El 21 de junio se demostró que el proyecto de izquierda no puede ser ignorado y tiene vocación de poder. Casi 13 millones de personas votaron por la profundización de políticas sociales y ambientales que transformen Colombia, y son una fuerza cohesionada y plural. Por su parte, De la Espriella, el próximo mandatario elegido en medio de denuncias de fraude, tiene como base a millones de personas confundidas con mentiras, compra de votos e injerencia extranjera que, además, han sido llevadas a pensar que devolver a Colombia a su pasado fascista les reportará algún tipo de beneficio.
Este ideario de la ‘nueva’ derecha, que sigue teniendo a Uribe como el gran protagonista tras bambalinas, es toda una colcha de retazos, llena de afirmaciones contradictorias y promesas imposibles de cumplir que puede explicar por qué la derecha no crece en Colombia, aunque gane elecciones.
By Andrés Gómez. Photography: Manuel Ortiz. Terra360
She had learned to work the land since she was a child. She was strong and brave, say those who knew her. She dreamed of owning a small piece of land and seeing it flourish alongside her daughter. That is why, when Carmen Velasco Tombé remembers Flor Alba, she does not speak first about politics or territorial disputes; she speaks about shattered dreams. Flor Alba Tombé Velazco died on May 21, 2026, in La Ensillada*, a páramo located between the Misak reservation of Guambía and the Nasa reservation of Pitayó, in Colombia’s Cauca department, where a historic dispute over land ended up pitting two sister Indigenous peoples against one another. She was 28 years old and left her daughter, Lisbet, in the care of her mother, who still finds strength by remembering the young woman who dreamed of moving forward in life.
She was a farmer; she worked in agriculture. She was very brave when it came to work; my daughter was brave in everything (…) She loved her daughter very much, and she had dreams of moving forward, and she dreamed of having her own little piece of land, she recalled.
Por: Andrés Gómez. Fotografía: Manuel Ortiz. Terra360
Había aprendido a trabajar la tierra desde niña. Era fuerte y valiente, dicen quienes la conocieron. Soñaba con tener un pequeño pedazo de tierra y verlo florecer junto a su hija. Por eso, cuando Carmen Velazco Tombé recuerda a Flor Alba, no habla primero de política ni de disputas territoriales, habla de sueños truncados. Flor Alba Tombé Velazco murió el 21 de mayo de 2026 en La Ensillada*, un páramo entre los resguardos Misak de Guambía y Nasa de Pitayó, en el Cauca colombiano, donde una disputa histórica por la tierra terminó enfrentando a dos pueblos indígenas hermanos. Ella tenía 28 años y dejó a su hija Lisbet al cuidado de su abuela, quien todavía encuentra fuerzas evocando a aquella joven que soñaba con salir adelante.
Ella era agricultora, trabajaba en la agricultura. Ella era muy valiente para trabajar, en todo era valiente mi hija (…) Ella amaba mucho a la hija y los sueños [que] tenía para seguir adelante, y pues soñaba tener tierritas, recordó.
Mientras gobiernos y empresas discuten el futuro de los combustibles fósiles; comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas insisten en que las transiciones justas parten de la defensa del territorio, la biodiversidad, la justicia climática y el bienestar de las personas. Demandan desde los andes hasta los desiertos de la guajira, que se construya con respeto por los sistemas de vida y los derechos sobre sus tierras y aguas.
Tres días antes de las elecciones en Honduras, Donald Trump publicó dos mensajes en su red social de Trump Social. En el primero amenazó con una intervención militar. En el segundo condicionó la ayuda de Estados Unidos a que ganara Nasri Asfura, su candidato, del partido nacional:
Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, porque Estados Unidos tiene tanta confianza en él, sus políticas y lo haga por la gran gente de Honduras, le daremos mucho apoyo. Si no gana, Estados Unidos no va a seguir tirando dinero bueno tras dinero malo.
Asfura pertenece al mismo partido del ex presidente Juan Orlando Hernández quien cumplía una condena de 45 años en una cárcel federal por narcotráfico, hasta que Trump lo indultó dos días antes de las votaciones en el país centroamericano.
Cuando el conteo de votos mostró un empate técnico y el rival centrista, Salvador Nasralla, amenazaba con remontar, Trump volvió a las redes: “Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de su elección presidencial. Si lo hacen habrá un infierno que pagar”. No presentó evidencia alguna; pero el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Asfura el 24 de diciembre.
La congresista estadounidense de origen somalie, Ilhan Omar, y el representante de origen mexicano, Jesús García, denunciaron la injerencia como “Totalmente inaceptable” y advirtieron que la congresista republicana: María Elvira Salazar, llegó a respaldar “un golpe militar como en el 2009”. The Intercept, documentó que pandilleros de la MS-13, la misma organización que Trump había designado como terrorista, amenazaron de muerte a pobladores de barrios populares de San Pedro Sula y Tegucigalpa para que votarán por Asfura. Dijeron: “Si no siguen la orden, vamos a matar a sus familias, hasta sus perros”
Eso fue Honduras
En Chile, el embajador estadounidense Brandon Judd, un exjefe de la patrulla fronteriza sin experiencia diplomática, usó su primera conferencia de prensa para atacar al saliente presidente Gabriel Boric y declarar que: “con gobiernos ideológicamente alineados, será más fácil trabajar”. El canciller Alberto Van Klaveren aseguró que “las declaraciones […] son inapropiadas y son desafortunadas” y presentó una nota formal de protesta, señalando que tales palabras “representan una intervención en asuntos internos de nuestro país”. José Antonio Kast ganó la segunda vuelta en las presidenciales del país austral con el 58% de los votos. Trump celebró al día siguiente:
Hace unas horas me enteré de que en Chile la persona que yo respaldé, que no lideraba en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad.
Kast llegó al poder el 11 de marzo de 2026. Ese mismo día firmó seis decretos. El primero convierte a la migración irregular en delito. El segundo despliega militares con “facultades plenas para detener, reconducir y expulsar a cualquier extranjero que cruce ilegalmente”. El texto dice: “Nada de permisos, beneficios ni apelaciones eternas. No más ONG entorpeciendo expulsiones.” La noche de su victoria, Kats pronunciaba la frase que resume su programa: “Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia, y sin democracia no hay libertad.” Es el primer presidente pinochetista desde el regreso de la democracia. Hizo campaña por Pinochet en el plebiscito de 1988 y ha prometido no solo indultar a los condenados por crímenes de lesa humanidad, sino impulsar una Ley de Seguridad Integral y Control Fronterizo que dará más poderes a las Fuerzas Armadas y Carabineros en las zonas donde existen tensiones con indígenas mapuche desde 2021, y la Macrozona Norte por la presencia de grupos de narcotráfico.
El 5 de marzo de 2026, Pete Hegseth, Secretario de Guerra de los Estados Unidos, pronunció en la conferencia Anti cártel de las Américas, en el comando Sur de Doral, en la Florida, las palabras que deberían quitarnos el sueño:
Trump ha dibujado un nuevo mapa estratégico, de Groenlandia al Golfo de América y el Canal de Panamá. En el departamento de guerra lo llamamos la gran Norteamérica. Cada nación soberana al norte del Ecuador, de Groenlandia a Ecuador y de Alaska a Guyana, ya no es parte del sur global. Es nuestro perímetro inmediato de seguridad.
Dos días después, el 7 de marzo, en el Hotel National Doral, se celebró la cumbre “Escudo de las Américas”. Trump firmó un acuerdo de colaboración militar con doce mandatarios Latinoamericanos: Milei, Bukele, Noboa, el recién estrenado Kast, Santiago Peña de Paraguay, Luis Abinader de la República Dominicana, Kamla Persad-Bissessa de Trinidad y Tobago, Mohamed Irfaan Ali de Guyana, Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica, Rodrigo Paz Pereira de Bolivia y José Raúl Mulino de Honduras. Allí dijo:
Es un día histórico, nos hemos unido para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los cárteles criminales que plagan nuestra región.
Marco Rubio fue claro en el almuerzo: “Los países representados aquí, Los 12 líderes, son aliados. Pero son más que aliados: son amigos. Éstos son los países que siempre responden cuando hay una necesidad y trabajan con nosotros”. El mensaje del secretario de Guerra fue más directo: “La razón por la que esto es una conferencia de liderazgo militar y no de abogados es porque estas organizaciones sólo pueden ser derrotadas con poder militar.”
Ni Brasil, ni México ni Colombia fueron invitados. Trump lo dijo sin ningún pudor durante la cumbre: “Los carteles están dirigiendo México. No podemos permitirlo.” Hegseth trazó paralelos con la Segunda Guerra Mundial: “Esto es lo que hicimos en la Segunda Guerra Mundial. Lo llamamos la ‘defensa del cuarto de esfera’, y lo volveremos a hacer si nos tomamos en serio nuestra seguridad nacional y si priorizamos la geografía”. También les dijo a los líderes latinoamericanos asistentes que la región debe permanecer como “Naciones cristianas bajo dios” y mantenerse unida frente al “el narco-comunismo radical y la tiranía anarquista”.
Sobre Colombia, Trump desde el Air Force One, dijo “me suena bien una operación militar”, y aseguró: “Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no vas a seguir haciéndolo por mucho más tiempo”. Le quitó la visa a Gustavo Petro, y lo metió en la lista Clinton junto con su esposa, su hijo y el ministro del interior Armando Benedetti. El presidente Petro lo denunció en diciembre:
La presencia de mandatarios regionales en Estados Unidos tiene que ver con la decisión del gobierno de los Estados Unidos de entrar en las elecciones en Colombia.
