Por: Isabel Cristina Zuleta – diciembre 9 de 2014
Empresas Públicas de Medellín (EPM) desalojará y causará el desplazamiento forzoso de decenas de recolectores de oro y sus familias de la playa La Arenera del municipio de Toledo en el departamento de Antioquia. Los barequeros, quienes buscan debajo de las piedras de las diferentes playas del Cañón Río Cauca un grano de oro para subsistir y que están organizados en el Movimiento defensor de los ríos en Colombia Ríos Vivos, serán desalojados a partir del próximo 10 de diciembre, paradójicamente el día internacional de los derechos humanos.
La notificación de la expulsión de los barequeros fue realizada el 4 de diciembre por el inspector de policía de Toledo, quien en compañía de tres hombres de la empresa de vigilancia privada VISE -contratista de la EPM- y sin el acompañamiento de organismos de DDHH, procedió a notificar la orden con el listado de integrantes del Movimiento, entre ellos una niña de 10 años de edad, a quien se le ordena salir en tres días hábiles de la zona. La medida de expulsión desconoce los derechos culturales, económicos y sociales heredados sobre las aguas, las tierras del Río Cauca, el territorio y una forma de vida ancestral como lo es el barqueo o minería artesanal. La medida también desconoce los protocolos internacionales para realizar este tipo de procedimientos y no repara los daños causados a los barequeros y sus familias.
El día de la notificación se anunció la destrucción del proyecto de vida de los barequeros y también se amenazó a las familias. El inspector de policía dijo a los barequeros que les quitaría a sus niños y niñas y advirtió que “enredaría” a las madres en “vueltas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)” si los volvía a encontrar allí. De esta manera, el servidor público usó como armas de intimidación a la Policía, el Esmad y el ICBF.
En diciembre la EPM causa desplazamientos y aumentan las amenazas
Tania y su familia habían sido desplazados de otras playas en el mismo río y en el año 2013 estuvieron refugiados en el Coliseo de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín. Sin respuesta alguna a su situación y como muchos otros, se vieron obligados, a pesar del riesgo, y por física hambre, a retornar y buscar otras playas para trabajar. Un año después sería nuevamente desplazados. Tania y su familia recibieron la orden por parte del Estado colombiano de abandonar por segunda vez su forma de vida, esta vez sin opción de trabajo en el río, pues el río Cauca está completamente militarizado.
Diciembre es uno de los meses preferidos por delincuentes que amenazan a Defensores de Derechos Humanos y Ambientales y por las empresas para realizar desalojos forzosos de comunidades que les están estorbando para la realización de megaproyectos como Hidroituango. Empresas Públicas de Medellín es una de ellas y son múltiples los antecedentes al respecto.
El primer desalojo se dio en el municipio de Ituango el 16 de diciembre de 2010, mediante amparo policivo expedido por el inspector con fecha del 3 de diciembre y entregado el 15. Para el 16 de diciembre decenas de personas fueron desalojadas, eso sí, previamente fue militarizada la zona tanto por el Ejército Nacional como por vigilancia privada al servicio de Hidroituango. En el mismo año, Hidroituango compro la finca Tacuí, ubicada en la vereda La Cascarela municipio de Toledo, la misma en la que está la Playa La Arenera, en ella cultivaban más de 20 familias frijol y maíz para su sustento, aunque ninguna tenia título, llevaban más de 15 años cultivando en esas tierras. El dueño era un foráneo que nadie conoció. Desde ese momento prohibieron cultivar y las familias se quedaron sin su sustento, hasta hoy EPM alega que era responsabilidad del dueño desconocido la reparación que no se ha dado. En esta misma zona, en 2011, fue hallada una fosa común con 10 cadáveres cuando iniciaron las obras.
