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Por: Andrés Gómez – 14 de marzo de 2010

Donde hay extracción de petróleo se piensa que la población vive el esplendor del oro negro. Sin embargo, a pesar de lo que digan las compañías petroleras y el Estado, las poblaciones no viven el desarrollo social y económico prometido. En Tauramena (Casanare), veinte mil habitantes viven en condiciones que no corresponden a un municipio que ha recibido miles de millones de pesos por regalías, por el contrario, los trabajadores reciben bajos salarios, se prohíbe el derecho al trabajo a quienes se afilian a los sindicatos, se venden cupos de trabajo en la compañía petrolera, algunas empresas del municipio han quebrado y los ciudadanos no cuentan con energía de calidad ni regularidad en el servicio de acueducto. Estas situaciones han sido evidenciadas por la huelga de trabajadores de la British Petroleum (BP), que se encuentra suspendida mientras se instalan, el 23 de marzo, las mesas de negociación entre la transnacional y los trabajadores para discutir asuntos laborales, sociales y ambientales del Casanare.

A pesar del escenario de negociación, la empresa continúa atropellando a los trabajadores que se han sindicalizado, negándoles el derecho al trabajo y al de libre agremiación, al ser eliminados de las listas para asignación de contratos temporales. Además, la BP está llevando hasta allí personal de otras regiones del país que está siendo contratado para permanecer en las instalaciones petroleras por meses, violando los acuerdos de cupos de trabajo de personas de la región y preparándose para dilatar la negociación, agotando a los trabajadores que se han dispuesto a negociar.

Según algunos pobladores de la región, el objetivo de la empresa es continuar extrayendo las riquezas del país sin ningún tipo de responsabilidad social y ambiental ante la catástrofe que han causado sus explotaciones y exploraciones. Muestra de ello es la reticencia de sentarse con la Unión Sindical Obrera (USO) y con autoridades ambientales en las mesas de negociación.

Los trabajadores del petróleo en Tauramena han soportado callados durante mucho tiempo salarios de hambre en una tierra rica en hidrocarburos. La razón del silencio: paramilitares al mando de alias ‘Martín Llanos’ asesinaban sindicalistas y líderes de organizaciones sociales. Óscar García, representante de la USO, asegura que hay pruebas de la participación de la BP en asesinatos de líderes obreros ejecutados por los escuadrones de la muerte y que la multinacional extractora de recursos obligó a vivir a sus empleados bajo las condiciones laborales y salariales que impuso a través del terror.

BP, una de las transnacionales más ricas del mundo, subcontrata en Tauramena a sus trabajadores mediante empresas intermediarias y asociaciones de juntas de acción comunal. Un ayudante gana en promedio $33.000 al día, $50.000 menos que uno en Barrancabermeja. Francisco, empresario llanero que vive hace más de una década en la región, se pregunta por qué la BP paga sueldos regionales y no los convencionales si se extraen más de 260.000 barriles diarios del campo Cusiana.

Por las organizaciones Asobeco y Asojuntas pasan las hojas de vida con las que contratan las empresas intermediarias y han sido el filtro para que los trabajadores que se han afiliado a un sindicato sean discriminados y vetados. Así, ningún sindicato puede llegar a tener un representante que pueda exigir sus derechos salariales y prestacionales. Sólo para citar un ejemplo, el secretario general de la subdirectiva de la USO en Tauramena fue despedido de la empresa y las organizaciones intermediarias le han cerrado las puertas. Así mismo, decenas de personas que protestaron están por fuera de las listas de las juntas y otras tantas han sido amenazadas con la pérdida de sus trabajos si participan en el paro o se sindicalizan.

Además de violación del derecho al trabajo, gran número de trabajadores denuncia que la BP, por medio de las empresas intermediarias, escoge las zonas en las que se repartirán más cupos de trabajo y que beneficia a los presidentes de las acciones comunales que siempre están a su favor. Las juntas favorecidas asignan cupos a ancianos y niños, para que al no poder ser usados por los beneficiarios sean vendidos a terceros. Así, se forma un mercado de cupos laborales que, según testimonios, son cobrados entre $700.000 y $1’200.000, de manera que, al durar sólo cuatro meses cada contrato, quien trafica con los puestos de trabajo obliga a cada obrero a darle un mes completo de su salario.

Esta forma de traficar con la asignación de cupos es respaldada por la empresa, mediante la demarcación de los llamados ‘límites de impacto’, una forma arbitraria para dar 90 cupos a una vereda de 100 personas y asignar 70 a un municipio de 20.000, según la capacidad de BP para manipular a las juntas de acción comunal.

En Tauramena, la energía eléctrica es suministrada por el departamento de Boyacá, el servicio es usualmente interrumpido y en ocasiones la potencia para hacer funcionar los aparatos que se usan en una panadería o un taller de soldadura no es suficiente. Además, el servicio de agua no es constante y los habitantes atestiguan como los caudales de los ríos de la región han disminuido dramáticamente, haciendo más difícil vivir. Pero, a pesar de la poca calidad de los servicios de energía y agua, Alirio, habitante de Tauramena de 77 años de edad, denuncia al igual que otros habitantes que las empresas se quedan con las casas de los que no pueden pagar por estos servicios públicos. “Ellos han sido los verdugos del bajo y mediano estrato”, asegura.

A pesar de que Tauramena tiene la mayor parte del casco urbano pavimentado y cuenta con escenarios deportivos, el hospital con el que cuenta no es de nivel dos y las instalaciones que tiene se subutilizan. Un habitante de Tauramena o de una vereda cercana tiene que esperar seis días para una cita, tres meses para ver a un especialista en Yopal y hasta cinco meses para ser atendido en Bogotá. “La gente se muere esperando la cita”, asegura un poblador.

Adicionalmente, los profesores hacen paros hasta de tres meses por falta de pago y familias enteras que han huido de la violencia viven en ranchos inhabitables, cerca de predios del municipio que no fumigan de forma constante, lo que ha ocasionado que en Tauramena se duplicaran los casos de dengue en cuatro meses, en comparación con los reportados durante todo el año anterior. Javier, residente del barrio La Primavera, asegura que las casas las hacen para quienes tienen ingresos altos, mientras los pobres dependen de la politiquería para tener una vida digna. Así, una persona que ha vivido diez años en Tauramena puede no tener casa, mientras que una persona que apenas ha pasado quince días desde su llegada puede obtener una.

Según la USO, la empresa extrae el petróleo de Casanare usando millones de litros de agua de los ríos al día, se desentiende de las prestaciones sociales de los trabajadores y genera un tipo de inestabilidad laboral y corrupción que sirve a sus propósitos: mano de obra barata en uno de los yacimientos más importantes con los que cuenta. Los habitantes de Tauramena están preocupados porque la empresa dejará de explotar en los dos próximos años y no ven claro que vaya a asumir las responsabilidades sociales y ambientales de sus acciones, temiendo por el futuro de sus comunidades: las tierras están secas, las instituciones son corruptas y el desarrollo prometido es un cascarón de ilusiones.

Por estos motivos, cientos de habitantes respaldan, mediante la firma de un derecho de petición, el movimiento obrero y campesino. Los ciudadanos de Tauramena manifiestan que están cansados de tantos abusos y esperan que, a través de la protesta, no sólo se llegue a arreglos en el aspecto salarial de los trabajadores sino que la agenda de discusión en las mesas de negociación abarque el espectro ambiental y social.

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