Por: Camila Ramírez – julio 7 de 2016
Luego de 63 días de paro, directivas y estudiantes llegaron a un acuerdo en mesa de negociación para buscar alternativas que permitan que la institución tenga una mayor democracia interna y soluciones a la crisis que atraviesa.
Los estudiantes mantuvieron el cese de actividades entre el 28 de abril y el 1 de julio, en rechazo al cambio de condiciones para la elección del nuevo rector por parte del Consejo Superior Universitario (CSU), con el Acuerdo 01 de 2016. A su juicio, con esta decisión no se ofrecían garantías reales para que la comunidad universitaria incidiera en la definición del más alto cargo de la universidad y porque la misma se hizo de forma arbitraria y de espaldas a los estudiantes, profesores y trabajadores en un momento en que la Universidad Distrital afronta graves problemas.
Un asunto de democracia
Con la decisión del CSU frente a la designación del rector vinieron diversas reuniones y asambleas en todas las sedes de la Universidad Distrital, y los estudiantes se lanzaron al paro indefinido. Esto, para exigir la derogación de la medida porque la consideran ilegítima al haberse tomado, según denuncian, a escondidas de la comunidad universitaria, puesto que no había presencia de la representación de los estudiantes durante la sesión en la que el máximo órgano directivo de la institución definió estos cambios, contrariando con esto lo dispuesto en el Artículo 64 de la Ley General de Educación o Ley 30 de 1992.
Pablo Chaves, estudiante de Licenciatura en Biología y activista de la Federación Universitaria Nacional (FUN Comisiones), expresó que el rechazo al método de elección del rector se debe a que la participación de los estudiantes se da apenas “de manera consultiva, o sea que el Consejo Superior decidirá quién es, entonces no es democrático”. Agregó que, para los estudiantes, el rector debe ser elegido mediante el voto directo de la comunidad universitaria.
Asimismo, Johana Mendoza Jerez, representante estudiantil al Consejo Académico, manifiestó que “nosotros pensamos que con esta participación directa, de cierta forma, se le quitaría el poder que eternamente han tenido los consejos superiores en todas las universidades para escoger a dedo, como siempre, al rector”.
Ante esto, Camilo Bustos, secretario general encargado de la Universidad Distrital y vocero designado del CSU, aseguró que:
Los estudiantes proponen que haya una designación democrática, en donde la comunidad pueda elegir quién es el rector […] Hay que recordar que la Ley 30 señala que el proceso designación de rector no es un proceso de elección popular sino un proceso designación por parte del Consejo Superior. Sin embargo, se están estudiando las diferentes posibilidades.
No obstante, el Artículo 66 de dicha ley no define un procedimiento único para la designación del rector por parte del CSU en todas las universidades y dispone que “su designación, requisitos y calidades se reglamentarán en los respectivos estatutos”, con lo cual la decisión podría tomarse al interior de la Universidad Distrital.
Reformas en medio de tensiones
Sin embargo, no es la primera vez que se presentan controversias porque el CSU de la Universidad Distrital toma decisiones que no cuentan con la aprobación de los estudiantes. En 2013 este órgano directivo expidió el Estatuto Académico y una reforma al Estatuto General que, por las mismas razones, precipitaron un paro estudiantil en el que se reclamaba mayor democracia al interior de la institución.
En 2014 los estudiantes lograron la derogación de las dos resoluciones, una mesa de concertación con el CSU y unos acuerdos para levantar el paro. Entre estos, se planteó construcción de una hoja de ruta metodológica para realizar una reforma democrática a los estatutos y a la universidad, consagrada en la Resolución 018 de 2014, y una agenda de trabajo para llevarla a cabo, consignada en la Resolución 071 de 2015. Sin embargo, esto no se cumplió.
Andrés Romero, estudiante de Ingeniera Ambiental, expresó que:
Nosotros, en el año 2013, realizamos toda una movilización frenando un proceso de reforma antidemocrático para la comunidad universitaria […] firmamos unos acuerdos para levantar el paro de 2013 y en este momento no se están cumpliendo […] Estamos exigiendo el respeto por las resoluciones que firmamos con el Consejo Superior para hacer la hoja de ruta metodológica para todo el proceso de reforma.
Mientras el CSU no ha cumplido con los acuerdos, la comunidad universitaria sí lo ha hecho. Durante el 2014 y 2015 se creó la asamblea constituyente universitaria, un espacio donde se generó una propuesta para el nuevo Estatuto General a partir de espacios que contaron con la participación de estudiantes, profesores, trabajadores y egresados. Aunque este documento fue entregado en diciembre de 2015 a la Secretaría General para que el CSU lo aprobara, hasta el momento los universitarios no ha tenido una respuesta por parte del órgano directivo y, ante esto, sostienen que se está dilatando el proceso para imponerles algo contrario a lo que proponen.
