Mina de carbón. Foto: Marcela Zuluaga.

Investigación: Marcela Zuluaga C.

La actividad minera de carbón en el caribe colombiano no solo afecta la salud de sus vecinos, sino que también ha desplazado comunidades enteras, dejando una huella de despojo y resistencia.

El Turbión conversó con algunos vecinos de las minas de carbón, ubicadas a 850Km de Bogotá. entre ellos un líder afro, dos representantes del pueblo yukpa y dos lideresas wayúu; todos coinciden en señalar que sus vidas y las de sus comunidades han sido afectadas por la actividad minera. Conozca sus historias de desplazamiento y lucha por los derechos.

La lucha de Tabaco: resistencia ante la expansión minera

Samuel Arregoces. Foto: Daniel Cespedes/ Danwatch.

La comunidad de Tabaco fue desplazada por la minería junto con la fuerza pública para explotar el carbón sobre el que este pueblo afrocolombiano se encontraba. Hoy, las personas que conformaban la comunidad de Tabaco, sólo la tienen como recuerdo y anhelo, la diáspora de la comunidad hoy habita en distintos departamentos colombianos como la Guajira, el Cesar, Magdalena, del Atlántico, y en otros países como Venezuela, Ecuador, Brasil y México. 

Samuel Arregoces, líder de la comunidad de Tabaco y Manantial, y quien fue representante del Consejo Comunitario de Negros Ancestrales, luchó por más de 20 años a favor de su comunidad, tiempo durante el cual sufrió persecución, amenazas, atentados y encierro económico, por oponerse a las grandes mineras, al exigir  sus derechos, al igual que lo han hecho otros pueblos como los yukpa y los wayuú. 

Samuel falleció el pasado 27 de abril debido a complicaciones de salud relacionadas con cáncer pero deja un legado de defensa de su territorio ante las multinacionales mineras, caracterizado por su determinismo y entrega. 

A Samuel no le faltaban motivos para resistir y luchar contra El Cerrejón. Antes de morir Samuel le contó al Turbión que él junto a su familia en Tabaco vieron la destrucción de su comunidad como una amenaza lejana que poco a poco los cercó para luego desplazarlos:

Como el Cerrejón fue creciendo y comprando nuestros alrededores hasta quedar prácticamente en el medio de la explotación, vinieron muchos problemas para nosotros porque fuimos confinados en nuestro territorio, nunca pensamos que la mina se iba a acercar hacia nosotros, lo veíamos como algo remoto, porque mi familia paterna ya había sido desalojada de Manantial, que fue la primera comunidad que El Cerrejón sacó del territorio.

Samuel le contó al Turbión que ante los atropellos se convirtió en líder social, y que uno de sus principales logros ha sido que las comunidades pierdan el miedo a denunciar lo que sucede en el territorio, al punto de demostrar que El Cerrejón viola varios derechos humanos y ambientales de las comunidades:

Uno no escoge y dice: yo quiero ser líder social, yo quiero ser ambientalista, a mí me tocó, me tocó obligado. Primero para sacar al Cerrejón de aquí del territorio. Tabaco tuvo que desaparecer para que otras comunidades no vivieran lo que nos tocó a nosotros y que ya había pasado con Manantial […] con cada una de las violaciones de las 35 comunidades que ellos han afectado; Cerrejón tiene más de 14 fallos judiciales en su contra, que los ha incumplido, pero hemos logrado demostrar que es una empresa violadora de los derechos humanos, sociales y ambientales.

Tabaco: un pueblo de 200 años de resistencia que destruyó Cerrejón

Sobre Tabaco, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar, una ONG sin ánimo de lucro, defensora de Derechos Humanos en Colombia incluye el desplazamiento de esta comunidad afro campesina dentro de los 12 ejemplos de impunidad corporativa de las multinacionales del carbón en La Guajira. El Cajar expone en su reporte que en el año 2002 la comunidad de Tabaco presentó una acción de tutela con la que lograron que la Corte Suprema de Justicia emitiera una sentencia en la que estableció que la reubicación de la comunidad requería de acciones concretas e inmediatas.

Según el texto del Colectivo, para garantizar el cumplimiento del fallo, la comunidad interpuso otra acción de tutela que fue llevada ante la Corte Constitucional, la cual emitió la sentencia T-329 de 2017 que determinó que era necesario proteger los derechos vulnerados de la comunidad y designó el caso como: “Desplazamiento inducido por el desarrollo”, y ordenó la reubicación de la comunidad con un plazo de cinco meses a partir de la notificación de la sentencia. A 2024, siete años después, tampoco se ha acatado este fallo.

