglo y en todo ese tiempo la expansión minera y la destrucción del bosque seco tropical tampoco se detuvo.
Solo hasta 2020 cambiarían las cosas. La caída de los precios internacionales del carbón que venía desde el año anterior había llevado a la directiva de Glencore a anunciar cierres mineros por todo el mundo, bajo unas supuestas motivaciones ambientales que estarían más bien relacionadas con reducir la producción para hacer subir la cotización del combustible en las principales bolsas del planeta. En marzo de ese año, recién iniciados los confinamientos por cuenta de la pandemia de la COVID-19, Prodeco pidió a la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Colombia que le autorizara la suspensión de operaciones, pero el ente gubernamental negó esta solicitud ante las consecuencias que esto podría traer para la frágil economía colombiana.
Un año y medio después, en septiembre de 2021, la compañía anunciaría el cierre de sus actividades extractivas en Cesar, despidiendo a más de 7.000 trabajadores y renunciando a 5 de sus títulos mineros, una situación nunca antes vista en Colombia. Finalmente la ANM del gobierno Duque aceptó la renuncia a 3 de los títulos y hasta la fecha la Agencia Nacional de Licencias Ambientales mantiene un duro pulso en los tribunales para que Glencore aclare cómo serán las medidas de reparación a los ecosistemas con miras a la devolución de las áreas concesionadas. Hoy Prodeco sigue administrando las minas de Calenturitas y La Jagua, aunque asegura que de allí no saca ya carbón, y los pocos trabajadores que emplea se encargan de hacer el debido mantenimiento para evitar daños en los pozos de extracción que lleven a un desastre mayor en la zona.
A pesar de esto, en ninguno de los documentos públicos de Prodeco es claro cómo será el plan de transición respecto a la devolución al Estado de las minas. Mucho menos se especifica qué medidas están implementando hacia la reforestación de las zonas afectadas ni se presenta un solo indicador que permita verificar el cumplimiento de las acciones ambientales que la compañía publicita en sus redes sociales y diversos medios de comunicación.
Por esto, El Turbión presentó un derecho de petición a Prodeco para que aclarara qué acciones ha desarrollado para recuperar las áreas taladas y cuánto dinero ha invertido en esto. De forma muy escueta, la subsidiaria de Glencore respondió:
“Las operaciones mineras del Grupo Prodeco en las minas Calenturitas y La Jagua fueron suspendidas inicialmente en el mes de marzo de 2020 y posteriormente terminadas de manera definitiva en septiembre de 2021, como consecuencia de la aceptación por parte de la ANM a la renuncia presentada en relación con los Contratos Mineros 044/89, 285/95 y 109/90 […] cuentan con su respectivo Plan de Manejo Ambiental, cuyas últimas actualizaciones fueron aprobadas por la ANLA mediante las Resoluciones 453 del 28 de abril de 2016 (Mina Calenturitas) y Resolución 1343 del 9 de julio de 2019 (Mina La Jagua) […] con su respectivo plan de cierre, desmantelamiento y abandono, el cual contempla la secuencia de cierre progresivo y la secuencia para la rehabilitación morfológica, el cierre de botaderos, zonas de retrollenado y pit de explotación para la ejecución del cierre final […] Se cuenta con planes de rehabilitación que incluyen, entre otras acciones, reforestación de las áreas intervenidas”.
Sin embargo, el plan de manejo ambiental unificado de la mina La Jagua presenta una descripción de las actividades de reforestación relacionada principalmente con los depósitos de estériles, es decir, las zonas que se usan como botaderos de la roca triturada y los restos de carbón que no pueden ser vendidos ni mucho menos exportados. No obstante, no es claro qué se va a hacer con los pozos de explotación, si es posible o no rehabilitar definitivamente estas tierras, cuánto tiempo abarca la intervención de Glencore en el proceso de reforestación o si dichas labores buscan o no recuperar el bosque seco tropical.
En 2019, la ANLA presentó su diagnóstico de las áreas afectadas por la mina de La Jagua y los trabajos que hasta ese momento se estaban desarrollando en función de la reparación de los ecosistemas afectados por la minería para la actualización del plan de manejo ambiental. En el documento se asegura que:
“Actualmente [en] los depósitos Santafé, Oriental, Tesoro y Antigua Pista se adelantan labores de restauración geomorfológica y/o extensión de suelo y/o reforestación; los botaderos inactivos CMU [Consorcio Minero Unido] y Sur se encuentran revegetalizados; los botaderos Cumbres y Aeropuerto se encuentran reforestados”.