Ana María Nates, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, denunció que:
Hay un desconocimiento del Consejo Superior frente a la reforma universitaria […] La asamblea constituyente se reúne bajo los términos que había propuesto el Consejo Universitario y, finalmente, hace la tarea, que es entregar un Estatuto General que debía ser estudiado y aprobado con la mayor agilidad por el Consejo Superior. En este momento, luego de cinco meses, aún no se ha terminado el análisis jurídico del estatuto.
A esto, Camilo Bustos respondió que la propuesta de Estatuto General presentada por la comunidad universitaria debe ser revisada y analizada por parte del CSU, agregando que:
Era un proyecto de estatuto que debía ser revisado desde tres lógicas diferentes […] la primera lógica, la revisión jurídica que se le debe hacer al documento; la segunda es la revisión institucional, que tiene que ver con que dicho acuerdo no vaya en contravía de la conveniencia institucional; y la tercera revisión […] financiera y presupuestal.
Las reacciones no se han hecho esperar. Sergio Fajardo, docente de la Facultad de Ciencias y Educación, manifiestó que “ese mismo consejo, que facultó a este rector interino [Carlos Javier Mosquera] […] también está desconociendo la participación de la asamblea constituyente”. Del mismo modo, Pablo Chaves indicó que “es necesario seguir con el proceso de reforma de la universidad porque no solamente es el Estatuto General sino el estudiantil y el de los trabajadores”.
Luego de dos meses de movilización, los estudiantes exigen la derogación del Acuerdo 01, que se garantice la continuidad del proceso democrático del nuevo Estatuto General y respeto por los acuerdos ya firmados con el CSU.
Un montón de problemas
La Universidad Distrital no se escapa de la crisis que atraviesan las 32 universidades públicas del país, las cuales están pasan por problemas de infraestructura, hacinamiento, falta de planta docente e imposiciones del Ministerio de Educación Nacional para reformar la educación por partes.
Los estudiantes vienen exigiendo, además del cumplimiento de lo pactado y mayor democracia en la institución, salidas a la grave situación que vive la Universidad Distrital, producto de los recortes financieros a las universidades públicas que ha impuesto el Gobierno Nacional y de la corrupción. Al respeto, Andrés Romero mencionó que:
Nosotros, como estudiantes de la Universidad Distrital, tenemos todas las problemáticas que se puedan imaginar […] Hay proyectos curriculares que solo tienen dos docentes de planta y son más de trecientos estudiantes. Son cosas que no se pueden admitir dentro de la universidad pública.
Adicionalmente, vienen denunciando que el Ministerio de Educación ha violado la autonomía universitaria con la reforma a la licenciaturas planteada en el Decreto 2450 de 2015, puesto que esta se hizo sin tener en cuenta la opinión de los estudiantes que se educan para ser docentes, una gran proporción de la institución, ni los limitados recursos con los que cuenta la Universidad Distrital.
Al respecto, Pablo Chaves manifestó que “una de las reivindicaciones es que se den espacios democráticos ante esta resolución, que también es otra lucha que está implícita en este paro” y el docente Sergio Fajardo afirmó que:
La resolución establece una serie denominaciones para las carreras que sean nuevas y, dentro de esas carreras, se desconocen elementos epistemológicos, filosóficos, pedagógicos […] Establece, por ejemplo, una Licenciatura en Educación Infantil que no acapara todo lo que implica una pedagogía infantil.
De otra parte, los estudiantes han manifestado su rechazo a la grave situación financiera de la universidad, que se agravaría por la posible venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), la cual aporta unos recursos para la universidad que superaron en 2013 los $1.400 millones por ser propietaria del 1,76% de la principal empresa de telecomunicaciones del país. En este sentido, Johana Mendoza aseguró que “no vamos apoyar la venta de ETB, rechazamos tajantemente la propuesta de vender de Enrique Peñalosa, puesto que allí se generan unos dividendos de presupuesto anual a la universidad”.
También los estudiantes rechazan el Plan Distrital de Desarrollo, pues consideran que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, no tiene ningún interés de fortalecer la educación pública ni de sacar a la Universidad Distrital de su actual crisis. Al respecto, el concejal Manuel Sarmiento declaró que en dicho plan “no se menciona ni una sola coma sobre la crisis profunda en la que se encuentra la universidad, no plantea ni una sola medida para resolver el grave problema presupuestal de la universidad […] todo lo contrario”.