El gobernador de Antioquía Andrés Julián Rendón viajó a la ciudad de Washington a reunirse con funcionarios de la Casa Blanca y congresistas norteamericanos en diciembre. Antes lo habían hecho los alcaldes locales de Medellín y Cali, Federico Gutiérrez y Alejandro Eder, respectivamente.
Pero la intromisión no solo llega desde Washington. También cruza por la frontera sur. El presidente Daniel Noboa convirtió al Ecuador en la plataforma operativa de los Estados Unidos contra Colombia. En diciembre de 2025, personal de la fuerza aérea estadounidense llegó con equipos a la base aérea de Manta, a 330 km de la frontera con Colombia. La embajada de los Estados Unidos lo presentó como una “Operación temporal” para “el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico”, a pesar de que los votantes ecuatorianos habían rechazado en referéndum la instalación de bases militares extranjeras. En enero del 2026 empezaron las explosiones en laboratorios de cocaína en los departamentos de Nariño y Putumayo, sur de Colombia.
La revista Proceso, reportó que funcionarios colombianos consideran en privado que se trata de ataques con drones estadounidenses que parten desde Manta. Petro advirtió a los campesinos cocaleros: “Sustituyan los cultivos antes de que nos calcinen con drones” Después aparecieron 27 cuerpos calcinados en la frontera. En marzo, una bomba MK-82 de 250 kilos, del mismo tipo usado en el bombardeo de Angostura contra Raúl Reyes en 2008, fue hallado aún sin explotar en un cultivo de hoja de coca en Putumayo, a pocos metros de la línea fronteriza. El comandante de la fuerza aeroespacial colombiana dijo que la bomba “no fue colocada deliberadamente” sino que “obedece a un efecto físico” porque no detonó y siguió su trayectoria. Petro respondió que los bombardeos “no parecen ser de los grupos armados, que no tienen aviones, ni mucho menos de la fuerza pública de Colombia.”
Ecuador ya es, de facto, laboratorio militar de los Estados Unidos en la frontera colombiana. Una oficina permanente del FBI opera en Quito, Washington entregó helicópteros Bell 505, y entrenó militares ecuatorianos bajo el plan Fénix. Además, el subsecretario de guerra Joseph Humire visitó Ecuador para “orientar los esfuerzos hacia la frontera norte con Colombia”. Luego, el ministro ecuatoriano del interior, John Reimberg, confirmó que se realizan “bombardeos” contra estructuras vinculadas al narcotráfico.
Y ahora Noboa entró de lleno en la campaña electoral colombiana. En una entrevista con la Revista Semama publicada el pasado 18 de abril de 2026, el presidente ecuatoriano nombró a sus candidatos favoritos: Paloma Valencia del Centro Democrático, y Abelardo de la Espriella, del movimiento de Defensores de la Patria. Dijo:
Tengo una buena relación con Paloma, con Abelardo. Creo que los dos tienen buenas intenciones. Al final respetaré la decisión de los colombianos y trabajaré de la mano con cualquier presidente de alguno de esos dos.
Sobre Iván Cepeda, el candidato del pacto histórico que lidera todas las encuestas, fue categórico:
Viene incluso con un discurso más ideológico y más cargado que el mismo Petro.
Noboa no se detuvo ahí. Insinuó que el presidente Petro se reunió con personas vinculadas al narcotraficante ecuatoriano Adolfo Macías Villamar, alías Fito, líder de los Choneros, durante una visita a Manta tras la posesión presidencial. Petro respondió que sólo viajó a Ecuador para asistir a la investidura, que fue el propio gobierno ecuatoriano el que dispuso la custodia militar, y anunció que demandaría penalmente a Noboa por calumnia.
En un mensaje a través de la red social X, Petro además acusó al mandatario ecuatoriano de apoyar el narcotráfico en Colombia. Publicó una foto de De la Espriella y escribió: «Éstos son los candidatos que dice Daniel Noboa, presidente del Ecuador, como si tuviera derecho a intervenir en la política de Colombia.” El presidente Petro también denunció que “Hay una orden de una oficina extranjera y de la oposición colombiana” contra él.
Los candidatos de la derecha ya respondieron el llamado. Paloma Valencia viajó a Ipiales con el expresidente Uribe, hasta el puente internacional de Rumichaca, y anunció: “El primer día, la primera llamada que voy a hacer, es al presidente Noboa. Y le voy a decir que aquí hay con quien compartir al narco terrorismo y que inmediatamente nos quite lo aranceles”. Al día siguiente, De la Espriella visitó la misma frontera y dijo lo mismo.
La guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador, escalada al 100% por ambos lados en abril del 2026, se convierte en la herramienta perfecta de presión: El electorado fronterizo de Nariño sufre el bloqueo comercial y los candidatos de derecha les ofrecen la solución inmediata: Alinearse con Noboa, que ya se alineó con Trump, y que firmó el acuerdo de Escudo de las Américas. La cadena está completa.
Presidente de Colombia Gustavo Petro – Foto: LISA News
Petro lo dijo desde Barcelona, en el panel “Democracia y civilizaciones”:
Nos sentimos rodeados. Lo han hecho así para que no se reconstituya el proyecto de la gran Colombia.
Hasta el momento, ningún candidato respaldado por Trump ha perdido una elección en América latina. En Argentina, Milei ganó las elecciones legislativas condicionadas por un rescate de 40,000 millones de dólares. En Bolivia, las elecciones presidenciales fueron ganadas por la derecha. En Ecuador, repitió Noboa. En Chile arrasó Kats. En Honduras se impuso Asfura. Y en Perú, estuvimos a punto de una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre dos candidatos de derecha.
El internacionalista Abelardo Rodríguez Sumano lo sintetizó: “Cuando Estados Unidos decide que va a intervenir, hay una gran cantidad de escalas: diplomática, económica, de aranceles, de intervención militar, de ejercicios de inteligencia. Tiene un abanico extraordinario.” El académico peruano Farid Kahhat fue más directo: “Trump básicamente extorsiona a los electores”
Colombia votará el próximo 31 de mayo
El 47% de la población de América latina va a las urnas este año: Además de Colombia, Brasil, Perú, Haiti y Costa Rica. Una línea ininterrumpida de gobiernos de derecha se extiende ya desde Ecuador a la Argentina. No quedan sino Colombia, Brasil y Uruguay. Si la derecha gana en Colombia, se consolidaría el giro continental. México quedaría sólo con Sheinbaum, cercada por todos los flancos, y Lula llega acorralado a las elecciones de octubre próximo.
Si el progresismo colombiano resiste. Si la herencia de los procesos populares que llevaron a Petro al poder logra producir un candidato capaz de ganar, no contra la derecha colombiana nada más, sino contra la Casa Blanca, contra Rubio, contra el Escudo de las Américas, contra Noboa y sus bombas y MK-82. Si Colombia vota en mayo y demuestra que la extorsión electoral de Trump tiene un límite. Si eso pasa, entonces Brasil y México respirarán y la doctrina de la gran Norteamérica se estrellará contra un electorado que no le tiene miedo.
Lo que viene para Colombia no es una elección más. Es una pregunta sobre si este continente va a tener permiso de elegir a sus gobernantes o si el mapa de Hegseth se convierte en la nueva frontera del decadente imperio gringo. Trump ya tiene su coalición militar, sus aliados y a Venezuela como un precedente. Así que, cada voto en las elecciones de mayo será un acto de soberanía o un acto de rendición: no hay puntos medios.
En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.
Women in Colombia play a major role in socio-environmental transformation processes. According to a survey conducted by the National Environmental Licensing Agency (ANLA) in June 2024, women accounted for over 42% of all those identifying as environmental defenders, yet little is known about the specific risks they face in safeguarding the planet.
A recent example of this lack of clarity is the public report presented in 2025 by the Attorney General’s Office, which states that between 2016 and 2024, 1,372 murders of human rights defenders were recorded, but does not specify who was killed for their work as an environmentalist. Marlén Arévalo, an environmental and human rights leader and representative on the National Guarantees Committee, speaks of the progress achieved so far but insists on the lack of differentiation:
The work we have done on the Guarantees Committee with my colleague, who is the women’s delegate, has been very, very interesting, and in terms of public policy, we at least managed to get the term ‘environmental defender’ included, because it wasn’t there before – they lump us all together.
The Public Prosecutor’s Office also reports that between 2016 and 2024, 14 women were murdered simply for being women and exercising social leadership: three of the cases are inactive, four are under preliminary investigation, four are at trial, and three more are in the sentence enforcement phase. And in the case of enforced disappearance, the Prosecutor’s Office reports that from 2016 to 2024 it has records of 40 cases under preliminary investigation, 14 at the investigation stage, 6 at trial and 4 in the enforcement of sentences, but does not provide disaggregated information on which of these involve women.
The Prosecutor’s Office, the institution responsible for investigating crimes and prosecuting criminal cases in Colombia, does not report disaggregated data on environmental leaders, nor does it distinguish between men and women who have been murdered or disappeared due to their environmental work; it also failed to respond to the formal request sent by the newspaper enquiring about this matter.
It is essential to understand the distinct risks faced by those who safeguard the planet’s ecosystems, due to pressure from both legal and illegal extractive multinationals, and that these ecosystems are, increasingly under greater pressure, and those leading socio-environmental movements resisting the voracity of mining and extensive monoculture have become their enemies, particularly in South America and the Caribbean. Environmentalists such as Marlén Arévalo comment on this:
Last June, I had the opportunity to participate in the final stages of drafting the public policy [for human rights defenders], as they had been working on it since around 2022–2023. … When I got there and started talking about environmental issues, curiously enough, the institutional representatives kept silencing me and saying: ‘No, that will be dealt with later’; ‘No, look, that won’t be addressed here’. Even fellow human rights defenders said: ‘A defender is a defender, and that’s that!’. And I would say: ‘What do you mean, a defender is a defender, and that’s it? This is the country where the most environmental defenders are murdered because of the extractive industry.’
