Investigación: Marcela Zuluaga C.
La explotación de carbón térmico en Colombia no solo genera graves impactos ambientales, sino que trae consigo una serie de consecuencias sociales para las comunidades que habitan en las zonas de influencia minera.
Entre estas consecuencias se encuentran la explotación laboral, el desplazamiento forzado y la pérdida del tejido social. Estas situaciones son especialmente preocupantes en el corredor minero que abarca los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena.
El Turbión conversó con tres ex trabajadores mineros afectados quienes en sus testimonios denuncian: precaria seguridad industrial, lo que los expones a riesgos que vulneran su integridad física y mental; lenta e insuficiente atención a enfermedades derivadas del trabajo minero, lo que agrava las condiciones de salud de las y los trabajadores; y la sistemática vulneración del derecho de asociación, con despidos y amenazas a quienes intentan organizarse sindicalmente y las pocas negociaciones colectivas que se llevan a cabo se caracterizan por ser precarias y desiguales.
En un accidente laboral perdió la movilidad
William Orozco Molina, de 56 años, en el año 2003 era operador de maquinaria pesada y directivo sindical de La Jagua de Ibirico, mina propiedad de la empresa Carbones del Caribe, compañía que desde 1996 explotaba las 1.869,53 hectáreas que comprendían 16 tajos de carbón, William, en un accidente laboral a las 2:00 de la mañana del 21 de septiembre de 2003, perdió la movilidad y con ella su tranquilidad.
De repente, una piedra del tamaño de la tolva cayó y provocó un fuerte impacto en el camión y produce que la tolva se levanta, fueron dos golpes los que me paralizaron, luego informo al supervisor de turno y que me sentía mal
Luego de que una piedra tan grande como su camión volqueta pasara por encima de su vehículo, William Orozco fue remitido por la empresa a un puesto de salud de la Jagua de Ibirico, pero la empresa no hizo el reporte de accidente correspondiente y al ser urgencia médica, William Orozco fue operado a través del seguro de salud estatal y nunca fue registrado como accidente de trabajo.
Tras pasar la incapacidad médica, William Orozco se comunicó con recursos humanos de Carbones del Caribe para hacer el reporte correspondiente y que la ARL conociera el caso, pero no fueron las únicas acciones. Orozco demandó a la empresa porque después del accidente fue despedido del cargo, y porque su estado de inmovilidad fue ocasionado al haber estado expuesto a rocas de gran tamaño y porque nunca tuvo una preparación previa para gestionar ese riesgo:
Mi accidente laboral fue por una mala operación que se estaba realizando dentro de la mina (…) ninguno de los trabajadores estábamos entrenados para una minería segura.
En 2008, cinco años después del accidente, Glencore compró Carbones del Caribe, empresa que fue multada con 10 salarios mínimos por no informar del accidente de William Orozco, y quien para la fecha ya había perdido su salud y la libertad de su movilidad.
Desafortunadamente las desgracias no se detuvieron con el accidente laboral y la desatención de Carbones del Caribe, de Glencore, y del Estado. El hijo mayor de William Orozco viajó a estudiar y trabajar a Barrancabermeja con el objetivo de aportar al sustento familiar y fue asesinado el 12 de mayo del 2015. Tiempo después su hija menor entró en una profunda depresión y se suicidó en julio del 2022.
¿Cómo han quedado los trabajadores de la multinacional Glencore?, se pregunta William Orozco:
Desde el 1 de julio de 2014, el caso de William Orozco ha estado en la Corte Suprema y para el cierre de esta nota, él aún espera un veredicto.
La travesía de un extrabajador por enfermedad laboral
Jélix Enrique Torres Bolívar, primer trabajador al que se le reconoce enfermedad pulmonar producto de su trabajo en minería de carbón, sostiene una radiografía de sus pulmones. Foto: Iván Castaño.
Jélix Enrique Torres Bolívar, de 60 años, reconoce que su enfermedad pulmonar se debe a su trabajo en El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, con la voz entrecortada y con una mirada llena de nostalgia indica con seguridad: “Si hubiera sabido lo que era la minería, nunca habría trabajado en una mina”, y continúa:
Mi accidente laboral se debe a una mala forma de operar en la mina. La empresa no realizó los controles que debían realizarse y ninguno de los trabajadores estaba capacitado para realizar operaciones mineras seguras. En la mina hemos cambiado salud por dinero, porque lo que ganamos no alcanza para curar las enfermedades que siguen.