Además, según el documento de la ANLA, estos trabajos iniciaron en 2018, irían solo hasta 2028 y se extenderían por las 769,4 ha de los terrenos señalados más otras 272,7 ha en las que se tomará el material estéril de los botaderos para rellenar parcialmente uno de los antiguos fosos de extracción, luego poner una capa de suelo y finalmente, en términos de Prodeco, ‘revegetalizar’. Estos terrenos suman apenas 1.042,1 ha, es decir, poco más del 8% de la extensión afectada por la mina de La Jagua y en ellos se ha sembrado especies como ceiba bonga, ceiba amarilla, campano, higo amarillo, polvillo y Cañaguate, según se desprende de la comparación de los datos entregados a El Turbión por Prodeco y la ANLA.
Respecto al otro 92% es incierto qué va a ocurrir después de la fecha señalada, lo cual es más preocupante por cuanto la intervención que Prodeco consigna en sus informes de sostenibilidad entre 2010 y 2019 solo ha logrado reforestar 1.134,08 ha en las dos instalaciones mineras del departamento de Cesar, es decir, 113,41 ha por año, lo que implica que la reparación de este bosque seco tropical tomaría al menos 129 años si se sigue a este ritmo.
¿Reforestando La Jagua con palma?
Durante la visita de El Turbión al corredor minero del norte de Colombia se pudo constatar que dentro de la mina de La Jagua, cerrada desde hace dos años, ahora se encuentra un extenso cultivo de palma aceitera (Elaeis guineensis). Esta plantación se encuentra en una zona cercana al embalse Daníes junt al río Tucuy, en un terreno que Prodeco reporta como parte de un programa de recuperación del suelo en marcha.
Por supuesto, esta especie no es propia de esta parte del mundo ni tiene su hábitat en el bosque seco tropical sino que ha sido introducida en el país sudamericano para un aprovechamiento agroindustrial en monocultivos que ha sido fuertemente criticado por científicos, ambientalistas y defensores de derechos humanos dados sus impactos en los ecosistemas y su claro vínculo con el desplazamiento forzado de millones de personas y otras graves violaciones de derechos humanos en diversas regiones de Colombia. Según una investigación publicada en 2022 por Mongabay, Colombia es actualmente el cuarto productor mundial de aceite de palma y se ha convertido en el país de América Latina con más casos de afectaciones ambientales relacionadas con este producto, con 176 reportes de los 298 registrados en la región entre 2010 y 2021.
Respecto al supuesto de que este cultivo sirva para la reforestación en una zona minera, la evidencia científica contradice claramente esto: por sus características de monocultivo, las siembras de palma empobrecen los suelos, deterioran el agua y agravan las emisiones relacionadas con el cambio climático. Un estudio de la Escuela de Biociencias de la Universidad de Nothingham en el Reino Unido, coordinado por el doctor Selvakumar Dhandapani, asegura que:
“Las características del suelo tropical se ven significativamente alteradas por la agricultura de palma aceitera en relación con las formas boscosas […] también se correlacionaron significativamente con la estructura de la comunidad microbiana del suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Por esto, resulta cuando menos llamativo que la palma aceitera se emplee en un programa de reforestación adelantado por Glencore y que no se conozca ninguna actuación de las autoridades ambientales al respecto.
Sin interés por reforestar
Por otro lado, en la mina Calenturitas la situación no es más alentadora. Actualmente no solo es la base de una peculiar operación de comercialización de carbón que Glencore compra a otras compañías para llevarlo en su ferrocarril hasta su terminal de Puerto Nuevo y comercializarlo por el mundo, a pesar de tener sus minas del Cesar cerradas, sino que en su plan de manejo ambiental se definen unas metas de reforestación poco ambiciosas para un periodo similar:
“a) Por remoción de la cobertura vegetal leñosa, realizar una compensación uno a uno (1:1) por cada cobertura vegetal intervenida, equivalente a realizar su sustitución (reforestación protectora) en una superficie igual al área intervenida de Bosque de Galería (2,96 ha), Bosque abierto (21,82 ha), vegetación secundaria o en transición (66,18 ha), pastos arbolados (29,61 ha) y pastos enmalezados (10,79 ha), correspondientes a una superficie total de 131,36 hectáreas […] b) Por afectación de especies vegetales catalogadas con algún grado de amenaza, realizar una compensación uno a tres (1:3), previa presentación a esta Autoridad en desarrollo del proyecto, de la cuantificación del número de individuos por especie catalogada con algún grado de amenaza que fueron removidos por el desarrollo de la actividad minera y su conversión en área, tomando como criterio una densidad de 400 individuos/ha, especies que deberán corresponder al algarrobo, bálsamo, ceiba bruja o bonga, ceiba tolúa, solera, olla de mono, palma vino, puy y vivaseca”.