Marlén is not wrong in her analysis. The organisation Global Witness states that between 2012 and 2024, 2,253 environmental defenders were murdered worldwide, and reports that 509 cases occurred in Colombia. The NGO, which specialises in reporting crimes against environmental defenders, also reports that in 2024, 146 people were murdered for defending their rights to their territories and to a clean, healthy and sustainable environment, 120 of them in Latin America. Almost a third of the murders took place in Colombia, where 48 people were killed for defending life, four of them women:
Evangelina Quiguanás Quebrada in Jambaló, Cauca;
Carmelina Yule Paví in Toribío, Cauca;
Ludivia Galíndez Jiménez in Florencia, Caquetá; and
Colombia is by far the most dangerous country to be a social leader. In the report on the Situation of Human Rights Defenders in Colombia by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, it was reported that between 2016 and 2025, 972 human rights defenders were murdered in Colombia: 112 women, 843 men and 17 LGBTI+ people.
Although this report does not distinguish whether the victims’ leadership was social and/or environmental, it does clarify that, in the case of women environmental leaders:
Attacks are often linked to socio-environmental conflicts and opposition to extractive projects.
Naming what the State does not see
A couple of hours from Tumaco, on the road to Pasto, lies the municipality of Ricaurte. In this part of the Andean foothills that connects to the Pacific, women make up a large part of the socio-environmental transformation processes, and their participation may be higher than the national average; in just two environmental organisations in the municipality, more than 90% of the members are women: Mujeres Recicla Ricaurte por la Paz and Guardabosques los Gualpantes.
These organisations, together with the Fundación Bitácora Ciudadana, as part of the “Sowing Peace and Resilience” project funded by the Ministry of the Interior’s Community Projects Bank, undertook to reflect on the threats they face as environmentalists and invited El Turbión to participate in a series of meetings with them to share these concerns. The findings are surprising, as they reveal that environmentalists face threats to their mental and physical well-being not only from armed groups, but also from society at large and from the climate crisis itself, given that they are on the front line of environmental action.
We are violent towards women who defend life
Women participating in the “Sowing Peace and Resilience” meetings – Photo: Ximena Dorado
When the women from the Mujeres Recicla Ricaurte association take to the streets or the village lanes to collect recyclable materials, they do not always receive recognition for the environmental work they do. Several of them said that, as well as collecting and walking long distances to then sort and compact the waste, they also have to put up with mockery or humiliating comments from some neighbours, as Pilar*, one of the women who recycles, explained:
There are people who, let’s say, treat us badly (…) who sometimes say: ‘Here come the bin women, here come the rubbish collectors.
At other times, the humiliation stems from the misconception that their work is paid for by the waste management company Ecoopar; due to this confusion, some people deliberately fail to separate organic waste from recyclables:
People always think we’re Ecoopar employees. That’s where the criticism comes from, and they often say: ‘No, it’s just that you’re paid to do that’.
Hurtful words and petty actions cause pain, but the women who have organised themselves to prevent the municipality’s rubbish from affecting the biodiversity of the Chocó biogeographic region or reaching the sea know the importance of the environmental work they do. And with the little money they earn by collecting, sorting and compacting the rubbish they gather from the streets and rural areas of the municipality, they now have greater financial autonomy, something vital in a region that offers few lawful alternatives for indigenous and rural women.
Other victims of poor environmental education are the women who are restoring the treeless pastures left behind by the coca and cattle economies. Some neighbours of the women who have brought water back to the streams and rivers do not believe they are doing this work for free; this is confirmed by Alexander*, a member of Los Gualpantes:
They confuse social and environmental work with money. Because we’re working on this issue here, they ask, ‘How much did they pay you to be here with the doctor on this project?’
This lack of understanding doesn’t always come from strangers. Both women’s organisations also face families telling them they’re wasting their time. This is what Sandra*, a participant and volunteer with Recicla Ricaurte por la Paz, said.
Well, in my family we did have some issues when we first started. Because, well, you could say this is a bit mad, couldn’t you? They did something crazy, I mean, you stop doing your work at home and go off to a job, as I mentioned, that isn’t paid.
And Lina* said the same thing in one of the workshops with the Bitácora Ciudadana Foundation; she is one of the women Forest Rangers and works as a nurse:
My friends, my workmates, have definitely said that to me. ‘What are you doing there, wasting your time?’
In the discussions among the women environmentalists, a spirit of solidarity emerged among colleagues, and the meetings also served to devise strategies and mitigate the impact on organisational processes caused by such disparagement. As one of the participants explains, one of the main ways to counter stigmatisation is to listen to one another:
Looking after our emotional wellbeing by sharing the unpleasant situation with our colleagues.
Spaces for mutual care – Photo: Andrés Gómez
This mutual support also strengthens the conviction that their work is meaningful, as Pilar* stated:
I believe the best thing we can do is to support one another within the organisation and also recognise the other leadership and conservation initiatives that are taking shape in the municipality,
Defending nature amidst illicit economies and violence
The environmental work of women’s organisations in Ricaurte takes place in an area of high biodiversity but one that is fraught with these risks; consequently, several of their activities—such as collecting recyclables in villages or restoring degraded areas—involve travelling along rural roads where illicit economies, legal and illegal armed groups, and even anti-personnel mines or unexploded ordnance are also present.
In some cases, the forest rangers’ trails pass close to plots of land where illicit crops are grown. For this reason, Clara*, a member of the Gualpantes and one of the participants in the meetings, explains that this proximity has created tensions with those who control these areas:
Near the reserve’s land, there are people growing illicit crops. So, as some of our trails pass close to those places, there has indeed been a certain amount of friction.
Coca fields in Nariño – Photo: Andrés Gómez
Travelling through the territory also means moving through areas where risks associated with the armed conflict persist. Given this, during collection or ecological restoration days, the women know they may encounter fighting, anti-personnel mines or unexploded ordnance. Pilar*, from Recicla Ricaurte, is aware of this danger:
When collecting or travelling through the territories, we are always faced with that risk when there are clashes or anti-personnel mines. You always have to be careful.
On occasions, they even receive direct warnings not to enter certain places. When that happens, they must temporarily abandon their environmental activities, as Pilar* explains:
There have been situations where we are sometimes warned; they tell us we cannot enter that area, we cannot carry out that recovery work in certain areas, so we have to stop, we have to try not to carry out that recovery work in those places.
Workshops on anti-personnel mines or unexploded ordnance – Photo: Andrés Gómez
The armed conflict also leads to the recruitment of children and adolescents, and in departments such as Nariño, Cauca, Antioquia and Catatumbo, the OHCHR office verified at least 150 cases of recruitment in 2025: 98 boys and 52 girls; however, this figure represents only a small fraction of this crime, due to the fear of reporting it.
One of the methods used with girls and adolescents is to make them fall in love. In the same report, OHCHR states that members of armed groups systematically flirt with underage girls in community spaces and then manipulate them with promises of protection or financial support; however, once recruited, they face isolation, forced relocation, sexual coercion and the imposition of care or logistical tasks. These situations are not unrelated to the risks faced by the women’s organisations of ‘Sembrando paz y resiliencia’; Clara does not hesitate to confirm this:
Many of the people involved in the organisation, or those of us who work here, are women, and sometimes it happens that these men start to harass or make advances towards the girls, with comments that are sometimes suggestive about our physical appearance, and that makes us feel very uncomfortable.
The report by the OHCHR on the Situation of Human Rights Defenders in Colombia (2022–2025) also makes clear that this violence affects not only the women, girls and adolescents who suffer it, but also the communities:
For women from Indigenous Peoples and Afro-descendant communities, gender-based violence is also embedded in contexts of structural racism and territorial dispossession, affecting not only those directly targeted, but also the collective dynamics of care, governance and cultural transmission.
In light of the risks posed by the armed conflict, organisations have taken security measures to reduce risks during patrols, and one of the main rules is to avoid travelling alone, as Milena, another member of the Gualpantes*, explains:
When we go on rounds, and well, sometimes there are different groups on our land, so if we’re going on a round, we do it with someone else.
They have also learnt to travel only along familiar routes, and when information circulates about possible fighting or the presence of explosive devices, they suspend all recycling activities, as Pilar explains: “When there are warnings about cylinder bombs or the like, we try not to go near them.”
The climate crisis also threatens those restoring the land
Los Gualpantes Forest Reserve – Photo: Andrés Gómez
Heavy and prolonged rainfall has increased the risk of landslides, mudslides and flooding in the municipality, affecting both ecosystems and the safety of those walking in the mountains and on the municipality’s roads.
“In the reserve we have two streams. That’s one of the main risks we face because, well, the streams swell… the reserve has a bridge and that’s a very serious risk… it affected part of our facilities… washing away the bridge we use to access the area,” said Clara*.
During the recyclable collection days, the women of Recicla Ricaurte also face risks associated with high temperatures, extreme rainfall or flash floods that make it difficult for them to move around the area, and for this reason Pilar explains that they do not go out to collect materials when the rain is heavy:
We try to ensure that when there are landslides, when there is heavy rain, we don’t go out on those rounds; or when there are avalanches and the roads are blocked, well, no, we suspend operations too
The women forest rangers, however, face risks associated with deforestation and pollution that are rarely discussed, and which affect their ecological project. One is pollution:
Illegal crops use a lot of chemicals… All those chemicals from the top of the mountain run down to the lower part of the reserve, and in the reserve we grow fodder for the animals. That’s a risk due to contamination from all the spraying, because we consume the water; it’s a very high risk.