Protesta social y represión
En el marco del paro, en varias oportunidades los estudiantes se tomaron las calles para contarle a los bogotanos las razones de su protesta. Sin embargo, durante las movilizaciones y bloqueos en las diferentes sedes de la universidad, los estudiantes han sido agredidos por parte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) de la Policía Nacional.
Ante esto, los universitarios aseguran que la única respuesta de las autoridades a sus exigencias es la represión y vienen denunciando el reciente asesinato del estudiante Miguel Ángel Barbosa, de 19 años de edad, por parte de la Policía, quien murió el pasado 3 de junio luego de haber caído en estado de coma el 21 de abril, cuando los testigos aseguran que resultó gravemente herido por una granada de dispersión lanzada por agentes del Esmad contra una protesta en la Sede Tecnológica de la institución, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá.
Por medio de un comunicado las directivas de la universidad se pronunciaron frente al hecho y manifestaron que “el objeto de la lesión es motivo de investigación del CTI de la Fiscalía, quien hizo presencia en el lugar de los hechos para determinar las causas” además aseguran que “la Universidad está a la espera de los resultados oficiales que arroje la investigación de las autoridades competentes para iniciar las acciones al que se dé lugar”.
En memoria de Barbosa, los estudiantes exigen garantías para la protesta social y que el CSU, como máxima autoridad de la institución, se comprometa a acompañar el proceso judicial, reclamando a la Fiscalía que se adelanten las investigaciones pertinentes para aclarar lo sucedido y que no se permitan irregularidades como las ocurridas con la desaparición de los videos de las cámaras de vigilancia de la universidad, una prueba fundamental para el proceso de investigación. Asimismo, proponen la creación de un observatorio de derechos humanos.
Ante esto, Camilo Bustos mencionó que:
Se van a estudiar y analizar las diferentes formas de ejercer esos derechos […] particularmente el tema de la protesta pública, señalando que es deber de la universidad proteger a los estudiantes de cualquier situación que los pueda poner en riesgo, a propósito de los lamentables hechos que sucedieron […] con la muerte de Miguel Ángel Barbosa.
De otra parte, el pasado 8 de junio, día en que se conmemora en Colombia el día del estudiante, los universitarios decidieron movilizarse hacia la Aduanilla de Paiba, antiguo Matadero Distrital donde hoy funciona la sede de la Universidad Distrital en la localidad de Puente Aranda, donde fueron agredidos por agentes del Esmad, como había ocurrido también el 20 de mayo, cuando se manifestaban pacíficamente sobre la carrera séptima con calle 40, frente a la Facultad de Ingeniería, donde estaban informando a la gente sobre la situación de la entidad.
Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía contra los estudiantes y han llamado la atención sobre la manera en que la administración de Enrique Peñalosa responde a los reclamos sociales en Bogotá con una descontrolada brutalidad policial.
Diálogo
A pesar de la gravedad de la situación, sólo hasta el 9 de junio el CSU se pronunció a favor de:
Crear, mediante resolución, la Comisión Accidental de Negociación […] para discutir, negociar y acordar la definición de mecanismos […] El proceso de negociación correspondiente iniciará una vez se levante el bloqueo en la Sede Administrativa de la Universidad Distrital.
Ante esto, los estudiantes aseguraron que siempre estuvieron en disposición para el diálogo. Por esta razón, el 10 de junio realizaron una asamblea general en la que decidieron aceptar la propuesta del CSU manteniendo la presión para que se dé cumplimiento a su pliego de exigencias, pues consideran que este contiene puntos fundamentales para el futuro de la universidad.
Actualmente, las sedes de la universidad se encuentran desbloqueadas y se está realizando la culminación del semestre académico. Al mismo tiempo, la mesa de negociación continúa y los estudiantes aseguran que se han concretado varios puntos, como la conformación de un observatorio de derechos humanos, la metodología para la aprobación del Estatuto General y la metodología para la elaboración de otros estatutos. Aún falta dialogar otros puntos fundamentales que pasan por infraestructura, financiación y reforma a las licenciaturas.
Se espera que los diálogos se mantengan y que los acuerdos ya pactados se hagan efectivos. Ana María Nates hizo un llamado de solidaridad “a todas la universidades para que conozcan el proceso de la Distrital, para que nos apoyen. Si ganamos es una ganancia a nivel nacional para el movimiento estudiantil”.
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