Por: Marcela Zuluaga C.
Mientras gobiernos y empresas discuten el futuro de los combustibles fósiles; comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas insisten en que las transiciones justas parten de la defensa del territorio, la biodiversidad, la justicia climática y el bienestar de las personas. Demandan desde los andes hasta los desiertos de la guajira, que se construya con respeto por los sistemas de vida y los derechos sobre sus tierras y aguas.
Por: C. Traven
El Comité de Defensa del Sector Carbonero rechazó el foro de transición energética programado para finales de diciembre pasado en Paipa, Boyacá. La razón, mientras el Gobierno celebraba avances en Bogotá, en Boyacá seguían con el cierre de minas, el despido de trabajadores y la incertidumbre para miles de familias.»Este foro no representa una construcción concertada ni incluyente», expresó el comité en un comunicado que circuló en redes y que fue difundido por medios de comunicación.
El 18 de diciembre de 2025, el Comité de Defensa del Sector Carbonero de Boyacá y Cundinamarca le aguó la fiesta a la política energética del Gobierno Petro. El foro de transición energética programado para ese día en Paipa, se convirtió en un acto protocolario simplón: el ministro Edwin Palma y su viceministra de minas rindieron cuentas ante un salón casi vacío. Los mineros, los que viven la transición en carne propia no fueron.
Mesas de diálogo, proyectos de reconversión y tres granjas fotovoltaicas fueron ofrecidas como la solución, pero la presión funcionó: el evento siguió, pero vacío. Una rendición de cuentas sin el pueblo al que supuestamente le rendían cuentas. La crisis no es cuento.
En agosto de 2025, los mismos mineros del Comité paralizaron Boyacá. Bloquearon la vía Tunja-Sogamoso, el corredor que mueve el 98% del transporte intermunicipal. Exigían que la empresa mixta de capital estatal y privado, Gestión Energética S.A. (Gensa),que opera la termoeléctrica de Paipa, les pagara 26.000 millones de pesos que les debe. Y es que Gensa es la radiografía perfecta de cómo el Estado opera en favor del privado a través de las empresas mixtas.
En 2024, la empresa reportó ingresos operativos por $892.396 millones, y registró pérdidas netas de $99.214 millones. La empresa invirtió $109.000 millones en la compra de 378.104 toneladas de carbón térmico a proveedores formalizados de Boyacá que tienen 49 títulos mineros, y que es el carbón que alimenta su principal planta de generación térmica en Paipa. Sin embargo, enfrenta una crisis de liquidez que le impide pagar oportunamente a sus proveedores: las cuentas por pagar a contratistas y proveedores aumentaron a $40.507 millones en 2024, y la empresa está causando intereses de mora bancaria.
Cuando estaba en campaña, Gustavo Petro, prometió a los mineros comprarles el carbón y apoyarlos en la transición. En diciembre de 2025, ya con el sol a sus espaldas… nada, por ello los mineros denuncian total inclumplimiento.
Mientras tanto, en Paipa, Samacá y Ventaquemada, empresas carboneras bajaron salarios, echaron gente y cerraron bocaminas, «la supuesta transición energética se ha convertido [en] transición al desempleo, a la pobreza, al abandono del minero», continúa el comunicado del Comité.
Lo peor es que esta historia ya la vivimos. En 2021, el Grupo Prodeco, filial de la suiza Glencore, tercer productor de carbón del país, renunció a sus títulos mineros en el Cesár y cerró Calenturitas y La Jagua diez años antes de lo pactado, despidiendo a 5.000 personas de un tajo.
En 2020, Nary Gagle, el CEO de Glencore le escribió al entonces Presidente de la República, Iván Duque, quejándose de «inestabilidad jurídica». Un año después se fueron. Dejaron dos huecos que tardarán 16 años en cerrarse en el mejor de los casos. Ríos secos. Enfermedades respiratorias. 147.000 activos que deben pasar al Estado y nadie sabe qué hacer con ellos. Familias sin nada. Pueblos convertidos en cementerios. Castigo: cero. Reparación: cero. Solo abandono.