Another risk is the presence of big cats driven into the reserve, which poses an additional risk during monitoring or ecological restoration activities, as Clara explains
Well, we have a puma in the area… that’s been, well, let’s say in our area it’s dangerous, isn’t it?… we’ve seen cows killed… and as we’re in the reserve, children go there, young people go there, adults go there, they go on walks and well, that can be dangerous for us.
Environmentalists have also developed preventive measures against extreme weather events that affect their patrols and conservation areas.
We try to ensure that when there are landslides, when there is heavy rain, we don’t go out on those patrols; or when there are avalanches and the paths are blocked, well, no, the association’s activities are also suspended.
However, constant monitoring of the area is the way to anticipate environmental risks.
As we are always carrying out patrols and involved in ecological restoration processes, we monitor the condition of these tributaries; if there has been a landslide or something similar, we are effectively preventing such situations ourselves.
Without data on women defenders, there is no prevention
Taking care of oneself to take care of others – Photo: Andrés Gómez
Mujeres Recicla Ricaurte por la Paz and the Los Gualpantes Nature Reserve demonstrate that women-led environmental organisations face risks stemming from armed conflict, stigmatisation and the climate crisis, but also that by sharing experiences, they collectively build forms of care that enable them to continue defending the territory and sustaining their environmental initiatives in the municipality.
This is no small feat, especially in a region where violence, environmental degradation and the climate crisis overlap. But as long as the state fails to produce clear information on who is defending the environment, what risks they face and how these risks differ among defenders—men, women and LGBTIQ+ people—prevention will remain inadequate.
The women who are restoring forests, rehabilitating rivers and preventing waste from reaching the sea are already naming these forms of violence and building their own care strategies. What is still missing is for the state to listen to them, recognise their knowledge and take action. One tool that could incorporate their insights to influence everyday life is the Escazú Agreement, but a year after Colombia signed it, it has still not been incorporated into the institutional framework, and for women defenders, there must be no delay, as Marlene Arévalo demands:
So, for us it is essential – and it was essential – that the Escazú Agreement be ratified and implemented here in Colombia. But as of today, look, it’s been over a year and nothing has been done with the Escazú Agreement.
Marlene’s demand is only fair. The 2016–2025 report on the Situation of Human Rights Defenders in Colombia, produced by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, reveals a terrifying figure. Almost 100 people have died every year over the last nine years; and for this reason, it recommended putting into practice the institutional network for the protection of defenders of the right to the environment and furthering the implementation of the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean: the Escazú Agreement.
In recognition of El Turbión’s commitment to integrity and excellence in journalism, the outlet has obtained the Certification of the Journalism Trust Initiative, promoted by Reporters Without Borders under the international standard CEN CWA 17493:2019.
Ignora el preso de qué lado se inclina la balanza, pero es tanto la tardanza que yo les digo por mí: el hombre que entra allí, deja afuera la esperanza.
Filosofía de un Confinado, Bobby Valentín va a la Cárcel (Vol. 2), 1975
Por: C. TRaven
Camila Botero nació en Medellín y se crió en Pereira, en una zona rural a la que su familia llegó cuando ella tenía doce años. Pereira es un espacio intermedio con historia de organización obrera y sindical que Camila conoció desde la infancia, cuando su madre la llevaba a plantones de trabajadoras en huelga en una fábrica de Dosquebradas. Esa experiencia temprana no la convirtió en militante: la militancia vendría después, por otras rutas, pero sí depositó en ella una disposición a interrogar el orden de las cosas antes de aceptarlo.
Su trayectoria escolar muestra la tensión característica de los sectores populares con capital cultural pero sin respaldo institucional. Era buena estudiante y al mismo tiempo, según sus propias palabras, ‘ponía muchos problemas por todo’. En la infancia quiso ser química, después de leer la biografía de Marie Curie. Un deseo que no se sostuvo en el campo científico colombiano que no ofrece a las mujeres de su posición social las condiciones para que persista, para que se convierta en trayectoria real.
Lo que vino después: seis años de militancia en el Ejército de Liberación Nacional, en un equipo de comunicación en el Chocó. Puede leerse como la prolongación de esa misma disposición, re encauzada hacia el campo político: la misma curiosidad, el mismo rechazo de las categorías heredadas, el mismo impulso hacia lo que ella llama “explorar lo diferente”. En mayo de 2022, Camila fue capturada en Pereira. Tenía veintiocho años.
La operación desplegada tuvo helicópteros, decenas de uniformados, allanamiento de la vivienda materna. No era un procedimiento policial ordinario, era una puesta en escena del poder estatal, diseñada para neutralizar al individuo y producir efectos de sentido en el entorno social. Fue imputada por el delito de rebelión y permaneció privada de la libertad durante cuarenta y dos meses en la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá.
Lo que sigue es parte de su relato, producido en una entrevista para el podcast Kja Xonora, y su sección: ‘Duendialogando’ conducida por Gustavo Gómez.
El momento exacto
— Mila: (…) sí sabía que me estaban buscando, que estaba individualizada ya por la policía. Porque se me quedaron los papeles en un operativo, pues… la cédula y eso…
—Gustavo Gómez: Individualizada es… ¿que ya te estaban haciendo el seguimiento?
— Mila: ¡Ajá!, pero realmente no pensé que me fueran a capturar. Ya las personas con las que milité, los mandos, los habían matado. Entonces yo estaba ya como… sin saber qué hacer. Y me fui para la casa de mi mamá y la casa de mi mamá estaba vigilada. (…) Estaba acompañando a mi primita que se iba a cambiar de ropa. Y… como por abajo de mi casa, por ahí llegó un montón de gente, y por arriba con helicópteros, pues gente enfusilada.
—Gustavo Gómez: ¿Helicópteros y todo?
— Mila: Sí, muy armados, subían pues como por la loma de mi casa, mucha gente.
La muerte de los mandos, la soledad que sobreviene, el refugio en la casa materna que resulta ser una trampa: la secuencia no es accidental ni biográficamente particular. Es la lógica del campo policial-militar operando sobre una trayectoria individual con la eficiencia de quien conoce los mapas del afecto y del territorio.
El hogar materno, ese espacio que condensa la protección simbólica más básica, se convierte en el punto exacto donde la persecución se cierra. Hay en eso una violencia que va más allá del procedimiento jurídico: el Estado llega precisamente por donde el cuerpo busca refugio.
Lo que sustrae el encierro
Cuando Gustavo Gómez pregunta qué le quitó la cárcel, Camila no menciona el tiempo perdido ni la libertad de movimiento en abstracto. La respuesta va a algo más preciso:
—Mila: Lo que yo sentía que me estaban quitando era la autonomía, decidir sobre eso… yo estaba en mi casa muchos días porque quería estar ahí, no porque me obligaran. Entonces pierdes toda la autonomía, toda la posibilidad de decidir a qué hora te despiertas, qué comes, si quieres desayunar hoy o no… a quién quieres abrazar.
La distinción que Camila establece —entre permanecer en casa por elección y permanecer en una celda por obligación— tiene una precisión filosófica que ningún vocabulario técnico hubiera expresado mejor. Lo que el encierro sustrae no es el movimiento sino la condición de agente: la capacidad de producir las propias prácticas desde un lugar reconocible como propio. La indeterminación temporal que describe: ‘no saber cuándo va a salir’ – agrava ese despojo: sin horizonte, las decisiones cotidianas pierden el sentido que les da la continuidad.
El cuerpo sigue actuando, pero la acción ha quedado desconectada de cualquier proyecto.
La forma contemporánea del castigo
Camila aborda el tema de la tortura con una cautela que es en sí misma informativa. Sabe que la palabra puede ser impugnada, que hay escalas de credibilidad que el campo mediático y judicial asignan de manera diferencial a quienes la pronuncian según su posición. Por eso la introduce con matices y la ancla en lo que puede describir con certeza:
— prohibieron que castigaran a la gente como de forma individual en esas jaulas, pues sí, en esas celdas que se llamaban UTE, que eran como en sótanos oscuros, eso lo prohibieron, pero entonces ya lo que hacen es castigos colectivos. Entonces, por ejemplo, si se están portando mal, entre comillas, en un patio, como que castigan a todo el patio con un operativo o trasladan personas de ese patio.
El desplazamiento de la sanción individual hacia el castigo colectivo no es una suavización del régimen penitenciario: es su sofisticación. Es más eficiente, menos visible, y más difícil de impugnar jurídicamente. Al hacer recaer la consecuencia sobre el grupo, el sistema convierte a cada presa en reguladora del comportamiento de las demás, sin que ninguna autoridad tenga que ejercer una coacción directa y verificable.
La amenaza distribuida reemplaza a la amenaza localizada, y produce una forma de sometimiento más difícil de documentar y, por tanto, de resistir.
Hay un punto en la conversación en que Camila abandona el registro político y habla desde la percepción corporal directa. No describe la tristeza como un estado de ánimo ni como una reacción a eventos específicos:
— Mila: En la cárcel (la tristeza) es como… todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces yo también decía, no es que una no sienta tristeza, o que no la sepa pilotear, sino que debe hacer algo como en el cuerpo… existir en tristeza todo el tiempo.
— Gustavo Gómez: Constante.
— Mila: Si …, ¡eso debe dañar algo!.
