Por: Mauricio Rodríguez Amaya – diciembre 17 de 2015
En la industria del carbón se cocinan más de mil despidos en la empresa Dimantec, mientras el Ministerio del Trabajo guarda silencio.
La multinacional Drummond es la empresa concesionaria de la explotación de las minas de Pribbenow y El Descanso, ubicadas en el departamento del Cesar. Más de mil trabajadores prestan sus servicios como mecánicos especializados para esta empresa a través de Gecolsa SA, que a su vez subcontrata a Dimantec Ltda., haciendo honor a un complejo sistema de tercerización laboral que facilita el incumplimiento de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
En 2014, tras un pomposo anuncio, el entonces ministro de Trabajo, Rafael Pardo, comunicó a la opinión pública que esta entidad había sancionado con más de $3.000 millones a Gecolsa y Dimantec por hacer uso de intermediación laboral ilegal. Unos meses después, el mismo Ministerio del Trabajo revocó la sanción y al día de hoy no ha dado una respuesta definitiva a la querella interpuesta por los trabajadores frente a esta situación.
Aprovechando la voltereta del Ministerio del Trabajo, ambas empresas iniciaron una milimétrica estrategia para aniquilar los puestos de trabajo y la convención colectiva pactada entre Dimantec y el sindicato Sintraime: primero, cancelaron los contratos entre Drummond y Gecolsa, luego esa empresa liquidó sus contratos con Dimantec, que anunció la decisión a sus trabajadores mediante un comunicado en octubre de 2015, notificándoles además a los obreros que tendrían contrato solo hasta el 31 de diciembre de 2015.
Por su parte, el sindicato intercedió ante el Ministerio del Trabajo, pidiendo urgentemente que se ratificara la sanción contra estas empresas y exigiendo que supere la intermediación ilegal y se ofrezca estabilidad laboral a los trabajadores. Adicionalmente, promovió reuniones con la empresa, pero todo resultó en vano. El pasado 15 de diciembre, Dimantec inició el desalojo de sus propios trabajadores de sus sitios de trabajo en las minas de Drummond sin mediar palabra, apoyados en su enorme poder económico y justificados en el silencio de la autoridad del Trabajo en Colombia.
Empresas con libertad para aniquilar la libertad de asociación
En 2014, Sintraime presentó un nuevo pliego de peticiones que la Dimantec se negó a negociar y que hoy reposa en los escritorios de un tribunal de arbitramento. Sin embargo, la Ley protege a los trabajadores mediante el fuero circunstancial de negociación, una medida que protege sus empleos durante el tiempo que dure en resolverse el conflicto colectivo. Sin embargo, Dimantec desconoció esa protección especial y ha iniciado el despido masivo de los obreros, bajo el pretexto de la terminación de la relación contractual con Gecolsa, filial de Caterpillar, y ya han sido despedidos nueve trabajadores protegidos con fuero sindical, incluido un directivo del sindicato.
Si se cumplen las predicciones de Dimanec, esta empresa entregará sus operaciones a la compañía CHM, una filial de Hitachi, sin un solo obrero, sin convención colectiva ni ningún otro tipo de obligación legal o contractual con trabajador alguno. Así, habrá aniquilado las obligaciones que hoy tiene con la convención vigente y habrá destruido al sindicato dentro de su empresa en Cesar.
Ministerio del Trabajo: un paso adelante dos pasos atrás
El Ministerio del Trabajo ha contribuido a promover la situación de despidos que hoy se vive en las minas entregadas en concesión a Drummond. Luego de multar a Gecolsa y Dimantec por sus maniobras de intermediación laboral ilegal, revocó la sanción impuesta y ha guardado silencio sobre la ratificación o no de la misma durante más de medio año, facilitando así las actividades liquidatorias de dichas compañías.
Además, el ministerio tiene a su cargo otras investigaciones contra Drummond y sus empresas contratistas dentro del corredor minero del Cesar, pero estas avanzan lentamente. La falta de premura y solidez de esta institución para tomar decisiones ha creado un campo de impunidad que hoy le permite a las empresas contratistas de Drummond hacer cancelaciones de contratos para poder sacrificar más de mil puestos de trabajo.
Si el Ministerio del Trabajo sigue guardando silencio sobre sus propias decisiones administrativas, en enero de 2016 no habrá empresas que sancionar ni trabajadores a los cuales proteger, pues Gecolsa S.A. habrá salido de las operaciones de Drummond y, en consecuencia, lo mismo sucederá con Dimantec, al tiempo que más de mil obreros perderán sus puestos de trabajo.
La tercerización laboral: causa de todos los males
El panorama actual se sustenta en un modelo de tercerización laboral que permite a las empresas concesionarias de títulos mineros, como Drummond, delegar sus operaciones a otras compañías sin el debido control del Ministerio del Trabajo.
Aunque la Ley 1429 de 2010, en su Artículo 63, limita la intermediación para contratar trabajadores que realizan actividades misionales permanentes, las compañías mineras siguen aplicando la política laboral a su antojo. De acuerdo con investigaciones recientes, más del 60% de la nómina de Drummond en las minas del Cesar está tercerizada. Mientras tanto, los trabajadores tercerizados no pueden ejercer sus derechos de asociación y negociación colectiva con el verdadero beneficiario de su trabajo, es decir, la multinacional, sino que deben consolarse con negociar con las empresas intermediarias, que en cualquier momento pueden cancelar los contratos de trabajo con las concesionarias mineras y destrozar así los derechos de los obreros.
La tercerización actúa como una tenaza contra los derechos de asociación de los trabajadores porque impide la relación de estos con los verdaderos beneficiarios de sus servicios, quienes, a su vez, imponen las reglas para evitar que puedan organizarse sin temer a ser despedidos por las empresas intermediarias.
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* Abogado laboralista, secretario general de la Corporación Colombiana para la Justicia y el Trabajo (Coljusticia). Publicado originalmente en Bajo la Mole.
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