Para saber más, lea: Glencore envenena ríos del Cesar y La Guajira
En febrero de 2025, la Corte Constitucional tuvo que meterse. Ordenó a Prodeco garantizar participación de las comunidades en el cierre ambiental . Las 14 organizaciones sociales, campesinas y sindicales que demandaron dijeron que la empresa había hecho una sola reunión en 2022, claramente insuficiente, para un proceso de décadas.
En Boyacá, hoy se repite la tensión entre cierre y ausencia de alternativas.
Gonzalo Vargas es vocero de los pequeños productores informales o en formalización, y fue uno de los que frenó la movilización nacional del 29 de septiembre, después de que el Gobierno volviera a incumplir los acuerdos de agosto. El Turbión habló con él.
El Turbión: Gonzalo, ¿cuáles son los problemas reales que el discurso internacional y este gobierno no quieren ver?
Gonzalo Vargas: Son muchos. Esa transición quiere correr, no quiere ir al paso que debe. Entendemos que tiene que pasar, es inevitable, pero con responsabilidad. Este gobierno estigmatizó el carbón, le metió una carga tributaria imposible. Es el sector más atacado. El minero carbonero prácticamente va a desaparecer.
C.T.: Pero esto también es mundial. Los precios bajan, los países hablan de reducir el carbón, no solo por criminalización sino por contaminación. ¿Cómo se conecta la realidad de los mineros con lo que hace el gobierno y lo que pasa en el planeta?
G.V.: No hay concordancia. Fedecarbon sacó hace poco un reporte donde el consumo de carbón creció 20%, no bajó. Mientras Colombia baja exportación. ¿Qué pasa con la Colombia que subsiste de prácticas ancestrales? Dime qué sector le da más regalías a Colombia que el carbón. ¿Sabes cuánto dejó de recibir el país desde que gobierna Petro? Y no vengan con que lo van a reemplazar por turismo. Imposible. ¿Saben cuántas familias viven del carbón? Solo en Cundinamarca, más de 1.500. En Boyacá y Cundinamarca juntos, unas 3.500. ¿Creen que esas familias pueden vivir del turismo? Obvio que no.
C.T.: ¿Qué solución tienen ustedes?
G.V.: Obviamente queremos aumentar producción, ventas, aunque sabemos que la idea es bajar. Los funcionarios lo dicen: este no es un mineral estratégico, el cambio no nos incluye. Pero si esto puede darse en 30, 40, 50 años… la pregunta sigue siendo: ¿cuáles son las alternativas para seguir viviendo?
Muchos no podemos cumplir requisitos. Como pequeños mineros estamos marginados. Se busca a las multinacionales legales con capital. ¿Qué propusimos? No más impuestos, no más carga tributaria. ¿Qué hizo el gobierno? Presentó una reforma con impuesto a la primera venta que cae sobre el productor.
Y otra cosa: aquí no funciona el turismo porque están tratando de cambiar nuestra cultura. Esto es ancestral. Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos vienen de la minería. ¿Qué saben hacer nuestros hijos? Minería. No puedes proponer que cambiemos de profesión sin dar herramientas. Mencionan agricultura, energías limpias, turismo. ¿Creen que eso va a suplir la mano de obra que va a quedar desempleada cuando baje o desaparezca el carbón? Es paradójico: este gobierno hizo reforma laboral que beneficia al trabajador pero deja desempleado a un grupo enorme ¿Para quién es la reforma si genera desempleo?
Pedimos oxígeno. Hacer la transición como debe ser, paso a paso. No podemos hacer en 3 años algo diseñado para 25. Hay que hacerlo con conciencia.
Gonzálo Vargas va al punto del problema: la informalidad, que no está contemplada en la transición. El 70% de la minería en Colombia opera en la informalidad, según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, y en el caso específico del oro, el 75% de la producción nacional es informal, según informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1999 y del diagnóstico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2022.