En el año 2011 continuó el terror en diciembre. El 26 de diciembre, por causa de la EPM, en el municipio de Briceño, las playas Icura y El Limón fueron desalojadas de manera forzosa por el Esmad. Decenas de familias barequeras perdieron su sustento y derechos culturales. En ese mismo lugar semanas antes del desalojo, fue reprimida una protesta pacífica que buscaba cuidar la única fuente de agua que les servía para la subsistencia y que estaba siendo contaminada por Hidroituango como mecanismo de presión para obligar a los barequeros a salir del sector. Hombres del Esmad y el Ejército los obligaron a retirarse de la quebrada. En este mismo año en el mes de junio se presentó el más brutal y numeroso de los desalojos en el mismo municipio de Briceño, cientos de familias barequeras del sector conocido como Capitán perdieron sus pertenencias y su trabajo, les fueron tiradas al río sus herramientas, fueron amenazados y sacados del sector en helicópteros, sus ranchos fueron destruidos y quemados, con explosivos también fueron amedrentados.
El 21 de agosto de 2014 EPM reinicia el uso de este mecanismo policivo para deshacerse de las comunidades que le estorban. La inspección de Briceño notificó el desalojo a la familia Aguiar de la vereda Orejón y comunidades de la vereda Chirí del municipio de Briceño que protestaban por la contaminación, daños a la salud y a la economía de las familias con la apertura de un túnel para Hidroituango en su propiedad, el funcionario se negó a dar su nombre, llego con hombres fuertemente armados del Ejercito Nacional esto genero pánico entre los afectados por la represa por el peligro al que se veían expuestos al estar en medio del Ejército en una zona de alta conflictividad armada con presencia de las Farc-Ep. Para el día siguiente y con un mes de anticipación, concertada con la Defensoría del Pueblo, se tenía programada una reunión con EPM en la que daría respuesta y soluciones a las denuncias. Con la orden de desalojo llego la suspensión de la reunión.
Al siguiente día 22 de agosto no fue necesario un desalojo con el ESMAD como en otras ocasiones, un fuerte enfrentamiento armado fue el procedimiento de desalojo, aproximadamente a la una de la tarde mientras el Movimiento Ríos Vivos realizaba una asamblea pública con cerca de 30 hombres, mujeres, ancianos y niños de las veredas Orejón, Chiri y Buenavista para determinar quehacer ante el inminente desalojo, se inició un fuerte intercambio de disparos y explosivos quedando por más de tres horas en medio de fuego cruzado. La protesta se levantó por la vía armada, sin ninguna solución para las comunidades.
Las comunidades de Orejón, Chirí y Buenavista están confinadas por una reja que impuso la EPM en la entrada a sus veredas, hace un registro fílmico y fotográfico diario y controla la entra y salida de los habitantes de la zona. Al lado construyó con dineros de la misma obra Hidroituango un puesto de policía en límites con el municipio de Toledo, más de 60 quejas por estigmatización, tortura, robos, montajes judiciales y persecución han sido interpuestas en contra de este puesto de policía sin que se de solución alguna. Las comunidades entienden estas agresiones como la respuesta a sus reclamos a Hidroituango pues claramente el Ejército y la Policía han expresado que llegaron a cuidar la obra.
El Movimiento Nacional en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos hace responsable por su acción y omisión al Estado Colombiano y a sus instituciones, especialmente a la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín de la vida e integridad física, de las secuelas emocionales, de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales que se deriven del desalojo notificado el día de 4 de diciembre, sin el cumplimiento de los protocolos internacionales, a las comunidades barequeras y campesinas afectadas por la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango y miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia que habitan y trabajan en la Playa La Arenera municipio de Toledo Antioquia.
Ya estos procedimientos irregulares y que vulneran los DDHH han sido denunciados ampliamente ante las autoridades colombianas sin respuesta alguna y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en dos ocasiones. No obstante las denuncias, ninguna solución se ha dado, el Estado Colombiano se comprometió ante los comisionados en Whasington en que sus proyectos de desarrollo no generarían vulneraciones a los derechos, un mes después vemos como hace lo contrario.
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