La tristeza que Camila describe no es subjetiva en el sentido de ser variable o contingente: es el resultado previsible de la privación sistemática de las condiciones mínimas de la vida social. «Existir en tristeza todo el tiempo» es una formulación que capta algo que el lenguaje clínico tiende a psicologizar y el lenguaje político tiende a heroizar.
Camila no hace ninguna de las dos cosas: registra un daño corporal con la misma sobriedad con que antes describió la mecánica del castigo colectivo. Y frente a ese daño, lo que encontró no fue redención sino recursos: la lectura, la amistad, la radio clandestina, la colectiva El Mal Rebaño. Recursos que ella misma distingue de cualquier narrativa consoladora: son herramientas para seguir, y para que lo que vivió tenga algún uso político fuera de los muros.
— La cárcel me dio la Kja Xonora, que es increíble, pero también un montón de amigas allá, que son seres hermosos, increíbles, brutales, un montón de experiencias, y me dio la posibilidad de leer como un hijueputa, me dio la posibilidad de estudiar (…) como de ver el mundo desde otro lugar, como situarme en otro espacio en el que no había estado, y que es muy difícil, pero existe, y la gente lo tiene que padecer. Entonces, como ya entrados en gastos, bueno, vamos a sacarle esto, y lo chimba que es poder… experimentar también, como sentir lo que la gente sufre, parce, para decir: cómo, esto no puede pasar, o existir.
Hacia la comprensión
El relato de Camila Botero resulta incómodo para las dos lecturas disponibles que la sociedad colombiana suele aplicar a quienes estuvieron presos por delitos políticos: la que los convierte en héroes y la que los trata como enemigos merecedores del castigo que recibieron.
Ambas lecturas son formas de clausura: la primera cancela el análisis detrás de la admiración; la segunda lo cancela detrás del juicio moral.
Lo que el relato de Camila exige, si uno acepta seguirlo hasta el final (disponible en KjaXonora Radio Web), es algo más difícil: entender cómo una trayectoria particular: hija de una familia trabajadora de Pereira, lectora desde la infancia, curiosa de vocación, comunicadora por elección, llegó a ese punto de la estructura social donde el Estado aplica lo que ella misma llama el derecho penal del enemigo: la suspensión de las garantías ordinarias para quienes han sido clasificados como amenaza al orden constitucional.
Esa clasificación no es neutra ni universal. Recae de manera sistemática sobre quienes, desde posiciones sociales específicas, deciden nombrar las contradicciones del orden establecido y negarles la legitimidad que ese orden reclama para sí.
La cárcel, en este registro, no es el resultado de una culpa individual: es el instrumento con que una estructura social particular gestiona la disidencia de quienes no tienen acceso a los mecanismos institucionales de impugnación.
las relaciones humanas no deben ser a través del castigo
Camila sale de la cárcel sin pedir comprensión. Quiere estudiar, sistematizar lo que vivió, escribirlo. Y quiere, sobre todo, que «estos lugares no existan». No es un deseo abstracto: es el programa político de alguien que conoce desde adentro el mecanismo que pretende desmantelar. Ese es, posiblemente, el capital más durable que el encierro no pudo quitarle.
— Mila: Bueno, ya, pero me siento mejor, Sí, ya respiré…
— Gustavo Gómez :Le tocamos las fibritas a Milita, ahí van viendo que es que ella también se tiene su corazón y su sentimiento (…) Vamos a continuar con esta charla, que no es con cualquiera tampoco, porque es que la Milita es un personaje de esos que yo quería tener en mi sección, y es la primera que estrena, esto en vivo, y no va a ser la última.
— Gustavo Gómez : Milita, ¿crees que algo cambió tu manera de pensar después de estar encanada?
— Mila: Parce de todo, todo. Yo, a pesar de que militaba en una organización revolucionaria, pues como que no prestaba mucha atención al tema, al asunto de las personas privadas de la libertad, y en general de la privación de la libertad, marica. Y esta experiencia para mí cambió toda la forma como de.., incluso de concebir las relaciones humanas no deben ser a través del castigo, ni de la culpa, ni del control y la vigilancia.
O sea que… parce, siempre hay que procurar la libertad de las otras personas que te rodean. Eso me cambió completamente, y que no deben existir las prisiones porque son lugares horribles.
En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.
Las mujeres en Colombia componen en gran parte los procesos de transformación socioambiental. De acuerdo con una encuesta hecha por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en junio de 2024, las mujeres representaban más del 42% del total de personas que se identifican como defensores en asuntos ambientales, pero poco se sabe de los riesgos diferenciados que enfrentan al cuidar la vida del planeta.
Un ejemplo reciente de falta de claridad es el informe público presentado en 2025 por la Fiscalía General de la Nación donde aclara que entre 2016 y 2024 registró 1.372 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, pero no discrimina quienes fueron asesinados por sus labores como ambientalista. Marlén Arévalo, líder ambiental y de derechos humanos, y representante a la Mesa Nacional de Garantías, habla de la incidencia que hasta ahora se ha logrado pero insiste en la falta de diferenciación:
La labor que hemos hecho en la mesa de garantías con mi compañera que es la delegada de mujeres, ha sido una cosa bien bien interesante, y en la política pública pues logramos por lo menos que se colocara la palabra defensor ambiental, porque no estaba, porque nos meten a todos en el mismo canasto.
La Fiscalía también reporta que desde el año 2016 al 2024, fueron asesinadas 14 mujeres por ser mujeres y ejercer liderazgo social: tres de los casos se encuentran inactivos, 4 en indagación, 4 en juicio y 3 más en ejecución de penas. Y en el caso de la desaparición forzada, la Fiscalía informa que del año 2016 al 2024 tiene registros de 40 casos en indagación, 14 en etapa de investigación, 6 en juicio y 4 en ejecución de penas, pero no ofrece información discriminada de quienes son mujeres.
La Fiscalía, institución que investiga delitos y ejerce la acción penal pública en Colombia, no reporta información diferenciada sobre liderazgos ambientalistas y menos la diferencia entre hombres y mujeres asesinadas o desaparecidas por su labor ambiental, tampoco respondió el derecho de petición que le envió el periódico preguntando sobre este tema.
Es necesario saber los riegos diferenciados que asumen las personas que cuidan la vida del planeta, debido a la presión de multinacionales extractivistas legales e ilegales, y que los ecosistemas están, cada vez, bajo más presión, y quienes lideran procesos socioambientales que resisten a la voracidad de la minería y los monocultivos extensivos, se han convertido en sus enemigos, especialmente en Sur América y el Caribe, ambientalistas como Marlén Arévalo, comentan sobre ésto:
Tuve la posibilidad en junio del año pasado de participar en la parte final de la construcción de la política pública [para defensores y defensoras de derechos humanos] porque llevaban más o menos construyéndola desde el 2022-2023. … Cuando yo llego allí y empiezo a hablar del tema ambiental, mira que curiosamente desde la institucionalidad todo el tiempo me callaban y me decían:‘No, es que eso se va a ver más adelante’; ‘No, mira, es que eso no se trabajará acá’. Inclusive compañeros defensores de derechos humanos lo que dijeron es que: ‘¡defensor es defensor, y ya!’. Y yo decía: ¿cómo así que defensor es defensor y ya? Si es el país en donde más asesina defensores ambientales por cuenta de la industria extractiva.
Marlén no se equivoca en su análisis. La organización Global Witness, expone que entre 2012 y 2024 han sido asesinadas 2.253 personas defensoras ambientales en el mundo, e informa que 509 casos ocurrieron en Colombia. La ONG especializada en reportar crímenes a defensores ambientales, también reporta que en 2024 fueron asesinadas 146 personas por defender sus derechos a sus territorios y a un ambiente limpio, sano y sostenible, 120 de ellas en Latinoamérica. Casi un tercio de los homicidios se perpetraron en Colombia, donde a 48 personas les quitaron la vida por defender la vida, 4 de ellas mujeres:
Colombia es de lejos el país más peligroso para ser líder social. En el informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reportó que entre 2016 y 2025, asesinaron en Colombia a 972 personas defensoras de derechos humanos: 112 mujeres, 843 hombres y 17 personas LGTBI+.
Fuente: OACNUDH
Este informe, aunque no discrimina si el liderazgo de las víctimas era social y/o ambiental, si aclara que, en el caso de las lideresas ambientales:
Las agresiones suelen estar vinculadas a conflictos socioambientales y a la oposición frente a proyectos extractivos.
Nombrar lo que el Estado no ve
A un par de horas de Tumaco, en la vía que comunica con Pasto, está ubicado el municipio de Ricaurte, y en este lugar del piedemonte andino que conecta con el pacífico, son mujeres las que componen gran parte los procesos de transformación socioambiental y podría ser mayor su participación a la media nacional, solo en dos organizaciones ambientalistas del municipio más del 90% de sus integrantes son mujeres: Mujeres Recicla Ricaurte por la Paz y Guardabosques los Gualpantes.
Estas organizaciones, junto con la Fundación Bitácora Ciudadana, en el marco del proyecto “Sembrando paz y resiliencia” financiado por el Banco de proyectos para las comunidades del Ministerio del Interior, asumieron reflexionar sobre las amenazas que enfrentan como ambientalistas e invitaron a El Turbión a participar de una serie de encuentros con ellas para compartirlas. Los hallazgos sorprenden, porque reflejan que las personas ambientalistas enfrentan amenazas a su integridad mental y física no solo por parte de los actores armados, sino de la sociedad en general y propias de las crisis climática, al ser la primera línea de acción ambiental.
