Por: Ivonne Cardozo – 11 de marzo de 2010
La privatización de Luz y Fuerza del Centro y el despido de más de 44.000 trabajadores han sido los detonantes de una intensa lucha social en los últimos meses. El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) –el más antiguo del mundo, con más de 95 años de existencia– ha convocado a todas las organizaciones sociales mexicanas para que se unan al paro nacional que se iniciará el 16 de marzo próximo.
A oscuras
El 11 de octubre de 2009, el presidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, emitió un decreto que permitió la liquidación y privatización de Luz y Fuerza del Centro, una de las principales empresas públicas del sector eléctrico, lo que ha despertado una serie de protestas por parte de los obreros mexicanos y sus sindicatos, en especial el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) –el más antiguo del mundo, con más de 95 años de existencia–, quienes reclaman al gobierno por el despido de 44.000 trabajadores y por justificar el cierre de la compañía con falsos argumentos como el atraso y la poca modernización tecnológica.
Según los obreros, con este tipo de excusas el gobierno de Calderón demuestra que detrás del cierre de las empresas públicas hay intereses de los grandes poderes económicos de México. Con la privatización y venta de empresas públicas no sólo se busca arrebatar uno de los principales capitales al pueblo mexicano, como viene ocurriendo desde 1980, sino que se propicia la desaparición del movimiento sindical, lo que ha generado un amplio rechazo social, debido a las decisiones tomadas por el gobierno en favor de los empresarios que están aliados a éste.
El objetivo de las medidas, según algunos analistas, responde a intereses empresariales que buscan apropiarse del negocio de las redes de fibra óptica y de alambre de cobre, que gracias a innovaciones técnicas desarrolladas por los propios trabajadores pueden utilizarse no sólo para transmitir electricidad sino para proveer televisión, telefonía e Internet. Éste es un mercado que empresarios como Carlos Slim e importantes empresas españolas quieren monopolizar en el centro del país y toda el área circundante a la ciudad de México DF, un mercado de cerca de veinte millones de personas.
Estallan las minas
El cierre de la electrificadora Luz y Fuerza del Centro no es el único caso que ha golpeado a los trabajadores: el pasado 11 de febrero, un tribunal colegiado en materia de trabajo adoptó la resolución de concluir las relaciones de trabajo entre Mexicana de Cananea, propiedad del Grupo México, y los trabajadores en general y los asociados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, que desde hace aproximadamente tres años sostienen una huelga por desacuerdos en el contrato colectivo de trabajo.
La huelga minera, que se ha realizado en San Martín de Sombrerete, Zacatecas y Taxco, buscaba respaldar un recurso de amparo interpuesto contra el decreto y aproximadamente 35.000 demandas por despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Con la resolución aprobada por el tribunal se da por terminada una huelga que los trabajadores legalmente habían iniciado desde 2007 para poder llegar a acuerdos y buenas relaciones laborales con el Grupo México, que para cerrar la mina sostuvo falsamente que que la maquinaria de la empresa no funciona, a pesar de que esta sola excavación aporta el 46% de la producción nacional de cobre. Por esto, y para evitar que se expropie una más de las empresas públicas de los mexicanos, los trabajadores decidieron recientemente tomarse la mina y manifiestan estar dispuestos a enfrentarse con la Policía o el Ejército ante un posible desalojo.
Pero no sólo se trata de las privatizaciones, distintos sectores se han solidarizado con las huelgas obreras, denunciando la reforma laboral que eliminó el derecho a asociarse y formar sindicatos, las malas condiciones laborales, la destrucción del medio ambiente, las agresiones a comunidades indígenas y campesinas, el alza de los impuestos, el incremento en los costos de los productos de la canasta familiar y de la electricidad, causas que, según algunos analistas, podrían llegar a formar un levantamiento social de grandes proporciones en México. El descontento generalizado recuerda la rebelión de mineros de 1906, que contribuyó a la Revolución Mexicana.
Calderón arremete
La represión no se ha hecho esperar. El SME denuncia la detención arbitraria de Domingo Aguilar Vásquez, subdelegado de esa organización, acusado de presuntos actos de sabotaje que, según la Procuraduría, habrían impedido el suministro de energía eléctrica en la Sierra Norte de Puebla. Un día después fue liberado, luego de que el sindicato, cuyas cuentas estaban congeladas debido a una maniobra política del gobierno, pagara una multa de 5.000 pesos mexicanos (unos 750.000 pesos colombianos).
Sin embargo, casos como el de Aguilar siguen multiplicándose y prácticamente todas las directiva del SME hoy tienen órdenes de aprehensión bajo distintos cargos y algunos de ellos deben portar órdenes de amparo legal para evitar ser detenidos. Adicionalmente, la gran mayoría de los puestos de trabajo de Luz y Fuerza del Centro siguen militarizados y los trabajadores son perseguidos por el solo hecho de portar el uniforme de la compañía o por hacer reparaciones a las líneas eléctricas por petición de la comunidad, dado que son los únicos capacitados para hacerlo.
Calderón criminaliza los derechos fundamentales de los ciudadanos y reprime a aquellos que protesten contra la privatización de las empresas públicas. Su claro objetivo es la destrucción del movimiento sindical y obrero.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
