Por: Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) – mayo 3 de 2011
Liney Escorcia, colega de la cadena radial Caracol en Barranquilla, fue amenazada el pasado 30 de abril por dos sujetos que se movilizaban en una moto y le exigieron dejar de informar sobre temas que no cubría habitualmente. Y, dentro de una audiencia pública en Bogotá, un fiscal y un juez impidieron el cubrimiento de una diligencia por parte del colega Andrés Gómez, editor del periódico El Turbión, el día de ayer, 2 de mayo.
Amenazas criminales
El pasado sábado 30 de abril, en horas de la tarde, luego de que la colega Liney Escorcia hiciera el cubrimiento de una noticia para Caracol, fue abordada por dos hombres motorizados quienes le advirtieron que “no hablara de noticias de las que nunca habla”. Cuando la periodista les preguntó si se referían a ella, uno de los hombres manifestó que atentarían en contra de su vida por la noticia que se había publicado en la mañana.
Normalmente la colega no cubre de temas de orden público o judicial, pero esa mañana informó sobre las versiones de dos desmovilizados de los grupos paramilitares, quienes en un proceso de la llamada Ley de Justicia y Paz, o Ley 975 de 2005, señalaron a exconcejales de Barranquilla –del período de 2000 a 2002– de entregar carnés a miembros de estos grupos de extrema derecha para que asumieran labores de seguridad del órgano colegiado.
La solidaridad con la periodista se hizo evidente en Barranquilla este martes 3 de mayo, durante la Concentración del Silencio que organizaron, en la Plaza de la Paz, la Asociación de Comunicadores Sociales del Atlántico (ACSA) y la Cooperativa de Comunicadores Sociales de la Costa Atlántica (Coopercom), afiliadas a Fecolper, para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Limitación al trabajo periodístico
Fecolper también registró la obstrucción al trabajo periodístico ejecutada en un juzgado penal especializado de Bogotá, donde, a partir de ayer, se retomó la audiencia pública de juicio oral en el proceso contra el profesor universitario y sociólogo Miguel Ángel Beltrán, señalado de ser integrante del bloque internacional de las FARC.
Cuando el periodista Andrés Gómez realizaba el cubrimiento de la diligencia y se dispuso a hacer una fotografía del acusado, su defensor y un testigo, el fiscal antiterrorismo asignado al caso, Ricardo Bejarano, se cubrió la cara, interrumpió la diligencia y de forma provocadora le preguntó si quería que sonriera. Luego, expresó a la jueza que la prensa aumentaba su nivel de riesgo, por lo cual solicitó la prohibición de cámaras en el recinto.
La jueza expresó, entonces, que aun cuando había permitido el ingreso de los medios de comunicación al salón de audiencia, los medios debían abstenerse de “hacer tomar precisas o que lo involucren a él”, refiriéndose al fiscal. Pero, si bien es cierto que la motivación del impedimento es el riesgo de seguridad que plantea un juicio de este tipo, Fecolper recuerda a los operadores judiciales que la intención de un periodista es informar y no poner en peligro ni a los intervinientes ni al proceso mismo. Por eso, sobran los comentarios inadecuados frente a la labor de los periodistas
“Es lamentable tener que registrar este tipo de casos, especialmente el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y esto evidencia que en el país se presenta un amplio abanico de situaciones: está la amenaza directa, como en el caso de la colega Liney Escorcia, y la limitación al cubrimiento periodístico de una audiencia que, por Ley, es pública. Exigimos que nuestra labor sea reconocida y respetada desde personas que tienen la investidura de funcionarios hasta por los violentos”, manifestó Glemis Mogollón Vergara, secretaria general de Fecolper.
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