Por: C. Traven
El Comité de Defensa del Sector Carbonero rechazó el foro de transición energética programado para finales de diciembre pasado en Paipa, Boyacá. La razón, mientras el Gobierno celebraba avances en Bogotá, en Boyacá seguían con el cierre de minas, el despido de trabajadores y la incertidumbre para miles de familias.»Este foro no representa una construcción concertada ni incluyente», expresó el comité en un comunicado que circuló en redes y que fue difundido por medios de comunicación.
El foro que no fue
El 18 de diciembre de 2025, el Comité de Defensa del Sector Carbonero de Boyacá y Cundinamarca le aguó la fiesta a la política energética del Gobierno Petro. El foro de transición energética programado para ese día en Paipa, se convirtió en un acto protocolario simplón: el ministro Edwin Palma y su viceministra de minas rindieron cuentas ante un salón casi vacío. Los mineros, los que viven la transición en carne propia no fueron.
Mesas de diálogo, proyectos de reconversión y tres granjas fotovoltaicas fueron ofrecidas como la solución, pero la presión funcionó: el evento siguió, pero vacío. Una rendición de cuentas sin el pueblo al que supuestamente le rendían cuentas. La crisis no es cuento.
Gensa, Prodeco y la costumbre del abandono
En agosto de 2025, los mismos mineros del Comité paralizaron Boyacá. Bloquearon la vía Tunja-Sogamoso, el corredor que mueve el 98% del transporte intermunicipal. Exigían que la empresa mixta de capital estatal y privado, Gestión Energética S.A. (Gensa),que opera la termoeléctrica de Paipa, les pagara 26.000 millones de pesos que les debe. Y es que Gensa es la radiografía perfecta de cómo el Estado opera en favor del privado a través de las empresas mixtas.
En 2024, la empresa reportó ingresos operativos por $892.396 millones, y registró pérdidas netas de $99.214 millones. La empresa invirtió $109.000 millones en la compra de 378.104 toneladas de carbón térmico a proveedores formalizados de Boyacá que tienen 49 títulos mineros, y que es el carbón que alimenta su principal planta de generación térmica en Paipa. Sin embargo, enfrenta una crisis de liquidez que le impide pagar oportunamente a sus proveedores: las cuentas por pagar a contratistas y proveedores aumentaron a $40.507 millones en 2024, y la empresa está causando intereses de mora bancaria.
Cuando estaba en campaña, Gustavo Petro, prometió a los mineros comprarles el carbón y apoyarlos en la transición. En diciembre de 2025, ya con el sol a sus espaldas… nada, por ello los mineros denuncian total inclumplimiento.
Mientras tanto, en Paipa, Samacá y Ventaquemada, empresas carboneras bajaron salarios, echaron gente y cerraron bocaminas, «la supuesta transición energética se ha convertido [en] transición al desempleo, a la pobreza, al abandono del minero», continúa el comunicado del Comité.
Lo peor es que esta historia ya la vivimos. En 2021, el Grupo Prodeco, filial de la suiza Glencore, tercer productor de carbón del país, renunció a sus títulos mineros en el Cesár y cerró Calenturitas y La Jagua diez años antes de lo pactado, despidiendo a 5.000 personas de un tajo.
En 2020, Nary Gagle, el CEO de Glencore le escribió al entonces Presidente de la República, Iván Duque, quejándose de «inestabilidad jurídica». Un año después se fueron. Dejaron dos huecos que tardarán 16 años en cerrarse en el mejor de los casos. Ríos secos. Enfermedades respiratorias. 147.000 activos que deben pasar al Estado y nadie sabe qué hacer con ellos. Familias sin nada. Pueblos convertidos en cementerios. Castigo: cero. Reparación: cero. Solo abandono.
Para saber más, lea: Glencore envenena ríos del Cesar y La Guajira
En febrero de 2025, la Corte Constitucional tuvo que meterse. Ordenó a Prodeco garantizar participación de las comunidades en el cierre ambiental . Las 14 organizaciones sociales, campesinas y sindicales que demandaron dijeron que la empresa había hecho una sola reunión en 2022, claramente insuficiente, para un proceso de décadas.
En Boyacá, hoy se repite la tensión entre cierre y ausencia de alternativas.
«Nuestros abuelos venían de la minería»
Gonzalo Vargas es vocero de los pequeños productores informales o en formalización, y fue uno de los que frenó la movilización nacional del 29 de septiembre, después de que el Gobierno volviera a incumplir los acuerdos de agosto. El Turbión habló con él.
El Turbión: Gonzalo, ¿cuáles son los problemas reales que el discurso internacional y este gobierno no quieren ver?
Gonzalo Vargas: Son muchos. Esa transición quiere correr, no quiere ir al paso que debe. Entendemos que tiene que pasar, es inevitable, pero con responsabilidad. Este gobierno estigmatizó el carbón, le metió una carga tributaria imposible. Es el sector más atacado. El minero carbonero prácticamente va a desaparecer.