A los mineros hoy les interesa aumentar la producción. Es la única salida que pueden imaginar. Aunque sepan que el carbón se acaba. Y sin embargo, no es necedad. Se trata de la imposibilidad de imaginar alternativas por fuera del mercado, incluso cuando el mercado destruye vidas.
Mark Fisher decía que «es más fácil imaginar el fin del mundo, que el fin del capitalismo».
Eso pasa en Boyacá. Es más fácil para el Estado imaginar el colapso total de economías regionales que diseñar una transición distinta al extractivismo que dice combatir. Y para los mineros, no es posible sobrevivir sin la minería de carbón, aun cuando esta destruyó lo que había antes: economías campesinas, redes comunitarias, autonomías productivas, saberes sobre suelo y agua. E instaló dependencia total del salario de la mina, de la renta extractiva, del sacrificio del cuerpo y el territorio. Así, tres generaciones estructuraron su vida, sus saberes, sus lazos, su dignidad alrededor de la extracción.
Y la transición energética propuesta destruye lo que el carbón dejó, sin reconstruir nada. Y lo hace con la misma violencia: decisiones desde arriba y sin las comunidades. Las tres granjas fotovoltaicas que Amaya y Palma ofrecen como solución no tienen estudios técnicos, económicos, ni sociales que demuestren que van a resolver algo.
«¿Cómo y en qué plazo generan ingresos reales para la pequeña minería?», preguntó el Comité en diciembre. Silencio.
El ministro Palma declaró en agosto lo obvio: «no vamos a vivir toda la vida del carbón», pero eso no ofrecía una respuesta a las 300 familias bloqueando carreteras en Paipa. Petro, desde Leticia, evitando el Puente de Boyacá por el paro dijo: «no se puede tener minería donde nace el agua». Correcto ambientalmente pero inútil sin alternativas económicas reales.
Según la Agencia Nacional Minera, en 2023 Colombia produjo 53.9 millones de toneladas de carbón, una caída del 5.1% respecto a 2022 con 56.7 millones. La producción ha seguido bajo presión por precios internacionales bajos y decisiones políticas de grandes productores.
Pero entre enero y junio de 2025, las exportaciones mineras cayeron 26.3%, con el carbón representando el 99.2% de esa caída. En marzo, Glencore anunció recortes de entre 5 y 10 millones de toneladas en Cerrejón debido a «precios insostenibles del carbón térmico transportado por mar», reduciendo la producción de 19.1 millones en 2024, a entre 11 y 16 millones en 2025.
Los carboneros de Boyacá y Cundinamarca encaran una reducción del 70% de la producción local y quedaron en la peor situación: el discurso global los criminaliza por contaminar, el mercado los asfixia con precios bajos, el Estado los carga de impuestos que no pueden pagar, y los proyectos de reconversión nunca llegan.
La formalización, requisito para acceder a programas de transición justa, cuesta hasta 5 millones de pesos por productor. Y el trámite puede durar años.
Mientras, el Gobierno de Petro habla de «hoja de ruta de transición justa» y del «corredor de vida» en el Cesár con $433.000 millones en 45 proyectos. Los pequeños productores ven mesas y plazos indefinidos.
El dilema de los carboneros revela algo perturbador: aunque ellos saben que el carbón contamina y que las minas se cierran, no logran imaginar otra vida posible.
Cuando Gonzalo dice «nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos vienen de la minería», está mostrando cómo se ha construido histórica y culturalmente su identidad, su dignidad, su forma de amar y soñar alrededor de la extracción. Y lo que propone el gobierno tampoco les satisface.
No es terquedad. Tampoco un asunto económico o ideológico; es algo más estructural, es el enfoque del capitalismo que no solo organiza el dinero y el trabajo, sino lo que deseamos y que roba nuestra atención, pero no resuelve nada. Por eso, aunque los carboneros entienden que «la transición es inevitable», solo piden aumentar la producción.