Jélix relata sus inicios de trabajador joven en una mina a finales del año 1983 como operador de maquinaria pesada durante 18 años para la empresa Intercor, ahora Cerrejón y de como cabio su salud tras las dos décadas de trabajo:
en los años 1998 y 1999, comencé a sentir que en cada actividad que requiriera ejercitar el cuerpo me faltaba el aire. Me cansaba muy fácilmente después de haber trabajado 10-11 años, sin elementos de protección personal.
Durante un examen ocupacional después de casi 20 años de trabajo en la mina, el médico lo remitió a un neumólogo en Valledupar, quien al ver las imágenes diagnósticas, lo remitió con un especialista en Bogotá.
Aquí el diagnóstico inicial fue ferrosis, una enfermedad producida por hierro [pero] Yo no había estado en contacto con hierro.
Cuando Jélix comentó que trabajaba en una mina de carbón, entonces los especialistas reenfocaron los estudios médicos:
enfocaron los estudios a las enfermedades que produce la explotación el carbón, y los especialistas determinaron que tenía una silicosis modular simple producida por carbón y sílice, para saberlo me sometieron a una biopsia por la nariz, luego a una biopsia abierta de los pulmones.
Los empresarios de la mina Cerrejón no le creyeron porque era demasiado joven para contraer silicosis y, por lo tanto, lo enviaron a médicos de toda Colombia para que le hicieran otras evaluaciones; los médicos llegaron a la misma conclusión y en 2001 Jélix Enrique Torres Bolívar recibió una indemnización de 34 millones de pesos y un puntaje de 52 puntos para pensión por enfermedad laboral.
El extrabajador minero siente una gran decepción hacia Glencore, empresa con la que trabajó en su juventud:
Trabajé en vida y alma por Cerrejón. Pero Glencore está más interesada en su imagen que en las personas que emplea (…) siempre trataron fue de descalificar que eso no era silicosis, (…) dicen que ellos no tienen ese problema de salud dentro de la empresa, ellos todavía lo desconocen.
Jélix ha estado en permanentes tratamientos pulmonares, además de quimioterapias por ser diagnosticado con un tipo de cáncer, mieloma múltiple. En junio de 2023, recibió un trasplante de médula ósea en un hospital de Medellín y actualmente se recupera del mismo.
A diferencia de la postura de Glencore de no reconocer la silicosis, José Brito, quien ha sido secretario de salud del sindicato Sintracarbón durante 15 años y miembro del Consejo Nacional de Riesgos Laborales en representación de los trabajadores, explicó al Turbión que la enfermedad de Jélix Torres es reconocida por expertos en riesgos profesionales en el país.
la silicosis es una de las enfermedades profesionales reconocidas por el Consejo Nacional de Riesgos Laborales de Colombia como relacionada con el trabajo en las minas de carbón, incluida en la tabla de enfermedades laborales, a través del Decreto 1477 del 2014.
El exdirigente sindical, además agrega que cuando a los trabajadores se les asigna la tarea de sacar cinco toneladas de carbón, primero se debe remover 20 toneladas de piedra que están arriba del carbón y están compuestas por cristobalito, material que al ser triturado, se convierte en una fina capa de polvo conocida como sílice cristalina, que los trabajadores inhalan junto con el polvo de carbón cuando tienen que mover la piedra triturada.
Con la ayuda del sindicato Sintracarbón, hemos logrado descubrir más de 1.500 ejemplos de trabajadores que han enfermado en su trabajo en Cerrejón, entre ellos algunos casos de cáncer. La gente sufre mucho de gastritis, intestino irritable, insomnio, problemas mentales.
Por su parte, el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) expone que existen consecuencias para la salud por la sobrexposición al polvo respirable de carbón y sílice cristalina:
puede causar enfermedades de las vías respiratorias, tuberculosis pulmonar, enfermedad renal crónica, cáncer de pulmón y silicosis.
El Instituto también expone que el daño causado por la neumoconiosis de los mineros de carbón y la silicosis no se puede revertir, ningún medicamento puede revertir el daño a los pulmones, por lo tanto, es fundamental la prevención. Los tratamientos incluyen la vacunación contra la influenza y la neumonía, tomar antibióticos para las infecciones y la congestión, usar inhaladores para los espasmos de las vías respiratorias, la administración de oxígeno y trabajar con el médico para reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca.
