Por: Camila Ramírez – octubre 8 de 2015
El domingo 20 de septiembre, en horas de la noche, 300 personas desplazadas se tomaron un edifico ubicado en la calle 24 con carrera 18 del barrio Santa Fe de la ciudad de Bogotá. Manifestaron que tuvieron que llegar a estas vías de hecho porque el gobierno no les ha cumplido en materia de vivienda, empleo, salud y otras necesidades básicas.
Los desplazados, durante una reunión en la que debatieron los incumplimientos del gobierno, aseguraron que el 11 de agosto del presente año radicaron un derecho de petición en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el que exigen el cumplimiento de la Ley en materia de ayuda humanitaria, pero hasta el momento no han recibido una respuesta. Por esta razón decidieron tomarse un edificio de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de Bogotá que funciona como depósito de llantas usadas que fueron lanzadas a la vía pública para que estas personas, en su mayoría sin hogar, pudieran hacerse un espacio en el edificio y generar presión sobre las entidades nacionales y distritales para buscar soluciones concretas a miles de familias desplazadas que continúan esperando por una vivienda digna.
En horas de la maña del día lunes 21 de septembre, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional desalojó a la fuerza a quienes se encontraban dentro del edificio: varias personas sufrieron lesiones por los gases lacrimógenos y también resultaron heridos niños que se encontraban con sus padres en la ocupación pacífica. Los manifestantes aseguran, con indignación, que la Policía llegó antes de que cualquier funcionario hiciera presencia allí para sentarse a dialogar con estas personas.
Ruby Teresa Mosquera, desplazada de Caucasia (Antioquía) y una de las líderes de este grupo de desplazados, denunció los incumplimientos y sus exigencias.
Aunque el Estado colombiano está obligado a la protección, atención y reparación de personas que han sufrido desplazamiento forzado, según la como la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el Decreto 1377 de 2014, las víctimas de desplazamiento aseguran que estos mecanismos se han quedado en el papel porque la realidad que ellos viven es otra. Yuleidy Bautista Pabón, desplazada del municipio Agustín Codazzi (Cesar) desde 2005, denuncia que “el Gobierno Nacional no ha cumplido con la Ley de Víctimas. La Ley 1448 dice muchas cosas bonitas [y] son muy poquitas las que se cumplen. Nos tienen como las gallinas: granito en granito […] esto nunca se va acabar”.
Las personas desplazadas manifiestan que hay demasiadas inconsistencias en la manera en que se han asignado los subsidios de vivienda y las ayudas humanitarias. También consideran que las autoridades nacionales responsables no tienen voluntad política para dar una solución y que siempre evaden sus exigencias mientras trasladan la problemática al Distrito, que no tiene capacidad para atender solo los efectos de la crisis humanitaria nacional. Por esta razón, la alta consejera del Distrito para los Derechos de las Víctimas, Ana Teresa Bernal, solicitó una reunión con el Ministerio de Vivienda y Paula Gavíria, directora de la Unidad de Víctimas.
Los manifestantes sostienen que, de no haber una solución definitiva, continuarán realizando tomas y acciones de protesta porque éstas les han servido para sentar a las instituciones a dialogar desde 2006. Entre los actos de protesta de los desplazados en Bogotá se destacan la ocupación del parque de Bosa, del parque Tercer Milenio, de un edificio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la plaza de Bolívar y el Puente Aéreo.
Las acciones responden a las serias situaciones que viven, puesto que muchas de las familias han sufrido dos o tres veces desplazamiento y vivido el desarraigo, precarias condiciones de vida y vulneración de sus más básicos derechos. Hoy, las familias desplazadas continúan esperando una respuesta del Estado y sus líderes aseguran que han solicitado reuniones con la Unidad de Víctimas, con el gobierno, pero no han mostrado interés en dialogar y mucho menos en cumplir con los acuerdos. Mientras tanto, los desplazados siguen organizándose para realizar otras acciones de hecho.
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