El territorio que el Cerrejón tomó a la fuerza del pueblo ancestral de Tabaco se puede calcular en la mencionada sentencia, la cual establece que: “se violaron los Derechos Humanos de la población, que se encontraba asentada en un área de “15 hectáreas y las parcelas o predios colectivos comprendían aproximadamente más de cinco mil (5000) hectáreas”. Territorios que habían habitado por 200 años.

El pueblo de Tabaco fue fundado en 1780 por un grupo de personas esclavizadas provenientes de África que sobrevivieron al naufragio del galeón español que los traía al caribe para ser vendidos como esclavos. Según describe la sentencia: “Una vez libres se asentaron sobre la ribera del Río Ranchería, en donde se dedicaron a la agricultura y a la cría de ganado […] Al principio el pueblo se llamó Brunibella nombre que le daban los indígenas y posteriormente, se llamó Tabaco, posiblemente debido a la presencia de ese cultivo en las inmediaciones.”

Lamentablemente la destrucción de la explotación del carbón por parte de Cerrejón no es un caso aislado. De manera similar, el pueblo indígena yukpa ha enfrentado una lucha constante contra la extracción de carbón en la Serranía del Perijá. Ambos pueblos, separados por geografía pero unidos por una historia de resistencia y despojo, muestran cómo las actividades extractivas han vulnerado los derechos humanos y territoriales de comunidades ancestrales en Colombia.

La huella de la explotación del carbón en la Serranía del Perijá

El pueblo indígena yukpa habita en la Serranía del Perijá, entre Colombia y Venezuela. Su antiguo territorio se extendía por el occidente, desde el río Cesar hasta el lago Maracaibo, pero al oriente, su territorio ha sido reducido por la colonización y la explotación de carbón.

La relación del pueblo Yukpa con el territorio es única al estar relacionada con su lengua, usos y costumbres e historias del origen, y una muestra de esta profunda conexión están en las palabras de Carlos Daniel Ortiz, miembro del cabildo Yukpa Sokorpa:

los Yukpa sin el territorio no somos nada, porque en el territorio tenemos todo, ahí tenemos lo que es la seguridad alimentaria, las plantas, la medicina, la educación. Antes de llegar la mina éramos felices, pero ya cuando llegan las minas y en ningún momento consultaron con el pueblo Yukpa, sino que llegaron de una vez”.

Enrique Garcerán Fernández Gobernador del Cabildo Socorpa. Foto: Iván Castaño.

Para Enrique Garcerán Fernández Gobernador del Cabildo Socorpa el futuro de su pueblo Yukpa está en seguir luchando:

No nos vamos a dejar quitar el territorio, hemos resistido 500 y 600 años. Nosotros los seis resguardos, llevamos una sola propuesta, un solo pueblo, entonces luchamos entre todos el futuro es que vamos a rescatar nuestra Madre Tierra, ¡y si podemos con la ayuda de otras naciones y otras personas!

Resistencia Yukpa: salvaguardando los ríos y el territorio

Una de las luchas del pueblo yukpa es por los ríos del Cesar y La Guajira, que se han convertido en víctimas del impacto de la explotación del carbón térmico, negocio que afecta la soberanía alimentaria del pueblo ancestral. En los 6 cabildos han tenido épocas de escases de pescado, debido al desvío del río César para la extracción de carbón y el cultivo de palma africana. Hoy en día, el río César ya no proporciona pescado apto para el consumo humano, poniendo en peligro tanto la alimentación de las comunidades como de la fauna del territorio.

Se está afectando también a todos los que vivían del río, antes era pescado y hoy es sardina, el río contaminado, y fuera de eso los monocultivos que están ahorita como los de la palma, entonces cogieron, desviaron el río; usan unos químicos, y esos mismos químicos vuelven y caen al río, ahí está la sardina y ya suben contaminados, y eso nos está enfermando, pero eso no lo dicen, entonces nosotros desde nuestra cosmovisión sabemos qué tiene que ver con el tema minero que está acá.

La descripción de Enrique Garcerán sobre la contaminación de sardina causada por la explotación del carbón y el cultivo de palma africana hacen parte de las realidades sociales y ambientales que causan estos megaproyectos y por ello el gobernador indígena yukpa, no duda en enviar un mensaje desde su pueblo para el mundo, en especial a los que compran el carbón térmico que sale de sus territorios:

los que mandan a explotar les digo: que se agarren en el corazón y piense que el amor al dinero está acabando al pueblo, al mundo, que tengan conciencia, que no se encierren, que en todos los continentes entendamos el mensaje que estamos dando, y pensemos de aquí a 20 años como será el mundo.

