Por: Nancy Okail y Michael Paarlberg
Traducido por: Andrés Gómez T.*
La violencia demostrativa, es decir, las ejecuciones extrajudiciales mediante bombardeos en altamar, oscurece cómo la administración está construyendo una nueva política estadounidense hacia el hemisferio: actos de homicidio como una herramienta para crear estructuras permanentes de dominación y extracción.
“El dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental nunca más volverá a ser cuestionado”, declaró el Departamento de Estado en un nuevo video que vincula, de forma bastante improbable, la Doctrina Monroe de 1823 con el asesinato de personas en lanchas en el Caribe y el Pacífico 200 años después. Bombardear lanchas rápidas para supuestamente frenar el tráfico de fentanilo que, valga aclarar, no llega a EE.UU. en este tipo de embarcaciones, parece no tener sentido. Como estrategia antidrogas es ineficaz, una valoración que comparte la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Expuesta en la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de diciembre de 2025, la autodenominada “Doctrina Donroe” busca restaurar la preeminencia de EE.UU. en una región que ha sido eclipsada por China; convertir los reclamos de seguridad en autoridad militar excepcional contra los “narcoterroristas”; institucionalizar esa autoridad a través de mandos permanentes; “reclutar y expandir” gobiernos alineados con Washington; y utilizarla para asegurar el acceso estratégico y comercial. Los fines deseados: la cooperación militar, los acuerdos comerciales, el acceso a minerales críticos y tierras raras, probablemente acompañados de sombríos negocios personales para la familia Trump. El retroceso democrático, en una región donde la democracia es aún relativamente joven, es una condición necesaria para su éxito.
La arquitectura de la Doctrina Donroe todavía está en construcción. Los gobiernos latinoamericanos aún pueden resistir las presiones de Washington, negándose a cocrear su orden transaccional. Una mayor integración regional reequilibraría ese poder de negociación, ayudando a los países menos poderosos a imponer condiciones, defender los límites constitucionales, rechazar operaciones particulares y resistir los costos de la presión estadounidense. Más de 100 legisladores, líderes políticos y expertos de 15 países se reunieron del 21 al 23 de agosto de 2026, en el Tercer Congreso Panamericano en Montevideo para fortalecer la colaboración regional, la base de una arquitectura alternativa a la fundamentada en la dominación de EE.UU.
La resistencia a la coerción estadounidense, sin embargo, también depende de la reparación democrática dentro de la región. Los gobiernos capturados por líderes autoritarios no pueden ofrecer una base duradera para la soberanía. La corrupción erosiona la capacidad del Estado y la confianza pública, haciendo que las soluciones militares extranjeras resulten más atractivas. La administración Trump está apostando por una doctrina hemisférica que favorece a los líderes autoritarios, ávidos de participar en la corrupción.
La prueba más destacada del concepto de la Doctrina Donroe comenzó con los ataques aéreos contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela, pasó por el asesinato de pescadores en el Pacífico, que desde entonces se reveló como un programa encubierto de la CIA, y llegó hasta el anuncio en agosto de una nueva Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, estableciendo un cuartel general permanente para convertir tales ejecuciones extrajudiciales en operaciones conjuntas con gobiernos aliados. Esto se alinea con el Escudo de las Américas de la administración, una coalición de gobiernos latinoamericanos de derecha aliados del Gobierno de Washington. Desde el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hasta los homicidios mediante ataques a embarcaciones, todo se ha apoyado en la narrativa y justificación de dos «guerras sin fin» que precedieron por mucho a Trump: la Guerra contra las Drogas y la Guerra contra el Terrorismo.
