Por: Etant Dupain – octubre 6 de 2015
Sólo en esta semana la Republica Dominicana ha deportado mil personas en tres puntos en la frontera con Haití. Un mes después de que las deportaciones comenzaran de nuevo las crisis continúa y se torna cada vez más urgente la atención de la misma.
Más de 87.000 personas dejaron la República Dominicana debido a amenazas de deportación entre el 17 de junio y el fin de agosto. El número de personas deportadas, junto con quienes se marcharon voluntariamente en medio del miedo de ser sacados a la fuerza, crece a diario. Las expulsiones de aquellos considerados ‘sin Estado’ por el gobierno dominicano han creado una crisis humanitaria en las poblaciones de Anse-à-Pitres y Malpasse que crece cada día en forma de campamentos que brotan por toda esta zona.
En Anse-à-Pitres la situación es muy seria: durante más de dos meses, miles de personas han vivido en dos extensos campos de refugiados, resguardándose bajo cartones y sábanas que resultan inútiles frente a la lluvia. Estas familias han sido expulsadas por el gobierno dominicano y abandonadas por el haitiano ‘en medio del desierto’.
La crisis entre Haití y la República Dominicana tiene un mayor impacto en la sociedad haitiana, puesto que este país no se ha recuperado de la crisis humanitaria que siguió al terremoto del 12 de enero de 2010 y los nuevos deportados terminan empeorando la situación, considerando que 60.000 personas todavía viven en los campamentos reconocidos oficialmente para los desplazados internos y cientos de miles más permanecen abandonados en los campamentos no oficiales y en los tugurios que han crecido dramáticamente en los último cinco años.
Hasta ahora, el gobierno haitiano no ha demostrado ninguna competencia para responder a la crisis. Desde el primer día, las autoridades haitianas no han sabido cuánta gente ha entrado en su territorio, haciendo muy difícil obtener información oficial. El inadecuado conteo del número de personas que cruza la frontera crea muchos problemas más, puesto que, por ejemplo, los que tenían revocada la ciudadanía de la República Dominicana ahora no tienen patria y no hay forma de identificarlos. El gobierno haitiano ha dicho que no aceptaría que se hubiera privado a las personas de su ciudadanía, pero muchos ya han sido deportados a Haití y se tendría que hacer seguimiento de estos casos.
No obstante, hay grupos de ciudadanos que han tomado la iniciativa de ayudar y han ofrecido asistencia de emergencia a aquellos que han sido deportados a Haití durante este tiempo, pero este trabajo ha sido complicado porque no tienen acceso a información básica, como la cantidad de personas en estado de vulnerabilidad que hay en la frontera. Más importante aún, hay preocupación sobre la forma de prevenir que los nuevos campamentos de desplazados se tornen en asentamientos de largo plazo que atraigan a otras familias vulnerables que busquen apoyo.
Un ejemplo es un grupo llamado SOS Rapatriye, creado por un grupo de amigos que comenzaron a colectar artículos de primera necesidad y comida para aquellos que habían sido deportados. Este grupo ha encarado grandes retos en su trabajo porque el gobierno no quiere entregar asistencia en este lugar y fomentar la instalación de grandes campamentos.
Esto, a pesar del hecho de que el sitio donde estas familias se encuentran ahora está a la mitad de Anse-à-Pitre, a más de cinco horas de la capital de Haití. Anse-à-Pitre ya enfrenta escasez de comida, desempleo masivo y ni puede proveer servicios de salud a aquellos que arriban a diario. Cuando SOS Rapatriye comenzó a buscar carpas para las familias, el ministro de Interior los desalentó de repartirlas bajo la premisa de que esto podría atraer a más personas, a pesar de que la cartera a su cargo ya ha originado bastantes problemas al no registrar a la gente en la medida que ingresa a Haití, haciendo posible que haya quienes vayan a los asentamientos a buscar ayuda sin estar afectados por las deportaciones.
En Fond Parisien, el punto central en la frontera para las deportaciones, hay varias docenas de familias que están viviendo en la escuela comunitaria en Fon Baya. Estas familias fueron las primeras beneficiarias de las donaciones que SOS Rapatriye colectó, incluyendo colchones para dormir, puesto que antes la gente estaba durmiendo en el piso de cemento. Varios ancianos y cinco mujeres embarazadas fueron los primeros en recibir los colchones. Hoy, la escuela ha empezado clases de nuevo y las familias han tenido que dejar la edificación y viven en tiendas de campaña que han recibido como donación de una iglesia local. Sin embargo, se trata de un área de clima muy caliente y no se puede permanecer dentro de las carpas durante el día.
Las deportaciones continúan y se esperan más en los próximos días. Desde el 16 de septiembre, el gobierno haitiano ha detenido las importaciones terrestres de más de veinte productos clave de la República Dominicana. No pasaron más de tres días desde el anuncio y ya la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas ha registrado a 480 personas cruzando la frontera con la República Dominicana e instalándose en un nuevo campamento en Fond Janet.
El tratamiento de los haitianos en la República Dominicana ha empeorado desde que se acabó el periodo en que la gente que ingresó a ese país pudo entrar al proceso de legalización y registro. Para las 288.000 personas que se registraron se expidieron 100.000 identificaciones que estuvieron listas para distribuirse, de las cuales apenas 85.000 han sido recogidas. De acuerdo al Ministro de Interior dominicano, más de 75.000 no calificaron porque no cumplieron con los criterios establecidos por ese gobierno.
En este momento, la República Dominicana continúa las deportaciones, pero de forma lenta y discreta para evitar así atraer la mirada de la prensa, lo que podría causar problemas para su industria turística, un sector clave que está en riesgo de ser afectado como consecuencia de la crisis. Actualmente, República Dominicana se beneficia de la crisis de refugiados en Europa porque ésta última acapara la atención de los medios mientras las deportaciones continúan y las tensiones entre Haití y la República Dominicana se tornan más serias. Sin una deportación masiva, al gobierno dominicano le tomaría más de un año deportar a varios cientos de miles de personas sin Estado, tanto dominicanos como haitianos que no tienen una residencia legal, lo que garantiza la prolongación de la crisis.
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