En deuda con las trabajadoras mineras
La exanalista ambiental del grupo Prodeco, Dania Guzmán, quien trabajó durante 4 años y dos meses en la minería del carbón, le contó al Turbión sobre sus labores, el ritmo de trabajo, las condiciones diferenciadas para las mujeres como los salarios y los casos de acoso que se viven al interior de las minas.
Los primero que Dania denunció fue la explotación laboral y la discriminación contra las mujeres:
Iba a ser contratada, solo para una operación inicialmente, cuando me contrataron, luego cuando ya estaba contratada, me dijeron que presupuestalmente atendería cuatro operaciones (…) Vivía allá como una semana y luego salía a los fines de semana.
(…) principalmente eso era el tema de salarios, se veía eso en la compañía, es muy notable los cargos laborales de hasta de alta gerencia no eran ocupados por mujeres, solamente una mujer fue Gerente del área de Salud Ocupacional el resto era muy difícil esa parte de que las mujeres ocuparán este tipo de cargo y pues a veces uno podía estar más preparado que el compañero, a nivel digamos académico, pero uno podía yo podía estar ganando mucho menos y en condiciones o rangos diferentes a los compañeros”.
Sobre las condiciones diferentes para las mujeres trabajadoras en la minería, Dania indica que las mujeres también viven al interior situaciones de acoso laboral y sexual:
digamos que muchas veces se presentaban casos allá donde el jefe, intimidaba a las trabajadoras, no lo viví personalmente, pero sí una compañera cercana, también muchos compañeros de trabajo de repente se veía que la estaban llamando, se consiguen un número de teléfono de ella y empezaban a molestarla.
Su vinculación laboral terminó en agosto de 2019, en medio de un despido masivo, así lo recordó Dania:
[Glencore] Anunció finalizar contratos, por temas de problemática a nivel del precio del carbón y de sostenibilidad de la operación.
Tres años después, en 2021, el grupo Prodeco, filial de Glencore, anunció la renuncia de los títulos mineros tras casi 30 años de explotar y usufructuar las minas de carbón de Calenturitas y La Jagua, acción con la que están desatendiendo no solo a las personas que han laborado para la empresa sino los pasivos ambientales de la mina.
El cierre de las minas trajo problemas para los que las comunidades no estaban preparadas y que evidencian que a Glencore no le importan las comunidades. Hilda Arrieta, lideresa de la Red de Mujeres de El Paso, Colombia, denunció el 25 mayo, 2023, en las instalaciones de IndustriALL Global Union, en Suiza, que Glencore ha convertido su comunidad en un pueblo fantasma:
En 2021, cerraron la mina de carbón Prodeco sin un plan social adecuado. Somos madres de niños que han recurrido a las drogas y la prostitución porque no hay oportunidades para ellos. No podemos simplemente sentarnos y ver cómo esto le sucede a nuestros hijos y a nuestra comunidad.
Una transición hacia la pobreza
Ana Catalina Herrera, miembro del observatorio laboral CNV International, explicó al Turbión sobre las situaciones diferenciadas de las trabajadoras en la minería de carbón y advierte que la entrega de títulos mineros y descarbonización sin planes de acción precarizará la vida de las mujeres, especialmente a las que están vinculadas directamente por la empresa, las trabajadoras tercerizadas y las trabajadoras de la economía del cuidado.
La abogada es enfática al expresar que las realidades de las mujeres y las afectaciones que han vivido en la industria minera del carbón necesitan visibilidad
Se está totalmente en deuda, porque, de pronto se ha centrado mucho la atención en todo lo que ha pasado en términos judiciales de los sindicatos (…) y se ha dejado de lado garantizar las voces de las mujeres que se han visto afectados, fruto de las decisiones de los cierres y de los procesos de descarbonización y en términos de caracterizar identificar cómo están.
Ana Catalina, también relata que la falta de planes de transición ha propiciado que las personas se organicen y producto de ello surge el Colectivo de Trabajadores por la Transición Justa, un espacio de coordinación que reúne a los principales sindicatos mineros para velar porque los derechos humanos laborales y de las comunidades en la zona de influenza minera.
La organización nació en 2021 debido a los despidos masivos originados por la renuncia de los títulos mineros de las minas Calenturitas y La Jagua por parte del Grupo Prodeco el 4 de febrero de ese año, así como al despido masivo realizado por Cerrejón el 21 de febrero, descartando 450 puestos de trabajo.