Somos violentos con las mujeres que defienden la vida
Mujeres articipantes de los encuentros “Sembrando paz y resiliencia” – Foto: Ximena Dorado
Cuando las mujeres de la asociación Mujeres Recicla Ricaurte salen a las calles o a las veredas del municipio a recuperar materiales reciclables, no siempre reciben reconocimiento por el trabajo ambiental que realizan. Varias de ellas contaron que, además de recolectar y recorrer largas distancias para luego separar y compactar, también deben soportar burlas o comentarios humillantes de algunos vecinos, así lo comentó Pilar*, una de las mujeres que recicla:
Hay personas que digamos que nos nos tratan mal (…) que dicen a veces: «Ahí vienen las basureras, vienen las recoge basura.
Otras veces la humillación está ligada a la idea de que su trabajo es remunerado por la empresa de gestión de residuos Ecoopar, ante la confusión, algunas personas no separan los orgánicos de los materiales reciclables a propósito:
Siempre las personas piensan que nosotras somos unas empleadas de Ecoopar. Entonces desde ahí ha venido como esa crítica y muchas veces dicen: ‘No, es que ustedes para eso les pagan’.
Las palabras humillantes y las acciones mezquinas lastiman, pero las mujeres que se han organizado para evitar que la basura del municipio afecte la biodiversidad del chocó biogeográfico o alcance el mar, saben de la importancia del trabajo ambiental que hacen, y con el poco dinero que ganan recolectando, separando y comprimiendo la basura que recolectan en las calles y áreas rurales del municipio, hoy tienen más autonomía financiera, algo vital en un territorio que ofrece pocas alternativas lícitas para las mujeres indígenas y campesinas.
Otras personas víctimas de la baja educación ambiental son las mujeres que restauran los potreros sin árboles que han dejado economías de la coca y el ganado. Algunos vecinos de las mujeres que han traído de vuelta agua a los cauces de quebradas y ríos no les creen que hagan las cosas sin ánimo de lucro, así lo afirma Alexander*, miembro de Los Gualpantes:
Confunden el trabajo social, ambiental con la parte de dinero. El hecho de estar nosotros trabajando en este tema que estamos aquí, le dicen, ‘¿Cuánto le dieron a ustedes por estar con la doctora aquí en este proyecto?’
La incomprensión no siempre proviene de desconocidos. Ambas organizaciones de mujeres también enfrentan que las familias les digan que pierden el tiempo. Así lo aseguró Sandra*, participante y voluntaria de Recicla Ricaurte por la Paz.
Pues en en la en mi familia prácticamente sí tuvimos inconvenientes cuando recién iniciamos. Porque pues se puede decir esto es como una locura, ¿no? Hicieron algo loco, o sea, tú dejas de hacer tu trabajo en tu casa y te vas a a un trabajo, como lo mencionaba, que no es remunerado.
Y lo mismo relató Lina* en uno de los talleres con la Fundación Bitácora Ciudadana, una de las mujeres Guardabosque que es enfermera:
Mis amistades, mis compañeras de trabajo sí me lo han dicho. Que es lo que haces allá metida perdiendo el tiempo, vos.
En los diálogos entre las mujeres ambientalistas, surgió el respaldo solidario entre compañeras, y los encuentros sirvieron además para diseñar estrategias y mitigar la afectación en los procesos organizativos que la descalificación provoca, como lo explica una de las participantes, una de las principales acciones de mitigación frente a la estigmatización es escucharse:
Cuidar nuestra salud emocional compartiendo con nuestras compañeras la situación desagradable.
Espacios de cuidado mutuo – Foto: Andrés Gómez
Ese respaldo mutuo también fortalece la convicción de que su trabajo tiene sentido, así lo afirmó Pilar*:
Creo que lo mejor que podemos hacer es apoyarnos entre las compañeras de la organización y también reconocer las otras iniciativas de liderazgo y de conservación que se están desarrollando en el municipio,
Defender la naturaleza en medio de economías ilícitas y violencia
El trabajo ambiental de las organizaciones de mujeres en Ricaurte ocurre en un territorio con alta biodiversidad pero que está atravesado por estos riesgos, por lo que varias de sus actividades como recoger reciclables en veredas o restaurar zonas degradadas, implican recorrer caminos rurales donde también están presentes economías ilícitas, actores armados legales e ilegales, e incluso minas antipersonal o municiones sin explotar.
En algunos casos, los senderos de las guardabosques pasan cerca de predios donde existen cultivos de uso ilícito. Por ello Clara*, miembro de las Gualpantes y una de las participantes de los encuentros, explica que esa cercanía ha generado tensiones con quienes controlan esos espacios:
Cerca de los predios de la reserva hay personas que tienen cultivos ilícitos. Entonces, como algunos de nuestros senderos pasan cerca de esos lugares, sí ha habido como un cierto choque.
Cocales en Nariño – Foto: Andrés Gómez
Recorrer el territorio también significa moverse en zonas donde persisten riesgos asociados al conflicto armado. Ante esto, durante las jornadas de recolección o restauración ecológica, las mujeres saben que pueden encontrarse con combates, minas antipersonal o artefactos sin detonar. Pilar*, de Recicla Ricaurte, sabe de ese peligro:
Al hacer recolección o recorrer los territorios, siempre estamos enfrentadas a ese riesgo cuando hay enfrentamientos o minas antipersona. Siempre hay que tener cuidado.
En ocasiones, incluso reciben advertencias directas para no ingresar a determinados lugares. Cuando eso ocurre, deben abandonar temporalmente sus actividades ambientales, así lo afirma Pilar*:
Se han presentado situaciones donde a veces nos advierten, dicen nos dicen que pues a esa zona no podemos ingresar, no podemos hacer esa recuperación en ciertas zonas, entonces nos toca dejar, nos toca tratar de no hacer esa recuperación en esos lugares.
Talleres sobre minas antipersonal o artefactos sin detonar – Foto: Andrés Gómez
El conflicto armado también ocasiona el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y en departamentos como Nariño, Cauca, Antioquia y el Catatumbo, la oficina del ACNUDH verificó en 2025 al menos 150 casos de reclutamiento: 98 niños y 52 niñas, pero la cifra representa solo una pequeña parte de este crimen, debido al miedo a denunciar.
Uno de los modos empleados con las niñas y adolescentes es el enamoramiento. En el mismo informe, OACNUDH expone que sistemáticamente, integrantes de grupos armados coquetean en espacios comunitarios con las menores de edad para luego manipularlas con promesas de protección o apoyo económico, pero una vez reclutadas, enfrentan aislamiento, traslado forzado, coerción sexual y la imposición de tareas de cuidado o logísticas. Estas situaciones no son ajenas a los riesgos que enfrentan las organizaciones de mujeres de “Sembrando paz y resiliencia”, Clara no duda en ratificarlo:
Muchas de de las personas o de los participantes de la organización o de los que trabajamos somos mujeres y en ocasiones se presenta de que pues esas personas empiezan como a molestar o a querer pretender a las niñas, con comentarios, a veces alusivos a nuestra parte física, y eso que nosotros no nos podemos ir cómodas.
El informe realizado por la OACNUDH sobre la Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia (2022-2025), también aclara que estas violencias no solo afectan a las mujeres, niñas y adolescentes que las sufren, sino a las comunidades:
Para las mujeres de Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes, las violencias de género se inscriben además en contextos de racismo estructural y despojo territorial, afectando no solo a las personas directamente atacadas, sino también las dinámicas colectivas de cuidado, gobernanza y transmisión de la cultura.
Ante los riesgos que trae el conflicto armado, las organizaciones han tomado medidas de seguridad para reducir riesgos durante los recorridos, y una de las reglas principales es evitar desplazarse solas, así lo expresa Milena, otra miembro de los Gualpantes*:
Cuando realizamos recorridos y pues en ocasiones como hay presencia de diferentes grupos en nuestros predios y si vamos a hacer un recorrido, pues lo hacemos acompañados.
También han aprendido a moverse únicamente por rutas conocidas y cuando circula información sobre posibles combates o presencia de artefactos explosivos suspenden toda actividad de reciclaje, así lo cuenta Pilar: “Cuando hay alertas de que hay cilindros bomba o esto, tratamos de no acercarnos”.
La crisis climática también amenazan a quienes restauran el territorio
Reserva forestal Los Gualpantes – Foto: Andrés Gómez
Las lluvias intensas y prolongadas han incrementado los riesgos de deslizamientos, avalanchas e inundaciones en el municipio, lo que afecta tanto los ecosistemas como la seguridad de quienes realizan recorridos en las montañas y en las vías del municipio.
En la reserva tenemos dos quebradas. Esa es una de las principales como riesgos que tenemos porque eh se crecen las quebradas… la reserva tiene un puente y pues eso es muy es un riesgo gravísimo… nos afectó parte de nuestras instalaciones… llevándose el puente por el cual nosotros accedemos.» Afirmó Clara*.
Durante las jornadas de recolección de reciclables, las mujeres de Recicla Ricaurte también enfrentan riesgos asociados a altas temperaturas, lluvias extremas o crecientes súbitas que dificultan sus desplazamientos por el territorio, y por ello Pilar explica que no salen a recuperar materiales cuando las lluvias son intensas:
Tratamos de que cuando hay deslizamientos, cuando hay lluvias fuertes, entonces no no se salga a hacer esos recorridos o cuando hay pues avalanchas y esto eh están taponadas las vías, pues no, también se suspende
Las mujeres Guardabosques, sin embargo, enfrentan riesgos asociados a la deforestación y la contaminación que poco se hablan, y que afectan su proyecto ecológico. Uno es la contaminación:
los cultivos ilícitos se utilizan muchos químicos… Todos esos químicos que están en lo alto de la montaña bajan hacia la parte baja de la reserva y en la reserva se siembran forrajes que estos son utilizados para los animalitos. Eso es un riesgo por la contaminación de toda las fumigadas porque consumimos el agua, es un riesgo bien alto.
