10 de marzo de 2010
Desde 2008, en Colombia se ha venido conmemorando el 6 de marzo para denunciar las violaciones a los derechos humanos, el paramilitarismo y los crímenes de Estado que, de forma sistemática, se cometen en el país. En particular, las movilizaciones, actos simbólicos y actos de protesta que se realizaron este año alrededor del mundo, por iniciativa del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), buscaron evidenciar que, a partir de 2002, la llamada ‘política de seguridad democrática’ ha agudizado la crisis humanitaria en el país y rechazar su continuidad en un gobierno que siga los pasos del encabezado por Álvaro Uribe, donde han primado la violencia y la impunidad.
Entre las denuncias se destacaron las relacionadas con el desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, las desapariciones, la persecución a la oposición y la impunidad de los crímenes de lesa humanidad perpetuados por las AUC. Además, se exigió la libertad para los 7.500 presos políticos que se estima hay en el país.
En los ocho años de mandato del presidente Uribe, 35.353 paramilitares se acogieron a la Ley de justicia y paz y sólo 698 de ellos han sido procesados por sus delitos. Además, la infiltración de paramilitares en el Congreso es más que escandalosa: 133 congresistas y ex congresistas tienen procesos abiertos por parapolítica o han sido condenados.
Caso aparte en las denuncias, por lo aterrador, son los 1.200 casos de de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ por parte de la Fuerzas Públicas y que, como en los casos de Soacha, no han tenido las garantías suficientes para que los militares implicados sean juzgados y condenados.
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