Un llamado desde el corazón Yukpa

Para el defensor de las personas yukpa, Edwar Álvarez en un hecho sin precedentes de etno reparación, que la Corte Constitucional colombiana, mediante sentencia T-305, del 2023, proteja los derechos, territoriales, culturales, la vida, la salud y la consulta previa:

Resultado de un constante litigio estratégico que el pueblo indígena Yukpa viene adelantando desde el año 2016,  en donde los altos tribunales han antecedido dos sentencias de restitución de tierras, el pueblo Yukpa confía en que las entidades del gobierno nacional y las empresas Prodeco y Drummond, cumplan de buena fe y en los tiempos señalados las ordenes emitidas en la Sentencia T-375 DE 2023 de la Corte Constitucional.

Mediante esta sentencia la Corte Constitucional ordena a Prodeco, filial de la multinacional Glencore y a la empresa Drummond a reparar al pueblo indígena yukpa, por afectaciones como la contaminación de ríos, la falta de consulta previa con la comunidad y el riesgo de inseguridad aliementaria tras actividades mineras a cielo abierto, que durante varios años ha venido denunciando esta comunidad. Además, establece que las multinacionales mencionadas, deben garantizar la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes del pueblo yukpa, a través de la formulación de un plan de atención integral a esta población, en los términos de esta sentencia.

La líder indígena Esneda Saavedra cuestiona los impactos de la minería de Glencore en su pasado, presente y futuro de su pueblo yukpa, que ha habitado históricamente la serranía del Perijá en el departamento colombiano de Cesar:

Soy mujer yukpa de un resguardo indígena al que llegó Glencore y que ha visto la transformación y la contaminación del medio ambiente que causa la muerte de niños: más de 40 niños mueren en nuestro territorio [este año] y esto lo hace la minería a cielo abierto por la contaminación. Ha sido la muerte de niños y del medio ambiente para la gente de Becerril y de La Jagua de Ibirico.

La resistencia femenina: guardianas del agua y la tierra

Aura Robles. Foto: Lise Josefsen Hermann / Danwatch.

Las mujeres del pueblo wayúu saben que su conexión ancestral con el agua es cada vez más un reto, hoy muchas comunidades de este pueblo ancestral enfrentan la contaminación y el desvío de las pocas fuentes hídricas de la región por la expansión de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.

Uno de las fuentes de agua destruidas por la industria del carbón es el arroyo Bruno. Carbones del Cerrejón Limited desvió el río para permitir el avance en el tajo minero La Puente. Las consecuencias han sido nefastas para las personas wayuú que viven en la Media Guajira porque la desviación del arroyo vulnera tanto sus derechos de participación en la estructuración de proyectos de desarrollo de los cuales pueden resultar afectados, como los derechos que aseguran su supervivencia física y cultural, entre ellos, la vida, el agua, la salud, y la seguridad y la soberanía alimentaria.

Aura Robles Gutiérrez, lideresa wayuú, artesana y sabia, es una de las accionantes de la sentencia SU-698 de 2017, provisión legal que trata sobre el impacto del proyecto de desviación del arroyo Bruno en las comunidades wayúu de la Media Guajira, y una de las medidas de la empresa para desestimar las denuncias fue negarle el derecho al auto reconocimiento:

Yo empecé sola con la defensa del rio Rancherías porque yo me enteré que lo iban a desviar, y empecé a preguntar, entonces cuando me vieron inquieta, lo que hizo el Cerrejón, fue excluirme de la consulta previa y yo entutelo. Lo que respondió la empresa fue que yo no era wayúu, que no tenía territorio y que no tenía casta, para un wayúu el peor insulto es decirle que no es wayúu.

Cabe destacar que en 2017 la Corte emitió como medida provisional la suspensión de obras para realizar el desvío del Arroyo Bruno, uno de los principales afluentes de agua en La Guajira, gracias a una tutela puesta por las comunidades acompañadas por organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la organización ambientalista Censat.

La sentencia  reconoce la amenaza a los derechos fundamentales como al agua, la salud y la soberanía alimentaria, con ocasión de este desvío. Según expone el Cajar, esta sentencia fue notificada a las partes en 2019, pero las comunidades aun denuncian el desacato.

Aura piensa sobre el desacato de Glencore–Prodeco, que la minera está dedicada a su negocio pero que un gran responsable es el Estado:

Glencore nació como empresa para hacer plata con los minerales, el problema de nosotros radica en las instituciones que se crearon para defender nuestros derechos y para proteger el medio ambiente, esas instituciones han sido muy permisivas, esas instituciones son las que le dieron autoridad a Glencore para que destruyera todo: el medio ambiente, nuestras vidas, nuestra salud, nuestra alimentación, nuestras fuentes hídricas.