C.T.: Pero esto también es mundial. Los precios bajan, los países hablan de reducir el carbón, no solo por criminalización sino por contaminación. ¿Cómo se conecta la realidad de los mineros con lo que hace el gobierno y lo que pasa en el planeta?
G.V.: No hay concordancia. Fedecarbon sacó hace poco un reporte donde el consumo de carbón creció 20%, no bajó. Mientras Colombia baja exportación. ¿Qué pasa con la Colombia que subsiste de prácticas ancestrales? Dime qué sector le da más regalías a Colombia que el carbón. ¿Sabes cuánto dejó de recibir el país desde que gobierna Petro? Y no vengan con que lo van a reemplazar por turismo. Imposible. ¿Saben cuántas familias viven del carbón? Solo en Cundinamarca, más de 1.500. En Boyacá y Cundinamarca juntos, unas 3.500. ¿Creen que esas familias pueden vivir del turismo? Obvio que no.
C.T.: ¿Qué solución tienen ustedes?
G.V.: Obviamente queremos aumentar producción, ventas, aunque sabemos que la idea es bajar. Los funcionarios lo dicen: este no es un mineral estratégico, el cambio no nos incluye. Pero si esto puede darse en 30, 40, 50 años… la pregunta sigue siendo: ¿cuáles son las alternativas para seguir viviendo?
Muchos no podemos cumplir requisitos. Como pequeños mineros estamos marginados. Se busca a las multinacionales legales con capital. ¿Qué propusimos? No más impuestos, no más carga tributaria. ¿Qué hizo el gobierno? Presentó una reforma con impuesto a la primera venta que cae sobre el productor.
Y otra cosa: aquí no funciona el turismo porque están tratando de cambiar nuestra cultura. Esto es ancestral. Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos vienen de la minería. ¿Qué saben hacer nuestros hijos? Minería. No puedes proponer que cambiemos de profesión sin dar herramientas. Mencionan agricultura, energías limpias, turismo. ¿Creen que eso va a suplir la mano de obra que va a quedar desempleada cuando baje o desaparezca el carbón? Es paradójico: este gobierno hizo reforma laboral que beneficia al trabajador pero deja desempleado a un grupo enorme ¿Para quién es la reforma si genera desempleo?
Pedimos oxígeno. Hacer la transición como debe ser, paso a paso. No podemos hacer en 3 años algo diseñado para 25. Hay que hacerlo con conciencia.
Gonzálo Vargas va al punto del problema: la informalidad, que no está contemplada en la transición. El 70% de la minería en Colombia opera en la informalidad, según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, y en el caso específico del oro, el 75% de la producción nacional es informal, según informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1999 y del diagnóstico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2022.
La ficción de los dos gobiernos
A los mineros hoy les interesa aumentar la producción. Es la única salida que pueden imaginar. Aunque sepan que el carbón se acaba. Y sin embargo, no es necedad. Se trata de la imposibilidad de imaginar alternativas por fuera del mercado, incluso cuando el mercado destruye vidas.
Mark Fisher decía que «es más fácil imaginar el fin del mundo, que el fin del capitalismo».
Eso pasa en Boyacá. Es más fácil para el Estado imaginar el colapso total de economías regionales que diseñar una transición distinta al extractivismo que dice combatir. Y para los mineros, no es posible sobrevivir sin la minería de carbón, aun cuando esta destruyó lo que había antes: economías campesinas, redes comunitarias, autonomías productivas, saberes sobre suelo y agua. E instaló dependencia total del salario de la mina, de la renta extractiva, del sacrificio del cuerpo y el territorio. Así, tres generaciones estructuraron su vida, sus saberes, sus lazos, su dignidad alrededor de la extracción.
Y la transición energética propuesta destruye lo que el carbón dejó, sin reconstruir nada. Y lo hace con la misma violencia: decisiones desde arriba y sin las comunidades. Las tres granjas fotovoltaicas que Amaya y Palma ofrecen como solución no tienen estudios técnicos, económicos, ni sociales que demuestren que van a resolver algo.
«¿Cómo y en qué plazo generan ingresos reales para la pequeña minería?», preguntó el Comité en diciembre. Silencio.
El ministro Palma declaró en agosto lo obvio: «no vamos a vivir toda la vida del carbón», pero eso no ofrecía una respuesta a las 300 familias bloqueando carreteras en Paipa. Petro, desde Leticia, evitando el Puente de Boyacá por el paro dijo: «no se puede tener minería donde nace el agua». Correcto ambientalmente pero inútil sin alternativas económicas reales.
La paradoja: producción récord, crisis terminal
Según la Agencia Nacional Minera, en 2023 Colombia produjo 53.9 millones de toneladas de carbón, una caída del 5.1% respecto a 2022 con 56.7 millones. La producción ha seguido bajo presión por precios internacionales bajos y decisiones políticas de grandes productores.
Pero entre enero y junio de 2025, las exportaciones mineras cayeron 26.3%, con el carbón representando el 99.2% de esa caída. En marzo, Glencore anunció recortes de entre 5 y 10 millones de toneladas en Cerrejón debido a «precios insostenibles del carbón térmico transportado por mar», reduciendo la producción de 19.1 millones en 2024, a entre 11 y 16 millones en 2025.