La transición energética no rompe con el extractivismo sino que lo recicla: cambia el carbón por litio, cobre o cobalto, pero mantiene la misma lógica: territorios sacrificados, comunidades desechables, promesas de desarrollo que nunca llegan. El sur global como territorio de sacrificio y de poblaciones como daño colateral.
El extractivismo, carbonífero ayer, «verde» hoy, funciona igual: sacrificar el presente de progreso humano por un futuro de desarrollo material y tecnológico. Esa promesa es estructuralmente falsa. No porque los actores mientan a propósito, sino porque el modelo está diseñado para colapsar: requiere crecimiento infinito en un planeta finito.
Multinacionales como Glencore que abandonan territorios después de sacar la renta, sin castigo ni reparación. Estados que firman acuerdos sin voluntad de cumplirlos, que tercerizan el colapso a empresas mixtas quebradas como Gensa. Y mientras tanto, tres generaciones de mineros no pueden desear otra forma de existencia porque el capitalismo estructuró su mundo alrededor de la extracción.
La transición fracasa porque intenta cambiar la base material sin descolonizar el deseo. Sin nuevos deseos colectivos, solo queda melancolía de un mundo perdido y resentimiento hacia quienes lo destruyen en nombre del progreso verde.
¿Qué tiene esto que ver con Boyacá?
Todo.
Es imposible no solidarizar con los paros de los carboneros pero la solución no puede ser aumentar la producción y seguir con el extractivismo de siempre.
La trampa es cruel: los mineros piden aumentar producción. El gobierno les ofrece paneles solares sin explicar cómo sobrevivirán mientras tanto. Y ambos, mineros y Estado, quedan atrapados en el mismo imaginario: solo podemos existir extrayendo algo. Romper esa trampa requiere más que buenas intenciones.
Hay que continuar imaginando y construyendo alternativas radicales que garanticen control comunitario de la energía como lo logrado con el Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Archipiélago de San Bernardo15; no megaproyectos verdes controlados por las mismas élites y multinacionales que destruyeron territorios con el carbón.
Si bien la Universidad del Magdalena desarrolló un diplomado en Transición Minero-Energética Justa en el Caribe Colombiano donde más de 20 extrabajadores de Prodeco terminaron formación, estas experiencias revelan que sin transformación estructural del marco legal, financiero y político, quedan como excepciones heroicas que no desafían fundamentalmente el extractivismo capitalista, el capitalismo neutraliza incluso las alternativas incorporándolas como «innovaciones» dentro del mismo sistema.
Los pequeños productores de carbón no son el problema. Son víctimas de un sistema que los explotó y ahora los desecha. El enemigo no es el carbón, es el lucro que lo enciende.
La pregunta va más allá del carbón: ¿es posible una transición energética justa, o estamos viendo el reemplazo de un extractivismo por otro, cambiando el recurso pero manteniendo la lógica de sacrificio territorial donde el militarismo está al servicio del extractivismo?
Por ahora, en Boyacá, la respuesta es dolorosa. En el Cesár, donde Prodeco dejó sus huecos y se fue, la historia ya está escrita: el extractivismo no deja progreso, deja ruinas. La transición energética, como va, amenaza con repetir el libreto. Solo una transición anticapitalista, que expropie el poder de las multinacionales, devuelva territorios a las comunidades, descolonice el deseo y construya horizontes de vida digna, pueden ofrecer otros cursos para el planeta.
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Por: Marcela Zuluaga y Andrés Gómez
La prohibición de exportación de carbón térmico a Israel en respuesta al genocidio que perpetra en Gaza, resalta la necesidad de una legislación que no permita negociar con países que cometen este crimen y la urgencia de una transición energética justa en Colombia que nos haga menos dependientes del carbón sin empobrecer aún más a las regiones.
La decisión del Gobierno de Colombia de prohibir las exportaciones de carbón térmico a Israel desde finales de agosto provocó la fuerte reacción de varios de los gremios mineros, quienes ponen de manifiesto que priman los negocios.