Otro riesgo es la presencia de grandes felinos empujados hacia la reserva, lo que representa un riesgo adicional durante las actividades de monitoreo o restauración ecológica, como lo afirma Clara
Eh, tenemos la presencia de un puma… eso ha sido, pues digamos en nuestras zona es peligroso, ¿no?… hemos presenciado muertes de vacas… y como estamos en la reserva, van niños, van jóvenes, van adultos, hacen recorrido y pues eso puede ser peligroso para nosotros.
Las ambientalistas también han desarrollado medidas de prevención frente a eventos climáticos extremos que afectan sus recorridos y las zonas de conservación.
Tratamos de que cuando hay deslizamientos, cuando hay lluvias fuertes, entonces no se salga a hacer esos recorridos o cuando hay avalanchas y están taponadas las vías, pues no, también se suspende lo que hace la asociación.
Sin embargo, es el monitoreo permanente del territorio la forma de anticipar riesgos ambientales.
Nosotros como estamos siempre haciendo los recorridos y estamos en los procesos de restauración ecológica, pues hacemos como un monitoreo de cómo están esos afluentes, de que si se ha presentado algún deslizamiento o algo, entonces estamos nosotros mismos previniendo esas situaciones.
Sin datos sobre las defensoras no hay prevención
Cuidarse para cuidar – Foto: Andrés Gómez
Mujeres Recicla Ricaurte por la Paz y la Reserva Natural Los Gualpantes muestran que las organizaciones ambientalistas lideradas por mujeres enfrentan riesgos derivados del conflicto armado, estigmatización, crisis climática, pero también que intercambiando experiencias se construye de forma comunitaria formas de cuidado que les permiten continuar defendiendo el territorio y sostener sus procesos ambientales en el municipio.
Lo que no es poco, especialmente en un territorio donde la violencia, la degradación ambiental y la crisis climática se superponen. Pero mientras el Estado no produzca información clara sobre quiénes defienden el ambiente, qué riesgos enfrentan y cómo se diferencian esos riesgos entre las personas defensoras: hombres, mujeres, Lgbtiq+, la prevención seguirá siendo insuficiente.
Las mujeres que restauran bosques, recuperan ríos y evitan que los residuos lleguen al mar ya están nombrando esas violencias y construyendo sus propias estrategias de cuidado. Lo que aún falta es que el Estado las escuche, reconozca sus saberes y actúe, y una herramienta que podría incluir sus reflexiones para incidir en la vida cotidiana es el Acuerdo de Escazú, pero a un año de que Colombia se suscribiera, todavía no se incorpora a la institucionalidad, y para las defensoras no debe demorar, así lo exige Marlene Arévalo:
Entonces, para nosotros es fundamental y era fundamental que eh se aprobara el Acuerdo de Escazú, se acogiera el Acuerdo de Escazú acá en Colombia. Pero al día de hoy, mira, ya llevamos más de 1 año y no se ha hecho nada con el Acuerdo de Escazú.
El reclamo de Marlene es apenas justo. El informe de 2016 a 2025 sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expone una cifra aterradora. Casi 100 personas han muerto cada año durante los últimos 9 años; y por ello recomendó poner en práctica la red institucional de protección de personas defensoras del derecho al medio ambiente y profundizar la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazú.
En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.
Este año, la conmemoración del Día Nacional Contra la Brutalidad Policial, se enmarcó con el recuerdo de las víctimas mortales del Estado, la denuncia de la impunidad institucional que persiste en los casos y el rechazo a la violencia ejercida por la Fuerza pública. Una vez más, organizaciones de víctimas, movimientos sociales, colectivos de derechos humanos y el conjunto de la ciudadanía exigen verdad, justicia, reparación integral y una reforma para que la policía deje de asesinar con impunidad.
El Comité de Defensa del Sector Carbonero rechazó el foro de transición energética programado para finales de diciembre pasado en Paipa, Boyacá. La razón, mientras el Gobierno celebraba avances en Bogotá, en Boyacá seguían con el cierre de minas, el despido de trabajadores y la incertidumbre para miles de familias.»Este foro no representa una construcción concertada ni incluyente», expresó el comité en un comunicado que circuló en redes y que fue difundido por medios de comunicación.
El foro que no fue
Ministro Edwin Palma (centro) – Foto: C. Traven
El 18 de diciembre de 2025, el Comité de Defensa del Sector Carbonero de Boyacá y Cundinamarca le aguó la fiesta a la política energética del Gobierno Petro. El foro de transición energética programado para ese día en Paipa, se convirtió en un acto protocolario simplón: el ministro Edwin Palma y su viceministra de minas rindieron cuentas ante un salón casi vacío. Los mineros, los que viven la transición en carne propia no fueron.
Mesas de diálogo, proyectos de reconversión y tres granjas fotovoltaicas fueron ofrecidas como la solución, pero la presión funcionó: el evento siguió, pero vacío. Una rendición de cuentas sin el pueblo al que supuestamente le rendían cuentas. La crisis no es cuento.
Gensa, Prodeco y la costumbre del abandono
El corredor minero de Cesar y La Guajira ha soportado cuatro décadas de daños ambientales por la extracción de carbón.
En agosto de 2025, los mismos mineros del Comité paralizaron Boyacá. Bloquearon la vía Tunja-Sogamoso, el corredor que mueve el 98% del transporte intermunicipal. Exigían que la empresa mixta de capital estatal y privado, Gestión Energética S.A. (Gensa),que opera la termoeléctrica de Paipa, les pagara 26.000 millones de pesos que les debe. Y es que Gensa es la radiografía perfecta de cómo el Estado opera en favor del privado a través de las empresas mixtas.
En 2024, la empresa reportó ingresos operativos por $892.396 millones, y registró pérdidas netas de $99.214 millones. La empresa invirtió $109.000 millones en la compra de 378.104 toneladas de carbón térmico a proveedores formalizados de Boyacá que tienen 49 títulos mineros, y que es el carbón que alimenta su principal planta de generación térmica en Paipa. Sin embargo, enfrenta una crisis de liquidez que le impide pagar oportunamente a sus proveedores: las cuentas por pagar a contratistas y proveedores aumentaron a $40.507 millones en 2024, y la empresa está causando intereses de mora bancaria.
Cuando estaba en campaña, Gustavo Petro, prometióa los mineros comprarles el carbón y apoyarlos en la transición. En diciembre de 2025, ya con el sol a sus espaldas… nada, por ello los mineros denuncian total inclumplimiento.
Mientras tanto, en Paipa, Samacá y Ventaquemada, empresas carboneras bajaron salarios, echaron gente y cerraron bocaminas, «la supuesta transición energética se ha convertido [en] transición al desempleo, a la pobreza, al abandono del minero», continúa el comunicado del Comité.
Lo peor es que esta historia ya la vivimos. En 2021, el Grupo Prodeco, filial de la suiza Glencore, tercer productor de carbón del país, renunció a sus títulos mineros en el Cesár y cerró Calenturitas y La Jagua diez años antes de lo pactado, despidiendo a 5.000 personas de un tajo.
En 2020, Nary Gagle, el CEO de Glencore le escribió al entonces Presidente de la República, Iván Duque, quejándose de «inestabilidad jurídica». Un año después se fueron. Dejaron dos huecos que tardarán 16 años en cerrarse en el mejor de los casos. Ríos secos. Enfermedades respiratorias. 147.000 activos que deben pasar al Estado y nadie sabe qué hacer con ellos. Familias sin nada. Pueblos convertidos en cementerios. Castigo: cero. Reparación: cero. Solo abandono.
En febrero de 2025, la Corte Constitucional tuvo que meterse. Ordenó a Prodeco garantizar participación de las comunidades en el cierre ambiental . Las 14 organizaciones sociales, campesinas y sindicales que demandaron dijeron que la empresa había hecho una sola reunión en 2022, claramente insuficiente, para un proceso de décadas.
En Boyacá, hoy se repite la tensión entre cierre y ausencia de alternativas.
«Nuestros abuelos venían de la minería»
Hasta la Raíz – Ilustración: cj_dsgn
Gonzalo Vargas es vocero de los pequeños productores informales o en formalización, y fue uno de los que frenó la movilización nacional del 29 de septiembre, después de que el Gobierno volviera a incumplir los acuerdos de agosto. El Turbión habló con él.
El Turbión: Gonzalo, ¿cuáles son los problemas reales que el discurso internacional y este gobierno no quieren ver?
Gonzalo Vargas: Son muchos. Esa transición quiere correr, no quiere ir al paso que debe. Entendemos que tiene que pasar, es inevitable, pero con responsabilidad. Este gobierno estigmatizó el carbón, le metió una carga tributaria imposible. Es el sector más atacado. El minero carbonero prácticamente va a desaparecer.
C.T.: Pero esto también es mundial. Los precios bajan, los países hablan de reducir el carbón, no solo por criminalización sino por contaminación. ¿Cómo se conecta la realidad de los mineros con lo que hace el gobierno y lo que pasa en el planeta?