Ana Catalina cuenta que ante la realidad de que “muchos de los trabajadores construyeron su proyecto de vida en torno a la minería, entonces, se crearon cuatro propuestas específicas sobre transición energética justa”. Las y los trabajadores despedidos plantean que es crucial promover la diversificación económica más allá del extractivismo por lo que se necesita respaldar proyectos asociativos liderados por ex trabajadores y comunidades, también exponen la necesidad de preparar a las poblaciones en territorios mineros para esta transición y solicitan una nueva oferta formativa tanto en universidades como en el SENA, orientada hacia sectores económicos alternativos. Por último, plantean que es fundamental establecer un Fondo de Protección Social que garantice la seguridad y el acceso a tratamientos médicos para los trabajadores mineros enfermos, proporcionando un respaldo vital en momentos de necesidad.
Despidos a cambio de transición justa
Según datos del Observatorio laboral para la transición justa en el sector del carbón, el Cerrejón cuenta con más de 818 procesos en su contra, donde el 38% de las denuncias son de tipo laboral, el 23% de tipo civil y el 16% de competencia múltiple.
En la Guajira, se concentran 217 demandas contra la empresa. Los trabajadores han denunciado de forma pública atropellos contra sus derechos, turnos de trabajo muy largos y agobiantes, y despidos que la empresa justifica como medidas de reducción de costos para poder hacer frente a la crisis de rentabilidad que viene enfrentando en los últimos años. Situación que no corresponde a la realidad del mercado del carbón térmico que ha incrementado su precio desde que inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Según reportó la junta directiva, en 2022 las acciones de Glencore elevaron su precio en más de un 30% y la compañía obtuvo USD 34.100 millones en beneficios (EBITDA), logrando un aumento de más de USD 12.800 millones en este rubro respecto a 2021.
Por su parte, el grupo Prodeco, que ha operado en los departamentos del Atlántico, Cesar y Magdalena, concentra cerca de 577 denuncias en estos territorios, del total de 802 procesos en contra. La mayoría de denuncias son de tipo laboral: 52%, le siguen procesos civiles: 16%, otros procesos: 16% y administrativos: 9%.
Y es que, justamente, estas cifras representan la situación luego de que la empresa minera renunciara a los títulos mineros de la Jagua y Calenturitas en el Cesar, el cese de sus operaciones dejó cerca de siete mil trabajadores despedidos y el 40% de obligaciones incumplidas.
Glencore explota sin compensar y gana demanda millonaria
En cuanto a los hechos relacionados con la operación minera de Glencore, en el más reciente caso, el Estado colombiano perdió una millonaria demanda ante el tribunal de arbitramento y según datos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el país tendrá que pagarle $37.800 millones a la multinacional minera, Glencore.
De acuerdo con la demanda, Glencore, dueña del Cerrejón y Prodeco, firmó un contrato con el Estado colombiano en 2010 para construir y usar el Puerto Nuevo, ubicado en Magdalena, puerto que se convertiría en uno de los más importantes de Latinoamérica para la exportación de carbón.
Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en 2016 abrió una investigación en contra de la multinacional Glencore y sus filiales en Colombia por lo que consideró como prácticas anticompetitivas en Puerto Nuevo, Magdalena. Pero, para Glencore, la investigación de la SIC violó sus derechos adquiridos, a través de los negocios y concesiones que había firmado con el Estado en 2010 y argumentó que el Estado colombiano estaba violando el Tratado Bilateral de Inversiones entre Suiza y Colombia, vigente desde 2006.
En 2019 Glencore presentó el proceso de arbitramento ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal falló a favor de la multinacional, que había reclamado una indemnización de perjuicios por más de $252.000 millones, pero el tribunal le otorgó 15% de lo pretendido.
Esta reciente pérdida de Colombia en el arbitraje internacional pone de relieve las complejidades y desafíos de la industria minera: mientras el país enfrenta la carga económica de la compensación a la multinacional, persisten las malas condiciones laborales y el incumplimiento de estándares éticos en la industria minera y los derechos de las comunidades.
Este trabajo hace parte de la serie “Exponiendo el ‘lavado verde’ de Glencore”, una investigación desarrollada por El Turbión en Colombia, Danwatch en Dinamarca y MediaContinente en Suecia sobre los impactos ambientales, laborales y de derechos humanos de las operaciones de minería de carbón de la compañía suiza.
Esta investigación ha sido desarrollada con el apoyo de Journalismfund Europe.
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