Julio 18 de 2007
La multinacional minera Drummond acaba de ser absuelta en un juicio civil en el estado de Alabama (Estados Unidos) por el homicidio de tres líderes sindicales en Colombia, adelantado a partir de una demanda instaurada en su contra por los familiares de los líderes asesinados, apoyados por sindicatos y organizaciones estadounidenses como The United Steelworkers y The International Labor Rights Fund.
El juicio, que inició el 9 de julio, tardó apenas dos semanas y estuvo presidido por la jueza Karon Bowdre, fue el resultado de una fuerte batalla jurídica, iniciada desde 2002, sustentada en una norma que data de 1789: la Ley de Agravio a Extranjeros que, inicialmente, fue constituida para controlar la piratería, pero cuya interpretación ha ampliado el espectro de protección, haciendo posible el estudio de un caso como éste.
Los hechos que desataron la demanda tienen origen el 10 de mayo de 2001 en el departamento del Cesar, cuando, según relata un comunicado del sindicato Sintramienergética –filial de Funtraenergética CUT, al cual pertenecían las víctimas–, unos 50 trabajadores salían de una de las minas explotadas por la empresa en un autobús que fue detenido en el camino por un grupo de paramilitares que obligaron a Valmore Locarno, entonces presidente del sindicato, y a Víctor Hugo Orcasita, vicepresidente, a descender del vehículo para asesinar en el acto al primero, de varios disparos en la cabeza, y darle muerte al segundo, luego de someterlo a diferentes torturas. Meses después, el reemplazo de Locarno, Gustavo Soler Mora, falleció igualmente en manos del grupo armado.
La versión del abogado de las víctima, Herman Jonson, destacaba que la muerte de estos tres líderes sindicales fue el producto de un trato cerrado entre el presidente de la Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, y el líder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, con el propósito de frenar las denuncias adelantadas por la organización de trabajadores por los despidos indiscriminados, la seguridad e insalubridad en las minas, y, específicamente, por la muerte accidental de 13 trabajadores en 1995.
Los abogados de los demandantes llevaron como soporte varias declaraciones juramentadas, dentro de las que se encuentran las de: Rafael García, ex jefe de informática del DAS, quien se encuentra privado de la libertad por irregularidades en su función y desatara hace unos meses el escándalo contra el entonces director de dicho organismo, Jorge Noguera, por el suministro de una lista de líderes sindicales a los paramilitares; Javier Ochoa Quiñónez, un ex paramilitar que se encuentra recluido actualmente en la cárcel Modelo de Bogotá y que afirma haber participado en el asesinato; Jimmy Rubio, ex tesorero del sindicato; Edwin Guzmán, militar que luego se unió a las autodefensas e hizo parte del Batallón “la Popa”, que tenía a su cargo la protección de las operaciones de Drummond en Valledupar; Isnardo Ropero, guardaespaldas personal del jefe de relaciones comunitarias de la Drummond, y George Pirce, oriundo de San Francisco (EEUU), que se desempeñó como supervisor de mantenimiento de la mina.
García asegura que fue testigo de cuando Augusto Jiménez entregó un maletín con dinero a ‘Jorge 40’ por la cabeza de los líderes sindicales; Rubio señala que presenció cuando un conocido líder paramilitar recibía unos cheques de Alfredo Araújo, director de relaciones comunitarias de la empresa; Ochoa dice que la multinacional pagaba regularmente a las autodefensas un porcentaje por tonelada de carbón y que los mentores del asesinato fueron Jaime Blanco y Álvaro García, trabajadores de Drummond; Guzmán afirma que la empresa suministró a los mercenarios los vehículos en los que se transportaron el día de los hechos, y Pirce, testigo de oídas, dice haber escuchado a algunos de sus compañeros cuando afirmaban que los paramilitares estaban arreglando la voladura del tren de la empresa.
Sin embargo, todo este paquete de pruebas testimoniales y el indicio mayor, que era precisamente el papel desempeñado por los sindicalistas dentro de la empresa, fueron insuficientes para persuadir al jurado.
Este fallo tiene de todo menos de sorprendente. Si se examina con detenimiento, una condena a la multinacional amenazaba con trastocar la estabilidad económica norteamericana, pues detrás de su triunfo se hubiesen desatado un sin número de demandas que están en la lista de espera de una salida jurídica. Inconformes con la decisión, los abogados de las víctimas se proponen apelar, así indicó uno de los encargados del caso, Terry Collingsworth.
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