Temprana fue la reacción. En la revista Portafolio, el 21 de agosto de 2024, todos los representantes del gremiales entrevistados fueron enfáticos en desaprobar la decisión e hicieron un llamado al unísono de pensar en las regiones.
Por una parte, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) sostuvo que la moral no tienen cabida en los negocios:
El argumento de moral pública no puede ser utilizado para justificar decisiones desproporcionadas e inadecuadas que afectan gravemente la economía del país y el bienestar de las regiones.
Por su parte, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, argumento a favor de las regalías :
Este tipo de medidas no son parte de la solución y, por el contrario, sí causan un menoscabo al bienestar de la nación colombiana en una reducción del pago de renta y, por supuesto, del pago de regalías.
Y, Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio y exviceministro de Justicia, propone que es demandable el decreto:
El decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro que prohíbe exportaciones de carbón a Israel es demandable en nulidad ante el Consejo de Estado por violar las normas constitucionales y legales de protección de la libre competencia económica.
La Asociación Colombiana de Minería, en respuesta a un Derecho de Petición solicitado por El Turbión, resaltó que la medida incumple acuerdos bilaterales entre ambos países y advirtió sobre la pérdida de regalías que esto implicaría para el país.
Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, mencionó que en 2023 Colombia exportó 3 millones de toneladas de carbón térmico a Israel, por un valor aproximado de 447 millones de dólares y expresó su preocupación:
En un contexto económico complejo, con bajos niveles de recaudo y grandes necesidades de inversión social, es fundamental evaluar con responsabilidad la viabilidad de este tipo de medidas. Se deben considerar factores como las implicaciones en el comercio exterior, el cumplimiento de compromisos internacionales y, sobre todo, el impacto en el bienestar y desarrollo del país.
Si bien Israel representa un mercado clave para el carbón colombiano, generando alrededor de 650 mil millones de pesos anuales en impuestos, regalías y otras contribuciones, de los cuales más de 100 mil millones estarían destinados a La Guajira y el Cesar. Es necesario considerar que Israel está perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino desde hace décadas y ha llegado a su punto más letal en el último año, al ser responsable de la muerte de más de 40 mil personas en la franja de Gaza, entre ellas más de 17 mil niños y niñas. Además, el país liderado por un régimen sionista, ha escalado el conflicto a Cisjordania y ha bombardeado objetivos en Irán y Siria, y le ha ordenado, desde principios de octubre, a los habitantes de 25 pueblos del sur del Líbano evacuar, mientras bombardea su capital: Beirut.
Es lamentable que aun con la crudeza de un genocidio transmitido en vivo y la escalada de un conflicto bélico que preocupa al mundo, los representantes del sector minero colombiano no reconozcan razones humanitarias, y a la par es cínico que mencionen los impactos en las regiones cuando el Turbión ha atestiguado que la minería del carbón térmico ha contribuido al extermino físico y cultural a los pueblos Yukpa y Wayuú, la devastación del pueblo afrodescendiente de Tabaco, así como deforestación del bosque tropical seco, la contaminación de aguas y el antisindicalismo.
La prohibición colombiana se produce en un momento de condena internacional por el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, al punto que en las Naciones Unidas el presidente brasileño, Lula da Silva, calificó a su homólogo israelí de «genocida» en febrero de este año.
En Latinoamérica, Chile y Honduras han retirado a sus embajadores. Colombia, Bolivia y Belice han suspendido relaciones diplomáticas, siendo Colombia el único de la región que ha tomado una acción que le significa la pérdida de producción energética a Israel. Baréin y Jordania pidieron a sus embajadores retornar a sus países, y Turquía no solo se sumó llamando a su embajador, sino también detuvo todas las transacciones comerciales, que el año pasado significaron US$7.000 millones.
En la ONU, durante la 79ª sesión, a finales de septiembre, el Primer Ministro de Israel y principal responsable del genocidio, Benjamín Netanyahu le habló a un auditorio casi vacío, sin embargo el genocidio palestino continúa sin mayores sanciones.