Los carboneros de Boyacá y Cundinamarca encaran una reducción del 70% de la producción local y quedaron en la peor situación: el discurso global los criminaliza por contaminar, el mercado los asfixia con precios bajos, el Estado los carga de impuestos que no pueden pagar, y los proyectos de reconversión nunca llegan.
La formalización, requisito para acceder a programas de transición justa, cuesta hasta 5 millones de pesos por productor. Y el trámite puede durar años.
Mientras, el Gobierno de Petro habla de «hoja de ruta de transición justa» y del «corredor de vida» en el Cesár con $433.000 millones en 45 proyectos. Los pequeños productores ven mesas y plazos indefinidos.
Extractivismo verde: cambia el recurso, no la lógica
El dilema de los carboneros revela algo perturbador: aunque ellos saben que el carbón contamina y que las minas se cierran, no logran imaginar otra vida posible.
Cuando Gonzalo dice «nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos vienen de la minería», está mostrando cómo se ha construido histórica y culturalmente su identidad, su dignidad, su forma de amar y soñar alrededor de la extracción. Y lo que propone el gobierno tampoco les satisface.
No es terquedad. Tampoco un asunto económico o ideológico; es algo más estructural, es el enfoque del capitalismo que no solo organiza el dinero y el trabajo, sino lo que deseamos y que roba nuestra atención, pero no resuelve nada. Por eso, aunque los carboneros entienden que «la transición es inevitable», solo piden aumentar la producción.
Una trampa más honda
La transición energética no rompe con el extractivismo sino que lo recicla: cambia el carbón por litio, cobre o cobalto, pero mantiene la misma lógica: territorios sacrificados, comunidades desechables, promesas de desarrollo que nunca llegan. El sur global como territorio de sacrificio y de poblaciones como daño colateral.
El extractivismo, carbonífero ayer, «verde» hoy, funciona igual: sacrificar el presente de progreso humano por un futuro de desarrollo material y tecnológico. Esa promesa es estructuralmente falsa. No porque los actores mientan a propósito, sino porque el modelo está diseñado para colapsar: requiere crecimiento infinito en un planeta finito.
Multinacionales como Glencore que abandonan territorios después de sacar la renta, sin castigo ni reparación. Estados que firman acuerdos sin voluntad de cumplirlos, que tercerizan el colapso a empresas mixtas quebradas como Gensa. Y mientras tanto, tres generaciones de mineros no pueden desear otra forma de existencia porque el capitalismo estructuró su mundo alrededor de la extracción.
La transición fracasa porque intenta cambiar la base material sin descolonizar el deseo. Sin nuevos deseos colectivos, solo queda melancolía de un mundo perdido y resentimiento hacia quienes lo destruyen en nombre del progreso verde.
Descolonizar la transición o repetir el desastre
¿Qué tiene esto que ver con Boyacá?
Todo.
Es imposible no solidarizar con los paros de los carboneros pero la solución no puede ser aumentar la producción y seguir con el extractivismo de siempre.
La trampa es cruel: los mineros piden aumentar producción. El gobierno les ofrece paneles solares sin explicar cómo sobrevivirán mientras tanto. Y ambos, mineros y Estado, quedan atrapados en el mismo imaginario: solo podemos existir extrayendo algo. Romper esa trampa requiere más que buenas intenciones.
Hay que continuar imaginando y construyendo alternativas radicales que garanticen control comunitario de la energía como lo logrado con el Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Archipiélago de San Bernardo15; no megaproyectos verdes controlados por las mismas élites y multinacionales que destruyeron territorios con el carbón.
Si bien la Universidad del Magdalena desarrolló un diplomado en Transición Minero-Energética Justa en el Caribe Colombiano donde más de 20 extrabajadores de Prodeco terminaron formación, estas experiencias revelan que sin transformación estructural del marco legal, financiero y político, quedan como excepciones heroicas que no desafían fundamentalmente el extractivismo capitalista, el capitalismo neutraliza incluso las alternativas incorporándolas como «innovaciones» dentro del mismo sistema.
Los pequeños productores de carbón no son el problema. Son víctimas de un sistema que los explotó y ahora los desecha. El enemigo no es el carbón, es el lucro que lo enciende.
La pregunta va más allá del carbón: ¿es posible una transición energética justa, o estamos viendo el reemplazo de un extractivismo por otro, cambiando el recurso pero manteniendo la lógica de sacrificio territorial donde el militarismo está al servicio del extractivismo?
Por ahora, en Boyacá, la respuesta es dolorosa. En el Cesár, donde Prodeco dejó sus huecos y se fue, la historia ya está escrita: el extractivismo no deja progreso, deja ruinas. La transición energética, como va, amenaza con repetir el libreto. Solo una transición anticapitalista, que expropie el poder de las multinacionales, devuelva territorios a las comunidades, descolonice el deseo y construya horizontes de vida digna, pueden ofrecer otros cursos para el planeta.
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