Por: Marcela Zuluaga – octubre 8 de 2015
Luego de las jornadas de indignación de la primera semana de septiembre, en las que comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y sectores urbanos se movilizaron en las localidades, colegios y las calles de Bogotá, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular continúa exigiendo al gobierno de Juan Manuel Santos el cumplimiento de lo pactado en 2014.
Del campo a la ciudad
Isaac Marín, integrante del Congreso de los Pueblos, señaló que la movilización a Bogotá tuvo como objetivo “interlocutar con varios sectores, estudiantes universitarios, comunidades en los barrios y las localidades, con las instituciones, y visibilizar la Cumbre Agraria como un actor político y referente nacional en la política agraria y visitar las instituciones gubernamentales para seguir insistiendo para que se avance en la negociación del pliego”.
La Cumbre Agraria, como espacio de encuentro de numerosas organizaciones sociales del campo colombiano, busca que este acercamiento entre el campo y la ciudad se convierta en un escenario de diálogo abierto y permanente con el país, propiciando debates sobre la relación entre territorios tan contradictorios y generar alianzas entre diversos sectores.
Hay esperanza de que estos objetivos se logren. José Santos Caicedo, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN), señaló que la gente de las localidades y los estudiantes de colegios y universidades fueron muy receptivos: “han mostrado su solidaridad con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular porque lo importante para nosotros es ese acercamiento para preparar una gran jornada de movilización en 2016”.
Nuevos acuerdos
César Jerez, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), explicó que entre lo acordado con el Gobierno Nacional el pasado septiembre se definió “la instalación de una mesa de resolución de conflictos territoriales para abordar los asuntos de las regiones y se está trabajando desde las organizaciones en la adecuación de los proyectos para asignación de los convenios en el marco del fondo de economía agropecuaria, campesina, indígena”. Además, indicó que, en materia de proyectos agropecuarios, “de los 30 proyectos de infraestructura el gobierno asumió un compromiso de $500.000 millones, también la instalación de la mesa de garantías y derechos humanos, y avanzar en los temas de despenalización y judicialización de los compañeros, y se comprometió con una agenda de negociación [de tres meses] en los temas de economía propia y sustitución de cultivos declarados ilícitos, para llegar a acuerdos”.
Estos acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y la Cumbre representan un nuevo voto de confianza de parte de las organizaciones que llegaron de todas las regiones del país para participar de las jornadas de indignación para resolver la actual crisis del campo. Sin embargo, es previsible que se sigan incumpliendo ciertas exigencias de la Cumbre Agraria o no se solucionen los asuntos fundamentales. Al respecto, Isaac Marín comentó que “creemos que con las condiciones de crisis agraria, económica y social en el país, seguramente el ambiente se mantiene para una gran movilización en 2016, pero esperemos que las comunidades sean las que digan cuál es la agenda”.
De los acuerdos incumplidos al paro
Con el Decreto 870 del 8 de mayo de 2014 se estableció la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución entre la Cumbre Agraria y el Gobierno Nacional. A través de ésta se presentó un pliego único de negociación con puntos mínimos sobre derechos humanos, territorio, proyectos de infraestructura y seguridad alimentaria. En la actualidad, un 70% de los más de 200 acuerdos suscritos han sido incumplidos
Una de las exigencias centrales de la Cumbre Agraria, y en la que se presentan varios de los más importantes incumplimientos, tiene que ver con las garantías para las organizaciones sociales y populares, y con el cese de la persecución y la criminalización en contra de quienes se movilizan. En el marco del paro agrario de 2013 se presentaron graves violaciones a los derechos humanos y 902 personas fueron víctimas de algún tipo de agresión. Del total de los casos, 15 personas fueron asesinadas, 7 recibieron algún tipo de acto cruel o tortura, 1 fue abusada sexualmente, 315 estuvieron detenidas arbitrariamente, a 40 les propinaron fuertes golpizas, 329 resultaron con algún tipo de lesión y 5 quedaron con algún tipo de discapacidad parcial o total. Así lo expone el informe sobre protesta social y derechos humanos realizado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
En materia de garantías, Cristian Mantilla, integrante de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc) comentó que “en las regiones es cada vez más crítica [la situación] tanto para los líderes como para las bases sociales: nuestros dirigentes siguen siendo encarcelados, pese al acuerdo en 2014 con el gobierno en ese aspecto”.
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