A la fecha se desconoce si Prodeco presentó a la ANLA el plan de compensación ambiental por afectaciones a especies amenazadas requerido en la resolución, por lo cual resulta imposible saber cuántas hectáreas se planea intervenir y en cuánto tiempo.
Bosques amenazados
El bosque seco tropical colombiano es un ecosistema en el que la lluvia es extremadamente escasa y la vegetación se ha adaptado a resistir fuertes sequías y temperaturas que, por lo regular, están por encima de los 28 °C y, en general, se encuentra por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. La flora allí es espesa y continua, y posee plantas con una amplia habilidad adaptativa, es decir, que son muy fuertes y se adecúan a las épocas en las que escasea el agua desprendiéndose de sus hojas para recuperarlas durante la temporada húmeda. Además de esto, captura y almacena importantes cantidades de dióxido de carbono, protege los suelos de la erosión y la desertificación, ayuda a atrapar y reciclar nutrientes fundamentales para la vida, permite la retención de agua lluvia y subterránea, regula el clima y sirve de hábitat a cientos de especies de animales, incluidas aves, mamíferos y humanos. A estos últimos también les provee alimentos como el níspero, el caimito y el mamoncillo, contribuyendo con la seguridad alimentaria de las comunidades y su calidad de vida.
Según el Ministerio de Ambiente, el bosque seco tropical es “considerado como uno de los ecosistemas más degradados, fragmentados y menos conocido” en Colombia y uno de los que más corre peligro por cuenta de la deforestación: de unos 8 millones de hectáreas al país sudamericano le quedan apenas 720.000 ha que se presentan fuertemente fragmentadas y dispersas por el territorio del país sudamericano, una buena parte de estas, ubicadas en la región Caribe. De acuerdo con la citada cartera y el Instituto Humboldt, las áreas de color verde claro en el mapa eran las porciones de bosque seco tropical que quedaban en Colombia en 2014. Hoy la situación es peor.
La superficie sumada de las minas de La Jagua, Calenturitas y El Cerrejón es de 87.667 ha. Se trata de un área en la que ya se han talado importantes cantidades de árboles y que correspondería al 12,1% de la superficie total de bosque seco tropical con la que cuenta Colombia. En el último año, las áreas con concesiones mineras del departamento del Cesar han perdido 179 hectáreas más de bosques y las de La Guajira otras 52 hectáreas, de acuerdo con las alertas recopiladas por el laboratorio Global Land Analysis and Discovery (GLAD) de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. El problema no hace nada más que agravarse día tras día.
Al observar estos datos de dicha región en el geovisor Global Forest Watch es posible identificar que en apenas 12 años (2010-2022) la pérdida de cobertura vegetal ha sido importante y continua, y así seguirá de no implementarse un plan de reforestación eficiente y efectivo en la región.
Mientras tanto, no hay claridad en las acciones de Glencore para frenar la pérdida de estos bosques ni de las autoridades ambientales, los entes de control o el gobierno de Colombia para hacer frente a este grave problema ambiental. Todo esto, a pesar de que la compañía suiza controla las más grandes concesiones mineras del país y dice, en su informe a accionistas de 2022, que “estamos comprometidos con gestionar nuestras tierras de una manera productiva y sustentable […] incluidas aquellas que no han sido sometidas a actividades industriales”.
Por esto, cualquier acción que Glencore tome resultará de extrema importancia para Colombia y su futura capacidad para albergar vida. Ya sea que opte por expandir sus operaciones, lo que implica más talas; cerrar complejos mineros, como dice estar haciendo en Cesar; o rehabilitar la cobertura vegetal en ciertas áreas, como anuncia constantemente a través de sus redes sociales y publireportajes en los medios nacionales, lo que haga la multinacional suiza impactará de forma decisiva en el futuro del bosque seco tropical en este rincón de Sudamérica.
Este trabajo hace parte de la serie “Exponiendo el ‘lavado verde’ de Glencore”, una investigación desarrollada por El Turbión en Colombia, Danwatch en Dinamarca y MediaContinente en Suecia sobre los impactos ambientales, laborales y de derechos humanos de las operaciones de minería de carbón de la compañía suiza.
Esta investigación ha sido desarrollada con el apoyo de Journalismfund Europe.
Asimismo, contó con el apoyo de International Media Support para la etapa inicial de la investigación.
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