Catalogar a los supuestos contrabandistas, muchos de ellos probablemente simples pescadores, como “narcoterroristas” es una forma de trasladar el tráfico de drogas del marco del derecho penal a las pretendidas facultades de la guerra. Los sospechosos se convierten en objetivos no de una investigación, sino de una ejecución inmediata, donde las evaluaciones secretas reemplazan al debido proceso y a las pruebas en los tribunales. La urgencia de la seguridad nacional coloca la discrecionalidad ejecutiva por encima de la autoridad judicial. Los ataques a las embarcaciones declaran públicamente una autoridad excepcional del Ejecutivo. Los programas del Pentágono y de la CIA la institucionalizan.
Al igual que la Guerra contra el Terrorismo, este enfoque dibuja un enemigo y crea una industria para gestionarlo. Genera alianzas quid pro quo [esto por aquello] con otros gobiernos que aprovechan la cooperación militar para obtener acceso a la asistencia exterior, armas, inteligencia y cobertura diplomática de EE.UU. para fines oscuros, ya sea represión interna, corrupción, o asesinatos de Estado de sus propios ciudadanos. Con una opinión pública que muestra una confianza decreciente en todas las instituciones excepto en el ejército, fomentar el miedo a los todopoderosos narcoterroristas sirve a los intereses mutuos de los reaccionarios en Washington, Bogotá y Tegucigalpa. El principal riesgo es que crea estructuras burocráticas que sobreviven a los administraciones de turno. Con la cooperación multilateral y las instituciones en decadencia, este nuevo complejo militar e industrial lo hace casi irreversible.
También crea herramientas para la injerencia en la política partidista interna. El éxito del “Escudo de las Américas” de Trump se basa en el continuo giro a la derecha de América Latina. Ecuador y Colombia ya han aceptado ataques militares “conjuntos” en su territorio, que es probable que se conviertan en ataques unilaterales de EE.UU. Trump intervino abiertamente en apoyo a la elección de Nasry Asfura en Honduras, como lo está haciendo actualmente con Flávio Bolsonaro en Brasil. Que muchos de estos aliados estén vinculados al tráfico de drogas importa poco: el presidente de Colombia, De la Espriella, hizo carrera como abogado defensor de capos del narco, se descubrió que el negocio de frutas de la familia del presidente de Ecuador, Noboa, transportaba cocaína, y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, obtuvo un perdón de Trump tras su condena en EE.UU. por cargos de narcotráfico.
El proyecto funciona más fácilmente donde las bases democráticas son débiles y los líderes enfrentan menos restricciones por parte de los ciudadanos, las legislaturas, los tribunales y las instituciones independientes, reflejando el propio esfuerzo de Trump por debilitar los contrapesos a la autoridad ejecutiva dentro de los Estados Unidos. Bukele en El Salvador ofrece un caso emblemático del uso del espectro del crimen para consolidar un “estado de excepción” permanente y un régimen autoritario. Tales regímenes pueden autorizar operaciones, compartir inteligencia, firmar acuerdos, adjudicar tierras y suprimir a la oposición con menor escrutinio.
El control democrático puede exponer los costos climáticos de la extracción, impugnar la adjudicación de tierras y las intervenciones territoriales, exigir transparencia en los contratos e insistir en que la riqueza de los recursos beneficie al público. La corrupción esquiva esos controles conectando el poder externo con los intermediarios locales capaces de transferir recursos públicos y proteger el acuerdo. La falta de transparencia en torno a los más de $13 mil millones recaudados por Estados Unidos de las ventas de petróleo venezolano ilustra la magnitud del problema de rendición de cuentas.
Para la región, el sistema emergente depende de que los gobiernos decidan participar y de que las instituciones sostengan su autoridad. Como progresistas en los Estados Unidos, debemos desafiar los falsos reclamos antinarcóticos, la fuerza letal sin control y el despilfarro de recursos públicos que sostienen este proyecto, y exigir cuentas a nuestro gobierno. La resistencia regional y la reparación democrática deben avanzar juntas.
* Este artículo fue publicado originalmente en el medio Common Dreams por Nancy Okail y Michael Paarlberg. Traducción autorizada por la autora.
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