La prohibición de exportación de carbón térmico a Israel no solo pone en la mesa la necesidad de plantear una legislación que permita condicionar relaciones con estados genocidas, sino la obligación de replantear el futuro de las regiones mineras en Colombia. Esta decisión puso sobre la mesa la dependencia del carbón, y expone la necesidad de una transición energética justa que aborde los impactos socio ambientales en La Guajira y el Cesar, evitando que los pueblos afrocolombianos, Yukpa y Wayuú que los habitan, queden aún más empobrecidos tras el declive de la minería.
Miguel Ángel Cáceres, geólogo de la Universidad Nacional y miembro de la Corporación Geoambiental Terrae, en conversación con El Turbión, sostiene que las regiones impactadas por la minería del carbón, como La Guajira y el Cesar, enfrentan grandes desafíos con la transición energética, y advierte que los nuevos proyectos de explotación de cobre empeorarían las desigualdades, ya que las comunidades han dejado sus actividades tradicionales debido a la bonanza del carbón, creando un enclave económico que no es sostenible a largo plazo.
Juan Carlos Solano, secretario minero energético y de medio ambiente del Colectivo de Trabajadores por la Transición Justa, en conversación con El Turbión propone varias alternativas para las comunidades del corredor minero:
(…) retomar la agricultura mediante cultivos hidropónicos, aprovechar la represa del río Ranchería para desarrollar proyectos agroindustriales y promover la energía eólica, siempre en consulta previa con las comunidades.
Solano también mencionó la posibilidad de generar energía mediante la desalinización del agua marina, aunque advirtió sobre dos retos importantes: «el incremento de la salinidad en las costas y la falta de infraestructura adecuada para almacenar la energía producida.»
La medida del presidente Gustavo Petro, aunque motivada como sanción ante la sevicia de Israel contra Palestina, puede empezar un camino hacia la descarbonización y la lucha contra el cambio climático, pero dicha ruta necesita bases sólidas.
El Ministerio de Minas y Energía, en respuesta a un Derecho de Petición del Turbión, señaló que el artículo 23 del Proyecto de Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida, prevé una reducción gradual de las actividades de carga de carbón en los puertos del Magdalena, y anuncia que estas disminuciones ya están siendo compensadas con la reactivación de los ferrocarriles para otros tipos de carga.
Sobre la diversificación en La Guajira, Glencore ha anunciado que en el Cerrejón cesará sus operaciones en 2034, y que tiene planes de diversificación hacia energías renovables. Por el otro, en el departamento del Cesar, Glencore ha ejecutado un transición más abrupta: desde 2021, varios títulos mineros han sido abandonados, y la región enfrenta un futuro lleno de dudas.
La incertidumbre creada por Glencore al abandonar los títulos mineros en el Cesar, la abordó el Instituto del Ambiente de Estocolmo (SEI) en su reporte de enero de 2024: “Carbón y transiciones justas en el Caribe colombiano”, el cual presenta los desafíos del sector minero:
La repentina suspensión de las operaciones mineras de carbón en el Cesar por parte de Prodeco dejó a los municipios con posibilidades limitadas para enfrentar los problemas de desempleo, recesión económica y falta de alternativas económicas. Lo que el Cesar y los municipios cercanos a la operación de Prodeco están experimentando es solo el inicio de un declive estructural y progresivo de la industria del carbón en Colombia
Los desastres heredados de la mega minería del carbón térmico crea la necesidad de una diversificación económica que respete los derechos de las comunidades y del medio ambiente. Y si bien el camino hacia una transición energética justa no es fácil, ni inmediata, es necesario hacer dicha transición con los pueblos afrodescendientes e indígenas de Cesar y La Guajira, y respetando su autonomía territorial como pueblos únicos, de lo contrario se agravaría su proceso de genocidio lento al que han sido sometidos.