Otra lideresa que se ha opuesto a la extracción minera es Deilys Cristina Uriana, miembro del Colectivo Mujeres Defensoras del Territorio, organización fundada en 2012 producto de la lucha contra el “proyecto P500” que consistía en el desvío del río Ranchería. El proyectó pretendía desviar 26.2 kilómetros del río para extraer 500 millones de toneladas de carbón pero se encontró con la resistencia de las mujeres wayuú:

en ese año todas las comunidades aledañas al río Ranchería, como personas naturales, habitantes, nativas de su propio territorio, decidieron tomar la iniciativa de realizar esta lucha que duró tres años hasta que se logró que ese proyecto se detuviera.

Para Deilys la minería del carbón térmico les ha robado el territorio pero las mujeres están empecinadas en criar a sus hijos de acuerdo a sus formas de vida:

En nuestra comunidad lo único que ellos han hecho es que nos han robado nuestro territorio, nos han dañado nuestro río, nuestro tejido social. El Provincial que yo pinto, sé que no será fácil, pero dentro de unos años poder recuperar los territorios que se han perdido, que el río vuelva a ser igual y que nuestros niños vuelvan a la vida que teníamos antes.

La explotación del carbón ha provocado el desplazamiento forzado de pueblos, y ha afectado gravemente los derechos territoriales y culturales de pueblos indígenas como los yukpa y los wayuú, al punto de que estas situaciones han agravado que estén en riesgo de exterminio físico y cultural. Además, la contaminación y desvío de ríos como producto de los desechos mineros, ponen peligro la seguridad alimentaria y la salud de los habitantes de las zonas cerca de las minas de carbón.

Para los pueblos y comunidades cercanas el negocio entre el Estado y las mineras ha causado la destrucción de la vida como la conocían, mientras las empresas mineras han obtenido beneficios económicos significativos.

La exportación de carbón ha generado miles de millones de pesos en ingresos a través de impuestos, regalías y contribuciones. En 2022 el consumo mundial de carbón alcanzó su cifra más alta en la historia: 8.300 millones de toneladas se quemaron en el mundo para la producción de electricidad, según informó recientemente la Agencia Internacional de Energía (IEA, por su sigla en inglés). A mayo de 2023, Glencore alcanzó una capitalización de USD 70.470 millones, convirtiéndose en la segunda carbonera del mundo con mejores resultados después de China Shenhua Energy.

¿justicia para las comunidades afectadas?

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) multó a la minera Prodeco, filial de la multinacional Glencore, con $1.739 millones por no implementar adecuadamente las medidas ambientales en su proyecto minero en Calenturitas, en el Cesar.

La multa que suma $1.739.012.826 contra la empresa C.I. Prodeco S.A., que es la titular del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto carbonífero Calenturitas,  relaciona la falta de implementación de las barreras vivas o, en su defecto, barreras físicas alrededor de las áreas de los botaderos de estériles, patios de acopio de carbón y a lo largo del corredor minero, especialmente frente a las poblaciones de Boquerón y Plan Bonito.

Es importante recordar que la empresa minera renunció a los títulos mineros de la Jagua y Calenturitas en el Cesar, el cese de sus operaciones dejó cerca de siete mil trabajadores despedidos y el 40% de obligaciones incumplidas.

El legado de resistencia de comunidades como Tabaco, los yukpa, y los wayuú es una evidencia de la lucha y resistencia en medio de los daños causados por la minería de carbón en Colombia. A pesar de las promesas de desarrollo económico y progreso, las cicatrices dejadas en estos territorios y sus habitantes son profundas y persistentes. Estas comunidades no solo han enfrentado el desplazamiento y la destrucción de su entorno, sino que han tenido que combatir la impunidad de las multinacionales que siguen operando sin pagar las consecuencias.

El caso de Tabaco, que tras 200 años de existencia fue erradicado por la minería, ilustra cómo el deseo de lucro puede sobreponerse a los derechos fundamentales de las personas. sin embargo, la lucha continúa, no solo en los tribunales sino también en la memoria colectiva y en las acciones de líderes sociales que, como Samuel Arregoces y otros, han dado sus vidas por la defensa de sus territorios. La pregunta que queda es si alguna vez se hará justicia plena para quienes han pagado el precio más alto por el desarrollo del carbón en Colombia, y si es posible que la historia no se repita en otras comunidades que siguen resistiendo.

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