G.V.: No hay concordancia. Fedecarbon sacó hace poco un reporte donde el consumo de carbón creció 20%, no bajó. Mientras Colombia baja exportación. ¿Qué pasa con la Colombia que subsiste de prácticas ancestrales? Dime qué sector le da más regalías a Colombia que el carbón. ¿Sabes cuánto dejó de recibir el país desde que gobierna Petro? Y no vengan con que lo van a reemplazar por turismo. Imposible. ¿Saben cuántas familias viven del carbón? Solo en Cundinamarca, más de 1.500. En Boyacá y Cundinamarca juntos, unas 3.500. ¿Creen que esas familias pueden vivir del turismo? Obvio que no.
C.T.: ¿Qué solución tienen ustedes?
G.V.: Obviamente queremos aumentar producción, ventas, aunque sabemos que la idea es bajar. Los funcionarios lo dicen: este no es un mineral estratégico, el cambio no nos incluye. Pero si esto puede darse en 30, 40, 50 años… la pregunta sigue siendo: ¿cuáles son las alternativas para seguir viviendo?
Muchos no podemos cumplir requisitos. Como pequeños mineros estamos marginados. Se busca a las multinacionales legales con capital. ¿Qué propusimos? No más impuestos, no más carga tributaria. ¿Qué hizo el gobierno? Presentó una reforma con impuesto a la primera venta que cae sobre el productor.
Y otra cosa: aquí no funciona el turismo porque están tratando de cambiar nuestra cultura. Esto es ancestral. Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos vienen de la minería. ¿Qué saben hacer nuestros hijos? Minería. No puedes proponer que cambiemos de profesión sin dar herramientas. Mencionan agricultura, energías limpias, turismo. ¿Creen que eso va a suplir la mano de obra que va a quedar desempleada cuando baje o desaparezca el carbón? Es paradójico: este gobierno hizo reforma laboral que beneficia al trabajador pero deja desempleado a un grupo enorme ¿Para quién es la reforma si genera desempleo?
Pedimos oxígeno. Hacer la transición como debe ser, paso a paso. No podemos hacer en 3 años algo diseñado para 25. Hay que hacerlo con conciencia.
Gonzálo Vargas va al punto del problema: la informalidad, que no está contemplada en la transición. El 70% de la minería en Colombia opera en la informalidad, según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, y en el caso específico del oro, el 75% de la producción nacional es informal, según informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1999 y del diagnóstico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2022.
La ficción de los dos gobiernos
La maquinaria minera en Colombia – Felipe Ramírez
A los mineros hoy les interesa aumentar la producción. Es la única salida que pueden imaginar. Aunque sepan que el carbón se acaba. Y sin embargo, no es necedad. Se trata de la imposibilidad de imaginar alternativas por fuera del mercado, incluso cuando el mercado destruye vidas.
Mark Fisher decía que «es más fácil imaginar el fin del mundo, que el fin del capitalismo».
Eso pasa en Boyacá. Es más fácil para el Estado imaginar el colapso total de economías regionales que diseñar una transición distinta al extractivismo que dice combatir. Y para los mineros, no es posible sobrevivir sin la minería de carbón, aun cuando esta destruyó lo que había antes: economías campesinas, redes comunitarias, autonomías productivas, saberes sobre suelo y agua. E instaló dependencia total del salario de la mina, de la renta extractiva, del sacrificio del cuerpo y el territorio. Así, tres generaciones estructuraron su vida, sus saberes, sus lazos, su dignidad alrededor de la extracción.
Y la transición energética propuesta destruye lo que el carbón dejó, sin reconstruir nada. Y lo hace con la misma violencia: decisiones desde arriba y sin las comunidades. Las tres granjas fotovoltaicas que Amaya y Palma ofrecen como solución no tienen estudios técnicos, económicos, ni sociales que demuestren que van a resolver algo.
«¿Cómo y en qué plazo generan ingresos reales para la pequeña minería?», preguntó el Comité en diciembre. Silencio.
El ministro Palma declaró en agosto lo obvio: «no vamos a vivir toda la vida del carbón», pero eso no ofrecía una respuesta a las 300 familias bloqueando carreteras en Paipa. Petro, desde Leticia, evitando el Puente de Boyacá por el paro dijo: «no se puede tener minería donde nace el agua». Correcto ambientalmente pero inútil sin alternativas económicas reales.
La paradoja: producción récord, crisis terminal
Costo social del carbón colombiano
Según la Agencia Nacional Minera, en 2023 Colombia produjo 53.9 millones de toneladas de carbón, una caída del 5.1% respecto a 2022 con 56.7 millones. La producción ha seguido bajo presión por precios internacionales bajos y decisiones políticas de grandes productores.
Pero entre enero y junio de 2025, las exportaciones mineras cayeron 26.3%, con el carbón representando el 99.2% de esa caída. En marzo, Glencore anunció recortes de entre 5 y 10 millones de toneladas en Cerrejón debido a «precios insostenibles del carbón térmico transportado por mar», reduciendo la producción de 19.1 millones en 2024, a entre 11 y 16 millones en 2025.
Los carboneros de Boyacá y Cundinamarca encaran una reducción del 70% de la producción local y quedaron en la peor situación: el discurso global los criminaliza por contaminar, el mercado los asfixia con precios bajos, el Estado los carga de impuestos que no pueden pagar, y los proyectos de reconversión nunca llegan.
La formalización, requisito para acceder a programas de transición justa, cuesta hasta 5 millones de pesos por productor. Y el trámite puede durar años.
Mientras, el Gobierno de Petro habla de «hoja de ruta de transición justa» y del «corredor de vida» en el Cesár con $433.000 millones en 45 proyectos. Los pequeños productores ven mesas y plazos indefinidos.
Extractivismo verde: cambia el recurso, no la lógica
El dilema de los carboneros revela algo perturbador: aunque ellos saben que el carbón contamina y que las minas se cierran, no logran imaginar otra vida posible.
Cuando Gonzalo dice «nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos vienen de la minería», está mostrando cómo se ha construido histórica y culturalmente su identidad, su dignidad, su forma de amar y soñar alrededor de la extracción. Y lo que propone el gobierno tampoco les satisface.
No es terquedad. Tampoco un asunto económico o ideológico; es algo más estructural, es el enfoque del capitalismo que no solo organiza el dinero y el trabajo, sino lo que deseamos y que roba nuestra atención, pero no resuelve nada. Por eso, aunque los carboneros entienden que «la transición es inevitable», solo piden aumentar la producción.
Una trampa más honda
Codicia minera – Ilustración: cj_dsgn
La transición energética no rompe con el extractivismo sino que lo recicla: cambia el carbón por litio, cobre o cobalto, pero mantiene la misma lógica: territorios sacrificados, comunidades desechables, promesas de desarrollo que nunca llegan. El sur global como territorio de sacrificio y de poblaciones como daño colateral.
El extractivismo, carbonífero ayer, «verde» hoy, funciona igual: sacrificar el presente de progreso humano por un futuro de desarrollo material y tecnológico. Esa promesa es estructuralmente falsa. No porque los actores mientan a propósito, sino porque el modelo está diseñado para colapsar: requiere crecimiento infinito en un planeta finito.
Multinacionales como Glencore que abandonan territorios después de sacar la renta, sin castigo ni reparación. Estados que firman acuerdos sin voluntad de cumplirlos, que tercerizan el colapso a empresas mixtas quebradas como Gensa. Y mientras tanto, tres generaciones de mineros no pueden desear otra forma de existencia porque el capitalismo estructuró su mundo alrededor de la extracción.
La transición fracasa porque intenta cambiar la base material sin descolonizar el deseo. Sin nuevos deseos colectivos, solo queda melancolía de un mundo perdido y resentimiento hacia quienes lo destruyen en nombre del progreso verde.
Descolonizar la transición o repetir el desastre
¿Qué tiene esto que ver con Boyacá?
Todo.
Es imposible no solidarizar con los paros de los carboneros pero la solución no puede ser aumentar la producción y seguir con el extractivismo de siempre.
La trampa es cruel: los mineros piden aumentar producción. El gobierno les ofrece paneles solares sin explicar cómo sobrevivirán mientras tanto. Y ambos, mineros y Estado, quedan atrapados en el mismo imaginario: solo podemos existir extrayendo algo. Romper esa trampa requiere más que buenas intenciones.
Hay que continuar imaginando y construyendo alternativas radicales que garanticen control comunitario de la energía como lo logrado con el Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Archipiélago de San Bernardo15; no megaproyectos verdes controlados por las mismas élites y multinacionales que destruyeron territorios con el carbón.
Si bien la Universidad del Magdalena desarrolló un diplomado en Transición Minero-Energética Justa en el Caribe Colombiano donde más de 20 extrabajadores de Prodeco terminaron formación, estas experiencias revelan que sin transformación estructural del marco legal, financiero y político, quedan como excepciones heroicas que no desafían fundamentalmente el extractivismo capitalista, el capitalismo neutraliza incluso las alternativas incorporándolas como «innovaciones» dentro del mismo sistema.
Los pequeños productores de carbón no son el problema. Son víctimas de un sistema que los explotó y ahora los desecha. El enemigo no es el carbón, es el lucro que lo enciende.
La pregunta va más allá del carbón: ¿es posible una transición energética justa, o estamos viendo el reemplazo de un extractivismo por otro, cambiando el recurso pero manteniendo la lógica de sacrificio territorial donde el militarismo está al servicio del extractivismo?
Por ahora, en Boyacá, la respuesta es dolorosa. En el Cesár, donde Prodeco dejó sus huecos y se fue, la historia ya está escrita: el extractivismo no deja progreso, deja ruinas. La transición energética, como va, amenaza con repetir el libreto. Solo una transición anticapitalista, que expropie el poder de las multinacionales, devuelva territorios a las comunidades, descolonice el deseo y construya horizontes de vida digna, pueden ofrecer otros cursos para el planeta.
En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.
